Intentar una reflexión sobre la situación de Argentina al final de 2008 implica el desafío de salir de las elucubraciones sobre el declive de la popularidad del gobierno, los escasos logros de la oposición y de la prospectiva más o menos vulgar sobre el horizonte de crisis económica que todo indica se avecina. Lo que […]
Intentar una reflexión sobre la situación de Argentina al final de 2008 implica el desafío de salir de las elucubraciones sobre el declive de la popularidad del gobierno, los escasos logros de la oposición y de la prospectiva más o menos vulgar sobre el horizonte de crisis económica que todo indica se avecina.
Lo que nos interesa aquí es examinar el cuadro desde el ángulo dado por las perspectivas de los movimientos populares, atravesados en muchos casos por la puja entre una tendencia más o menos desfalleciente a dar apoyo a las «políticas populares» del gobierno Kirchner, y la de mantener claramente la independencia y la actitud crítica frente a un gobierno que en lo sustancial está ligado a la suerte de la gran empresa, mas allá de gestos fuertes de «arbitraje» entre distintos sectores capitalistas, vinculados también a la necesidad de afirmar un rol más activo para el aparato estatal, en una perspectiva de crisis.
El año 2008 quedó signado por el conflicto que confrontó al gobierno con diversos sectores del capitalismo dedicado a «agronegocios» bajo el signo de las retenciones sobre la venta de la soja y otros granos. El oficialismo exhibió allí todo tipo de contradicciones y torpezas, para terminar derrotado por obra de las deserciones en su propio bando, no deseoso de afrontar ningún choque, siquiera simbólico, con sectores concentrados del capital. Una polarización confusa dominó la lucha política, al punto de que sectores de izquierda apoyaran a los productores que trataban de proteger sus ganancias, y otros se alinearan con la presidenta Kirchner y su esposo, viéndolos como defensor de los «intereses populares».
Otra fuente de alineamientos confusos han sido las medidas que apuntan en un sentido progresivo, como la reestatización de Aerolíneas Argentinas y del sistema de jubilaciones y pensiones, las que necesitan ser contextualizadas en un plano más amplio, en el que campean por sus fueros el otorgamiento de subsidios, concesiones y moratorias impositivas a los grupos más concentrados del gran capital. Generar oportunidades de negocios para los capitalistas aliados sigue siendo una prioridad de los Kirchner, no incompatible con la realización de estatizaciones puntuales o el establecimiento de controles de precios o trabas burocráticas en otros ámbitos del capitalismo local.
Frente a la crisis económica en ciernes las respuestas gubernamentales transitan paralelamente el sendero del estímulo a la oferta (el apoyo directo al incremento de ganancias del gran capital) con las medidas tendientes al incremento del consumo, dirigidas sobre todo a los sectores medios urbanos entre los cuales el gobierno pretende recuperar terreno, alentando medidas como una reforma impositiva que reduce gravamenes a los salarios altos, mientras el impuesto al valor agregado sigue cayendo con todo su porcentaje sobre los alimentos básicos. Y allí se cuelan generosas posibilidades de «blanqueo de capitales» que apuntan ante todo a fortalecer la libertad de maniobra para las grandes empresas.
Se necesita examinar no sólo las políticas del gobierno sino su forma de construir y ejercer poder, el tipo de vínculo que establece con las organizaciones que lo sustentan. Su actitud de apoyarse cada vez más claramente en el Partido Justicialista, ahora presidido por el propio Kirchner, encuentra proyección en la relación privilegiada con estructuras de la burocracia peronista como los intendentes del conurbano y la conducción de la CGT. El cultivo de estas coaliciones obliga al elenco gubernamental a dejar de lado posibles iniciativas democratizadoras (como el reconocimiento a la CTA), y sobre todo a realizar una construcción política verticalizada desde arriba, hacia un «abajo» donde los «punteros» se sienten como pez en el agua y los militantes populares tienden a experimentar desamparo y desorientación. De hecho, varias organizaciones y personalidades que venían apoyando más o menos críticamente al gobierno, han terminado alejándose de él
El resultado es catastrófico para los sectores más empobrecidos, hacia los cuales el gobierno destina escasa atención, en parte por considerarlos «seguros» en términos de política electoral, mientras el sistema de salud y el de educación públicas se derrumban a ojos vista, convenientemente sometidos a las jurisdicciones provinciales y locales y por tanto situados en apariencia fuera de las responsabilidades del poder político nacional.
El espacio en ámbito gubernamental y sus alrededores para organizaciones populares con alguna aspiración de autonomía, no sólo no crece sino que se estrecha a ojos vista, al exigir complicidades con medidas de forma y contenido antipopulares. El de los K no es un gobierno popular, ni tampoco uno «en disputa». Apenas expresa en el poder político una relación más compleja y matizada con el poder económico que la que exhibían el menemismo y sus sucesores de la Alianza, lo que está en gran parte signado por una etapa diferente de la acumulación del capital, y no por la sola voluntad gubernamental.
Esto alcanza, sin embargo para que la gestión Kirchner sea detestada por los sectores más férreamente afirmados en el neoliberalismo, más empeñados en la defensa de línea dura del capitalismo de libre mercado, y con pocas o ninguna simpatía por las políticas de derechos humanos y las iniciativas no ortodoxas en materia de relaciones exteriores. Y allí queda tendida la trampa habitual, la que invita a integrarse al «campo popular» para combatir a las fuerzas más abiertamente derechistas. Contra las apariencias superficiales, no hay razones para apoyar un «neodesarrollismo» más preocupado por mantener los negocios del capital que por el nivel de vida de los asalariados, por más que sufra el ataque de los sectores reaccionarios.
Hoy resulta esencial construir un espacio situado claramente a la izquierda del gobierno, lo que significa articular diversos sectores que compartan el posicionamiento autónomo frente a las diversas encarnaciones del establishment, con una vocación anticapitalista que no dependa de una proclamación repetitiva y genérica, sino de una práctica constante que construya cada día formas de poder al margen y a la vez en contra del sistema social vigente, que vayan de abajo hacia arriba. Ello implica asimismo capacidad para desarrollar maneras nuevas de hacer política, sin por ello condenarse a la abstención en el plano electoral y a la consiguiente ausencia en los organismos de representación. La aspiración a la democracia radical y directa no implica darle la espalda a la democracia representativa, sino saber desenvolverse en su campo con una actitud independiente y superadora. Debería ser innecesario agregar que no se trata de ser «antikirchneristas» sino de enfrentar en su conjunto a la política procapitalista, con la cual no hay alianza posible.