Primera de tres. Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar, fueron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de circunstancias en las que el matar ya […]
Primera de tres.
Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar, fueron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de circunstancias en las que el matar ya no sea provechoso para nadie. Lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. No vacilaron en oponer violencia a la violencia.
Bertolt Brecht En México vivimos inmersos en un clima de creciente violencia destructiva que las mafias del gobierno permiten y fomentan, porque sólo así pueden ocultar la sistemática represión, tratar de controlar el descontento social e impedir, por el momento, que se generalice la lucha popular. Las formas de la violencia son cada vez más crueles y abominables; el conflicto no sólo ha dejado decenas de miles de personas muertas, sino terror e incertidumbre entre los vivos.
La distancia entre el discurso de gobierno y las prácticas corruptas que lo caracterizan son una clara muestra de que los más altos funcionarios y las instituciones del Estado mexicano están coludidos con el crimen contra quien dicen estar luchando. Esta contradicción inicial desata una cadena ininterrumpida de mentiras difundidas ampliamente por los medios de comunicación con los que están coludidos; esta difusión forma parte de la violencia cultural que promueve, legitima y justifica la violencia directa que el gobierno sostiene, así como de la violencia del hambre, del desempleo, de la migración, de la delincuencia infantil y juvenil, de la trata de blancas.
En fin, de esa violencia silenciosa que obliga a gritar ¡Ya Basta! Vemos día a día la impunidad militar, los levantones policiales para entregar víctimas al narco y la convivencia evidente entre presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados, jueces, generales y jefes policiacos con los grandes capos, incluso, es posible afirmar que la alta burocracia y los sectores reaccionarios de la clase política, son quienes forman parte de las mafias más criminales en nuestro país. La «guerra» que el gobierno dice sostener en aras de la paz, no combate la raíz del problema ni a los verdaderos delincuentes, los de cuello blanco, que con base en fobaproas, rescates empresariales, privatizaciones (concesiones de carreteras, contratos secretos del petróleo, de fibra óptica y otros recursos naturales) se enriquecen y adquieren la facultad de poner y quitar gobiernos. Sin embargo la violencia más sofisticada, la que a diario nos golpea y quizá la que menos reconocemos como violencia, es la que parece no venir de ninguna persona; es la violencia estructural «invisible» presentada siempre como «estragos», «golpes» o «crisis internacionales» que parecen nunca terminar para Nosotros pueblo y que nos son presentadas como «avances».
El duopolio televisivo y los gobernantes quieren que creamos en los «avances» y en la «modernidad» mientras hay más despidos, menos oportunidades de encontrar empleos productivos y un salario que cada día vale menos. Esa «modernidad» no es con la que soñamos ni la que queremos heredar a nuestros hijos. La pobreza, para muchos la miseria, es una constante amenaza de muerte y es mucho más poderosa que todos los grupos de sicarios juntos; la vida es reducida a su condición de supervivencia sin ninguna posibilidad de un desarrollo auténticamente humano. Estas condiciones acercan a millones de personas más a la muerte que a la vida y frente a este peligro (del que Ellos, los grupos privilegiados, se benefician funcionalizando la pobreza al máximo) no se encontrarán soluciones concretas a menos que lo hagamos Nosotros.
Así, la violencia visible-directa, la invisible-estructural (de la que parece no haber ningún responsable) y la cultural, son promovidas y sustentadas por los gobiernos; éstos, no son la representación política de todos los mexicanos, sino quienes velan por los intereses de una restringida porción de la población, que privilegian especialmente a un restringido número de familias que encabezan el control del poder, la clase privilegiada, que se hace carne y hueso en un entramado altamente sofisticado y eficiente de grupos y personajes clave, que con una planeación meticulosa y una larga carrera, se siguen colocando en posiciones estratégicas para continuar beneficiándose a costa de todo un país.
El gobierno es mafioso porque protege los intereses de los grandes ricos, de los dueños de todo, de los que saquean nuestros recursos naturales y trafican con todo desde personas hasta armas, drogas e influencias. Es un gobierno que sirve a las mafias aliadas al capital trasnacional, también mafioso. Desde allí operan por dentro y por fuera de la ley grandes intereses económicos y políticos, en un entramado múltiple de lazos familiares, de compadrazgo, de arreglos de conveniencia, secretos, pactos, complicidades, bendecidos por la cúpula de poder de la Iglesia católica y una certeza que los identifica: pertenecer a un grupo definido al que son leales, conscientes de ser Ellos quienes tienen el poder y la riqueza repartida entre sus manos. Para Nosotros la violencia (la visible y la aparentemente invisible) se traduce en un constante peligro de muerte, debido por un lado, a la intensificación de los conflictos que el saqueo mafioso genera para obtener mayores ganancias, y por otro de manera cotidiana por las condiciones de pobreza y miseria que reduce la vida a una lucha por la supervivencia y al andar diario por un estrecho pasillo de 60 pesos por familia; se vive al día y no hay posibilidad de progreso.
Vivimos en amenaza de muerte al tener acceso restringido a la alimentación, a la salud, a los servicios, a los derechos y a conocer la justicia. Como así son las cosas, nos toca perder y como nos habíamos resignado, dejamos de sentir la violencia de no poder vivir bien. En ese sentido también Nosotros volvimos «normal» la violencia; violento no es solo lo que muestran los muertos, violento es también lo que ocultamos los vivos. La sociedad mexicana, como podemos ver, está divida en dos: Ellos y Nosotros, Ellos ricos y Nosotros pobres, cuyos mundos y realidades son totalmente opuestos pero existen y se desarrollan al mismo tiempo; es la historia que Ellos difunden como la evolución de un solo proyecto al que discursivamente pertenecemos «por igual y al mismo nivel» todos los mexicanos.
Ellos aplauden los discursos del gobierno en los que se alude al avance y bienestar en México, pues los confirman en su nivel de vida que constantemente mejora (mejor alimentación, vestido, educación, salud, bienes muebles e inmuebles, lujos, vacaciones y descanso, etc.); sólo en su cerrado círculo el progreso es realidad. Ellos acumulan riqueza por todos los medios, unos por la vía legal-permisible y otros de forma ilegal-criminal; ambos son lo mismo, pues siempre tienen la posibilidad (al ser Ellos quienes legislan) de transformar lo ilegal en ley y viceversa; en realidad no son extrañas las revelaciones de que la mayoría de las veces quienes viven para acumular riqueza no distinguen en sus círculos entre quienes «respetan las leyes» y entre quienes no lo hacen.
Lo que pasa es que unos ocupan cargos dentro de las instituciones del Estado y pueden, desde dentro, operar en su favor y ser «muy legales». Los intereses políticos y económicos son dos frentes de una misma estrategia que viene fundida y defendida por la violencia. El gobierno mexicano se sostiene con el uso legal e ilegal de la violencia directa e indirecta, estructural y cultural, que lo construyen como salvaguarda de una suerte de «demonio» engendrada por sí mismo. Quienes encabezan al Estado sostienen discursivamente que procuran alcanzar «la paz perpetua y el bienestar» en un futuro (que nunca llegará de ese modo), y por tal fin justifican su propio ejercicio de la violencia destructiva. Esta utopía de la paz estatal, construye el argumento de legitimidad de la muerte en el presente.
El peligro de muerte que Nosotros vivimos es producto del enfrentamiento de grupos de poder económico que luchan por el poder político. Su manera de actuar dentro del aparato estatal despersonaliza decisiones que repercuten en la vida de personas concretas; la decisión burocrática agranda la distancia entre el funcionario y la gente de a pie, manejando públicamente la ficción de que «hacen política» con base en «el bien común», aunque la comunidad esté excluida, en todos los sentidos, de dicha actividad.
Que «el mundo de la política siempre sinónimo de corrupción e injusticia» es una afirmación común que sintetiza el sentir generalizado y que la estructura estatal y sus funcionarios se encargan día a día de renovar; sin embargo la actividad política debe construirse con otro sentido, considerándola como la capacidad de todos para decidir de manera real y directa sobre los asuntos de la vida en sociedad, así como de fundar y de alterar la legalidad que rige la convivencia humana en pos del bienestar colectivo; la socialidad no debe existir para someter de una vez y para siempre, sino constituirse como la organización a la que se le puede dar forma a través de las decisiones de todos los integrantes.
La organización, la instrucción y la disciplina son armas eficaces y hasta ahora son Ellos los que han sabido aprovecharlas. ¿Qué es lo que hace que siendo Ellos tan pocos, puedan someter a tantos Nosotros? Una de las respuestas más certeras es el uso exclusivo que Ellos hacen de «la fuerza del Estado»; sin embargo, que Ellos sean los que poseen el monopolio total y definitivo del uso de la violencia y la ejerzan «solo cuando es justo y necesario» en aras del «bien para todos» es una mentira que nos hemos propuesto derrumbar. Por paradójico que parezca, la historia de la humanidad demuestra que, para generar las condiciones humanas de existencia, se necesita en ciertos momentos ejercer la violencia como una adecuación social que hace permisible terminar con ciertas formas de vida para generar otras.
La violencia destructiva, como la que ejerce el gobierno, sólo concibe destruir sin construir algo superior y distinto que constituya verdaderamente un estado mejor de vida y no sólo para unos pocos. La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria. La violencia, al tener rostro de muerte, nos es presentada como injustificable, sobre todo si atenta contra el poder establecido. El discurso gubernamental la repudia e invita a preservar el orden, o protestar dentro de los marcos institucionales que no operan de acuerdo al fin para el que fueron creados, como un recurso que le queda para seguir operando bajo la cara de «la legalidad» y «la democracia», presentándose como el resultado histórico de las luchas del pasado.
Así, lo violento es presentado como lo anti-estatal; la única política permitida es la actividad esencialmente no-política, acompañada de la resignación. La violencia cultural es la más sofisticada porque guarda al Estado bajo un marco de «aceptabilidad» y muestra a los enemigos de quienes lo comandan, o sea, a los que luchan contra el mal gobierno, como enemigos de toda la sociedad. Pero ¿este gobierno mafioso es el único viable en nuestro país? Sabemos que no, otro México es posible y lo tenemos que construir Nosotros los de abajo, desde las organizaciones obreras, campesinas, ecologistas, de colonos, de víctimas de la delincuencia y crímenes del ejército y policías.
Nos toca a nosotros, al pueblo mexicano organizado de diferentes formas y recurriendo a todos los medios, armados y no armados, ir construyendo con nuestra rebeldía organizada, un nuevo México en el que todos podamos ser y vivir con dignidad. El ejercicio de la violencia es para Nosotros un recurso ineludible, pero necesita de un proyecto en el que su uso sea solamente un medio necesario; el proyecto no puede reducirse a destruir otro. Nuestro proyecto es recuperar lo que la vileza de los poderosos nos arrebata, y es nuestra condición humana; nuestro proyecto es de rehumanización de todos los que no formamos parte de su selecto círculo, a diferencia de Ellos que sólo buscan su propio beneficio. Pensar y hacer política pasa por evaluar las condiciones de existencia, nuestras relaciones sociales e inter-personales, transformarlas en cada acto y hacerse cargo de la vida pública.
El Estado construye toda disidencia como el enemigo exterminable, todo en el mismo cajón de la criminalidad, y con ello impide que se desarrollen formas organizativas que resuelvan nuestras necesidades y satisfagan nuestras expectativas y legítimas demandas. Hay un punto en el que no se puede hacer nada y las reglas del juego, a las que Ellos mismos no se atienen, nos son aplicadas con toda la violencia estatal-destructiva. La existencia de Ellos como minoría poderosa y dominante y sus formas de operar persistirán sólo en la medida en que Nosotros lo hagamos aceptable.
Fraternalmente:
RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL ¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO! Invierno de 2010.
Segunda de tres.
«Los poderosos llaman ley a su propia violencia y crimen a la de los oprimidos- por eso, los oprimidos debemos luchar por el establecimiento de una nueva ley frente a los crímenes de los poderosos, por todos los medios, incluida la violencia- »
En México coexisten dos países distintos. Uno es habitado por menos del 10% de la población; son Ellos quienes participan en la política y aplauden los discursos del gobierno de progreso y bienestar porque los viven; es la empresa dirigida y sostenida por quienes poseen y gozan de la mayor parte de la riqueza del país. En contraste el otro México es habitado por más del 90% de la población; y aunque somos la gran mayoría no tenemos ningún peso en las decisiones políticas y económicas. «¿Es posible conocer a los individuos que decidieron el destino de un país entero?
El proyecto neoliberal en México se concretó gracias a la actuación de diversos personajes en acuerdo y complicidad. En la figura de Carlos Salinas de Gortari se identifica más claramente el inicio de esta etapa destructiva, cruzando varios intereses y procesos; es un actor principal y es miembro de los círculos más restringidos del control de poder de ese entramado mafioso. Salinas impuso transformaciones (diseñadas desde la cúspide del poder capitalista) en sintonía con Estados Unidos, que no ha abandonado su histórica política intervencionista, apoyado por la elite empresarial y política mexicana de su partido (PRI) y algunos importantes aliados políticos; ha permanecido tras bambalinas desde que dejó la presidencia. De sus más preciados aliados podemos señalar como principal cómplice a un miembro destacado del partido de la oposición leal (PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos, un cacique panista inmensamente rico gracias a su triple carácter de funcionario del estado, empresario y abogado de demandas en contra del erario público.
«El Jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas. Con nada que ocultar la mafia ha sido enumerada en las cartas elaboradas y dirigidas por el propio Diego a sus «benefactores», reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda, Norberto Rivera Carrera, Roberto Madrazo, Jorge Hank Ronh, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Dechamps, Elba Esther Gordillo, entre otros.
Se establecen diversas relaciones entre empresarios, políticos, la Iglesia, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, el ejército, los grupos paramilitares, las televisoras, etc. Estas relaciones están regidas por entendidos más allá de la legalidad, por dentro y fuera de toda apariencia de normatividad; son feudos de una maraña de poderes en pugna y con el control del país.
«Diego Fernández de Cevallos acumula una larga pero poco honrosa carrera de impunidad y enriquecimiento. Por ejemplo, como amigo y abogado del millonario Alberto Bailleres (Presidente de Grupo Bal y dueño de El Palacio de Hierro y Seguros GNP), defendió a la empresa MetMex Peñoles contra las madres de más de 11,000 niños envenenados por la contaminación ocasionada por la fundidora en Torreón Coahuila. Ni las movilizaciones ni demandas penales de los afectados tuvieron éxito, pues la poderosa empresa estaba jurídicamente blindada contra las demandas populares gracias a las artes litigantes de su abogado a quien la justicia es lo que menos importa.
«Uno de los principales logros de la historia de México, fue haber logrado la separación de la Iglesia católica y el Estado. Debe añadirse a los libros de texto que esa lucha culminó con una amable reconciliación cuyo mediador fue el mismo Diego Fernández de Cevallos en complicidad con los más altos mandos de la Iglesia y Carlos Salinas de Gortari. Ellos modificaron en 1992 los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 y en julio del mismo año se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede, representando el inicio de una inédita etapa en la historia contemporánea de México, cuyas consecuencias políticas y sociales empiezan a perfilarse. Iglesia como aparato aliado de las elites y parte fundamental de éstas a través de la historia, además de fungir como vínculo con «los pobres»; es más bien un supra Estado, férreamente centralizado, feudal, totalitario y ultraconservador.
A través del jefe Diego y Carlos Castillo Peraza del PAN, se selló un nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado, dotándolas de permiso para acumular bienes materiales heredables, además de la facultad de intervenir en la educación. Para hacer oficial el reconocimiento, las Iglesias debieron solicitar su registro ante la Secretaría de Gobernación. No resulta sorpresivo que el primer registro, el oficio 001, sea de la Iglesia Apostólica Romana, cuya copia enmarcada con una agradecida dedicatoria («Para Diego Fernández de Cevallos. Con gratitud y cariño. G. Prigione») cuelga en el despacho de Diego Fernández de Cevallos. Esta ley sustituía a la de 1926, cuando Calles selló la separación Iglesia-Estado iniciada por Benito Juárez. «Ahora sabemos que la revelada relación entre los gobiernos mexicanos y el narcotráfico ha sido una constante. Lo que en un inicio fue un jugoso negocio controlado con acuerdos y cuotas pactadas se ha convertido en un mercado en disputa donde el gobierno no ha dejado de favorecer al ala que lo ha nutrido.
Desde finales de los ochentas la diferencia entre el narco y el Estado comenzó a desdibujarse y no se sabía quién era quién. Raúl Salinas bajo el consentimiento de su hermano Carlos, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Nazar Haro, Juan Sandoval Íñiguez, Rubén Figueroa (padre e hijo), Diódoro Carrasco, Ulises Ruiz, Mario Marín, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna, por mencionar a algunos de sus principales actores, han sido contacto y beneficiarios, y no podía faltar Diego Fernández de Cevallos. Su relación con la muerte del Señor de los Cielos (desmentida por García Calderoni) y haber recibido algunos millones de dólares procedentes del narco, parecen asuntos menores en comparación con la estrecha relación del gobierno y el desarrollo y consolidación del narcotráfico en México.
México vive el contexto más violento desde la Revolución mexicana, como consecuencia del proyecto Irán-contra, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de los ochenta, por medio del cual permitió el tráfico de drogas de Latinoamérica a la Unión Americana, pactando con personajes de la talla de Pablo Escobar, Caro Quintero y el propio Señor de los Cielos, a cambio de recursos para combatir los movimientos insurgentes en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos fomentó la actividad del narco, sin importar las implicaciones que esta actividad tenía en los lugares donde se promovía (sobre todo Colombia y México) a cambio de exterminar a la disidencia política; la herencia que nos queda del Irán-contra es el inmenso poder económico y de combate que acumularon los carteles del narcotráfico en nuestros países. México fue cómplice de dicho plan, y ahora todos Nosotros pagamos las consecuencias del crecimiento del narcotráfico a niveles que ni el Estado puede controlar, además de la falsa guerra emprendida, pues es absurdo luchar contra quien uno mismo ha creado.
«A través de esta compleja y poderosa mafia, Diego Fernández de Cevallos fue pieza central para concretar el cambio de México a un Estado mínimo (sin responsabilidades sociales y de economía abierta, privatización y apertura comercial a capitales trasnacionales), además de diversos cambios de legislación que implicaron quiebres históricos para México. Desde la legitimación del fraude realizado contra Cuauhtémoc Cárdenas, la venta de las empresas paraestatales, la privatización de la banca mexicana, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hasta el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica (dando vuelta atrás a más de 100 años de lucha por la separación de la Iglesia y el Estado) y la reforma al artículo 27 de la Constitución (considerado como el máximo triunfo de la Revolución de 1910), aniquilando no una forma de producción económica (los ejidos) sino la base de la identidad de muchas culturas; conocemos a los responsables directos de la actual realidad mexicana.
«Estas personas, fieles a una lógica que niega de facto el derecho a la vida digna de la mayor parte de la población mexicana, han prostituido los bienes y recursos de la nación, se han servido de ella, la han disfrazado, mutilado y traicionaron su historia- a cambio, se hincharon de poder político y económico. Es alta traición llevar adelante todas estas operaciones e igualmente grave legalizar su operación garantizando su impunidad al armarse una propia justicia; ni siquiera en su lógica son inocentes. Han tenido la osadía de abanderar y operar un proyecto anti-patriótico que renuncia a honrar la memoria histórica y que confina a la gente a la miseria como forma general de la existencia.
«El país se desmorona ante sus ojos atónitos que no dan crédito a lo que ven; se deshace por causa suya sin que discursos y fanfarrias mediáticas puedan convencernos de que vamos con rumbo cierto a la solución de los múltiples problemas que históricamente persisten en el país; la nación se desangra a borbollones y no desean admitir que ellos y solamente Ellos, han saciado su hambre de riqueza desmedida y poder político inconmensurable a costa de una patria exangüe y anémica. «Más de 30,000 muertos sin contar a aquellos que deambulan en el anonimato; más de 200, 000 encarcelados por haber encontrado como opción de vida la delincuencia; casi 8 millones de jóvenes desocupados que bien podrían alimentar los grupos delincuenciales, de esquiroles o la drogodependencia.
La pérdida progresiva de visión de futuro y de perspectiva para los jóvenes que miran como opción de vida el enriquecimiento rápido a través de su inserción dentro del mágico mundo de la «cultura de las televisoras» o dentro de las huestes del narcotráfico. La extinción de fuerzas de trabajo para defender los intereses de Ellos, a través de la privatización de empresas y recursos del país; la pauperización de condiciones de trabajo y de salarios para mantener fuentes de empleo. La militarización del país, la criminalización de la disidencia política, la paramilitarización de las policías, la extinción de los derechos humanos bajo argucias legales y extralegales, entre éstas la impunidad de los militares bajo el concepto de «fuero militar», el incumplimiento de las garantías individuales «plasmadas en la Constitución» para dar paso a la inconstitucional figura del «arraigo».
«Este es un fragmento del México que han dejado como saldo para nosotros una larga dictadura, la seudo-transición y las complicidades partidistas. Si recortamos nuestra descripción a los últimos 25 años- ¡qué curioso! encontramos a los mismos delincuentes que habíamos denunciado antes y entre ellos a Diego Fernández de Cevallos. «Estos delincuentes de cuello blanco han saqueado a la Patria, han organizado sus grupos y acciones para poder gozar del poder y enriquecerse de manera prepotente bajo el manto de su protección. Han aprovechado sus estancias en los órganos estatales y se han servido de ello para obtener ilegal e ilegítimamente beneficios económicos, políticos e ideológicos para ser Ellos y solamente Ellos los únicos y eternos beneficiarios.
«Aseguran el nombramiento de Secretarios de Estado, de Seguridad Pública, Procuradores Generales de la República, Gobernadores y Presidentes municipales de algunas entidades, Senadores, Diputados, Asambleístas y diversos cargos de «elección popular» para posicionarse política y económicamente. Negocian y pactan reconocimientos y prebendas para asegurar su lugar en el poder político y económico. Defienden fraudes políticos, económicos y jurídicos y los apoyan económica, ideológica y políticamente; sin menospreciar las jurídicas y judiciales. Hasta parece un retrato hablado. La impunidad les cubre a lo largo de su vida como aureola de santidad. Niegan para sí mismos que el pueblo, las organizaciones de que disponen y sus redes de acción no los alcanzarán con su brazo de justicia y legitimidad; sin embargo esto no es así.
«Ellos se manejan de acuerdo a principios y valores que en la práctica niegan la posibilidad de vida plena para Nosotros. Han gozado de la posibilidad de ejercer la violencia de manera legal e ilegal, visible e invisible no sólo contra las expresiones armadas organizadas sino en escarmientos contra cualquier demostración de hartazgo e insubordinación social. Estos principios y valores son reproducidos todos los días por individuos con poder local (en las colonias, en los municipios, en pueblos y ranchos) que de manera miserable maltratan y menosprecian a la gente aprovechando la constante de la pobreza. La transformación de todo esto pasa por erradicar estas conductas que encuentran en el provecho del ejercicio impune del poder económico, político, religioso, etc. su hábitat para garantizar sus privilegios a costa de los demás.
No se les están imputando responsabilidades abstractas sino crímenes concretos, hay actos solapados y manejos que aun dentro de su propio estado de derecho son injustificables; el crimen es su práctica y el cinismo su estampa. Nosotros, construyendo poder popular, nuevas formas de justicia y sanciones podremos mostrar que nadie, ni siquiera Ellos permanecerán impunes.
Fraternalmente: RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL ¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO! Invierno de 2010″.
Tercera de tres.
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 constitucional
A estas horas y, amigos míos, artesanos ,pintores, astrónomos, marineros, estamos despiertos. Es trabajo nuestro el de arreglar algunas cosas. «Diego Fernández de Cevallos parecía intocable hasta aquella noche en que su pasado oscuro lo alcanzó.
Y, muy a su pesar, tuvo que responder de algunos de sus actos y verse en el espejo de nuestra mirada- espejo que al hacerlo prisionero reflejó su hechura de corrupto, prepotente y voraz expropiador, demostrando un hecho fundamental: siempre que como pueblo nos atrevamos a luchar contra la injusticia, no habrá felonía que quede impune. «Diego Fernández de Cevallos Ramos (DFCR) es uno de los políticos que mayor responsabilidad tienen en el sostenido proceso de hecatombe económica, política y social que la elite dominante ha impuesto y desplegado en nuestro país de 1982 a la fecha, por medio de un entramado mafioso que opera dentro y fuera de las instituciones estatales; este proceso depredador vino a profundizar, bajo la criminal bandera neoliberal, las de por sí deterioradas condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en México, generando la mayor contrarreforma y el mayor retroceso histórico en nuestro país en lo que a bienestar social se refiere.
«DFCR es uno de los políticos que más se ha caracterizado por el abuso del poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación, legislando en pro de los grandes monopolios (financieros, de comunicaciones, alimentos, construcción, transportes, etc.) asesorando a las mafias del poder y litigando a favor de los grandes capos del narcotráfico. Es uno de los principales cómplices y operadores del fraudulento proceso electoral que se ha perpetrado sistemáticamente en nuestro país, desde el ocultamiento del fraude que impuso en 1988 a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia mediante la quema de boletas electorales hasta la organización del fraude que en 2006 impuso a Felipe Calderón Hinojosa.
Es uno de los principales encubridores de los responsables de la guerra sucia y contrainsurgente desplegada por el régimen priista y ahora por el PAN contra los movimientos sociales, armados o no, convirtiéndose en uno más de los cómplices de la existencia de incontables perseguidos, torturados, asesinados, presos y desaparecidos por motivos políticos. Es un responsable directo de la inserción subordinada de México al bloque de países capitaneados en nuestro continente por el imperialismo estadounidense y, en consecuencia, del desmantelamiento industrial, la ruina del campo, la masiva migración, de la pauperización de la vida en general y el saqueo de nuestros recursos.
«En breve, Diego Fernández de Cevallos Ramos es un operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, un traficante de influencias, un mercenario de los juzgados, un legislador a sueldo, un rentista de la crisis y un defensor de los grandes capos de la droga. Por ello su aprehensión fue una actividad pensada y realizada como un acto de desagravio. «Tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituyó además un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones; una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los «descalzonados», como él nos denomina; una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable; una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad. «Pocas veces se había percibido el miedo, la confusión y el enojo que una imagen puede generar en la poderosa elite gobernante, como lo hizo la primera foto del jefe Diego cautivo que empezó a circular en internet, y que los medios de comunicación se vieron obligados a difundir.
En ella se le pudo observar no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de mexicanos, sólo que con una notable diferencia: A Diego le fue respetada su integridad física sin el desprecio que por la vida humana demuestra el poder con Nosotros. «Con base en los resultados de este acto, consideramos necesario compartir la convicción de que si quienes somos pueblo logramos organizarnos en una sola voluntad política nacional, en una colosal fuerza social organizada, podremos hacer frente común a la injusticia y a la impunidad, a fin de derrotar a nuestros opresores y acordar la organización de una sociedad verdaderamente humanizada.
Y pese a tener innumerables imputaciones en su contra y de que miles de ciudadanos exigen su legítima ejecución, conscientes estamos de que la verdadera solución a la crisis que vive el país no está en liquidarlo, sino en la capacidad del pueblo para organizarse y retomar las riendas de su propio destino, recurriendo a todos los medios a su alcance. «Como parte del pueblo organizado decidimos realizar una tarea, la responsabilidad es nuestra. Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimo y hemos actuado en consecuencia.
«Esta tarea es parte de un proyecto más grande e importante: participar en la construcción del poder popular para transformar este país transnacionalizado en una verdadera patria digna, libre y nuestra. ¿O es mucho soñar con que las riquezas de México sean para la mayoría de los mexicanos? ¿Es ambicioso soñar con un país productivo que pueda dar trabajo y remuneración digna a sus hijos? ¿Es un sueño guajiro pensar que somos los 90 millones de pobres quienes debemos tener la posibilidad real de tomar las decisiones importantes en el modelo económico, político y cultural que deseamos? ¿Es mucho pedir un México para todos los mexicanos?
«Fraternalmente: RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL ¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO! Invierno de 2010».