Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno por una votación tan masiva que hizo imposible el fraude y no por una concesión de las clases gobernantes que, con elevada conciencia de clase, cedieron parte del gobierno para conservar el poder y aceptaron a AMLO sólo «para domar al tigre» de la protesta popular. El presidente […]
Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno por una votación tan masiva que hizo imposible el fraude y no por una concesión de las clases gobernantes que, con elevada conciencia de clase, cedieron parte del gobierno para conservar el poder y aceptaron a AMLO sólo «para domar al tigre» de la protesta popular. El presidente tiene por eso una deuda pendiente con los millones de ciudadanos que lo apoyaron, no con los grandes capitalistas que quieren utilizarlo. Este es el primer hecho irrefutable.
Del mismo se desprende que este gobierno no es lo mismo que los anteriores ni una reedición o continuación de ellos sino una excepción resultante de una relación de fuerzas irrepetible. Es un gobierno capitalista, como también fue el de Lázaro Cárdenas, pero con enorme apoyo popular y surgió en una crisis político-social grave en el país y en el medio de la crisis económica del capitalismo mundial que viene desde 2008 y que cambió la relación de fuerzas entre los diferentes imperialismos, la de éstos con los países dependientes (a los que algunos ilusos calificaban de emergentes) y también la relación de fuerzas entre las clases dominantes y las subalternas en todos los países del mundo.
El gobierno de AMLO es fruto de las esperanzas y las ilusiones de millones de explotados y, además, de la crisis económica, política y de dominación del capitalismo a nivel planetario. Los grandes capitalistas que lo aceptaron como mal menor por temor al «tigre» popular desean que pierda su base de apoyo y decepcione a los ilusionados que aún esperan un cambio social de un hombre que quiere, por el contrario, «humanizar al capital» y la República unida y «amorosa», no el fin de la explotación y de la opresión. Esto también es un hecho insoslayable, tozudo.
Por esa razón la mera oposición a las políticas de AMLO sin proponer alternativas a las mismas y los ataques sectarios al presidente y a sus seguidores sólo sirven al gran capital y les granjean a los sectarios el odio popular. Es aberrante suponer que el EZLN fue una creación de Salinas pero el sólo hecho de decenas de millones puedan creerlo indica la profundidad de la fosa que las frivolidades y el sectarismo crearon entre el EZLN y millones de trabajadores que simpatizaban con el zapatismo.
Los ataques sectarios favorecen además la «solución Huerta», o sea la caída por la derecha de un presidente con veleidades de equilibrista y, como su modelo Madero, prisionero de un aparato estatal conservador y reaccionario y temeroso ante los descendientes actuales de Zapata y de Villa.
El anticapitalismo no debe sólo rechazar las políticas del gran capital: debe, sobre todo, hacer propuestas concretas y viables, superadoras de aquéllas y que armen a los pueblos para su autogobierno en un sistema de autogestión comunitaria generalizada. Hay que reemplazar al gran proyecto turístico-inmobiliario que acompaña al Tren Maya por proyectos de desarrollo rural elaborados por las comunidades locales con el apoyo de expertos universitarios voluntarios, apoyados en la lucha por un conjunto de leyes de protección ambiental y a la economía campesina diversificada y por un estudio de los territorios para el desarrollo de energía eólica o solar y de los suelos para planear una agricultura que no dañe el ambiente.
También se debe plasmar en proyectos concretos la oposición reiterada de las comunidades indígenas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec a la destrucción de su tejido social y de sus territorios para realizar el viejo proyecto de Echeverría-Fox destinado a servir los intereses de Estados Unidos conteniendo allí las migraciones y reduciendo en tiempos y costos los fletes del comercio entre los dos Océanos.
La elaboración de proyectos alternativos en asambleas democráticas con expertos invitados y su discusión en reuniones intercomunitarias son indispensables porque harán escuchar en todo México la voz de los trabajadores quitándole así al capital y al gobierno el argumento falaz de que no hay otras opciones que las que ellos proponen.
Si el candidato López Obrador se comprometió, pese a la inversión ya realizada, a echar por tierra el proyecto de termoeléctrica en Huexca que el presidente López Obrador ahora quiere terminar apoyándose en argumentos técnicos y financieros ¿quién de los dos era o es sincero? No hay duda alguna: si la central amenaza la calidad del agua y el gasoducto es inseguro, no deben funcionar. La inversión ya realizada no justifica insistir en montar una bomba de tiempo. Por el contrario, los malos cálculos, la irresponsabilidad, la corrupción de quienes negociaron con la empresa española deben ser enjuiciados. Incluso si la oposición de los campesinos y las comunidades fuese errónea, hacer algo contra su voluntad y llamarles «conservadores» porque, en efecto, quieren conservar su agua y su seguridad expresa soberbia, ignorancia histórica y constituye un grave y peligroso error político.
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