En medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez y Jaime Castrejón son un agravio a la sociedad mexicana y un atentado contra las personas y los movimientos sociales que […]
En medio de un ambiente de impunidad estructural que impera en el estado de Guerrero, las desapariciones y posteriores ejecuciones de los luchadores sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez y Jaime Castrejón son un agravio a la sociedad mexicana y un atentado contra las personas y los movimientos sociales que asumen el compromiso de defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guerrero.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es sumamente grave que las desapariciones de ocho activistas de la organización Unidad Popular, con sede en Iguala, Guerrero, se hayan dado inmediatamente después de que concluyó la manifestación pública que realizaron en la caseta de cobro ubicada en la periferia de Iguala el pasado 30 de mayo.
Previo a esta manifestación la dirigencia de Unidad Popular tuvo algunos desencuentros con el presidente municipal de Iguala, y de parte de la autoridad estatal no encontraron una respuesta favorable a sus principales demandas de dotación de fertilizante y construcción de obras comunitarias.
La consumación de estos crímenes contra integrantes de la organización Unidad Popular realizados a plena luz del día y operados con total libertad por sus perpetradores, ponen en evidencia la falta de mecanismos de monitoreo y la ineficacia de los operativos policiacos para detectar y reaccionar con rapidez y contundencia ante hechos que atentan contra la integridad física y la vida de las personas. La inacción de las autoridades y su colución con los grupos del crimen organizado deja en total indefensión a las organizaciones sociales que cuestionan la forma de ejercer el poder, y es un mensaje a los agresores de que pueden seguir atentando contra la vida de quienes se organizan para defender los derechos de la población.
Como Tlachinollan denunciamos la práctica arraigada de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que han documentado organismos internacionales ante delitos de lesa humanidad cometidos en Guerrero. Las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo Na savi acaecidas en febrero de 2009; las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán realizadas el 7 de diciembre de 2011; así como las dos ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa quienes fueron asesinados a balazos por policías federales y ministeriales del estado cuando se manifestaban en la autopista del sol el 12 de diciembre de 2011; son crímenes abominables que han permanecido en la impunidad.
La muerte de Arturo Hernández Cardona, líder histórico de los movimientos sociales en Guerrero desde finales de los ochentas, es una pérdida invaluable para la sociedad guerrerense. Fue un líder que siempre abanderó las causas de los trabajadores del campo. Un compañero solidario y cercano a todos los hombres y mujeres marcados por la persecución y la prisión injusta. Su última acción en defensa de los derechos del pueblo pobre, lo refrenda como una figura señera de los movimientos de base que han propugnado por la democratización de nuestro estado. Su entrega por la causa de la justicia, lo colocó en el paredón de los asesinados.
Siempre viviremos agradecidos por su solidaridad con Tlachinollan en los momentos más difíciles que enfrentamos por las amenazas sufridas en mayo de 2012.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña exigimos al gobierno del estado de Guerrero una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial, que tenga como resultados la detención y sanción de los responsables, así como medidas de seguridad efectivas para Gregorio Dante, Efraín Amates, Nicolás Mendoza y Héctor Arroyo, quienes lograron escapar con vida del lugar donde los perpetradores cometieron el infame crimen.
Alzamos la voz para que cesen las agresiones y las amenazas contra las y los luchadores sociales y contra todos los hombres y mujeres que se organizan por la justicia y los derechos humanos.
En medio de esta tragedia donde el dolor, la indignación y la impotencia embargan a las familias de los luchadores sociales ejecutados, nos hermanamos en su sufrimiento que clama justicia. Exigimos a las autoridades que implementen medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física y psicológica de las familias de Artuto, Felix, Ángel y Jaime, así como de los compañeros y compañeras de la Unidad Popular.