El caso de Eudor Osiris es uno de tantos ejemplos de desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua, algunas de ellas recogidas en el informe de Amnistía Internacional «Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México», publicado en enero de 2016. Tras un incidente durante la inauguración […]
El caso de Eudor Osiris es uno de tantos ejemplos de desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua, algunas de ellas recogidas en el informe de Amnistía Internacional «Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México», publicado en enero de 2016. Tras un incidente durante la inauguración de un salón de baile en el poblado de San Juanito (municipio de Cuauhtémoc), al que Eudor Osiris asistió con varias amistades, decidieron dirigirse a Ciudad Guerrero. Allí les detuvieron unos sujetos armados, que golpearon y esposaron a Eudor y a un amigo; a continuación, se les condujo a la ciudad de Santo Tomás, donde se les trasladó detrás de una iglesia. Entonces se escucharon disparos. La familia de Eudor Osiris y sus abogados denuncian que las autoridades no han buscado pruebas de las desapariciones en los lugares citados por los testigos, ni han intentado identificar a los policías y otros individuos que participaron en los hechos, ocurridos el 20 de noviembre de 2013.
Según cifras oficiales, 1.698 personas se encentran actualmente desaparecidas en el estado de Chihuahua. Sólo en la cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, importante polo agropecuario y comercial de 114.000 habitantes, el gobierno mexicano ha contabilizado la desaparición de 351 personas. El municipio de Cuauhtémoc constituye un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de Estados Unidos, factor que contribuye a los episodios de violencia. Para la elaboración del documento, Amnistía Internacional ha entrevistado a familiares de las 38 personas desaparecidas en 22 «eventos» ocurridos en Ciudad de Cuauhtémoc y su entorno, entre 2009 y 2014. Pese a la desaparición de centenares de personas desde 2007, la situación en Cuauhtémoc es «prácticamente desconocida» y permanece «en total impunidad», señala Amnistía Internacional. Añade, en el apartado de conclusiones, que el trato que las autoridades responsables de la investigación a las familias es «deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos».
El miedo predomina en Cuauhtémoc y las comunidades próximas. De hecho, hay familias que no denuncian las desapariciones. La delincuencia organizada, presente en la zona, y «la colusión que la población percibe entre delincuentes y servidores públicos», hace que familiares de víctimas desistan de plantear denuncias. En la mayor parte de los 22 casos analizados por la organización de derechos humanos, las familias denunciaron las desapariciones ante las autoridades en cuestión de horas. Sin embargo, fueron varios los casos en los que la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó a las familias de que tenían que esperar 72 horas antes de tomar la denuncia. Sin embargo, éste no es un requisito legal, recuerda Amnistía Internacional, que subraya la importancia de las primeras 72 horas para proteger los derechos de la víctima. El informe da cuenta, incluso, de cómo una familia desesperada tuvo que volver al día siguiente, pues las autoridades afirmaron que era tarde para recibir denuncias.
Los funcionarios de la Administración de Justicia también son, en algunas ocasiones, víctimas del miedo. El familiar de una persona desaparecida informó a Amnistía Internacional que el Agente del Ministerio Público le mostró un documento de pago y le dijo: «Por ese sueldo yo no arriesgo mi vida». En otro caso de desapariciones, personal de la Fiscalía de Chihuahua se negó a abrir diligencias de investigación en una zona «conflictiva», con estas palabras: «Tenemos miedo, nosotros no podemos ir para allá». Pero muchas veces, según han afirmado las familias y sus abogados a Amnistía Internacional, no es tanto el miedo sino «la colusión de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada lo que inhibe el avance de las investigaciones».
La mayoría de los familiares entrevistados para el informe no padecieron ataques directos por exigir justicia, sin embargo, el documento de Amnistía Internacional reporta amenazas y diferentes formas de hostigamiento, sobre todo mediante llamadas telefónicas, seguimientos por parte de desconocidos y, en el caso de las autoridades, «sugerencias» para que los allegados desistan de promover las investigaciones. «Una de las personas que activamente busca a sus familiares fue retenida contra su voluntad varias horas por hombres armados que le exigieron abandonar las pesquisas», relata el informe «Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México». Un caso extremo fue el de Artemisa Ibarra y Martha Loya, dos mujeres desaparecidas en 2011 y 2013 mientras buscaban a sus deudos, también desparecidos en Cuauhtémoc.
¿Cuál es la actuación de los poderes públicos ante la violación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua? En la mayoría de los casos, se reducen a «un mero formalismo destinado de antemano a ser infructuoso». La Administración únicamente recaba la denuncia de la desaparición, emite oficios de investigación que no se materializan en diligencias útiles o pregunta a otras instancias administrativas por datos de la víctima. Es poco habitual que se analicen las llamadas telefónicas, los movimientos bancarios de víctimas y sospechosos así como las grabaciones de las cámaras de seguridad. La negligencia es tal, que muchas veces cuando se solicita la información ésta ya no se encuentra disponible. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) cita el caso de un funcionario investigado judicialmente por alteración de grabaciones en vídeo que pudieran incluir pruebas.
En estas circunstancias, corresponde necesariamente a las familias impulsar las indagaciones y recabar datos. El documento de Amnistía Internacional incluye el testimonio de una madre: «En la carpeta de mi niña hay lo que yo les he dado, nada más». Pero las pesquisas de las familias implican riesgos y dependen de la disponibilidad de recursos económicos. Generalmente, sólo sirven «para acrecentar los tomos del expediente, es raro que las autoridades las utilicen para abrir nuevas líneas de investigación». En tres de los casos abordados por Amnistía Internacional en Chihuahua, se hallaron finalmente los cuerpos de las personas desaparecidas. Se trata, en términos generales, de «hallazgos» por parte de algún particular, no de investigaciones realizadas por la Fiscalía. La organización de derechos humanos apunta el trato «deficiente» a las familias y el «profundo desinterés» de las autoridades, que resume una de las madres entrevistadas: «un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan». Otra afectada describió el expediente de una familiar como «un altero enorme de hojas inútiles».
Además del sufrimiento que implica la pérdida, las familias padecen el «estigma» con el que se ha señalado a la víctima (no resulta extraño que las autoridades les señalen como «delincuentes»), lo que en muchas ocasiones lleva a rupturas con las personas del entorno. Incluso se ha dado el caso de maltratos y acoso de menores en los colegios, lo que ha motivado una renuncia temporal a continuar con los estudios. Sobre todo, recuerda Amnistía Internacional, la persona desaparecida es frecuentemente el sostén de la familia.
Otro de los ejemplos apuntados en el informe es el de José Rosario Hernández, detenido por la policía de Ciudad Cuauhtémoc el 23 de octubre de 2011, cuando se trasladaba en automóvil con dos amigos para ver a su hermana. Un oficial de tránsito se lo llevó detenido. Desde ese día los familiares no han tenido noticia de José Rosario. Ninguna autoridad facilitó informó a los familiares, ni el día de la desaparición ni tampoco durante las jornadas siguientes. Finalmente, la familia consiguió identificar al oficial que practicó la detención, quien se negó a hablar de los hechos. Después de ímprobos esfuerzos por parte de los parientes y sus representantes legales, el oficial resultó detenido y su juicio estaba previsto para enero de 2016, según apunta Amnistía Internacional. Sin embargo, «la investigación no ha sido exhaustiva y no se han indagado datos que pudieran llevar a encontrar el paradero de José Rosario».
Frente a la impunidad y la inacción estatal, los familiares de desaparecidos se han organizado para reivindicar sus derechos. En México trabajan al menos 24 colectivos, a los que se agregan otros tres en Centroamérica, que buscan a más de 4.800 personas en 22 estados. Además, hay familias que se reúnen y organizan sin constituirse como colectivo, como los parientes de personas migrantes guatemaltecas desaparecidas durante su paso por México, acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; o los familiares de personas desaparecidas en Chihuahua, a quienes acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
Las cifras oficiales, del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, indican que hay denuncias de al menos 27.638 personas, que el estado mexicano considera «no localizadas». A partir del año 2006, organizaciones de la sociedad civil señalaron un incremento «alarmante» de los casos, inicialmente en los estados del norte, que poco a poco se extendieron por todo el país. Asimismo, Amnistía Internacional advierte que los datos oficiales han de leerse con cautela, ya que no se especifica si los responsables de las desapariciones son agentes no estatales, cuándo se trata de desapariciones forzadas o si se trata de personas que se ausentaron voluntariamente. En México la mayoría de los delitos no se denuncian, constata el informe «Un trato de indolencia», «por lo que no se conoce la magnitud real del problema y la cifra oficial podría estar subvalorando la gravedad del asunto». El documento también aborda el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En 2013 Amnistía Internacional publicó el informe «Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México». Poco ha cambiado la situación desde entonces.
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