El Presidente Andrés Manuel López Obrador (Nacajuca, Tabasco 1953) ha realizado acciones que representan continuidades, como la presencia militar en tareas de seguridad pública y el impulso a las zonas económicas especiales y otras que marcan rupturas, profundas e incluso históricas, inscritas en el marco de largas luchas populares, como han sido el relanzamiento de […]
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (Nacajuca, Tabasco 1953) ha realizado acciones que representan continuidades, como la presencia militar en tareas de seguridad pública y el impulso a las zonas económicas especiales y otras que marcan rupturas, profundas e incluso históricas, inscritas en el marco de largas luchas populares, como han sido el relanzamiento de la investigación sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el rescate de la industria eléctrica que representa una recuperación de la soberanía nacional. Si repasamos los primeros días de gobierno puede apreciarse esa tendencia contradictoria, que resulta invisible bajo esquemas maniqueos de todo bueno o todo malo.
El 30 de noviembre de 2018 el aún presidente electo realizó un evento con la participación de oficiales y tropa del Ejército Nacional, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea y arengó a los soldados y marinos a sumarse a la lucha por revertir los perversos efectos sociales del neoliberalismo. El discurso fue emotivo y marcó una ruptura retórica impactante, pero unas semanas más tarde, el flamante presidente envió al Congreso de la Unión la Ley de la Guardia Nacional, que en muchos aspectos representa la continuación de la guerra contra los drogas, la expansión del despliegue militar y la militarización de la esfera de la seguridad pública. La estrategia ha sido cuestionada por ejemplo por Jan Jarab, Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por la falta de garantías de que no volverán a ocurrir las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y el abandono del importante objetivo de una policía civil. Su argumentación se apoyó en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos «Alvarado Espinoza y otros contra México» y «Trueba Arciniega y otros contra México» – casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial perpetrados por militares avocados en tareas de seguridad. Según la organización defensora de derechos humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la militarización en ese estado comenzó en 1970, Luis Echeverría envió al Ejército a Guerrero «para sofocar la guerrilla, generando una de las crísis más graves que se han vivido en el Estado con la desaparición forzada de centenas de personas». La guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón intensificó la militarización del estado con consecuencias funestas como lo muestran la desaparición forzada de Rosendo Radilla; los casos de tortura sexual contra Valentina Rosendo e Ines Férnandez y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecólogistas de Petatlán. El caso de Guerrero ilustra las consecuencias de militarizar la seguridad pública.
El lunes 3 de enero el primer día en su despacho en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los familares de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa desaparecidos la trágica noche de Iguala y emitió un histórico decreto en el que instruye a todas las instancias del gobierno federal a apoyar la investigación sobre la desaparición de los muchachos.
El martes 4 de enero efectuó una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, una importante instancia del nuevo sistema político mexicano. Del encuentro fueron destacables dos cuestiones: fue presidida por el entonces gobernador de Chiapas Manuel «el Guéro» Velasco, quien es dirigente del Partido Verde, un organismo político que ha vivido desde su fundación de vender sus votos legislativos al mejor postor. Manuel Velasco, emulo en muchos aspectos a Enrique Peña Nieto fue postulado como senador y gracias al sorpresivo e indignante apoyo de MORENA (gestionado por el senado Ricardo Monreal), obtuvo una licencia para regresar a su cargo de gobernador a terminar su período, lo cual implicó una cuestionable alianza entre MORENA y el Partido Verde, que ofendió profundamente a los sectores magisterial, campesino, indígena y zapatista de Chiapas, pues implicó que en Chiapas no hubo transición pues siguieron gobernando los mismos. El segundo aspecto importante de la reunión con los gobernadores fue la preparación de la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales, tierras paradisiacas para el capital trasnacional y que representan una flagrante contradicción con el discurso antineoliberal que pronunció el presidente en su toma de posesión.
El sábado 8 de diciembre el presidente Andrés Manuel acudió a Chiapas a un evento en la presa Malpaso, donde anunció un importante plan de recuperación del sector público de la industria eléctrica nacional, lo que representó sin duda una muy buena noticia por implicar una reconstrucción de la soberanía nacional.
Cómo puede apreciarse el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emite señales buenas y malas en relación al mandato de transformación que recibió de 36 millones de votantes. Durante los primeros días de gobierno realizó algunas transformaciones históricas (vg.r la atención a los familiares de los estudiantes desaparecidos) pero también algunas continuidades inaceptables (como la presencia militar en tareas de seguridad pública). En ese marco resulta indispensable conformar una fuerte corriente de izquierda en la opinión pública que presione al gobierno a promover una hegemonía de los subalternos y no una refuncionalización del poder de las élites. Serían errores igualmente lamentables: creer que el arribo del nuevo gobierno es intrascendente o creer que es infalible y todo lo tiene «friamente calculado» y que no hay que cuestionarlo. El cambio debe ser societal (en la relación sociedad estafo) y eso significa que la sociedad debe ser un actor fundamental.
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