Las medidas de Milei y Caputo, como la fuerte devaluación y la liberalización de prepagas y combustibles, pulverizaron el poder adquisitivo de los salarios.
El aumento de sueldos en diciembre fue del 8,3%, según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contra una inflación del 25,5% en el último mes del 2023.
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, estimó que el índice RIPTE cayó en términos reales un 13,7% solo en un mes, y advirtió que es “la más importante de la serie que arranca en 1994. Está en niveles de septiembre de 2003 y en enero apunta a perforar los mínimos históricos de 2002”.
En diciembre de 2023, el salario promedio fue de $484.298,40 mientras que la canasta básica para una familia de cuatro personas, dos mayores y dos menores, fue de $495.798 para no ser considerada en situación de pobreza. Es decir, que el salario promedio quedó $11.500 por debajo de la canasta familiar.
Los trabajadores formales tienen cierto resguardo por las paritarias y es un segmento de la clase trabajadora que es el mejor pago, aun así, los salarios formales se desplomaron. Esto anticipa una caída mayor de los salarios de los trabajadores informales. Según los últimos datos disponibles del Indec, en noviembre de 2023 el poder de compra del salario de los trabajadores informales se derrumbó un 27% en relación a diciembre de 2019. La pérdida en relación a octubre de 2015 es más grave y descendió un 50%.
Es urgente un aumento de emergencia para los salarios, jubilaciones y programas sociales, incluyendo un ingreso para monotributistas e informales. Ningún trabajador debería ganar menos de lo que cuesta la canasta familiar del Indec, que en diciembre fue de casi $500.000, pero la perspectiva debería ser alcanzar una canasta de consumos mínimos de $773.000, según estimó la Junta Interna de ATE Indec.
También es necesario entre otras medidas la anulación de la suba de precios y la apertura de los registros contables de las grandes empresas que especulan con los precios.
El Gobierno lanzó un plan de guerra contra el pueblo trabajador con tarifazos, devaluación, despidos y ajuste, entre otras medidas. El martes el Gobierno sufrió una derrota parlamentaria con la caída de la ley Ómnibus. Las centrales sindicales, la CGT y la CTA, tienen que ponerse a la cabeza de un plan de lucha para derrotar los planes ajustadores de Milei, el DNU y el protocolo de Bullrich.
El sueldo básico de la Argentina, medido en dólares, es el penúltimo
La consultora Statista publicó un informe donde convirtió todos los sueldos de América Latina en dólares para establecer una cifra nominal común a todos los países de la región. El resultado ratificó la situación económica que atraviesa la Argentina. Con una remuneración básica valuada en 152 dólares, nuestro país se sumergió en la tabla solo por delante de Venezuela que, con un salario básico de 3.61 dólares permanece hundido en el último puesto.
La lista publicada por esta consultora la encabeza Costa Rica con 687 dólares, que supera a la Argentina en cuatro veces y media. Detrás aparece Uruguay con 570 dólares. Previamente, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, corrigió el básico en 5,5%, lo cual produjo un corrimiento en las escalas de remuneraciones e hizo que, por ejemplo, un changuero que va a trabajar a los balnearios orientales perciba unos 1.000 dólares mensuales.
En Chile el salario quedó cuatro veces más alto que en la Argentina. El mandatario del país trasandino, Gabriel Boric, aplicó incrementos graduales para que llegue a los 500.000 pesos chilenos (u$s 567).
Por su parte, Ecuador (u$s 460), Colombia (u$s335) y Brasil (u$s 291) también empezaron el año con los mínimos por encima de los argentinos. Cabe recordar que hace 8 años, esta misma investigación destacaba a la Argentina como uno de los países con mejor sueldo en dólares de la región con 583 dólares mensuales, lo que evidencia una merma en el salario de los argentinos del 74 % en menos de una década.
En medio de las decisiones políticas, las patronales endurecieron su posición en los sucesivos encuentros paritarios pactados con los gremios. Algunas optaron por despidos, otras por cese de personal y, de continuar esta situación, no descartan más amenazas de despidos por la recesión como marco de las discusiones.
Los tarifazos en los servicios públicos como gas, electricidad, agua y transporte repercuten inmediatamente en el bolsillo de los trabajadores, estos incrementos licúan aún más las paritarias obtenidas por los diferentes gremios que ven desintegrarse los esfuerzos de negociación logrados durante el último semestre.
Qué servicios subirán sus precios en febrero
El mayor impacto lo tendrá nuevamente la actualización de las tarifas de transporte, pero también habrá fuertes incrementos en prepagas, alquileres, tarifas de gas y energía eléctrica, combustibles y transportes.
Alquileres
Más allá de que el DNU de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que, mientras el acuerdo esté vigente, se aplicarán hasta el momento de su finalización los términos y condiciones pactados oportunamente.
En ese sentido, aquellos que alquilaron bajo la ley tendrán que afrontar subas cercanas al 147% anual en los valores a pagar. De esta manera, enero anota otro récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.
Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. La última modificación de la Ley de Alquileres, en octubre 2023, estableció ajustes semestrales a través del Índice de Casa Propia, pero quienes hayan firmado contrato en ese breve período entre su sanción y su derogación a fines de diciembre por el DNU, verán su primer impacto en el alquiler recién en abril.
En tanto, los incrementos de quienes hayan firmado contratos tras la desregulación de la economía se aplicarán en función del acuerdo particular que hayan realizado propietario e inquilino respecto del índice de actualización y su periodicidad.
Prepagas
Tras la desregulación de los precios de la salud habilitada por el DNU 70/2023, las empresas de medicina privada quedaron habilitadas para aumentar discrecionalmente el valor de sus cuotas.
Febrero llegará con aumentos de aumento de entre 27% y 29% promedio en el segundo mes del año, que se aplicará sobre el valor de enero de 2024.
De este modo, las cuotas de los planes habrán aumentado más del 75% en los primeros dos meses de 2024, teniendo en cuenta que el incremento inicial fue de 40%.
Patentes y ABL CABA
De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Legislatura porteña, los incrementos en las patentes en CABA tendrán como tope la inflación registrada durante el período noviembre 2022-octubre 2023. Según los registros porteños, el IPC de ese período se ubicó en el 160,6% interanual.
En tanto, la tasa de ABL se continuará actualizando mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA de manera mensual y progresiva.
Subtes y premetro
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó un nuevo aumento de la tarifa del subte. La suba completará el 56% establecido a partir de enero, en dos etapas.
De esta manera, el valor del boleto mínimo, que aplica para los primeros 20 viajes mensuales, pasará de $110 a $125 en febrero.
A pesar del aumento, se mantendrán los beneficios para los usuarios frecuentes y los descuentos de la Red SUBE. Los descuentos automáticos del 20%, 30% y 40% se aplicarán al superar los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente. Por su parte, el premetro costará a partir de febrero $43,75.
Combustibles
El 1° de febrero finaliza el congelamiento de los impuestos a los combustibles que había postergado en noviembre de 2023 el exministro de Economía, Sergio Massa. Esta medida impidió una suba extra de $ 70 por litro o 25% directo al público.
La actualización impactará de manera directa en los precios de los surtidores, tras el aumento del 27% aplicado en enero.
Telefonía, internet y cable
Las empresas proveedoras anticiparon a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, llevarán a cabo el segundo ajuste de tarifas del año, con un incremento aproximado del 29,9%, según el servicio y la operadora.
Colegios privados
A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2024, el Gobierno nacional habilitó a los establecimientos de educación privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites.
Lo hizo al derogar una norma del a Secretaría de Comercio, que regía desde 2019, por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.
De esta manera, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.
Colectivos y trenes: en suspenso
El pasado 15 de enero se actualizó el cuadro tarifario de trenes y colectivos y el Ministerio de Infraestructura anticipó que en febrero habrá un nuevo incremento en los pasajes de transporte de pasajeros.
Luego de la audiencia pública realizada el 19 de enero, se decidió aplicar una nueva actualización de tarifas, de acuerdo con el siguiente esquema: el boleto mínimo de colectivo tendrá un valor de $270 y, en los casos de las personas que accedan a la Tarifa Social (Jubilados, Pensionados, AUH, entre otros), el valor será de $121,50. Por el contrario, quien no registre su tarjeta SUBE antes del próximo 1° de abril, abonará un boleto mínimo de $430.
En el caso de los trenes, el nuevo cuadro tarifario variará entre $130 y $208, para todos los ramales, a partir del 1° de febrero.
En ambos casos, se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social.
Sin embargo, a raíz de un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora, y en respuesta a un recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, las audiencias públicas quedaron en suspenso producto de una medida cautelar, por lo tanto, los aumentos también. La Justicia dio lugar a la presentación que denunció «no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley» en las mencionadas audiencias.
Gas y electricidad
En la Audiencia Pública del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), llevada a cabo el 8 de enero, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció una «nueva conceptualización» de los subsidios para los cuadros tarifarios del servicio de gas natural.
El funcionario explicó que, a partir de abril, los subsidios serán determinados en base a una Canasta Básica Energética que cubra las necesidades de los usuarios «con distintos tipos de consumo en las zonas del país».
Con la canasta se definirá, según la distribución geográfica del país, una cantidad de metros cúbicos en el caso del gas de consumo máximo con subsidios. Por el excedente, se pagará tarifa plena.
En relación con las tarifas de energía eléctrica, se llevó a cabo una audiencia pública el pasado 26 de enero, y el lunes 29 se realizó la segunda.
En la primera, que se realizará el 26 de enero, se discutió el valor de las tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor.
En este marco, las compañías prestadoras del servicio en el en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pidieron aumentos del 89% promedio para el 80% de sus clientes, además de una recomposición de los subsidios y ajustes mensuales por inflación.
Este porcentaje se traduciría en un incremento del 47,1% para los usuarios del Nivel 1 (mayores ingresos), que pasarían de pagar $7.018 a $10.299; del 147,9% para los del Nivel 2 (ingresos bajos), cuya tarifa pasaría de $2.570 a $6.341; y del 128,2% para los del Nivel 3 (ingresos medios), que pasarían de abonar $3.161 a $7.214.
En tanto, en la audiencia se puso en discusión el valor del transporte de energía, que impactará en todo el país.
En esta instancia, las empresas transportadoras solicitaron la readecuación de ingresos por más del 250%, suba que tendría una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%.
Además, reclamaron un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Luego de las dos convocatorias, la Secretaría de Energía deberá determinar el nuevo cuadro tarifario temporal, hasta que se defina la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
«En ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos como en Argentina»
El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, denunció aumentos «desproporcionados» y advirtió que «en ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos sin control como ahora en Argentina», al analizar la suba del 319,1% registrada entre enero y diciembre de 2023.
Sajen sostuvo que «los medicamentos son lo único que la gente privilegia para comprar, además de los alimentos, pero lamentablemente en el mes de diciembre las mediciones indican que dos de cada 10 personas -el 19%- no estarían pudiendo acceder a sus tratamientos».
Explicó que esto se debe «a los aumentos desproporcionados que se provocaron en noviembre y diciembre de un 90% promedio con picos que llegan al 140%» y, por lo tanto, «hoy cuestan el doble y un tratamiento para la hipertensión pasó de $35.000 a $70.000».
Consultado por los consumos de los jubilados y cómo se verán afectados, indicó: «Estamos advirtiendo como las obras sociales -incluso el PAMI- se nutre de los salarios que aumentan al nivel de la inflación como mucho, el riesgo es que no tenga recursos para seguir con la gratuidad de los medicamentos y su cobertura».
Al respecto, dijo que «hay que regular el sistema ya que en ningún país del mundo pasa que los laboratorios aumentan los precios sin control, como lo están haciendo ahora».
Apuntó que desde el gobierno nacional «hay una concepción ideológica de que se desregule todo de acuerdo a la oferta y la demanda» a la cual calificó como «equivocada».
«No puede haber una libertad para poner precios por parte de los laboratorios porque del lado del paciente no existe tal cosa como la libertad para enfermarse o morirse. Nadie lo quiere, no funciona así», sentenció.
Demandas urgentes de discapacidad
Las instituciones que trabajan con personas con discapacidad alertan sobre un cese involuntario del servicio que se presta a más de 200.000 personas en todo el país y que nuclea más de 150.000 profesionales debido a la situación de crisis que atraviesa el sector.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), señaló que «es imposible sostener algunas actividades que forman parte del sistema integral de prestaciones” y por eso adelantó que desde Rosario y «todo el interior del país» acompañarían la movilización hacia Olivos que se realizó el miércoles 31 de enero, para entregarle al Presidente Javier Milei un petitorio que contiene los urgentes reclamo de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. «Necesitamos que la respuesta del gobierno nacional sea urgente”, exclamó la presidenta de Apridis, quien narró que realizaron numerosos intentos para acercarse a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero «el sector necesita respuestas urgentes».
Ledesma obtiene ganancias récord y paga salarios de pobreza
Publicamos un informe sobre “Salario, precio y ganancia del grupo Ledesma”, elaborado por el economista y diputado provincial de Jujuy, PTS-FIT, Gastón Remy.
El informe se da en el marco de la revisión de la paritaria azucarera 2023, a efectuarse en el mes de febrero, en un contexto de fuerte salto de la inflación en el país.
Salario azucarero
El poder de compra del salario ha caído en forma abrupta. En 2023 la pérdida acumulada frente a la inflación fue del 24% y del 13% en el salario básico y total respectivamente (Cat. 1).
Pero lo más grave viene ocurriendo en los últimos meses. Durante noviembre-23 y febrero-24, de mantenerse el nivel inflacionario actual, la pérdida sería del 47% en el básico y del 44% en salario el total.
De esta forma, se profundiza una tendencia a la baja del salario real que se observa desde el año 2016 como explicamos en este artículo. Esta caída del salario no solo afecta a la familia trabajadora, termina facilitando la mejora de la rentabilidad de los ingenios como se expresa en forma aguda durante la última zafra.
Por su parte, considerando el salario total (Cat. 1) valuado en $309.000, este equivale al 55% de la canasta familiar estimada para enero en $556.691. Se necesita un aumento de $247.691 para que la familia azucarera no sea pobre.
En caso de que el salario se actualizara según inflación acumulada considerando el básico y el total (cat. 1) de enero 2023, para el mes de febrero 2024 debería ser de $324.890 y $482.694, respectivamente. O sea, estos últimos valores de salarios serían acordes a mantener el mismo poder de compra correspondiente a enero del año pasado.
En cuanto a los salarios azucareros y la productividad de los ingenios, se observa que Ledesma teniendo un rendimiento en la molienda y producción de azúcar similar a ingenios de Tucumán (Concepción, La Providencia), no obstante, paga salarios por debajo del convenio de FOTIA. Para el mes de junio 2023, el jornal fue de 10.380 en Tucumán vs. 5.000 pesos en Jujuy. Esto es un diferencial de productividad a favor de Ledesma, a costa del salario obrero.
Precio del azúcar
El precio del azúcar mayorista (50Kg) que publica el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán subió un 290% entre enero y diciembre de 2023. Mientras la inflación acumulada el año pasado fue de 211% (Indec).
El precio del azúcar también superó la evolución del salario nominal que fue de 136% y 170% básico y total respectivamente (Cat. 1).
Ganancia neta
La ganancia neta fue extraordinaria alcanzando los $ 27.639 millones durante el período de zafra (junio-nov. 23, respecto a la zafra del año anterior).
Ledesma en su memoria del balance afirma: “El resultado operativo del trimestre (NdR, aunque aplica también semestre) resultó muy superior al del mismo período del ejercicio anterior. Esto se explica principalmente por un incremento significativo en las ventas y márgenes, y por el impacto favorable del cambio en el valor razonable de los activos biológicos (como consecuencia de la suba, en términos reales, de los valores de la carne que venían con un importante atraso).”
En ese mismo período los costos totales se mantienen casi sin cambios y el poder de compra del salario cae un 20%. Paralelamente a la pérdida del salario frente a la inflación, la ganancia neta (ajustada por inflación) crece un 428% en relación al mismo período del año anterior. El precio de la acción acompaña esta evolución de la ganancia. Subió de 11,9 a 62,86 pesos.
Respecto a la distribución de dividendos el directorio de la empresa conformado esencialmente por una decena de integrantes de la familia Blaquier se llevó $ 6.924.510.000 (equivalente a 12.437 canastas familiares). Esta suma millonaria corresponde solo a seis meses de actividad. Y contrasta ampliamente con la situación de las familias obreras que en su mayoría tienen trabajo temporal [1] y salarios de pobreza.
Conclusiones
En un contexto de altísima inflación, potenciada desde el mes de diciembre, la relación entre el salario y la ganancia de la empresa Ledesma se hace cada vez más dispar. Esto se observa en el tremendo contraste entre la caída del salario real y del mismo respecto a la canasta familiar.
Pero a su vez, es abismal la diferencia entre la evolución del poder de compra del salario respecto a la ganancia. Dicho de otra forma, el directorio de la empresa y sus accionistas, se hacen cada día mucho más ricos que los trabajadores. Y las familias azucareras, a su vez, quedan con salarios de pobreza y trabajo temporario.
Resulta evidente que la empresa Ledesma líder en el mercado de azúcar del país, en papel y en exportación de citrus, jugos concentrados y aceites esenciales, tiene un amplio margen económico y condiciones de productividad como para abordar una recomposición salarial. Esto debería ser un salario total para la categoría 1 igual a la canasta familiar, actualizado según inflación, mes a mes. Y un aumento del básico que mantenga su poder de compra a enero 2023, esto es, $324.890.
Para finalizar, cabe destacar que los más de 7.000 trabajadores del complejo agroindustrial organizados tienen la fuerza para conquistar mejoras salariales y condiciones laborales como es el trabajo todo el año, considerando la amplia disposición de tierras para realizar diversos cultivos y explotaciones agrarias como puede ser el mango o la palta.
Asimismo, los avances en la tecnificación en el campo y sectores de la industria dejan abierta la posibilidad de poner en discusión la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.
[1] Nota: Además de temporarios hay eventuales en secciones como fraccionado. Por lo cual, el reclamo es por terminar con el trabajo temporario, resabio de los orígenes del ingenio en el que este se aprovechaba de la mano de obra estacional de comunidades originarias del Chaco, yungas, quebrada y puna en condiciones de semi esclavitud para abaratar sus costos laborales, y con el trabajo eventual, surgido a partir de las reformas neoliberales en materia laboral. El ingenio utiliza este marco legal para flexibilizar más aún la relación laboral. Y desentenderse de la misma una vez concluida la cosecha, sin verse comprometida a emplear obreros consecutivamente cada temporada de zafra, como es actualmente con el porcentaje de obreros temporarios que tiene a su cargo. Según su memoria balance aproximadamente el 50% es personal temporario, aunque se estima que este dato está sobreestimado, dado que eventuales y tercerizados no son contemplados dentro del total de trabajadores.
FUENTE: La Izquierda Diario
Las empresas de autopartes cordobesas se declaran en alerta roja
La Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) emitió un comunicado en el que manifiesta que el sector está atravesado por “incertidumbre y falta de perspectiva”, y precisa que la producción en las automotrices Nissan, Renault, Iveco y Fiat se encuentra atravesada por el “freno productivo ante la falta de insumos”.
Bajo el título, “El autopartismo cordobés en alerta roja”, la CIMCC subrayó que “la problemática que asfixia desde mucho tiempo atrás al autopartismo de la provincia, sigue vigente y necesita ser atendida con inminencia”.
En el comunicado, se indica que “las autoridades que deben tomar medidas al respecto quizás saquen del foco de sus preocupaciones el freno de la actividad industrial del sector”, porque están embarcadas en la discusión y análisis del proyecto de la Ley Bases en el Congreso.
“No obstante, evaluamos de vital importancia recordarles a las autoridades nacionales responsables de todas y cada una de las instancias necesarias para la provisión de nuestros insumos y el funcionamiento de la industria que se están iniciando procedimientos preventivos de crisis y negociaciones con los gremios en pymes y empresas autopartistas cordobesas, otrora modelos que enorgullecieron el perfil industrial de Córdoba y el país»; menciona el documento.
Además, se señala la preocupación “por el freno productivo ante la falta de insumos”, que se suma a vínculos con proveedores cortados, stocks agotados y “un impacto de la deuda al exterior incalculable a esta altura”.
Por último, el comunicado remarca que “la situación en Córdoba” muestra a Nissan paralizada desde hace dos semanas, un período frenado por vacaciones del personal y “sin definición aún de fecha para comenzar a producir”; y Renault, que “comenzó la actividad, pero con una caída del 50%, al igual que Iveco”. También se menciona la situación de Fiat, que “está produciendo normalmente, pero con un horizonte poco claro, hasta el momento”.
En este marco, las autopartistas manifiestan, con el inicio de febrero, “su alerta por incertidumbre y falta de perspectiva”.
Las ventas minoristas de las PYMES cayeron casi el 45% entre diciembre y enero
En enero 2024, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas experimentaron una significativa disminución del 28,5% en enero, en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición a precios constantes.
A nivel intermensual desestacionalizado, se registró un descenso del 6,4%. Es decir, acumuló una caída del 45% en dos meses. La explicación pasa por el fenomenal ajuste que realizó el presidente Javier Milei sobre el salario.
«Este inicio de año se caracterizó por un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público en los locales», aseguró la CAME, que reúne a más de 1.000 comercios minoristas.
De los siete rubros relevados en enero registraron caídas interanuales en sus ventas seis sectores. La mayor retracción anual se detectó en Farmacias (-45,8%), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1%). El único sector en alza fue Textil e Indumentaria (+0,9%). Por la devaluación brutal de diciembre se dispararon los precios de muchos productos y servicios, lo que disparó la inflación e hizo caer la actividad económica. En el caso de las Farmacias la situación se explica por el aumento en el valor de los remedios.
El informe surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la en Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 2 de febrero de 2024.
Colapsa la construcción: 3.200 obras paralizadas
Por Raúl Dellatorre
La Cámara de la Construcción calcula que con el corte de la obra pública se perderán 200.000 de los 500.000 puestos de trabajo del sector. Cómo afecta esta debacle a los grupos más poderosos y quiénes pagarán el descalabro.
“Venimos a alertar al gobierno sobre el inminente colapso del sector”, dijo este jueves un dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción, al tiempo que un comunicado de prensa responsabilizaba a la política de paralización de la obra pública por “llevar a muchas empresas del sector a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.
Cuando quien afirma esto es una de las entidades integrantes del Grupo de los 6, el núcleo empresario más concentrado del país, y a menos de dos meses de haberse iniciado el cuarto ensayo de neoliberalismo explícito y salvaje en el país, es señal de que algo cruje en el bloque dominante.
La política de “no hay plata, pero sí negocios” (aniquilamiento del gasto e inversión públicos, y libertad de regulaciones para uso y abuso de los poderosos) no es pareja ni neutra. Beneficiará a grupos concentrados, pero no en todas sus actividades, asumiendo que muchos (si no todos) de estos grupos están lo suficientemente diversificados como para aprovechar los negocios más rentables que se le ofrecen, mientras se retiran de los que tienen menos perspectivas de ganancias.
En Argentina existen cerca de 30.000 empresas constructoras. Unas 1.400 pertenecen a Camarco, pero esta entidad es gobernada, desde hace por lo menos tres décadas, por un puñado de no más de seis o siete grupos económicos o familias tradicionales del sector. Rocca (Techint), Macri (SOCMA), Pérez Companc (ex SADE), Roggio, Chediak, Weiss, son los apellidos tradicionales que han compartido el gobierno y repartido los cargos en la Cámara. Otros participan, pero en niveles secundarios, y siempre dependiendo de ese núcleo de poder histórico.
Como ocurre habitualmente con los empresarios que han visto crecer a sus emporios de la mano de negocios con el Estado, estos grupos han sabido “llevarse bien” con todos los gobiernos, sin importar su color político ni legitimidad (vale recordar, siempre, que varios de ellos tuvieron su momento de gloria, por la proyección alcanzada, durante la dictadura de 1976 a 1983).
Pero han hecho propia, además, otra gran virtud (grande por los resultados obtenidos, aclaremos), que fue la diversificación de negocios que desplegaron a partir de los altos beneficios que recibían como constructores. Es una empresa con origen en el rubro ingeniería y construcción la que hoy controla el mercado del acero y ha ubicado en el puesto de mando de YPF a uno de sus hombres, fortaleciendo su rol en el mercado petrolero. Por supuesto, es integrante fundamental del clan que controla Camarco.
También se han diversificado las demás y juegan un papel relevante en negocios como la producción de alimentos, la energía renovable o tradicional, servicios tecnológicos, el transporte público y hasta la recolección de la basura. Pero, además de esos negocios repartidos, hay otro en el que coinciden todos: la propiedad de grandes extensiones de tierra y su explotación para la producción y exportación de soja y otros cultivos, además de la cría y engorde de animales.
¿Por qué importa en este momento recordar estas particularidades? Porque cuando se habla de una crisis terminal del sector de la construcción, el sacrificio de planteles de personal capacitado, de “efectos irreversibles” para muchas firmas producto de la actual situación, hay que considerar que estos grupos empresarios no se hundirán con sus empresas, como sí le puede suceder a muchos de los otros 30.000 que pierdan el contrato de asfaltar una calle, construir una escuela o ampliar un centro de salud en algún pueblo o ciudad del interior “porque no hay plata”.
Para los grandes grupos, la señal del gobierno es que “cambien de rubro”, dejen de lado sus inversiones en la obra pública porque dejará de ser rentable y encaren algún otro negocio del menú que este mismo gobierno les ofrece. De hecho, todas ya tienen un pie (o dos) en negocios que verán los frutos de la “revolución libertaria”, a través de las agroexportaciones, la explotación de recursos petroleros o mineros, la venta monopólica con precios descontrolados ( es decir, sin los controles o regulaciones antes vigentes) o simplemente haciendo diferencias cambiarias en virtud de la valorización del dólar (otro rasgo común a esos grupos constructores dominantes es la fuga y formación de activos millonarios en divisas en el exterior).
Los directivos de Camarco cumplieron en avisar lo que se viene, aunque queda claro que no serán ellos las víctimas. Vamos entonces a los que sí están nominados para pagar los costos de esta política anti-obra pública. La entidad empresaria calcula en medio millón la cifra de empleos directos del sector, de los cuales estima que 200.000 quedarían en riesgo de perder su trabajo.
“En todo el país existe el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal. La quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, dice el comunicado empresario.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, se anticipó esta semana al comunicado de la Cámara de la Construcción anticipando la preocupación en ese sector y el malestar en muchas provincias por las consecuencias que acarreará la política del gobierno nacional de retener los recursos para obras.
“La situación es muy grave. Por orden del presidente (Javier MIlei), se suspendieron las viviendas, caminos en construcción y las obras que estaban con financiamiento ya firmado con organismos multimediales de créditos, o sea internacionales”, denunció. “Hay más de 3.200 obras en ejecución en el país que ahora se encuentran totalmente paralizadas”.
Insfrán indicó que “el plan del gobierno nacional referido a que la obra pública debe hacerla el sector privado ya ha fracasado, el sector de la construcción no va a venir a invertir en un lugar donde no va a tener rentabilidad”. Recordó que “esto ya está demostrado, porque ha fracasado en distintos países e incluso en la Argentina, durante el mandato de Mauricio Macri”.
Hasta los directivos de la Cámara de la Construcción señalaron que “hasta en el mundo desarrollado, con tarifas altas, seguridad jurídica y mercado de capitales, la inversión privada constituye sólo el 15 % del total que se invierte en obras de infraestructura; el 85 % lo pone el gobierno”. “Hay obras que no tienen ningún interés para el sector privado: escuelas públicas, cárceles, hospitales públicos, incluso rutas con poco tránsito”, indicó el directivo.
Hay malestar en las provincias, y con razón. El efecto multiplicador de la crisis de la construcción sería significativo. Ya se empieza a verificar el impacto dado que la paralización de obras provocó un inmediato corte en la cadena de pagos que hace tambalear a empresas proveedoras.
Tampoco hay mucha esperanza en la obra privada como atenuante. Una de las características particulares de esta crisis es que se da, además, en medio de una escalada de precios de los insumos sin precedentes. El índice del costo de la construcción para diciembre del Indec, ya arrojó un salto mensual del 30,1 % (es decir, el aumento de diciembre contra noviembre, el mes previo), mientras que según empresarios del sector, en enero se habría verificado un incremento similar o mayor.
La parálisis de la demanda no frenó los aumentos de precios. Esta vez, la grieta partió los presupuestos de las obras a medio hacer o simplemente proyectadas.
Las ventas en comercios minoristas cayeron 28,5% interanual en enero
Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en enero una caída anual de 28,5%, y descendieron en la comparación mensual 6,4%, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), impulsado por “un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público en los locales”, de acuerdo a la entidad empresarial.
Los resultados surgen del Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 2 de febrero de 2024, precisó la entidad en un comunicado.
Desde CAME destacaron que “a pesar de este escenario desafiante, el sector textil emergió como la excepción, logrando un aumento del 0,9% en comparación con enero del año anterior (en aquella ocasión había registrado una baja del 14,4%)” y atribuyeron ese incremento a la combinación de ofertas atractivas y a las compras realizadas en gran cantidad por turistas internacionales que recorrieron las ciudades argentinas.
Por otro lado, señalaron que, para el consumidor promedio, en el mes de enero, “todo resultó costoso, lo que llevó a una selección más cuidadosa de compras, priorizando las necesidades más urgentes para resguardar ingresos”.
Por sectores, seis de los siete rubros relevados en diciembre registraron caídas interanuales en sus ventas, en donde la mayor retracción anual se detectó en Farmacias (-45,8% i.a.), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1% i.a) y el único sector en alza fue Textil e Indumentaria (+0,9% i.a.).
El déficit fiscal creció de forma récord en el primer mes de Milei
El déficit fiscal creció notablemente en diciembre y se ubica en 20% del PBI.
En un artículo publicado en BAE por Guillermo Moreno, Pablo Challú y Walter Romero, los economistas justicialistas recordaron que si al déficit del gobierno se suman los rojos provinciales y el del Banco Central en el último mes del año, se llega al 31% del PBI (la totalidad de bienes y servicios producidos en los últimos 30 días del 2023).
“En síntesis, a pesar de los grandilocuentes anuncios efectuados, y hasta el hartazgo repetidos, la realidad (que es la única verdad) indica todo lo contrario. En este inicio de gestión, el infraconsumo de algunos sectores problacionales y la disminución de las erogaciones de otros, financiaron el despilfarro (sobre todo en subsidios a determinados sectores empresariales) estatal”, resumieron en el estudio.
Mientras, el gobierno de Milei insiste con su relato: “El déficit 0 no se negocia”. Sin embargo, lo que hasta el momento está ocurriendo es que el gobierno libertario lleva adelante un brutal ajuste sobre la sociedad –en mayor medida sobre trabajadores informales y jubilados– pero el déficit estatal empeoró. Nunca antes en la historia reciente del país pasó que el déficit del Estado -la diferencia entre ingresos y egresos- esté en los niveles presentados en diciembre del 2023.
En su primer mes de mandato, el nuevo gobierno no pudo parar con la “maquinita de imprimir billetes” y ya se volcaron al mercado 6 billones de nuevos pesos que pasaron a engrosar la base monetaria.
La consultora EcoGo presentó un informe donde se detalla cómo se realizó esta emisión monetaria que era un tabú para Milei en la campaña y con qué fines se produjeron: el BCRA se vio obligado a la emisión debido al pago de interés de sus pasivos remunerados, la compra de divisas, el rescate de las leliq y la ejecución de los puts.
Como corolario de este primer mes de gobierno, el ministro de economía, Luis Caputo, presentó el nuevo (viejo) acuerdo con el FMI con la promesa de un desembolso de 4.700 mm de dólares por parte del organismo multilateral de crédito. Esos millones serán destinados a pagar intereses del préstamo tomado por la administración de Mauricio Macri y el mismo Luis Caputo, en su rol de ministro de Finanzas del gobierno cambiemita. Por ahora, nada se sabe de los 40.000 millones de dólares que Milei prometió en campaña.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Perfil, La Izquierda Diario, APU, www.pagina12.com.ar, APU, Télam
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.