Apuntes para la discusión del proceso de nacionalización minera

Introducción

En febrero de 2007, estuvimos recorriendo la ciudad de La Paz. Casi todo era fiesta en sus calles, el carnaval estaba en su punto de mayor alegría durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18. Sin embargo, en la plaza San Francisco, nos encontramos con la triste contracara del carnaval. Más de un centenar de mineros cooperativistas estaban en huelga de hambre, reclamando al gobierno una solución para su problema. Lo primero que nos llamó la atención, al acercarnos, es que no eran los pequeños o medianos burgueses que todas las notas «progresistas» describen de ellos. Se trataba de trabajadores humildes, junto con sus familias, afrontando un reclamo justo: la necesidad de un trabajo digno. Nos propusimos hacerles una entrevista para que nos contaran las razones de su lucha.

En un principio, no estábamos convencidos de encarar su difusión. Sabíamos que nos metíamos en un tema escabroso que, además, casi no dominábamos en lo absoluto. Pero desgravando, releyendo y discutiendo la entrevista, nos dimos cuenta que estábamos ante un tema de vital importancia: el de la nacionalización de los recursos y su incidencia en el bienestar de los sectores trabajadores. No sólo valía enfrentar la empresa ya que estábamos ante un justo reclamo, sumamente desprestigiado ante la opinión pública. Además, se trataba de una buena oportunidad de sumarse al debate sobre la nacionalización desde una perspectiva de base, extrayendo algunas nociones desde la mismísima voz de los trabajadores mineros en plena lucha.

Por estas razones, decidimos realizar esta nota, en la que transcribimos los pasajes más importantes de la entrevista que realizamos al cooperativista Cupertino Herrera, además de una breve reseña de la historia minera boliviana y, finalmente, un análisis de reflexión sobre el proceso de nacionalización. La huelga de hambre entablada por los mineros cooperativistas de Huanuni fue levantada una semana más tarde, luego de un ofrecimiento que los trabajadores en lucha no pudieron rechazar. Sin embargo, creemos que muchas de las discusiones que planteó dicho conflicto aún mantienen plena vigencia. Es por eso que publicamos el siguiente artículo.

Entrevista Las calles de La Paz suelen ser escenario de las más plurales y contradictorias situaciones. Febrero, a su vez, pone el marco de «carnaval», que ayuda a invisibilizar lo que no se quiere ver. Pero los trabajadores mineros cooperativistas de Huanuni, crucificados junto con sus familias, en huelga de hambre y rodeados por efectivos de la policía nacional, gritan silencios fuertes.

Desde el conflicto desatado en octubre de 2006, el cerro Posokoni -su lugar de trabajo- se encuentra militarizado, inaccesible, y los asesinos de sus muertos, impunes. Pasados cinco meses de la masacre de Huanuni, el gobierno sigue mostrándose incapaz de resolver favorablemente la situación de estos trabajadores, desconociendo contratos y ofreciendo sueldos y condiciones de trabajo de miseria. Sin duda el gobierno también está desconociendo la trayectoria de lucha de estos mineros.

Don Cupertino Herrera es uno de ellos y, entre toldos improvisados y comparsas que no cesan, se dispuso a contarnos:

C.H.: Yo soy Cupertino Herrera, soy representante de la cooperativa Libres. Nuestro problema es que, desde el principio, hemos pensado que este gobierno era un cambio en beneficio de la clase obrera, en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de las clases medias. Pero, lamentablemente, no es así. Hoy nos da una respuesta negativa para el sector de la clase media, para los obreros, para el magisterio, para los médicos. Está perdiendo, este gobierno, capital humano. Parece que se está cerrando a gobernar solamente con el sector campesino. Está empezando a confrontar el magisterio con los padres de familia, a los cocaleros contra los cocaleros, a los cooperativistas con los asalariados. O sea, no hay una política formal para ningún sector. Nosotros estuvimos apoyando a un partido de izquierda que iba a beneficiar a la clase media y a la gente empobrecida. Pero no es así. Hemos llevado al MAS al gobierno, ¿para qué?, ¿para que nos quite nuestra fuente de trabajo? Y no quedándose únicamente en eso, ahora quiere botarnos de Huanuni, indicando que cero cooperativistas en Huanuni. Entonces yo creo que es extremo, porque cuando uno vive en una población, tiene sus hijos, tiene sus casas, tiene años de radicatoria. Entonces, ¿cómo puede el gobierno botarnos con una medida de que se nos va a dar 1500 (bolivianos)? Eso ha salido en la prensa: 1500 durante tres meses, de acuerdo a lo que duren las nuevas investigaciones de minería.

Son nueve propuestas que nos han entregado, pero son concesiones vírgenes. Solamente se han hecho pruebas de que el mineral está a un metro de profundidad, pero que no hay una estructura de algo ya trabajado. No nos pueden decir «vayan los 1300 cooperativistas, que ahí va a ser el futuro». No, no puede ser… no hay socavones, no hay nada, solo un cerro virgen. Tenemos que hacer socavones, ¿eso cuánto tiempo va a llevar? De los 1500 que nos ofrecen por tres meses, eso no va a alcanzar siquiera para el estudio de nuestros hijos, menos para el traslado.

Ahora, hablando del traslado, nos están llevando a lugares donde no hay población, tenemos que vivir en carpas, no hay camino. Tenemos que ir a estas concesiones a pie. Entonces no hay camino, no hay escuela, no hay hospital. ¿Cuál ha sido el pecado que hemos cometido los cooperativistas para que nos quiten nuestro trabajo y nos boten de Huanuni? Los cooperativistas, que somos 65.000 a nivel nacional, no podemos ser olvidados. Por eso no estamos aceptando estos 1500. Mucha gente cree que nosotros somos unos «viciosos». No, nosotros hemos trabajado con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, dentro de los socavones, sabemos trabajar, nunca hemos ganado de parado. Si trabajamos comemos, si no trabajamos no comemos…

Porque nuestro contrato en Posokoni está firmado para 20 años. Comenzó en 2002, nos faltan unos 16 años, que se deben cumplir. Vamos a luchar hasta el final para hacer respetar nuestro contrato. Hay un decreto, el 28.901, por el cual estamos amparados por la ley. Y nuestro contrato está sustentado por la ley 2.400. La Constitución Política del Estado está a favor nuestro. Y un decreto, que está por debajo de la Constitución, debajo de la ley, no puede borrarnos de la noche a la mañana. Entonces es esto lo que queremos demostrar.

P: ¿Podría comentarnos cómo funcionan las cooperativas? Las cooperativas funcionan autónomamente, son compañeros que trabajan por cuenta propia. El gobierno no nos otorga implementos de trabajo, ni material, explosivos… El cooperativista tiene que hacerse su camino, llegar al lugar donde está la veta, empezar a trabajar rústicamente, de acuerdo a la posibilidad del trabajador. El cooperativista es una persona que da todo, todo por poder sobrevivir, es el que construye, el que se prepara, el que explota y tiene que sacar la carga a lomo de animal, del interior de la mina. Tú entras a la mina y tienes que caminar una hora, media hora, hasta una hora y media para entrar dentro del socavón, y recién puedes llegar al lugar donde está tu paraje, explotar y luego salir. A veces se sale en dos horas, dos horas y media, de acuerdo a la capacidad del compañero trabajador. Si está un poco más maduro, tarda más. El cooperativista no trabaja 8 horas, trabaja 12 horas, 16 horas, hasta 24 horas… una vez que tiene la carga sale… no es como la empresa, que trabajas 8 horas. El cooperativista tiene que trabajar hasta hacer su carga.

P: ¿Y en la cooperativa «Libres» cuánta gente está trabajando? H: Anteriormente, cada cooperativa contaba con 1000 trabajadores, hoy se han ido a la empresa un 50%. Hoy por hoy, los cooperativistas de Los Libres somos 370 más o menos. P: Recién habló que una parte de la gente de la cooperativa pasó a trabajar en la empresa, COMIBOL, ¿ese es el ofrecimiento de Bs. 1500? H: Sí, el ofrecimiento de la COMIBOL ha sido que todos podamos entrar a la empresa, pero de inicio nos han ofrecido Bs. 3300; pero, con el transcurso del tiempo, se han retractado y han dicho «de acuerdo al reglamento de COMIBOL». Si entras a COMIBOL, tienes que ganar de acuerdo a la sección en la que te encuentras (exterior, minas, vírgenes, maestranza), entonces, de acuerdo a la sección empiezas a ganar. Hoy por hoy, los que trabajan en interior minas, empiezan a ganar 1200, 1100. Entonces, ¿dónde está el ofrecimiento de 3300? No hay, no existe… Por eso es que hemos decidido no ingresar a COMIBOL, sino mantener nuestra razón social desde el cooperativismo. Tenemos nuestra personería jurídica, nuestros reglamentos internos. Tenemos un contrato de 20 años.

P: ¿Y cómo fue la discusión que se dio al interior, cuando surgió el ofrecimiento de pasarse a la empresa: por qué algunos decidieron pasarse? ¿Y por qué ustedes decidieron seguir apoyando el trabajo en cooperativas? H: Sí, ha habido la discusión. Los anteriores dirigentes que manejaban las cooperativas se habían comenzado a relacionar con el ministro Dalence. Esa fue la traición de los dirigentes de querer llevar a todos, como rebaño, a COMIBOL. Pero las cuatro cooperativas nos dimos cuenta, empezamos a cambiar los dirigentes, y empezamos a repensar que no puede ser que aceptemos siempre una tasa de leche; a mucha gente no se les puede obligar a que entre a la fuerza. La gente tiene derecho de decidir qué es lo que va a hacer.

P: ¿Han cambiado a todos los directivos? H: Sí, hemos cambiado a los directivos de las cuatro cooperativas, hasta de la Federación. Una vez que los cambiamos hemos asumido directamente nuestra defensa.

P: ¿Cómo es la relación de los cooperativistas hoy con el resto del pueblo de Huanuni? ¿Cómo es la relación con los trabajadores mineros asalariados? H: La relación con el pueblo de Huanuni es muy buena. Anteriormente, había circulación de dinero por el pueblo de Huanuni, porque los cooperativistas consumían cada día, cada día tenían que llevar de comer a su casa. Por eso nos están apoyando los comerciantes, los transportistas. (…) En cuanto a los empresarios, el sindicato -evidentemente- está contra nosotros; pero las bases, los que han sido parte de las cooperativas, la gente que trabaja, las bases, son los que nos están apoyando también. Los que dicen que deben volver las cooperativas porque nos están haciendo un abuso, nos están sometiendo a esclavitud. Por decirte, el kilo de mineral vale unos Bs.15, y en la empresa están pagando 1,5. Es decir que trabajas más y ganas 1.5 por kilo. La empresa nacionalizada siempre ha tratado a sus obreros como esclavos. Trabajando para COMIBOL, nunca hemos tenido -yo, mis hermanos- un calzado para desfilar en agosto. Jamás. Siempre sacábamos algo de la pulpería, pero el día del pago no había plata porque todo se iba a la pulpería y no había para nada. Los mineros iban a sucumbir, pero gracias a los cuatro artículos subvencionados se mantenían las familias, pero los obreros soportaban esa esclavitud.

P: ¿Cuánto venían ganando últimamente? H: De 3000 a 4000.

P: ¿Por el trabajo de cada uno? ¿De acuerdo a la antigüedad? H: Por el trabajo de cada uno. En el cooperativismo no hay antiguos ni nuevos. Una vez que ingresas a la cooperativa tienes parte a todo lo que es de la cooperativa.

P: ¿Y el ingreso es libre? H: anteriormente era libre. Ahora no podemos decir cuánto va a ser el ingreso, no sabemos cómo vamos a solucionar. No podemos especular.

P: ¿Y ustedes por qué creen que el gobierno tomó la medida de desacatar los contratos? H: Tenemos conocimiento de que el gobierno tomó esta actitud, uno, porque China está consumiendo más estaño y las cotizaciones están subiendo. Entonces quiere captar directamente minas que todavía tienen reservas, que todavía tienen posibilidades de producir. Debería el gobierno invertir en las concesiones que nos ofrecen, pero está yendo a lo fácil, está yendo a hacernos doler a la gente humilde, la gente pobre. Creemos que ese no es el método para levantar al país.

P: Si el gobierno les diera los 3300, ustedes ¿aceptarían trabajar en COMIBOL? H: Todavía…pero yo creo que ese no es el camino. Porque si a nosotros nos dan los 3300, por qué no se los pueden dar al magisterio, por qué no se lo pueden dar a otras capas sociales que también lo merecen, porque hay profesionales que están con un sueldo ínfimo.

P: ¿Desde octubre que el trabajo está parado? H: Sí, desde octubre. Ha habido un enfrentamiento entre los asalariados y los cooperativistas donde salieron 16 muertos, todos los muertos son cooperativistas, no hay ni un solo asalariado. La prensa ha volcado esta situación indicando que hay más asalariados muertos que cooperativistas. Pero son todos cooperativistas que hasta ahora el gobierno no hace nada. ¿Quiénes son los culpables? Culpables son los dirigentes que he mencionado, que han sido cambiados, que ahora están en la empresa detrás del ministro de minería, disputándose buenos cargos, jefes, todo… Entonces queremos que se haga justicia, que paguen los culpables de los 16 fallecidos, que en paz descansen. P: ¿Podría darnos una impresión de las jornadas de octubre? ¿Cuál fue el origen? H: El conflicto…los cooperativistas querían trabajar hasta el nivel 200 y los de la empresa se han opuesto. De ahí nace el conflicto. Los que están los nombres (se refiere al cartel donde hay una lista de acusados) pactaron para apoderarse de Posokoni, indicando que ahora pertenecía a un empresario privado; entonces indicaron los dirigentes que podían comprar las acciones. De eso viene el problema. Los dirigentes mostraron codicia comprando las acciones, querían vivir como gerentes, tener los cargos más altos. Así es que van hasta Londres, en Londres hacen la entrevista con el árbitro internacional que tenía que mediar esa situación, eso fue en agosto o julio. De eso nace el problema, ocho meses de negociación, pugnas internas. Esos dirigentes codiciosos han tenido que enfrentar a las bases. Esa fue la experiencia sangrienta. Luto en sangre en Huanuni. Pero todo es mentira, porque tampoco se han comprado las acciones, tampoco se ha conseguido una autorización del árbitro internacional; han tenido que enfrentarnos con mentiras. Por eso son culpables. Todos estos compañeros (señala a la gente en lucha) nunca se han metido a cosas políticas, son bases que hoy por hoy quieren ser cooperativistas, quieren mantener su personería jurídica, por eso estamos aquí. P: ¿Y cuál fue el rol de la policía en las jornadas de octubre? H: La policía ha apoyado a la empresa. Seguramente el prefecto de Oruro ha ordenado a disparar. Porque el policía no dispara porque sí, sino bajo una orden de la prefectura, la policía dispara. Seguramente han disparado porque los heridos, los muertos, están con balas militares, con balas de fuego, balas de guerra. Por eso son culpables el comandante del ejército, es culpable el prefecto de Oruro…son culpables de esta masacre.

P: Usted nos decía que hay un sector de las bases de los mineros asalariados que está apoyando esta lucha. ¿Hay algún intento orgánico de fusionar los intereses de ambos? H: Sí, ellos han sido parte de la cooperativa. Se han entrado (a la empresa) por descontento, por disconformidad. Porque este gobierno no les ha dado ni implementos ni cascos de seguridad, ni lámparas, no les ha dado maquinaria, perforadoras. Hasta hoy están trabajando con punta y martillo, con las propias ropas. Por ese resentimiento ellos están volviendo a las cooperativas. Como eran de las cooperativas tienen todo el derecho de volver y seguir siendo cooperativistas. Ellos vienen, luchan con nosotros y nosotros estamos dispuestos a acogerlos porque somos una familia. Creemos que estamos en la razón, creemos que podemos seguir adelante todos juntos.

Coyuntura Histórica Para leer este artículo -para quien no esté versado sobre la coyuntura boliviana-, nos parece necesario dar una breve e incompleta, aunque necesaria, síntesis histórica de la situación minera en el país.

Es necesario partir desde la colonización. Establecido Francisco Pizarro al frente de los conquistadores, se descubre una antigua mina de plata en Potosí. En 1545, un lugareño descubre casualmente la primera veta de plata del Cerro Rico de Potosí. Esta veta, denominada «La descubridora», se establecerá como propiedad de Juan de Villaroel y, junto con «Contamito», descubierta unos años más tarde, rendirán entre 1545 y 1744 la mayor parte de los 16 millones de kilos de plata que, junto con el 185.000 kilos de oro de Latinoamérica, extraídas a fuerza de brazos indígenas y procesadas en rudimentarios ingenios movidos por fuerza hidráulica, construirán las bases del capitalismo europeo.

Este proceso se mantiene estático hasta que en 1871, la crisis del sistema monetario internacional (desestimación de la plata y fijación del patrón oro) hizo bajar los precios de la plata por 10 años hasta la década del 80, momento en que se estableció un sostenido crecimiento de los precios que duró 20 años. Gregorio Pacheco y Aniceto Arce controlaron desde 1880 la Compañía Minera Guadalupe, que amasó una inmensa fortuna y «elevó» a Pacheco, después de haber sido diputado durante varios años y haber conformado el Partido Democrático, a la presidencia de la República, cargo que ejerció entre 1884 y 1888, seguido luego por Arce[1] . Sus objetivos como gobernantes estuvieron centrados, claro está, en la minería y profundizaron la política de libre comercio y entrada de capitales extranjeros a la vez que propiciaron la modernización de los ingenios de minerales.

A principios del siglo XX, el estaño se perfila como centro de la explotación de la actividad minera y el poder se va a dividir entre tres hombres, los «Barones del estaño»: Mauricio Hochschild, Carlos Víctor Aramayo y Simón Patiño. Este último apodado «El Rey del Estaño», sería el principal beneficiario de la riqueza del subsuelo boliviano y uno de los principales causantes de la pobreza de su superficie: mestizo de cuna humilde, llegó a situarse como el quinto millonario del mundo. Controló al Estado boliviano, fijó la política de exportaciones[2] y construyó un enorme imperio de minería que abarcó varios países. En Bolivia, la clave de su éxito fue, al igual que para sus dos competidores, los bajísimos salarios mineros, que compensaban la desinversión en tecnología en las minas e ingenios. Los mineros morían jóvenes por las enfermedades causadas por la actividades o asfixiados por emanaciones de gases, vivían hacinados en casas que pertenecían a la compañía, le compraban todos sus productos a las pulperías de la compañía y eran asesinados de a centenares por el ejército cuando comenzaban las protestas.

En 1952, el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) toma el poder y, con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza, dará lugar a la primera nacionalización de las minas. Esta nacionalización podría pensarse en dos ejes.

En primer lugar, las minas y los ingenios serán, al principio, expropiados por el Estado bajo la forma de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), mas al ver signos de problemas en el extranjero (retención de los minerales en puertos extranjeros por pedidos judiciales), se empezarán a negociar compensaciones a los antiguos dueños. Como, en ese momento, el precio del estaño estaba a la baja, no faltan comentadores que piensan que para los tres caudillos mineros y para sus hijos, la expropiación no dejó de ser un buen negocio.

En segundo lugar, la explotación de las minas no se modificó en su forma técnica. Se continuó con los materiales obsoletos, y las ganancias que se obtenían (pese a la baja de los precios, seguía siendo la principal entrada de divisas del país) se destinaron a fomentar la agricultura y el desarrollo de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), sin reinvertir en las minas. La COMIBOL tenía un régimen mixto de administración por parte de funcionarios del Estado y de delegados mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Esto, sin embargo, no redundó en mejoras ni en el salario ni en las formas de vida de los trabajadores, prueba de esto es la cantidad de paros que los mineros llevaron a cabo durante la gestión de Estenssoro y de su sucesor, Hernán Siles Zuazo, seguido nuevamente por la gestión de Estenssoro hasta el golpe del 64. Es en este período donde se crean las primeras cooperativas mineras, que se agrupan en 1963 en la Federación Regional de Cooperativas Auríferas.

Los golpes militares que se sucedieron hasta 1982 (excepto por el breve período del General Torres, que contó con el diálogo y el apoyo de los sectores populares) obligaron a los mineros a disolver sus organizaciones, y a sufrir nuevamente las persecuciones y las matanzas.

Hacia 1985, la Nueva Política Económica, implementada por el gobierno de Jaime Paz, cerró minas y dejó a miles de mineros sin trabajo. Este proceso se extiende hasta los años 90, donde, a pesar de las medidas de fuerza y las resistencias de la Central Obrera Boliviana (COB), las privatizaciones cerraron el camino a cualquier tipo de mejora para el sector, que llevarían adelante los mandatos de Sanchez de Losada y luego el de Banzer. Este período coincide con una baja de los precios internacionales del estaño[3].

Es esta característica, sumado al auge privatizador, la que propicia el fomento del cooperativismo, de aquellos despedidos[4] que, uniéndose como individuos y con escasas herramientas de trabajo, van a conformar las cooperativas, agrupadas ahora en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Obtienen arrendamientos sobre los socabones agotados o declarados improductivos y no consiguen tecnología moderna para la extracción, por lo que el trabajo se produce a base de fuerza corporal y de extensas jornadas de trabajo. Nuestro análisis

Van a ser ya siete meses de aquel trágico fin de semana en que se desenvolvió el conflicto minero de Hununi. Durante este período de tiempo, el escenario político boliviano pareciera haberse estancado en una discusión sin fin sobre las condiciones en las que se resolverán las disputas entre las distintas fuerzas políticas en el marco de la Asamblea Constituyente. Toda la atención está centrada en si el gobierno del MAS logra imprimir sus propias reglas al proceso de transformaciones sociopolíticas que se viene viviendo en Bolivia desde hace algunos años, o si, por el contrario, se ve obligado a negociar con los viejos sectores de poder, que se niegan a perder sus privilegios en un país todavía atado al orden que sus intereses y negocios dictan.

El presente nos enfrenta a una certeza y, a la vez, a muchos interrogantes. La certeza es que el neoliberalismo (elucubrado por dirigentes políticos, empresarios y funcionarios que hasta el día de hoy pretenden seguir rigiendo el curso histórico del país) ha sido deslegitimado por los más amplios sectores populares que, sobre la base de luchas heroicas y masivas, han sentado los cimientos de un proceso de cambio social. Los interrogantes son justamente cuáles son las formas en las que se va a materializar este cambio y cuáles los sectores que van a ponerse al frente del proceso de transformaciones que Bolivia reclama desde hace ya tanto tiempo.

Inmerso en este período de transición, el reclamo de los cooperativistas de Huanuni -en huelga de hambre en la ciudad de La Paz- nos revela algunas discusiones que parecen no estarse dando en la opinión pública.

Por un lado, nos permite reflexionar sobre el carácter mismo de la «nacionalización», y cuáles son sus implicancias en el proceso y organización de la producción, así como también en la redistribución de las ganancias obtenidas en dicho proceso productivo. En otras palabras, cuáles son las ventajas para las clases trabajadoras que hay en pasar de trabajar en cooperativas, o trabajar para una empresa privada, a trabajar para el Estado.

En segundo lugar, el reclamo de los cooperativistas de Huanuni evidencia las debilidades de que el país persista en un sistema productivo ligado a las vicisitudes del mercado mundial. Y aun peor, que el Estado intente sacar alguna tajada de la precaria inserción que la producción boliviana tiene en el sistema global, obligando a los trabajadores a cargar con el más gravoso peso que implica este orden de las cosas.

Por último, el análisis de este conflicto puntual no puede dejar de plantearse las perspectivas que tiene de aquí al futuro la producción minera. Es decir, en esta Bolivia que intenta transformarse en una sociedad plural, no elitista, y que responda a los intereses de las clases trabajadoras -que junto a los sectores indígenas han sido las únicas que siempre han luchado por el progreso de este país- debería comenzar a reflexionarse en una tercera opción que vaya más allá de las limitaciones que imponen, tanto la producción cooperativista como la de una empresa estatal, para estructurar un proceso productivo diseñado, controlado y en beneficio exclusivo de los sectores trabajadores.

Antes de que se efectuara y consolidara la conquista de América, el altiplano boliviano fue el escenario en el que numerosas comunidades -en su gran mayoría aymaraparlantes- vivieron y se sustentaron en estrecho contacto con la tierra. El cultivo y domesticación de las planas, la conservación de los alimentos (a través de sofisticadas técnicas de deshidratación) y el pastoreo de animales, fueron -durante largos siglos- las principales actividades económicas del hombre altiplánico. Fue el sistema colonial, a través de un brutal aparato represivo, el que trastocó este orden para siempre. Muy pronto, el Estado español advirtió la riqueza minera que subyacía bajo las altas tierras del Kollasuyu y, desde muy temprano, comenzó a explotarla organizando un complejo y abarcador sistema de trabajo compulsivo. Desde entonces y hasta nuestros días, la minería se ha convertido en la principal fuente de recursos del altiplano; a medida que se iban abandonando las terrazas de cultivo y las sementeras, las minas se nutrían de hombres que descendían a los socavones para extraer plata primero, luego estaño. Ni la revolución de independencia ni la nacionalización minera que continuó a la revolución del año 52 han revertido esta situación.

Hablar de trabajo minero es hablar de una labor sumamente insalubre e insegura; es hablar de enfermedades pulmonares y cardíacas que, indefectiblemente, aparecen a una edad temprana; es hablar de familias numerosas viviendo en parajes inhóspitos y desolados, dependiendo de magros ingresos, desprovistos de seguridades sociales y hasta de recompensas jubilatorias (una prueba de ello se dio en la cancelación de las jubilaciones mineras para obreros que fueron despedidos de sus trabajos poco tiempo antes de cumplir sus cuotas jubilatorias, y cuyos reclamos fueron absolutamente desoídos por el gobierno del Tuto Quiroga en 2002). Basta una recorrida por las localidades mineras de Huanuni, Llallagua o Catavi para constatar esta dura situación.

Para pensar cuáles son las medidas que deberían tomarse con respecto a la minería boliviana creemos que hay que tener en cuenta las experiencias que fue dejando el curso histórico. Cuando hoy el gobierno del MAS propone la nacionalización de las minas como principal salida al problema minero expuesto por el conflicto de Huanuni, se vuelve más que nunca necesario pensar en las condiciones e implicancias de esa nacionalización. E, inevitablemente, se torna imprescindible destacar los rasgos más sobresalientes del proceso nacionalizador impulsado por el gobierno del MNR.

Las más duras críticas que se le han hecho a la nacionalización de las minas iniciadas en el 52, fundamentalmente las críticas neoliberales que atravesaron las décadas del 80 y 90, se han centrado en el problema de la rentabilidad de las empresas bajo control estatal. Este tipo de crítica, lanzada siempre por delante de grandes y ambiciosos negociados de inversión privada, se caracteriza por parcializar el análisis, dejando a un lado las fuertes presiones que desde afuera y también desde el interior de su dirigencia (no siempre exenta de funcionarios adictos a las dictaduras de turno), han debilitado, durante más de medio siglo, la capacidad productiva de COMIBOL.

Sin embargo, nacionalizar no siempre significa socializar. Y el proceso nacionalizador que la minería boliviana experimentó en la segunda mitad de siglo traía enraizado serias debilidades. En primer lugar, es evidente la burocratización existente tanto en la cúpula estatal que diseñaba y definía la política minera, como en las dirigencias de cada planta. Un sistema estatal sumamente jerárquico y vertical no podía engendrar una organización minera democrática y de abierta participación obrera. Esta situación se volverá más evidente durante los períodos dictatoriales en los que -como escribiera Quiroga Santa Cruz- «la firma de un burócrata echaba por tierra conquistas logradas con el derramamiento de sangre obrera».

En segundo lugar, aunque seguramente más importante, está el tema de la explotación del trabajo obrero. Por ser estatal, una empresa no deja de ser capitalista. La esencia de su rentabilidad radica en la captación de un plusvalor no remunerado al trabajador. Luego de un primer incremento, el salario minero -en términos reales, no nominales- fue siempre en descenso entre 1964 y 1985, caída que se aceleró notoriamente con las recurrentes devaluaciones de la moneda nacional.

Por último hay que resaltar el tema del paro. El carácter monoproductor de la economía boliviana no deja inmune, por más protegida que pueda estar por la política económica nacional, a la empresa estatal de la dinámica del mercado mundial y su costado más brutal: el desempleo. Una severa crisis, como la de principios de los años 80, dio por tierra con el sustento de miles de familias y con un caótico y todavía doloroso proceso de relocalización. El Estado cerró minas, privatizó otras y cambió su política minera. Pero ¿qué solución dio a las masas obreras que veían cómo se diluía el fruto del esfuerzo de generaciones?

Muchos mineros debieron cambiar de vida, de oficio. La gran mayoría se dedicó a labores informales que, en la actualidad, conforma el sector más amplio de la economía boliviana. Otros, engrosaron barrios marginales y sobreviven como pueden muy por debajo de la línea de la pobreza. Pero los que se negaron, y se niegan, a perder su oficio de mineros, se organizaron en cooperativas. Es este sector, que en medio del derrumbe de la producción minera y el precio de los minerales extraídos por sus propias manos, el que decidió enfrentar el terrible abismo de la desocupación, conformando cooperativas de trabajo autogestionado, desafiando quijotescamente a las décadas neoliberales. Es justamente a este sector al que se quiere eliminar hoy, ofreciéndole (obligándole) el camino del trabajo asalariado remunerado por una empresa nacionalizada.

Los cooperativistas se organizaron y explotaron como pudieron, durante muchos años, vetas y socavones absolutamente desvalorados por el mercado mundial. En la actualidad, las cotizaciones de los minerales se encuentran en un momento de auge. Tanto intereses privados como estatales ven en la minería un negocio que resurge. Y es entonces cuando el sector cooperativista se vuelve un problema. ¿Porque no lo fue cuando el precio del estaño estaba por el piso y los índices de desocupación, cada vez más en rojo, constituían la peor propaganda para los gobiernos de turno?

Si el Estado boliviano quiere recuperar la minería como un bastión para fortalecer su posición frente a la presión privada trasnacionalizada, deberá tomar la iniciativa de abrir nuevas vetas e invertir en los yacimientos vírgenes que ofreció a los mineros de Huanuni. Es evidente que el sector cooperativista no sólo no está en condiciones de afrontar una empresa de este tipo, sino que -además- sería muy injusto que lo haga. Pero, por sobre todas las cosas, si el Estado boliviano decide profundizar esta opción, deberá remunerar a los trabajadores salarios que estén a la altura del valor de lo que producen, además de descentralizar y desburocratizar a COMIBOL. Sólo así estará el gobierno cumpliendo con lo que prometió antes de su ascenso al poder, es decir, ser el instrumento político de las masas trabajadoras.

– Trabajo realizado por Marcelo Otero, Marcela Lescano y Adriano Prandi Bibliografía:

Augusto Céspedes, Metal del Diablo La vida del Rey del Estaño , La Paz, 1996. Guillermo Bedregal Gutiérrez, La nacionalización minera en Bolivia , Fondo Editorial de los diputados, La Paz, 2005. Marcelo Quiroga Santa Cruz, El saqueo de Bolivia , Ediciones Puerta del Sol, La Paz, 1979.Moema Viezzer, ‘Si me permiten hablar…’ Testimonio de Domitila una mujer de las minas de Bolivia, siglo veintinuo editores, México, 1978. Ley 1777, Código de minería , UPS Editorial, La Paz, 2005

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