La represión del 25 de septiembre De manera sorpresiva la policía intervino sobre los marchistas, indígenas de tierras bajas que buscan llegar a La Paz para oponerse a la construcción de una carretera por sus territorios. La razón formal de los policías era evitar un enfrentamiento entre indígenas y campesinos pro Evo que bloqueaban en […]
La represión del 25 de septiembre
De manera sorpresiva la policía intervino sobre los marchistas, indígenas de tierras bajas que buscan llegar a La Paz para oponerse a la construcción de una carretera por sus territorios. La razón formal de los policías era evitar un enfrentamiento entre indígenas y campesinos pro Evo que bloqueaban en Yucumo para evitar su paso. No obstante, la intervención policial derivó en una violenta represión, con uniformados golpeando y esposando a indígenas, incluyendo madres con niños, y cubriéndole la boca con cinta adhesiva. Ello generó una ola de rechazo en las ciudades, la ministra de Defensa Cecilia Chacón renunció en rechazo a la represión con una carta en la que dice «No así». Los medios de comunicación, la gente en las calles y en las redes sociales bolivianas no hablaban de otra cosa. 24 horas después Evo Morales dijo que él no ordenó reprimir, que la acción policial fue «imperdonable». Unas horas más tarde cayó el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti. Es verdad que unas horas antes el Canciller David Choquehuanca, que se acercó a la marcha a negociar, fue «retenido» por un grupo de mujeres que lo obligó a marchar durante varias horas, pero ese tipo de acciones son bastante comunes en Bolivia, y el propio Evo Morales en el pasado también apeló a ellas, por lo que la sobreactuación legalista de Llorenti apareció como una mera justificación del desborde policial. Finalmente, Evo pidió disculpas a los indígenas. Una mezcla sin duda de cierta intransigencia, y torpezas varias en el manejo del conflicto.
Lo que se juega en el TIPNIS
La historia comienza con la decisión del gobierno de Evo Morales de construir una carretera cuyo segundo tramo atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que es al mismo tiempo una reserva natural (desde 1965) y el hábitat de pueblos amazónicos como yuracarés, chimanes y mojeños (es territorio indígena desde 1990) . Pero además hay otros actores, como los cocaleros, que se fueron expandiendo y en los años 90 acordaron no pasar más allá de una «línea roja» acordada con los indígenas, la Central Obrera y el gobierno de entonces, además de narcos que aprovechan el aislamiento de esta región y traficantes de madera. El gobierno tiene argumentos sensatos para justificar su iniciativa: integrar el país (viajar por tierra a la Amazonía sigue siendo un suplicio) y sentar presencia estatal en la Amazonía, una región tradicionalmente a merced de élites filomafiosas, ganaderos, madereros, etc. Pero también son razonables las prevenciones indígenas movilizados: temen una invasión de los cocaleros, perder su hábitat y pagar altos costos ambientales. Y quieren que se cumpla el derecho a la consulta previsto en la nueva Constitución (que en realidad refiere solamente a la explotación de recursos no renovables en territorios indígenas). Basta visitar el TIPNIS para ver que hay lógicas territoriales, culturales, y cosmovisiones muy diferentes entre colonizadores aymaras/quechuas y los originarios de la región, más vinculados a modos de vida tradicionales.
Tensiones indígenas/campesinas
Sí y en la Asamblea Constituyente no se abordaron con seriedad estos problemas. La nueva Constitución habla siempre de «indígenas-originarios-
El efecto sobre Evo
En menos de doce meses, Evo Morales debió retroceder dos veces en temas que el gobierno consideró previamente como innegociables. En diciembre del año pasado se vio obligado a derogar el decreto del gasolinazo (eliminación de los subsidios estatales y aumento de los combustibles hasta 80%) cuando las protestas amenazaban con masificarse. Esta vez hizo lo mismo al transferir «al pueblo» de Cochabamba y Beni -los departamentos involucrados- la decisión de seguir o no con la carretera. Pero más allá de cómo se termine de resolver este embrollo, este nuevo paso atrás no es inocuo. Muchos saben ahora que en las calles se puede torcer el brazo de un gobierno imbatible en las urnas. Y en Bolivia son muchos los que tienen capacidad de veto. Si contra la derecha y los «separatistas» Evo es invencible, lo es menos frente a sectores de sus propias bases, en un país donde la fidelidad a los líderes suele quedar a merced de complicadas configuraciones del humor social. Además, la represión violentó sin duda la «confianza étnica» de la que aún goza el presidente boliviano. Los campesinos consideran a Evo «uno de los nuestros, puesto por nosotros ahí en el palacio»; una idea de autorrepresentación que no existe en otros países de la región, y no le hace las cosas fáciles ni siquiera a un gobierno popular. A ello se suman las disputas por las rentas de los recursos naturales, la base material de la economía boliviana, disputas que combinan demandas naturalmente democráticas de inclusión con ciertas imágenes del «Estado mágico» capaz de resolver todos los problemas frente a una economía privada débil. El problema es que el estado también es débil.
En Bolivia la gente lucha literalmente a muerte por sus reivindicaciones sectoriales, como lo hacía el propio Evo como dirigente cocalero, por eso es tan difícil de gobernar y por eso se necesita tanta capacidad de negociación, la que no mostró el gobierno al decir que la carretera iba «sí o sí».Aunque con un presidente más fuerte que cualquiera de los anteriores, lo ocurrido con el gasolinazo y con el TPNIS recuerda que en Bolivia la sociedad es fuerte y el Estado es débil, un atractivo para los estudiosos de los movimientos sociales pero un problema, sin duda, para quienes deben gobernar. Además, la represión -y si hay muertes es peor- suele generar una indignación moral mucho más efectiva en términos de movilización que cualquier demanda reivindicativa. (y como otras «largas marchas» esta también es más bien simbólica en términos numéricos siempre deja lugar a la duda sobre cuántos en verdad la apoyan) Por eso fue tan grave el efecto de la acción policial en el TIPNIS, incluso sin haber habido muertos: la economía moral del pueblo no tolera que un gobierno indígena reprima a los hermanos indígenas. Tan simple como eso. Evo no se va a caer, pero su segunda gestión muestra mucha menos épica e iniciativa que la primera.
Pero cosa es la crítica para que los cambios avancen y otra la histeria antigubernamental. Un sector de la oposición salió a sobreactuar una solidaridad con los hermanos indígenas difícil de creer. Mientras que un sector de izquierda cree que basta debilitar a Evo para que surja algo más revolucionario. No lo creo, el bloque «anticarretera» es demasiado heterogéneo y débil -y condicionado por apoyos oportunistas de oposiciones varias- para construir una nueva voluntad colectiva alternativa.
Mientras quizás no estaría mal bajar los decibeles: la represión debe ser condenada (sin lugar a dudas) pero no fue una masacre -como algunos de quienes protestaron llevaban escrito en sus carteles. Los líderes indígenas al parecer hablaron con la embajada de EEUU (según reportes gubernamentales) -deberán explicar para qué- pero no son agentes de la CIA. Y quizás una enseñanza del TIPNIS: el proceso de cambio depende de su capacidad para construir una nueva institucionalidad (incluyendo sin duda otra policía) con suficiente capacidad y voluntad articulatoria de todas las Bolivia que debe contener el bloque popular. Un bloque popular muy alejado de todo romanticismo.
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