La tortura en México, que constituye una grave violación a los Derechos Humanos (DH), aumentó 600 por ciento en nuestro país durante el último decenio; en contraste, el Estado niega que esto ocurra y los órganos institucionales que deben comprobarlo no actúan a favor de las víctimas. Esa fue una de las conclusiones que Amnistía […]
La tortura en México, que constituye una grave violación a los Derechos Humanos (DH), aumentó 600 por ciento en nuestro país durante el último decenio; en contraste, el Estado niega que esto ocurra y los órganos institucionales que deben comprobarlo no actúan a favor de las víctimas.
Esa fue una de las conclusiones que Amnistía Internacional (AI) señaló durante la presentación del informe «Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México».
Con el documento, que comprueba la existencia de tortura en México por parte de agentes del Estado, AI exigió al gobierno que tome medidas urgentes para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.
Rupert Knox, investigador del secretariado internacional de AI y encargado del estudio, dijo que a la par del incremento de la tortura, la cual creció durante el sexenio de Felipe Calderón y su estrategia de combate al narcotráfico, la impunidad también está avanzando.
Lo anterior -explicó- porque de 2006 a 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) inició mil 219 investigaciones por denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos, y -según datos del Consejo de la Judicatura Federal- únicamente existen siete sentencias firmes por tortura.
Además, las autoridades ponen obstáculos para que pueda constatarse que las y los detenidos padecieron tortura, dijo el experto, esto por negligencia en la evaluación y registro de pruebas de tortura, la ausencia de un abogado de oficio para el detenido o detenida, la deficiencia en las investigaciones, la falta de peritajes, y la predisposición contra las víctimas que sesga los resultados del Protocolo de Estambul, que es un manual de la ONU para documentar la tortura.
A decir de Knox, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano encargado de investigar estos hechos y emitir recomendaciones, ha sido muy débil y favorece más a la propia institución que a las víctimas.
Esto porque, según el informe de AI, la CNDH no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ya que de las siete mil quejas que recibió de 2010 a 2013 sólo emitió recomendaciones públicas que confirman la tortura en 44 casos.
El informe especifica que las mujeres son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia; sin embargo las mujeres detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes varones sin medidas efectivas que garanticen su seguridad física y emocional.
Según el documento, el trauma infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención médica inmediata, imparcial y sensible al género, imposibilitan la denuncia.
Con tres casos emblemáticos, pero no únicos, la AI mostró que las detenciones ilegales y la tortura que se ejerce en ellas son una realidad en el país.
El caso de Ángel Amilcar, migrante hondureño encarcelado desde hace cinco años por supuestamente estar implicado en una banda criminal; Rogelio Amaya, un joven de Ciudad Juárez acusado de hacer explotar un coche bomba, y Claudia Tapia, una mujer de Veracruz que padeció tortura sexual para que confesara que formaba parte de una organización criminal, son algunos ejemplos de cómo agentes del Estado torturan para obtener confesiones y presentar presuntos culpables.
De estos casos, los dos mexicanos ya fueron liberados de la mayoría de las penas que se les imputaba. Las únicas pruebas contra ellos que se mantienen vigentes son haber sido presentados por autoridades judiciales.
Aunque el gobierno ya reconoció su inocencia en los hechos, y existen pruebas de que padecieron tortura, el Estado mexicano se niega a repararles el daño e, incluso, se niega a conceder la única petición de las víctimas: limpiar su imagen con una disculpa pública.