A pesar de las reformas que indebidamente le han impuesto a nuestra Constitución los gobernantes que padecemos, aún están vigentes los derechos de los trabajadores de organizarse en sindicatos para defender sus intereses de clase, en el aspecto económico fundamentalmente; y que sus dirigentes sean electos por las propias asambleas sindicales y no por los […]
A pesar de las reformas que indebidamente le han impuesto a nuestra Constitución los gobernantes que padecemos, aún están vigentes los derechos de los trabajadores de organizarse en sindicatos para defender sus intereses de clase, en el aspecto económico fundamentalmente; y que sus dirigentes sean electos por las propias asambleas sindicales y no por los patrones, el gobierno o alguien más.
En ese sentido y sabiendo que el licenciado Napoleón Gómez Urrutia ha sido electo democráticamente por su propios compañeros, como Secretario General del Sindicato Nacional Minero, el Partido de los Comunistas ha condenado reiteradamente la persecución política de que ha sido objeto este dirigente, de parte del mal gobierno, porque tal asedio, es criminal y contrario a los referidos principios constitucionales y daña la capacidad combativa de todo el gremio.
Sin duda alguna, la persecución que ejerce el gobierno de Peña Nieto, por medio de la Procuraduría General de la república (PGR), sobre el dirigente nacional del sindicato minero, obedece a las múltiples denuncias de corrupción e impunidad del gobierno de México, que el propio Gómez Urrutia ha difundido por medio de su libro «El colapso de la dignidad» y en eventos trascendentales del movimiento obrero, en donde este dirigente ha obtenido reconocimientos internacionales, como el premio Arthur Svensson por la defensa de los derechos sindicales.
Los reconocimientos se refieren a su actuación combativa en la vida de México, que se significó de manera especial, durante la preparación, estallamiento y conducción de las huelgas mineras de Cananea, Taxco y Sombrerete. Pero sobre todo, por la lucha que emprendió valientemente a partir de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila, que costó la vida de 65 trabajadores, a causa de el descuido criminal de la empresa, que mantuvo las operaciones a pesar de frecuentes advertencias oficiales y privadas, de que al interior de la mina no había las condiciones de seguridad y de higiene requeridas. Al gobierno y a la empresa les molestó mucho que el siniestro fuera calificado como «homicidio industrial».
La persecución política y policial tiene su origen además, en la resistencia que mantiene el sindicato minero, en alianza con otras fuerzas, en contra del monopolio de Industrial Minera México S.A. (IMMSA) y, principalmente en contra el Gobierno Federal, que pisotea los derechos laborales, poniéndose del lado del capital y los monopolios y que es cómplice de la muerte por accidentes de trabajo de centenares de mineros.
Respecto al fideicomiso de 55 millones de dólares que Industrial Minera México S.A. (IMMSA) entregó al sindicato minero como una supuesta compensación por la venta que el gobierno apátrida de México hizo de la mina de Cananea, a precio de regalo, a ese monopolio, cabe decir que el sindicato fue presionado, hostigado y los trabajadores amenazados de perder su empleo si no aceptaban dicha venta. El Lic. Napoleón Gómez Urrutia no era titular de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Su pecado consiste que al llegar él a la Secretaría General (2001), después de entregada esa mina histórica, exigió al monopolio (IMMSA) el pago del 5% a que se había comprometido con los obreros que en el tiempo de la compraventa estuvieran laborando, y que, según consta en actas, fue entregada a sus destinatarios una cantidad equivalente al porcentaje mencionado, sin que exista indicio alguno y mucho menos constancia de que el perseguido haya dispuesto ilegalmente de ese dinero.
El Gobierno Federal se ha valido de artimañas y corruptelas para perseguir al sindicato minero y a sus dirigentes. Utiliza a la Policía Federal para reprimir a los obreros en enfrentamientos que han causado bajas mortales. Ha encarcelado a varios de sus dirigentes. Ha utilizado a la autoridad laboral y al Poder Judicial, incluyendo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para declarar inexistentes las mencionadas huelgas con absurdas interpretaciones de la ley, como el declarar que la inexistencia ha sido provocada porque se han terminado las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre la empresa y los huelguistas, por causas de fuerza mayor, como si las huelgas fueran causas de fuerza mayor y no un derecho fundamental de los trabajadores. Con ese criterio absurdo, todas las huelgas serian declaradas inexistentes por su propia naturaleza.
Los monopolios mineros y siderúrgicos (IMMSA, PEÑOLES Y AHMSA) hacen su trabajo por separado, dividiendo a los obreros, contratando esquiroles y creando grupos de choque para golpear a los sindicalistas, que exigen se respete el derecho de asociación, el contrato colectivo de trabajo y la titularidad que corresponde al sindicato nacional.
Mas no es sólo el sindicato minero el objeto de la persecución arbitraria e implacable del mal gobierno. Conocidas son las agresiones fascistas contra todos los sindicatos independientes, principalmente contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el propósito de debilitarlos o desaparecerlos para imponer con mayor facilidad, su llamada Reforma Energética y otras medidas políticas, administrativas y legislativas, contrarias a los intereses de los trabajadores y los derechos del pueblo
El fascismo no es sólo la reacción violenta de la burguesía contra los derechos individuales y colectivos del hombre; la tortura, la cárcel y la muerte para vastos sectores de la sociedad, sino fundamentalmente, la destrucción de aquellos instrumentos de lucha, como son los sindicatos y los partidos, que los trabajadores y el pueblo han construido para la defensa de sus derechos y legítimos intereses.
El pueblo de México ha sufrido hasta hoy varias décadas de constantes agresiones y violaciones a sus derechos humanos y civiles. El régimen republicano que surgió con la revolución de independencia, estableciendo el sistema federal, la división de poderes y las garantías individuales, es hoy una entelequia.
La Constitución que dio origen al México moderno y que expresó en su tiempo la voluntad de las fuerzas revolucionarias triunfantes, ha sido destruida por los tecnócratas reaccionarios y apátridas que nos gobiernan.
El Estado mexicano que nació precisamente para defender la recién conquistada independencia nacional en 1824, ha dejado de existir.
La soberanía nacional y la independencia económica se la tragan todos los días los monopolios globales.
La democracia tan cacareada por el gobierno y sus compinches se convierte en dictadura de unos cuantos, de elites que utilizan el poder en su beneficio y en beneficio de gobiernos y monopolios extranjeros a quienes sirven dócilmente
La igualdad se rompe con la injusta distribución de la riqueza donde menos del 1% de la sociedad se apropia del 40% de la riqueza generada, y de toda la riqueza de la naturaleza, que comparte con el extranjero
Esta política ha empobrecido a las grandes masas y roto el tejido social. El Estado de derecho es violentado desde el propio gobierno, integrado por golpistas que tomaron el poder por la vía del fraude electoral y que han destruido el orden político y social que los mexicanos nos dimos en 1917 y cambiado la Constitución de Querétaro por un código de hojas desechables que contiene una serie de proclamas demagógicas y que en lugar de establecer los derechos de la Nación y de los trabajadores, protege los intereses bastardos del Imperio y de los patrones.
De ahí parte la agresión al pueblo trabajador. Todo aquel que se opone a esta política es reprimido, desprestigiado por el poder mediático que controlan, encarcelado o perseguido. Es el caso del Sindicato Nacional Minero, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la disidencia magisterial y de tantas luchas y resistencias que se dan a lo largo y ancho de la nación mexicana.
Por eso es necesario detener estas agresiones, creando la unidad de obreros, campesinos, estudiantes, maestros, profesionistas, intelectuales, organizaciones sociales, desempleados, amas de casa. Todos bajo estas consignas:
«Si nos tocan a uno nos tocan a todos»
«Detengamos al fascismo»
Fernando Acosta Esquivel es el Secretario General del Partido de los Comunistas (México)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.