El olor nauseabundo y las burbujas de gas metano muestran que no hay vida en el río que bordea la capital argentina. En sus aguas flotan bolsas de plástico, botellas y chatarra, mientras en sus costas se acumulan montones de basura, industrias y millones de personas sin agua potable ni cloacas. «Las aguas de la […]
El olor nauseabundo y las burbujas de gas metano muestran que no hay vida en el río que bordea la capital argentina. En sus aguas flotan bolsas de plástico, botellas y chatarra, mientras en sus costas se acumulan montones de basura, industrias y millones de personas sin agua potable ni cloacas.
«Las aguas de la Cuenca Matanza-Riachuelo son una verdadera cloaca», concluyó la Auditoria General de la Nación en un informe divulgado este mes, en el que se advierte sobre los riesgos de una «catástrofe sanitaria» por la contaminación del río que nace al oeste de la ciudad de Buenos Aires, marca su límite sur con la provincia de igual nombre, y desemboca en el Río de la Plata.
El curso de agua tiene una extensión de sólo 64 kilómetros entre el río Matanza, de 56, y el Riachuelo, de ocho kilómetros. Pero la cuenca abarca unos 2.240 kilómetros cuadrados en una zona donde se estima viven 3,5 millones de personas de todos los sectores sociales, y en ambiente urbano y rural.
El gobierno nacional y los de la capital y de la provincia de Buenos Aires tienen jurisdicción sobre la cuenca. Sin embargo no existe un organismo específico con autoridad superior para planificar y coordinar obras y acciones de saneamiento. También es difuso el poder de policía de cada jurisdicción para controlar y sancionar los vertidos ilegales.
Tampoco, tras la divulgación del estudio, hubo hasta el momento reacción alguna de las autoridades nacionales o locales. Los vecinos sólo tienen alguna esperanza cifrada en el actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho algunos gestos de sensibilidad ante el añejo y gravísimo problema.
El grado de polución de esta cuenca en el mismo centro político de Argentina, la desidia de las autoridades a lo largo de décadas y la indiferencia de la mayoría de los vecinos contrasta con la movilización generada en los últimos tiempos en la oriental provincia de Entre Ríos contra la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay, en la costa de un río limítrofe de ambos países.
El gobierno, empresarios y vecinos de Entre Ríos, que temen por el impacto ambiental de la puesta en marcha de las procesadoras de pasta para fabricar papel, una procedente de España y otra de Finlandia, suman esfuerzos en busca de que se construyan en un lugar alejado de la frontera.
En cambio, en la cuenca Matanza Riachuelo todo es distinto. La contaminación comenzó hace más de un siglo, según diversos estudios del caso, y nunca hubo voluntad genuina de saneamiento. Las industrias contaminantes, algunas radicadas allí desde hace 100 años, forman parte del paisaje del sur de Buenos Aires y de localidades adyacentes.
El olor nauseabundo en el acceso sur a la ciudad de Buenos Aires parece «natural» de ese curso de agua y muchas generaciones de vecinos crecieron aceptando esa realidad. Para los porteños, como se les llama a los nacidos en la capital argentina, la palabra riachuelo es sinónimo de un aroma repulsivo o directamente de cloaca.
Según datos del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, en sus orillas están instaladas 3.527 industrias de diversos rubros, muchas de ellas muy contaminantes. También hay conexiones clandestinas de cloacas y de desechos industriales que salen directamente al Riachuelo.
Este Comité, creado en 1993 pero de periplo complicado según los gobiernos nacionales de turno, tiene aún a su cargo la ejecución de 12 obras, de las cuales sólo cuatro están en marcha.
La mayoría de la población que habita en esta región carece de agua potable. Además, 66 por ciento no accede a la red cloacal por falta de obras de la empresa de aguas, entregada en concesión a privados y recuperada en las últimas semanas para el control del Estado. En diálogo con IPS, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, consideró «excelente» el informe de la Auditoria. Desde hace años los residentes de este barrio emblemático del sur de Buenos Aires, se movilizan para denunciar la contaminación de la cuenca, pero su voz suele caer en el vacío.
En 2001, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un dictamen advirtiendo sobre el estado alarmante de la cuenca y los riesgos para la población de sus márgenes. En próximas semanas, el organismo dará a conocer un segundo dictamen para señalar que no hubo avances y que incluso algunos vicios se acentuaron, adelantó Alberti.
«Estamos muy agradecidos por el fenómeno de Gualeguaychú (la localidad de Entre Ríos que centra la movilización contra las plantas de celulosa en Uruguay), porque colocó el tema ambiental en el tapete», apuntó.
«Nos da una sana envidia, porque ellos movilizan a decenas de miles de personas y nosotros apenas a 1.500», admitió. Alberti detalló algunas diferencias que explican el contraste entre ambos casos.
Remarcó que en Entre Ríos se desarrolló «una industria limpia» que ahora se acopla a los reclamos de los vecinos, y también el Estado los apoya. En cambio, en la cuenca del Riachuelo hay «intereses políticos y económicos» que traban acciones de saneamiento. Los intendentes de los distintos partidos de la zona metropolitana apañan a las industrias y todo sigue igual.
Hay curtiembres, empresas metalúrgicas y alimenticias, frigoríficos y toda clase de fábricas en la zona en cuestión, algunas radicadas allí mucho antes de que asome la conciencia ambiental de los vecinos. Los barrios pobres constituyen la potencial clientela política de gobiernos comunales y eso favorece el status quo, denunció el vecino.
Hasta ahora los sucesivos planes de saneamiento fracasaron por falta de voluntad política y de instituciones adecuadas.
El último caso más significativo en este aspecto es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para limpiar el Riachuelo, concedido en los años 90, que fue finalmente desviado para prestaciones sociales de emergencia en 2002, tras el colapso social, económico y político de Argentina.
Entre los temas más alarmantes del informe de la Auditoria es la confirmación de la existencia en la cuenca de 13 asentamientos irregulares, algunos ubicados en las riberas del río, donde viven unas 500.000 personas.
«Se trata de una población muy vulnerable frente a una contingencia ambiental», advierte el informe. «No hay estudios epidemiológicos para hacer proyecciones sobre su salud», se añade en el texto.
Los auditores detallan una lista de empresas y de contaminantes hallados en el río y sus efectos sobre la salud humana. Mencionan diclorobencenos de industrias químicas, que causan daños a riñones, hígado, así como mareos y cefaleas. También ser verificó la existencia de diversos hidrocarburos, todos ellos cancerígenos, entre otras sustancias altamente tóxicas.
Las principales fuentes de contaminación son los vertidos cloacales y los de las industrias. Se vierten metales pesados (plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, magnesio, níquel, entre otros), residuos sólidos urbanos sin procesar y agroquímicos como plaguicidas.
Un estudio sanitario, realizado con aportes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y citado por la Auditoria, arrojó que existen «altas concentraciones de plomo en sangre en más de 50 por ciento de los casos estudiados» de población infantil, en un área de la cuenca conocida como «Villa Inflamable».
«Los altos niveles de contaminantes registrados en aguas del Riachuelo y muchos de sus tributarios, así como en suelos y aguas subterráneas, representan un grave riesgo para la salud», afirma la Auditoria. «La mayor degradación ambiental se da en la cuenca baja, donde se concentra la mayor cantidad de población», destaca.
«En esta zona, el daño para la vida acuática es total y es imposible cualquier uso del recurso», reza el informe. En una recorrida de campo, los auditores observaron el «burbujeo constante» del gas metano, los basurales a cielo abierto, barcos hundidos y los desperdicios flotantes. Uno de ellos trabó la hélice de la embarcación de los técnicos.
«De producirse una contingencia ambiental nos encontraríamos ante una catástrofe sanitaria, ya que se registran en el área al mismo tiempo altos niveles de contaminación en aguas superficiales, suelos y aguas subterráneas y una población vulnerable a condiciones ambientales negativas», señala el estudio.
Para recuperar el recurso y la zona involucrada, la Auditoria propone crear un comité de cuenca con autoridad sobre las distintas jurisdicciones involucradas y con poder de policía para perseguir la contaminación y exigir obras a la empresa de aguas. También recomienda dotar a este organismo de recursos financieros y humanos estables.
Actualmente, el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo carece de presupuesto y de recursos humanos.
Al conocer el informe de la Auditoria antes de su difusión pública, el coordinador del Comité, Fabián López, coincidió con «el espíritu y la orientación» de las conclusiones y apoyó la idea de dotar al organismo de mayor competencia para actuar.
Los vecinos también creen que la creación de una entidad con poder de acción y control sobre la cuenca sería el comienzo de una solución duradera.
«Es una propuesta con gran consenso entre ambientalistas y vecinos. Todos creen que, cuando hay una cuenca que abarca varias jurisdicciones, lo mejor es un comité que perdure mas allá de los gobiernos», sostuvo Alberti.
«Esa sería la mejor medicina para nuestra cuenca, pero implica que cada jurisdicción pierde poder sobre las empresas de su distrito y sobre la población afectada, y ahí es donde encontramos una gran resistencia», lamentó.