Los dirigentes del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz construyen su «autonomía al andar» apaleando y flagelando indígenas en las plazas, robando tierras con gente armada y siguiendo el ejemplo de hacendados sediciosos que impiden a balazos la entrega de tierras a indígenas guaraníes. «Esa es la autonomía al andar de los […]
Los dirigentes del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz construyen su «autonomía al andar» apaleando y flagelando indígenas en las plazas, robando tierras con gente armada y siguiendo el ejemplo de hacendados sediciosos que impiden a balazos la entrega de tierras a indígenas guaraníes. «Esa es la autonomía al andar de los terratenientes cruceños», dice el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
La autoridad evaluó de esa manera los disturbios que enfrentó en las últimas dos semanas en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, donde un grupo de ganaderos y terratenientes se levantó en armas y organizó grupos de choque para evitar el saneamiento de sus haciendas y la titulación de un territorio comunitario guaraní en la localidad de Alto Parapetí.
De vuelta en La Paz por orden del Presidente Evo Morales, Almaraz expresó su satisfacción y optimismo por la conformación de una comisión interinstitucional que permitirá generar un ambiente de distensionamiento y concertación para continuar con el saneamiento de tierras en paz y mediante el diálogo, en beneficio de indígenas, campesinos y empresarios pequeños, medianos y grandes.
La Comisión Interinstitucional integrada por el Defensor del Pueblo, la Iglesia Metodista, la Congregación Eklesía, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo de Derechos Humanos de Bolivia y otras entidades tiene la misión de identificar y asistir a los indígenas cautivos en haciendas de la región, y acompañar los trabajos de saneamiento y redistribución de tierras a cargo del INRA, la única forma de erradicar la servidumbre en el chaco.
En criterio de Almaraz, la comisión abre la posibilidad de realizar un saneamiento participativo y dialogado. «El gobierno va a ser paciente, no sólo para que trabaje la comisión sino para apoyarla de la manera más decidida y comprometida», aseguró.
Sin embargo, «las soluciones conciliadas deben ir de la mano de la justicia», ya que la impunidad no conduce a la paz y a la justicia. «No se puede perdonar a ganaderos criminales, cobardes y torturadores que cometieron actos de sedición al impedir a tiros que las autoridades cumplan su labor».
Almaraz insistió en que no se puede ser condescendiente con el hacendado estadounidense Ronald Larsen, quien a punta de pistola tomó como rehenes a autoridades de gobierno el 29 de febrero. El gobierno inició acciones legales en Camiri contra Larsen y lo hará después contra Mario Malpartida y otros.
Además, se pidió a la Comisión interinstitucional, cuyo compromiso con los derechos humanos está fuera de duda, que impulse una rápida investigación para establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de actos delictivos y violentos en la localidad de Cuevo.
Almaraz pidió a la comisión que se preste atención inmediata, prioritaria y exhaustiva al abogado Ramiro Valle y a la periodista Tanimbu Estremadoiro, torturados el domingo pasado en el municipio de Cuevo. «No es perdonando a criminales, cobardes, infames, torturadores como el ganadero Elvy Abbet Malpartida que conseguiremos paz alguna», aseguró.
El Viceministro recordó que el jueves 17 de abril más de 25 miembros de la Central Indígena Paikoneka de San Javier, Santa Cruz (CIP-SJ), fueron secuestrados por Ives Pereira Carballo acompañado por 10 sicarios armados, quien reclamaba la propiedad de parcelas en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde.
Almaraz sospecha que este terrateniente, alentado por los ganaderos de Alto Parapetí, atacó a una comunidad chiquitana pretendiendo tomar posesión de unas tierras que decían que eran suyas, aunque el proceso de saneamiento comprobó que Pereira no cumplía con la Función Económico Social. Por ello, conforme a ley, las tierras fueron integradas a la TCO Monte Verde. Con el derecho que tienen a defender su territorio, los indígenas expulsaron al avasallador y a sus matones en 24 horas.