En una coyuntura de rampante deterioro de la clase política y fracaso del plan económico y de reformas de Peña Nieto, México se acerca a las elecciones federales de medio término, a celebrarse el próximo 7 de junio. Ahí se renovará por completo la Cámara de Diputados. La Procuraduría General de la República acaba de […]
En una coyuntura de rampante deterioro de la clase política y fracaso del plan económico y de reformas de Peña Nieto, México se acerca a las elecciones federales de medio término, a celebrarse el próximo 7 de junio. Ahí se renovará por completo la Cámara de Diputados.
La Procuraduría General de la República acaba de dar «carpetazo», es decir, acaba de declarar cerrado el caso de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Pronunció su «verdad histórica» sobre los hechos afirmando que los jóvenes fueron ultimados por narcotraficantes e incinerados en el basurero público de Cocula, en el sureño estado de Guerrero. Además exculpó al Ejército de cualquier participación en la desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas. Con esto se echa aun más leña al fuego, no se ha respondido a la demanda de justicia de toda la Nación. Mucho menos se arroja luz sobre la desaparición forzada de más de veinte mil compatriotas estos últimos años.
En Michoacán, estado vecino al de Guerrero, la intervención federal fracasó, como toda la estrategia anticrimen. Se apresó a los principales dirigentes de las Autodefensas, a los más críticos del gobierno. Se detuvieron importantes capos, sin embargo, la violencia sigue corroyendo ese estado, como también Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, el Estado de México y varios más.
La victoria de Syriza en Grecia es una muestra de cómo la indignación puede expresarse -y ganar- por la vía electoral. Con todo lo que haya que cambiar no deja de ser una referencia para la multitud de indignadas e indignados que todos los días brotan en este país por múltiples y muy justificadas causas.
La figura del Presidente de la República se erosiona a pasos agigantados por los escándalos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se develan un día sí y otro también. El Enrique Peña Nieto que hace dos años era el «golden boy» de los medios informativos de esta economía globalizada, ahora es criticado acremente por los mismos órganos que ayer lo ensalzaban: el Wall Street Journal y The Economist. Su poca o nula legitimidad hace que a pesar de haber entregado todos los recursos de la Nación con sus reformas, la atracción de inversiones productivas no despunte y la economía no crezca como se requiere.
Los escándalos de corrupción de servidores públicos bullen por todo el país y en todos los medios informativos. No sólo las residencias multimillonarias en dólares del presidente, de su esposa, de su secretario de Hacienda. También los contratos de privilegio a empresas como HIGA. Escándalos también de corrupción en varios estados más como en Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Sinaloa. Parece que ninguno de los principales partidos se libra de que al menos uno de sus ínclitos representantes sea señalado por el dedo de fuego de una opinión pública harta ya de la partidocracia. El poder presidencial parece construirse ahora con base en los acuerdos de impunidad y de cobijamiento mutuo con los señores feudales de las entidades federativas.
También se deteriora el salario de todo tipo y todos los niveles de trabajadores. Salario que es el único en América Latina que está por debajo de la línea de pobreza. Por eso vuelven a cobrar dinamismo las maquiladoras en la frontera, porque México es muy competitivo para machacar el ingreso de las familias.
Por todo esto es que día a día aumenta y se diversifican las insurgencias. La de Ayotzinapa, en primer lugar, de dimensiones ya nacionales e internacionales, persistente, combativa. La de los pueblos y comunidades que defienden su agua, su territorio, su vida. La que clama por la liberación de presos políticos como el Doctor Mireles o Nestora Salgado y el respeto absoluto a los derechos humanos. Las que piden se investiguen y se castiguen casos de corrupción de gobernadores, como lo demanda Unión Ciudadana e Chihuahua. La de los agricultores, hundidos por el derrumbe de los precios de sus productos…
En este contexto, no sin razón son muchas las voces que piden no se lleven a cabo las próximas elecciones o que se promuevan el abstencionismo y la anulación del voto. Porque es evidente que o no hay puentes, o hay muy pocos, entre la arena de las luchas sociales y la arena política partidaria.
Sin embargo, hay voces que señalan que valdría la pena intentar, experimentar algo que pueda comunicar a las insurgencias con el proceso electoral federal y sobre todo, con la legislatura que de ahí surja. Se trataría de que todos los partidos de verdadera oposición al régimen se pusieran de acuerdo en una plataforma mínima y que se comprometan a impulsarla conjuntamente en la Cámara de Diputados. Se trataría de retomar las demandas básicas de la insurgencia social que recorre el país actualmente y convertirlas en iniciativas de ley, en políticas, en cursos de acción eficaces.
Se dice que esta plataforma para una legislatura de coalición podría tener cuatro ejes básicos: derechos humanos, lucha contra la corrupción e impunidad, aumento salarial de emergencia y austeridad de la clase política. Con medidas y compromisos concretos, sin maximalismos.
La plataforma común debería incluir compromisos para retomar las demandas fundamentales en torno a Ayotzinapa, los presos políticos y las desapariciones forzadas. Debería también incluir acciones eficaces para aumentar el poder adquisitivo de las familias y frenar el deterioro de la economía popular.
Habría que abordar con valentía el combate eficaz a los casos concretos de corrupción, comenzando por las residencias de Peña Nieto y su esposa, el tráfico de influencias a favor de empresas, las denuncias contra los gobernadores.
En un contexto en que los partidos y los diputados son quienes menos credibilidad tienen para la ciudadanía, sería muy bueno que los futuros diputadas y diputados comenzaran por su propia casa. Es decir, que comenzaran por reducir sus percepciones y privilegios y garantizar un manejo transparente y de verdadera rendición de cuentas del Legislativo.
Lo más probable es que el deterioro presente por todos los rumbos de este país haga perder al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero sería terrible que no se constituyera una nueva mayoría comprometida al menos en lo mínimo con las causas más urgentes de este país. Ya no podemos permitirnos un parlamento de minorías pulverizadas y paralizadas. Urge que haya una mayoría que al menos se haga eco de las muchas insurgencias.
– Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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