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Panorama político-sindical

Arde Neuquén

Fuentes: Rebelión

Más de 10.000 personas se movilizaron por el centro neuquino en apoyo a la enorme pelea que están llevando adelante las y los trabajadores de la salud pública. Mientras, continúan los bloqueos y piquetes en la ruta del petróleo. Cada día crece el apoyo de la comunidad.

Más de once cuadras de movilización fue la respuesta a la provocación del Gobierno de ofrecer un bono de $30.000 en tres cuotas, no remunerativo. Realizaron un abrazo al Castro Rendón, el hospital de cabecera de toda la provincia. 

Paralelamente a la movilización y los piquetes que se sostienen en varios puntos de la provincia, se desarrollaron acciones en Centenario y Plottier donde miles de personas se sumaron a caravanas y marcharon por esta pelea que ya es de todo el pueblo neuquino. 

El popular cantautor Víctor Heredia se solidarizó con los trabajadores de la salud que están dando una enorme y emblemática lucha en Neuquén. 

A 50 días de iniciarse el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de salud que se organizaron a través de asambleas de autoconvocados, y a una semana ya de profundizarse el conflicto, con cortes de ruta a lo largo de la ruta del petróleo, en plena Vaca Muerta, los y las esenciales lejos están en sus salarios de acercarse o equipararse con el costo de la vida en una zona donde lo que rige el valor de los alquileres y de la vida es el petróleo.  Lejos quedan los míseros salarios de las y los estatales de poder siquiera sobrevivir. Exigen un aumento del 40% al básico y el pase a planta de las y los trabajadores eventuales. 

A lo largo del proceso las comunidades mapuches de la zona de Añelo se unieron a los piquetes. La situación con los camioneros ha pasado desde conflictos y realización de contra piquetes a la solidaridad. Trabajadores que han sumado su solidaridad y la permanencia fuera de la Ciudad Judicial donde se realizaron las mesas de negociación.   

Un proceso de mediación y conciliación fue convocado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través del fiscal general José Gerez y desde el sábado en la noche se realizaba una reunión en la que estaban presentes representantes de los autoconvocados, las ministras de Gobierno, Vanina Merlo, y de Salud, Andrea Peve.  La reunión pasó a cuarto intermedio porque la ministra de Seguridad exigía que se levanten los cortes para negociar.  

Sin embargo, en un anuncio mediático desde el interior de la Casa de Gobierno, sin haber sido discutido en la mesa de diálogo con los autoconvocados, el Gobierno de Omar Gutiérrez anunció la decisión de otorgar un “bono covid” de $30.000 por trabajador y trabajadora de la salud, a pagar en tres cuotas mensuales. Es decir, un “plus” de $10.000 por tan solo tres meses, hasta que en junio se vuelvan a discutir paritarias. 

Reproducimos comunicado:

Ante el anuncio por parte del Gobierno provincial de que el gobernador firmará un decreto para otorgar a las y los trabajadores de salud un bono “Covid” por única vez de $30.000, a pagar en tres cuotas de $10.000, decimos que: 

Tanto el reconocimiento a las y los autoconvocados para sentarnos en una mesa con funcionarias del Ejecutivo, como la decisión de otorgar por decreto este bono son producto de la incansable lucha de 47 días de las y los trabajadores de la salud y el apoyo incondicional de la comunidad. 

Sin embargo, este decreto no da respuesta al reclamo que originó nuestra lucha. Estamos exigiendo un aumento salarial al BÁSICO, que impacte sobre las jubilaciones, teniendo en cuenta la inflación que pulverizó nuestros salarios. 

También estamos exigiendo que se pase a planta de todo el personal eventual, que al igual que todos nosotros y nosotras están poniendo el cuerpo y arriesgando su salud y sus vidas en esta pandemia para garantizar el derecho a la salud de la población. 

En las más de 20 asambleas que rechazaron el acuerdo salarial del Gobierno con UPCN y ATE rechazamos no solo el aumento del 12% sino los bonos no remunerativos y no bonificables por única vez. El Gobierno no puede creer que con un bono por tres meses va a resolver el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de salud. Es completamente insuficiente. 

Por esto, las y los autoconvocados queremos seguir discutiendo en el marco de una mesa de negociación con el Ejecutivo. Exigimos que se vuelva a reunir la mesa para discutir: un aumento al básico, el pase a planta de los y las eventuales, la devolución de los descuentos por días de paro, que no se aplique ninguna sanción ni represalia por las medidas de lucha adoptadas. 

Ratificamos que, ante cualquier ofrecimiento por parte del Gobierno, serán las asambleas de los hospitales y centros de salud, incluyendo a las y los compañeros que se encuentran en los distintos piquetes sobre las rutas, las que definirán si se acepta o se rechaza. Si nuestra rebelión fue porque un grupo de dirigentes decidió un aumento miserable a nuestras espaldas, seguirán siendo las bases las que resuelvan los pasos a seguir.
Llamamos a los trabajadores y trabajadoras de cada hospital y centro de salud a seguir peleando por nuestras condiciones salariales y laborales dignas para seguir en la primera línea de la atención a la población en esta pandemia y a la comunidad a seguir acompañándonos. 

AUTOCONVOCADXS SALUD NEUQUEN 

Sin fecha de una nueva mesa de diálogo a la vista, el miércoles 14, encabezados por las y los autoconvocados de salud, más de 5.000 personas ganaron las calles de la capital neuquina. 

Las y los trabajadores de la salud mantienen los cortes de ruta en toda la provincia. Las y los trabajadores del Hospital Castro Rendón realizaron una numerosa asamblea, donde ratificaron las medidas de lucha y la exigencia al Gobierno que se vuelva a sentar en una mesa de negociación con los autoconvocados y lleve una propuesta salarial al básico, así como de pase a planta de las y los trabajadores eventuales. Aseguraron que el bono de $10.000 por tres meses dispuesto por decreto por el Gobierno es completamente insuficiente. 

Distintas organizaciones acompañan la marcha, que culminó frente a casa de Gobierno. 

Una nutrida columna de obreros y obreras de Zanón y Cerámica Neuquén se sumaron a la movilización, luego de realizar un corte de la ruta 7. 

«No hay voluntad política del gobierno de destrabar el conflicto, lo único que les interesa es despejar las rutas de Vaca Muerta. Debemos reforzar el corte en la ruta del petróleo porque ahí es donde a ellos les duele…», manifestó Gabriela Pérez Guzmán, delegada del hospital Andacollo, el lunes 12 por la noche al salir de la mesa de diálogo citada en el Poder Judicial de Neuquén, donde se mantuvo un masivo acompañamiento popular en las inmediaciones del edificio. 

Mientras casi todas las cúpulas sindicales no sólo no respaldan la huelga, sino que incluso la atacan abiertamente como el líder de ATE Neuquén, Quintriqueo, de la línea “verde y blanca” alineada con el kirchnerismo nacional, que llegó a considerar que debe ser reprimida en defensa de la institucionalidad vigente, para que no vuelvan el caos y la anarquía, obligando a firmar esa declaración a todos los delegados seccionales, lo que fue denunciado por algunos de ellos. También atacan la huelga el líder petrolero y massista “caballo” Pereyra y eluden posicionarse los kirchneristas dirigentes de ATEN provincial. 

Pese al posicionamiento de los máximos líderes sindicales, en las rutas y en las calles neuquinas se observa una masiva participación de los trabajadores de salud y un masivo apoyo de docentes y las direcciones seccionales abiertas a la democracia de base, así como el apoyo activo de diversos movimientos de desocupados combativos. Además, la mayor parte de petroleros y camioneros aparecen acercándose a los trabajadores de la salud, pese al importante desgaste físico y monetario que les provoca diariamente el estar varados en las rutas. La carta de Pablo Moyano en favor de la huelga de la salud es un símbolo de lo que ha crecido esta corriente de simpatía. 

La batalla por la opinión pública está siendo ganada ampliamente por los trabajadores de la salud, llegando a expresarse en medios masivos como el centenario diario local “Río Negro”. Pero la guerra no está concluida. 

Los cortes de ruta que mantienen en pie hace una semana trabajadores y trabajadoras de la salud pública son: 

RP N° 17 y 1 (Añelo) Bloqueo Total 

Ex RP-17 altura MILICIC – Bloqueo Total 

Ex RP-17 altura bajada de las Patrias (TSB) (Añelo) Bloqueo Total 

Ruta Provincial N° 7, altura estación SHELL (Añelo) Bloqueo Total 

Ex RP N° 17 altura Barrio La Meseta (Añelo) Bloqueo Total 

Ex RP-17, altura arco subida de Batería 3° Bloqueo Total 

RP N° 7 Acceso al PACs 6 Puesto automático de control Loma Campana (Añelo) Bloqueo Total 

Camino Principal en límite YPF / La Calera Bloqueo Total 

RN N° 22 altura, Transito de Plaza Huincul Bloqueo Total 

Acceso al CIPH, altura calle Zambrano (Plaza Huincul) Bloqueo Total 

RP N° 7, altura picada N° 5 (S.P. del Chañar) Bloqueo Total 

RPN° 7 Y Camino unidireccional USP-8 Bloqueo Total 

Ex RPN° 17 y Camino unidireccional Bloqueo Total 

RN N° 22 Acceso a la ciudad de Zapala Bloqueo Total 

RN N° 40 Acceso a la ciudad de Chos Malal Bloqueo Total 

RN N° 40 Puente sobre el Río Chimehuín Acceso a Junín de Los Andes Bloqueo Total 

RN N° 237 Acceso a la ciudad de Picún Leufú Altura del Cristo (Tránsito liviano liberado con camino alternativo indicado por la policía local) 

Tránsito pesado habilitado 15 minutos cada 3 horas y como referencia horaria se toma 16 / 19 / 21 Horas es cuando se habilita 

Paralelamente a la movilización y los piquetes que se sostienen en varios puntos de la provincia, se desarrollaron acciones en Centenario y Plottier donde miles de personas se sumaron a caravanas y marcharon por esta pelea que ya es de todo el pueblo neuquino. 

Ataque a la gestión obrera de Zanón 

El viernes 9, los obreros y obreras de la histórica Zanón Bajo control Obrero, Fasinpat, estaban por iniciar una nueva jornada laboral, y el gobierno neuquino, a través del Ente de Energía, EPEN, cortó la energía eléctrica indispensable para la producción en la fábrica. 

Ese mismo día reunidos en asamblea, los 135 obreros y obreras decidieron cortar la ruta 7, en las puertas de la fábrica. El corte se retomó el sábado 10 durante la mañana. Las asambleas están debatiendo y exigiendo al estado provincial, en mesas de negociación que se tuvieron entre los días viernes y sábado, que dé una solución que permita continuar la producción, restableciendo de inmediato la energía eléctrica. 

Mientras tanto, el martes 14, una delegación de obreras y obreros de Zanón se movilizó hasta las oficinas del Ente Provincial de Energía de Neuquén exigiendo la restitución del servicio eléctrico para poder producir y acordar un plan de pagos. 

“Las autoridades del EPEN saben que sin energía no hay producción, y sin producción no hay forma de recaudar para pagar ninguna deuda. Por eso no creemos que esta sea una medida “recaudatoria” sino un ataque del Gobierno a nuestra gestión obrera, que ya lleva 20 años. Este no es el primer ataque que recibimos del MPN, y así como tuvimos que pelear estos 20 años, seguiremos en la defensa de nuestros puestos de trabajo. Ni las y los obreros de Zanón ni la comunidad podemos permitir que en plena pandemia cierren una fábrica y dejen a 140 familias en la calle”, señalaron los trabajadores. 

Finalmente, el EPEN dio marcha atrás el miércoles 14, reconectó la luz e hizo un plan de pago que era la propuesta que habían hecho los trabajadores y la desestimaron. 

“Zanón bajo gestión obrera vuelve a tener luz, seguimos en la lucha, seguimos en la calle y vamos a seguir produciendo no solo cerámicos, sino solidaridad, con todas las organizaciones hermanas. Porque así nacimos y así bancamos esta gestión obrera y así va a seguir para adelante. Nada nos va a hacer cambiar este espíritu solidario y militante que tiene Zanón bajo gestión obrera”, afirmaron los trabajadores en un comunicado agradeciendo la solidaridad recibida. 

El intento de avance contra Cerámica Neuquén  

La más reciente de las tres fábricas ceramistas recuperadas que es parte del Sindicato Ceramista de Neuquén, Cerámica Neuquén, bajo gestión obrera desde el 2014, tuvo en las pasadas semanas un revés judicial. 

Hace tres años viene atravesando un remate. Cuando la patronal se va, dejaron concursada la fábrica y este concurso de quiebra sigue vigente.  Trabajadores que en 2014 no se quedaron en la gestión obrera iniciaron, con el patrocinio legal de Brillo, de las filas del Movimiento Popular Neuquino, un juicio laboral. Este abogado trasladó esto a un pedido de remate de la fábrica en 2018, para que estos obreros  se cobren las indemnizaciones. 

En 2019 enviaron un tasador que no pudo ingresar. En 2020 pretendieron hacerlo ingresar acompañado de la fuerza pública pero tampoco pudo hacerlo. 

En ese momento la gestión obrera logró ser recibida por el gobierno y estuvieron presentes los anteriores dueños. Se logró un pre-acuerdo. Los y las trabajadoras conformaron una cooperativa y se quedaron con la planta productiva. Los terrenos ociosos quedaron para la patronal para pagar deudas y juicios laborales.  Se firmó en el juzgado laboral un pre acuerdo y antes de cerrar el 2020, Brillo, notificó que no van a ser parte del acuerdo, que lo desestimaban. Los obreros solicitaron una audiencia pública para avanzar en el acuerdo y también fue desestimada. 

En estas semanas, un juez laboral subrogante,  Hugo Daniel Ferreyra, armó el oficio de inspección con un protocolo para que el  nuevo tasador ingrese a la fábrica, en este oficio autoriza a la policía UESPO, a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de cómo ingresarían a la fábrica, y establece “oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiará también al cuerpo de bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario”  y agrega que “ofíciese a la Jefatura de Policía de la Provincia a fin de que, luego del debido estudio y análisis de las circunstancias particulares de este  caso, y dentro del plazo de cinco días se sirva de informar al tribunal cuanto efectivos del GEOP serán necesarios para la realización del operativo en condiciones de seguridad así como las demás medidas de prevención que serán necesarias de modo de proveer a la mejor coordinación de la medida (sic)”. 

La gestión obrera ya tuvo conocimiento que dicho oficio y la policía ya estaría haciendo las tareas de inteligencia.  Con solo informar con 5 días hábiles de anticipación podría suceder en cualquier momento que quisieran ingresar a tasar y así avanzar en el remate de la fábrica. 

La asamblea de la fábrica y el sindicato se encuentran en estado de alerta. Han resguardado la fábrica, reforzaron guardias y han realizado pedidos de reunión con el gobierno planteando la preocupación de que el acuerdo alcanzado no haya avanzado. Están pidiendo que el gobierno los reciba y se retomen las mesas de reuniones. 

Son 80 familias que viven de la fábrica actualmente y que desde hace ya 7 años vienen siendo parte de este proceso de lucha que se sumó a Zanón y Steffani. 

El día lunes 12 estuvieron acompañando el corte de ruta de los trabajadores de la Cerámica Zanón. 

Negocios de pandemia 

Con el aval del gobierno, las prepagas aumentarán 10 % las cuotas de los afiliados. La suba se realizará en dos tramos. Un 4,5 % en abril y un 5,5 % en mayo.  

Los incrementos en la cuota que deberán pagar los afiliados, se sumarán al 3,5% que el Ejecutivo autorizó desde marzo, que tuvo como antecedente inmediato un 10% de suba en diciembre pasado. 

En la Argentina unos cuatro millones de personas se atienden en empresas de medicina privada, de los cuales solo un millón lo hace como afiliados directos y el resto como “corporativos” -una parte de la cuota lo cubre el empleador y otra el trabajador. 

Los empresarios de la medicina privada justifican el reclamo en los aumentos salariales. Sin embargo, las clínicas y sanatorios privados recibirán un incremento por las prestaciones que otorga al PAMI, que será del 34% dividido en cuatro tramos (12% en enero, 9% en abril, 9% en junio y 4% en octubre); un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo por parte de la medicina prepaga; y se estableció que, bajo resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud exigirá a las obras sociales que también otorguen un 4,5% en abril y un 5,5% de aumento en mayo. 

A su vez, “desde el Gobierno garantizaron a la FAPS la continuidad del Repro Salud durante la pandemia”. El Estado otorgó un aumento en el Repro II. En febrero pasó de $ 9.000 a $ 18.000 mensuales por trabajador a los prestadores de salud como clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores. Además de esto, el sector privado fue beneficiado por la eximición de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, hasta el 31 de marzo; más la extensión, también por 90 días, de la reducción de las alícuotas del Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. 

En tanto los empresarios de la medicina privada acumulan ganancias, los trabajadores de la salud, pública y privada, se encuentran trabajando de forma precaria, con bajos salarios. En distintos puntos del país, están llevando adelante importantes medidas de lucha en reclamo de medidas sanitarias, económicas y sociales para poder hacer frente a la segunda ola de contagios. 

Las fábricas no son seguras 

El aumento de contagios en la región de La Plata, Berisso y Ensenada sigue en ascenso. Se incrementan también las denuncias por contagios en lugares de trabajo, y particularmente por la falta o incumplimiento de protocolos por parte de las empresas.  

Trabajadores petroleros de la Agrupación Marrón denunciaron con preocupación el alto nivel de contagios de covid 19 que se viene dando en la destilería de YPF en Ensenada, y que días atrás se llevó la vida de dos trabajadores contratados, pertenecientes a las empresas contratistas Nexxo Argentina y Sabinur Sacifia. 

«Estamos atravesando una situación muy grave. En el último informe del pasado 7 de abril, el comité de seguridad e higiene del sindicato relevó 62 casos positivos de covid, a través del parte que proporciona el servicio médico de YPF. Se trata del número más alto de contagios registrados en la empresa durante la pandemia. Producto de esta situación, asistimos a un hecho gravísimo que fue la muerte de dos jóvenes compañeros contratados, uno de ellos con factores de riesgo», denunciaron. 

«Encontramos que en cada sector los contagios han aumentado, como también los contactos estrechos y la internación de compañeros en estado grave. Las medidas que lleva adelante la empresa son insuficientes, los protocolos no se cumplen, las tareas cotidianas, sobre todo las de mantenimiento, requieren un contacto permanente entre compañeros y compañeras. Las empresas contratistas que operan en YPF aún tienen trailers donde se amontonan laburantes, y es imposible guardar el distanciamiento. En algunos sectores, las y los trabajadores se organizaron, exigieron y lograron ampliar los trailers. Pero no así los baños químicos, un foco de contagio permanente, que no son reemplazados desde hace años ni por reclamo del gremio, mucho menos por una inversión de YPF», explicaron desde la agrupación Marrón. 

Respecto al rol que viene jugando en esta situación el sindicato petrolero de Ensenada, desde la agrupación Marrón sostuvieron: «Mientras la segunda ola golpea muy fuerte, la única preocupación que se tiene es cómo se mantiene la producción. El sindicato ni siquiera informó que había trabajadores fallecidos. Se remiten a dar aviso de los contagios por redes sociales o radio, cada dos o tres semanas. El Comité de seguridad e higiene que existe no está a la altura de controlar y garantizar que la empresa cumpla con todos los protocolos, y no es representativo del conjunto de la fábrica. Como decimos los trabajadores, el comité de seguridad e higiene tiene que ser organizado «desde la cancha», no desde «la tribuna». 

Por otro lado, el sindicato sabe que necesitamos medidas urgentes, pero tambiénalertamos que frente a los rumores de cambio de horarios, esta vez no podemos ser los laburantes la variable de ajuste tal como hicieron el año pasado, generando descuentos del 40 % en nuestros salarios», sostuvieron. 

Los trabajadores petroleros, aseguraron también que la empresa YPF Teconología (Y-TEC), ubicada en la localidad de Berisso, produce en sus laboratorios y vende tests rápidos. «Los trabajadores de YPF deberíamos tener acceso a esos tests, y ser hisopados cuando ingresamos a trabajar para detectar de esta forma a quienes presenten síntomas, aislando rápidamente a los contactos estrechos, como forma de protegerlos a ellos y sus familias y evitar la propagación del virus. YPF gana millones con esos test, pero no los habilita para los trabajadores de la fábrica y la región. Solo les importan sus ganancias. 

Lo mismo vemos con el resto de los laboratorios y farmacéuticas, que hacen de las vacunas un negocio, aprovechando la crisis para volverse más ricos y dejando a millones de personas en todo el mundo sin la posibilidad de acceder a la inmunidad. Desde la agrupación Marrón acompañamos el reclamo que vienen impulsando diferentes organizaciones, y exigimos la inmediata liberación de las patentes para producir vacunas para todos». 

El Gobierno y los medios insisten en que «nos cuidemos» y echan la culpa de los contagios a la «responsabilidad individual», pero en YPF nos contagiamos porque no se testea, cuando la misma empresa produce y vende tests; nos contagiamos porque no se cumple con el aislamiento de los compañeros que fueron contacto estrecho de un trabajador positivo de covid; nos contagiamos porque hay contratistas que hacen la vista gorda y sólo llevan un litro de lavandina por mes para desinfectar un sector, y son los mismos trabajadores quienes tienen que salir a pedir barbijos. Nos contagiamos porque, aunque nos consideren esenciales para producir, nos tratan como descartables. 

Se dispararon los contagios de Covid-19 en las fábricas metalúrgicas matanceras. Los testimonios de los trabajadores así lo confirman. En medio, las negociaciones paritarias que la cúpula gremial acordó en cuotas y a la baja. 

“Acá hay por lo menos diez compañeros aislados en estos días, ya está la segunda ola a full”, cuenta un trabajador de una importante metalúrgica de San Justo. “Antes había diferentes horarios para la comida, 20 o 30 por turno para ir al comedor, lo mismo en el vestuario. Ahora eso terminó relajado, en el vestuario te mandan a bañarte todos a la misma hora y es un quilombo. Además, cuando hay algún caso, a los que son contacto estrecho no se los aísla. 

Hay un protocolo que te hacen cumplir, pero sirve más que nada para poner orden, hay mucha persecución”.  

En esta fábrica, como en muchas otras, las patronales se dedican a investigar a los trabajadores y amenazarlos con sanciones, buscando cargarles la responsabilidad por los contagios. Así los protocolos y medidas de seguridad en manos de la empresa no sólo no son eficaces, sino que además se vuelven una excusa para perseguir y controlar a los trabajadores. 

Desde una autopartista de la localidad de Virrey del Pino, también en el partido de La Matanza, otro trabajador cuenta: “Esta semana que pasó hubo varios contagios, se hicieron bastantes aislamientos en la fábrica y hubo como unas diez personas que dieron positivo. Desde que empezó la pandemia casi la mitad de la fábrica ya se contagió de covid”. Estos datos contradicen las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien afirmó que las fábricas no son un lugar de contagio. 

La UOM de Antonio Caló acaba de negociar un aumento de 35% del sueldo en tres cuotas que generó malestar entre los trabajadores. A pesar de las críticas de Hugo Melo, secretario general de la UOM Matanza, ambos dirigentes coinciden en que los trabajadores metalúrgicos sean los convidados de piedra en esta discusión, siendo quienes sufren la desidia y el desprecio por la vida de parte de las patronales, cobrando salarios miserables y exponiéndose a los contagios. Con la complicidad e inacción de los delegados que dejan hacer y deshacer a las empresas a su antojo. Recordemos que en la UOM el sueldo básico apenas supera $ 40.000, lejos de los $ 58.000 que necesita una familia tipo para no ser pobre, según los propios datos de INDEC. 

“El que está aislado o es grupo de riesgo está cobrando el 70% del sueldo y hace un año que les están pagando esa miseria. Todo esto está avalado por el sindicato, porque hubo varios reclamos a nivel nacional diciendo que tienen que cobrar el 100% del sueldo, pero no se cobra y la burocracia colabora con la empresa justificando porque supuestamente no lo pueden pagar. Hay compañeros endeudados, con problemas económicos, que son grupos de riesgo y que piden trabajar para que no les bajen el sueldo, porque si no estarían en la lona. Compañeros con alguna enfermedad, como asma o principio de asma, que están laburando. Hay una presión a que el tipo tenga que ir a laburar para cobrar un sueldo. Ya en la UOM los sueldos son bajos y que encima te descuenten el 30 o 40%, ganás miseria”. 

A esta desesperante situación, se suman las amenazas patronales. “Quieren hacer volver a los que son mayores de 60 y que no tienen ninguna enfermedad de base y después a los que son de riesgo pero que la empresa considera que no son tan grave. Están llamando uno por uno para preguntar si recibieron la vacuna para hacerlos volver a los 15 días porque necesitan gente”. 

Los especialistas aseguran que a los 15 días de aplicarse la primera dosis de la vacuna los anticuerpos recién están empezando a generarse en el organismo y que la eficacia protectora de una sola dosis oscila alrededor del 60%. Es decir que no hay ningún criterio médico para una medida como esta, prima el criterio de la ganancia capitalista. Con tal de seguir amasando su fortuna no tienen ningún problema en exponer al contagio a trabajadores que son grupo de riesgo y a sus familias, en un momento donde el aumento exponencial de casos amenaza con llevar a un colapso sanitario. 

Impulsar medidas de organización entre trabajadores es la única respuesta posible para que los trabajadores y sus familias no sean las que paguen las consecuencias de la crisis sanitaria. Comisiones de seguridad e higiene independientes dirigidas por los trabajadores, desde donde realicen un seguimiento de los contagios de covid-19, hagan conocer los casos. Exigir a la empresa que se realicen testeos y cumplan aislamientos y las licencias cuando sean necesarias. Una comisión en la que la prioridad sea la salud de los trabajadores y no la productividad de la empresa. 

Desde Virrey del Pino agregan que: “Hace unos meses venimos discutiendo con la empresa porque ellos exigen más producción, pero no nos pagan más por aumentar la producción. Ahora también tomaron algunos chicos de agencia y armaron un sector nuevo”. 

Ninguna de estas fábricas paró de producir ni un solo segundo desde que comenzó la pandemia y hoy en día exigen aumentar los ritmos de producción sin contratar nuevos trabajadores o haciéndolo en condiciones precarias. 

Metrodelegados denuncian que Metrovías incumple protocolos en cuanto a aislamiento de contactos estrechos y personal con síntomas. “Ha crecido la cantidad de contagios en las formaciones por esta situación”, advirtieron. Piden que se controle que sólo viajen esenciales. 

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, nueve trabajadores del subte y el Premetro fallecieron y se registraron 431 contagios. El noveno caso fatal ocurrió en las últimas horas, según difundió la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Se trataba de un conductor de la Línea D. 

“Es el noveno caso desde que empezó la pandemia. De los nueve, tres estaban aislados como grupo de riesgo. El resto estaban trabajando cuando enfermaron”, aseguró Francisco Ledesma, al frente de la secretaria de Salud Laboral de la AGTSYP. Aclaró, además, que hay más casos en el ámbito del subterráneo, pero se limitan a publicar a quienes estaban bajo convenio. “Nos dijeron que hay un supervisor que falleció por covid y un jefe el año pasado, pero son datos que no llegan de primera mano. En los informes diarios publicamos personal de base, no los que son enfermos de covid que son de Metrovías pero fuera de convenio. Y tenemos una empresa que hace la desinfección, que no es de Metrovías, donde también caen enfermos, pero no tenemos forma de chequear cuántos”. 

De los 431 contagios registrados en el subte desde que comenzó a circular el covid en la Argentina, 359 se recuperaron. Pero en este momento hay otros tres en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según indicó Ledesma. Y denunció que “la empresa hizo una interpretación propia del protocolo nacional” y “manda el mismo día que llamás o al siguiente a que se hagan el test y el PCR da negativo, entonces tenés que ir a trabajar” sin contemplar que un estudio realizado antes de tiempo puede arrojar un falso positivo. “El año pasado logramos gremialmente por la retención de tareas que lo entiendan, pero este año como el Gobierno de la Ciudad decidió abrir todo y la empresa sigue esa línea, es más fuerte la pelea con la empresa, que se resiste a acatar el protocolo”. El sindicalista dijo que ya se presentó la denuncia por este tema ante los ministerios de Salud porteño y nacional. “Ha crecido la cantidad de contagios en el subte por esta situación. Hay un cansancio y un desgaste en la base. Dicen ‘me expongo al asbesto, al covid, tengo síntomas o soy contacto y me mandan a laburar’”, resumió. 

“Además, pedimos que como el transporte es esencial nos vacunen. Lo está pidiendo todo el transporte. Hay casos puntuales de personas que se piensan que esto es una gripecita, venimos reclamando a Larreta que ponga Policía de la Ciudad a controlar accesos del subte, porque viaja mucha gente y la mayoría no es esencial. Pedimos que dispongan cuánta gente puede ingresar: en el tren hay que sacar turno y demostrar que sos esencial, en el subte no hay nada de eso”, cuestionó Ledesma. 

Este miércoles, en un plenario general de delegados, los metrodelegados debatieron cómo seguir ante el Covid pero también ante la situación por contaminación con asbesto. Días atrás falleció el segundo trabajador por contacto con ese material cancerígeno. 

El Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, reclamó que el Gobierno comience a vacunar a los trabajadores del sector y advirtió que el servicio ferroviario corre peligro si los trabajadores no están inmunizados. 

El gremio manifestó su preocupación por «los atrasos de los vacunatorios vinculados al personal de conducción ferroviaria como también a los gremios del transporte, al ser trabajadores esenciales». 

Maturano resaltó el impacto que tiene la segunda ola de Covid- 19 en su actividad y afirmó: «Comprendemos la voluntad política de los funcionarios de ser prioridad el transporte, pero esto hoy no es una realidad. Solo nosotros hoy tenemos el 22% de nuestra dotación de cronogramas de servicios inactivos. Tenemos un 7% del personal contagiado; un 10% por ser personal de riesgo y un 5% por ser contactos estrechos de positivos. Y los números aumentan día a día»

«Vemos con preocupación la saturación del sistema de atención médica, pero también alertamos que de no ser vacunados, como ocurre, está en riesgo el funcionamiento del sistema ferroviario. 

Esto va a suceder si volvemos a una fase de restricciones sólo para que viaje el personal esencial. No vamos a exponer a nuestros compañeros conductores a este rebrote del virus. Deben ser vacunados con prioridad como los demás gremios hermanos», argumentó Maturano. 

También, recordó que hace más de dos semanas, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), de la cual es secretario adjunto, le volvió a exigir al Gobierno un plan de emergencia para vacunar a la totalidad de los trabajadores del transporte público y privado. 

«Desde que comenzó la pandemia no dejamos de prestar servicios ni un solo día porque somos una parte clave para que el país funcione «, indicó Maturano, destacando la tarea del personal médico y de otros sectores claves. 

La CATT hizo un pedido formal y público en diciembre pasado y «a partir de esa fecha, transcurrieron más de 50 días y desde el Gobierno Nacional no se recibieron más señales de buena voluntad, que no alcanza, para paliar la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los trabajadores del transporte de forma sistemática». 

«Como venimos repitiendo todos los gremios hermanos, somos protagonistas fundamentales y esenciales para traer y transportar las vacunas a lo largo y ancho de todo el país. Es tiempo que seamos prioritarios en los vacunatorios ante el golpe de la segunda ola de Covid-19 cómo estamos viviendo», agregó el titular de La Fraternidad 

Más de 200 casos y 130 aislados por Covid en Volkswagen Pacheco. Sin embargo, la empresa valiéndose de una resolución conjunta que firmaron los ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social, plantea que trabajadores considerados de riesgo por el coronavirus deben volver a trabajar si tienen aplicada al menos una dosis de la vacuna. Por tal motivo, tuvieron que reintegrarse 31 trabajadores. 

Un año atrás, ante la visita de Alberto Fernández, la empresa se comprometió a cumplir con los protocolos de salud para que el gobierno le autorice la reapertura. Hoy está en evidencia que más allá de los compromisos, no está garantizada la salud y por ende la vida misma de sus trabajadores. 

Queda más que clara la postura del gobierno ante la situación que atraviesa la sociedad en su conjunto. En un primer momento hablaron de priorizar la vida sobre las ganancias, ya habrá tiempo de recuperar la economía dijo Alberto. Luego habló de responsabilidad colectiva ante la urgencia y el lobby empresario, dando el visto bueno para la reapertura y que vuelvan a engrosar sus cuentas bancarias a costa de nuestra salud. Ante esta nueva ola de contagios descarga la responsabilidad sobre los jóvenes, sobre la noche, las fiestas clandestinas, etc. 

Alberto Fernández nada dice sobre la situación que atraviesan miles y miles de personas a la hora de dirigirse a sus trabajos con trenes, subtes y colectivos abarrotados. 

Con el salto en la situación, el gobierno y los dirigentes sindicales, en este caso del SMATA, de nuevo priorizan la producción y ganancia de empresas multinacionales, como en VW Pacheco, aunque haya más de 200 contagios y 130 aislados. 

La industria automotriz pasa por esta situación. En Toyota tuvieron que suspender un turno por más de 100 contagios en tres días. No es en fiestas clandestinas donde se extiende el coronavirus. El problema es seguir dándole prioridad a empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos al día, mientras decenas de miles se siguen contagiando. 

La Resolución Conjunta del Ministerio de Salud y Trabajo 4/2021, se emitió el jueves a través del Boletín Oficial y generó un revuelo porque plantea la convocatoria a la presencialidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores vacunados al menos con una dosis, entre los que se encuentran quienes tengan factores de riesgo.  

Los empleadores “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas” contra el Covid-19, “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación” y, además, quienes no hayan podido acceder a la vacuna se verán obligados a justificar el por qué mediante declaración jurada. 

Este anuncio puso en discusión la protección que se le está otorgando a los empleadores por encima del bienestar de los trabajadores. Una medida que se toma en medio de un nuevo paquete de medidas de restricción a la circulación para proteger a la población de la pandemia del coronavirus. 

Luis Roa, abogado laboralista y secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, explicó: “Me provoca perplejidad, estamos en un contexto particular. El día jueves acaban de dictar un DNU que señala la necesidad de establecer medidas drásticas en relación al brote epidemiológico”. 

“Los reportes de los últimos días arrojan más de 24.000 casos y la curva de contagios va en ascenso, llevándonos a cuidarnos más y a evitar la circulación innecesaria. La Resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, fue algo que consternó diciendo que aquellos que tienen 1 o 2 dosis tienen que volver a trabajar. Es confusa. Según la Resolución, es probable que convoquen a todos, y cada trabajador va a tener que justificar declarando por qué no pudo acceder a la vacuna”, profundizó. 

La resolución llama la atención, porque esta convocatoria es independientemente de la edad y de la condición de riesgo de la persona, que hasta el momento era protegida. En relación a ese punto, Roa enfatizó: “Esto de que se va a ordenar al revés, ya hace mucho ruido. ¿Quiénes son los que se vacunan primero? Los grupos de riesgo. Entonces, hasta se puede ver la paradoja que estén convocando primero a los grupos de riesgo. Se invirtió la campaña y está al revés“. 

“Los próximos días se darán convocatorias, telegramas, llamados por teléfonos, whatsapp. Yo ya me imagino esto. Y hasta los que no me caen simpáticos, que es nuestro stock de terraplanistas, que no creen en las vacunas, que por cualquier motivo no han querido vacunarse, hay ahí una crítica disposición diciendo que tienen que actuar de modo tal de no provocar un perjuicio al empleador”. 

“Es decir, eso, como capital simbólico, como fraseología en una Ley laboral, esta protección, este paño de cobertura hacia el empleador, no suena precisamente bien“, agregó. 

Roa manifestó, también, la necesidad de seguir manteniendo la línea que el Gobierno nacional seguía desde marzo del año pasado, al iniciarse la pandemia. Hay muchos puntos, opinó, que habría que reforzar, como “la resolución 207 que ya tenía puntos ciegos, cuestiones no resueltas, que era el caso de los adultos responsables de menores, que los dispensaba del trabajo pero no decía nada entorno a sus remuneraciones. Con lo cual algunos empleadores pensaban que era una licencia gratis para ellos. Ya tenía puntos oscuros. Para mí, hay que reforzar la línea de protección sobre todo para los grupos que están más expuestos y evitar la circulación innecesaria”. 

Sobre las posibilidades que las leyes otorgan para contrarrestar esta resolución dijo que “hay algunos dispositivos que brinda la Ley de Contrato de Trabajo, que en este caso puede llegar a ser ostensible su posibilidad de aplicación. Se me ocurre el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita la retención de tareas. Para que se entienda más claro, una suerte de huelga de uno solo, o puede ser una retención de tareas colectivas, entonces se organiza a través de las organizaciones obreras”. 

“El artículo 75 señala el deber de seguridad en cabeza del empleador. Este es responsable de la seguridad en el trabajo y eso implica garantizar nuestro bienestar psicofísico. A partir de eso no me pueden obligar a ir a un lugar que no me está garantizando ese deber de seguridad. Esto habilita la retención de tareas, sobre todo cuando se presentan situaciones graves y esto es grave”. 

Las escuelas tampoco son lugares seguros 

“Ante la avalancha de casos a partir del lunes pasado en Rosario y Santa Fe, en medio de serias deficiencias estructurales en varias escuelas y “burbujas” aisladas por contagios, es imperioso analizar la situación epidemiológica de la zona y cuáles son las necesidades de toda la comunidad educativa para que la presencialidad no sea otro factor que lleve al colapso sanitario”, afirman desde Amsafe-Rosario. 

Según el informe de la Secretaría de Salud provincial, el 8 de abril Rosario registró 548 casos positivos de Covid-19, la cifra más alta de contagios en casi cinco meses. Mientras que, la ciudad de Santa Fe llegó a los 111 casos. 

Para dimensionar el crecimiento de contagios el 7 de marzo se registraron 125 mientras que un mes después, el 7 de abril los casos se contabilizaron por 447.  

El gobierno nacional, los provinciales y la oposición de derecha se unificaron para plantear que las escuelas no son ámbitos de contagio del Covid-19. Al parecer, al cruzar las puertas de una escuela sucede algo milagroso que no han descubierto en los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, etc. 

Sin embargo, los docentes fallecidos en todo el país los desmienten. 

Los relevamientos realizados por Amsafe y ATE Rosario demuestran que en el departamento más poblado de la provincia, siete de cada diez escuelas tienen estudiantes, docentes y asistentes escolares aislados. 

Relevamiento de Amsafe Rosario del 06/04/2021 

✅ El 33,7% de los 193 establecimientos relevados tienen burbujas aisladas
✅ El 68,8% de las 193 escuelas tiene entre 1 y 3 alumnxs, docentes o asistentes aisladxs por contacto estrecho sin que se haya aislado la burbuja
✅ Quienes presentan síntomas son mayoritariamente:
▶️ 41% alumnxs
▶️ 67% docentes
✅ El 22,3% de las 193 escuelas relevadas tienen casos de Covid-19 positivo, mayoritariamente docentes (75%) 

El Gobierno de Alberto Fernández y el de Perotti imponen una presencialidad “sin GPS” y a como dé lugar en las escuelas a pesar de las condiciones epidemiológicas actuales. La falta de obras en las escuelas, los limitados planes de vacunación para la población y la falta de insumos de higiene y bioseguridad y de medidas de testeo, rastreo y aislamiento de casos necesarias para suprimir los contagios. Frente a este panorama, las conducciones sindicales de CTERA y sus gremios de base actúan como correa de transmisión de la política del gobierno. 

Detrás del regreso a clases sin condiciones epidemiológicas y sin condiciones edilicias, de insumos, de infraestructura y transporte y sin personal suficiente, lo que se encuentra no es el afán por cuidar los derechos de los niños y niñas, sino cuidar las ganancias de las empresas. Las escuelas abiertas forman también parte de sus necesidades, porque más allá de la función educativa y formadora de la escuela (que hoy podría también cumplirse en gran medida en forma virtual con las condiciones de conectividad y dispositivos necesarios), es ante todo el lugar privilegiado donde las familias trabajadoras dejan a sus hijos durante la jornada laboral o gran parte de ella. Las empresas no pagan jardines maternales ni juegotecas, son las escuelas públicas en su mayoría las que se hacen cargo de los cuidados. 

Es por esto, que la política de clases presenciales está repleta de contradicciones con cuidar la evolución de la situación epidemiológica. El principal ejemplo de esto se da en la prohibición de reuniones de más de diez personas en lugares cerrados y, sin embargo, habilitar clases para 15 personas en lugares igualmente cerrados y que implicarán a nivel nacional la circulación de 1,5 millones de docentes y varios millones de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. 

Entrevista a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone 

Estamos a mediados de abril y las escuelas no fueron reacondicionadas 

M.H.: De acuerdo a un relevamiento de Amsafe-Rosario del pasado 6 de abril 7 de cada 10 escuelas tienen personas aisladas por Coronavirus y se ha conocido que UTE-CTERA dice que hay más de 1.500 contagiados y piden la suspensión de las clases presenciales en CABA. Lo que me llama la atención de esta postura, es que cuando le preguntan en El Destape radio a Paula Galigniana, secretaria de Comunicación del gremio, sobre el vínculo con el gobierno de Ciudad, ella dice que hace una semana presentó a la jefatura de gobierno porteña un informe donde transmitieron todas las preocupaciones más el relevamiento realizado escuela por escuela. “Tenemos reuniones, hay poco diálogo, no tenemos mucha respuesta. Elevamos una nota directamente al jefe de gobierno. Lo venimos planteando desde el momento en que se desviaron las más de 33.000 vacunas a otro destino. Porque de esas 33.000 vacunas, que el gobierno nacional había decidido que era para vacunar docentes, el gobierno de Ciudad desvió 17.000 a otros fines y solo se aplicaron 13.000. Se las entregaron a obras sociales u otros grupos y ahí quedó frenada la vacunación docente. ¿Por qué UTE–CTERA no acompaña el paro que convoca mañana Ademys? 

L.M.: Estas atrasado de noticias. Todo se ha dado vuelta. La decisión firme de Ademys de enfrentar esta total irresponsabilidad del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad, de seguir a toda costa y aún hoy seguía el ministro Trotta afirmando que había que seguir sosteniendo la presencialidad en las escuelas, la decisión firme de Ademys que tomó el viernes de la semana pasada de poner este miércoles en la escena política de la Ciudad y nacional el problema de que es necesario pasar a una virtualidad temporaria hasta tanto bajen los índices epidemiológicos, pegó en la base del gremio docente, al punto tal que todos los sindicatos que vienen dejando solo a Ademys en esta pelea, en el curso del día de hoy han cambiado 180º su postura.  

En este momento está convocando al paro UTE, después de haber llamado a una actividad no presencial el día 14, una cosa rarísima que no se entendía qué era, para no decir paro. Después de haber dicho “queremos computadoras y ventanas” en el momento en que está planteado categóricamente decir que hay que pasar a la virtualidad, en el curso de hoy UTE modificó su posición. También la modificó CAMYP, algunas horas antes que UTE y quizás por eso tomó cartas en el asunto, pero el debate que se armó en los wasaps que organizan las escuelas, donde todo el día se debate, puso al rojo la irresponsabilidad de los dirigentes sindicales que no tomaban una medida para reclamar el cese de la actividad escolar.  

Esto se transmitió a la provincia de Buenos Aires, donde está convocado un paro de 48 horas por parte de los Sutebas Multicolor, el miércoles 14 y jueves 15 con el mismo pliego reivindicativo y alguna cuestión particular. Y durante el curso del día se sumó UDOCBA que es un sindicato peronista, ortodoxo, no progre. 

M.H.: Ellos ya estaban en contra de la presencialidad. 

L.M.: Sacó una convocatoria a una medida de fuerza para mañana, coincidiendo con los Sutebas Multicolor, que son los sindicatos combativos, donde la posición es independiente de todos los gobiernos. Y ahora me acabo de enterar que la UDA acaba de llamar también. Aunque el pliego es un poco ambiguo, al menos el que yo vi. Se reacomodan cuando las bases empujan. Esta tarde estuve conversando con una compañera con la que trabajé 28 años en Soldati, a veces en tanto movimiento de la Legislatura y del partido me olvido de los pies en el barro que significaba estar en mi escuela y se me caían las lágrimas cuando me contaba cuál es la situación. Me dijo que durante todo el 2020 tuvo cuatro alumnos, ella tiene un grado especial que es el de aceleración, son los chicos que no están alfabetizados a los diez años, viene trabajando con la mitad de sus alumnos y le duele que hoy haya que pedir el regreso a la virtualidad porque sabe que sus alumnos no están provistos de dispositivos y conectividad gratuita como se pidió todo el año pasado para un caso eventual como este. Pero no pueden seguir, porque no están yendo los pibes, las madres llaman y avisan que por distintos motivos, vivir con personas mayores, por ejemplo, no van a llevar a los chicos a la escuela.  

M.H.: Mi nieto León que va a jardín inicial, es la tercera vez que le suspenden las clases, son dos maestras y tres chicos.  

L.M.: Es que es brutal, yo al principio llevaba un registro, ahora ya no porque es imposible, es una situación catastrófica y sabemos muy bien que los casos que se evidencian en docentes, auxiliares y algunos pibes, no son todos los casos, porque la mayoría de los pibes son asintomáticos. Pero como dijo el Dr. Saccone en el bloque anterior, hubo informes públicos de la Asociación de Pediatría, ayer justamente estuvo el Presidente de la Asociación de Pediatría en la Legislatura, en la comisión de Salud, el Dr. Tabacco; él dijo que a mediados del año pasado hicieron un informe de lo que significaba la pandemia y de las medidas preventivas que había que tomar en las escuelas para que no hubiera contagios y fuera posible la presencialidad. Este informe no se atendió, se deformó porque se hizo promoción de una frase que ellos decían que era que los niños necesitan volver a la presencialidad. Eso ya lo sabemos. Quién mejor que nosotros los docentes para saber que la interacción entre pares es fundamental. Entonces lo volvieron a presentar en enero y las autoridades no escucharon. Y ahora, estamos a mediados de abril y las escuelas no fueron reacondicionadas como lo sugería el informe, que planteaba entre otras cosas buscar la ventilación cruzada, sumar baños, etc. Entonces hoy hubo reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura con tres funcionarios, por supuesto la ministra hace mucho que no aparece. Estos funcionarios hicieron un despliegue de power point con una cantidad de información muy pormenorizada de los problemas de repitencia que hay, de la cantidad de chicos con bajas notas en las escuelas a lo largo de los últimos años, un informe descontextualizado del drama que estamos viviendo. No lo podía creer. Este informe terminaba diciendo que para que estos chicos puedan aprobar la escuela, es necesario que vayan a clases presenciales. Se olvidó de decir qué pasa hoy en las escuelas, que están o con pocos alumnos, o con cierres intermitentes y con un agravamiento de contagios que hoy da un índice de 922 para las escuelas de Buenos Aires. La incidencia se mide cada cien mil habitantes durante los últimos catorce días, porque es el período en el que se presenta la enfermedad entonces se toma como referencia. Todos los organismos internacionales y la Asociación de pediatría y los indicadores epidemiológicos dicen que por más de 150 no hay que ir a la escuela. Nosotros estamos en 922. No sé si en algún lugar del mundo existe una ciudad que tenga ese riesgo epidemiológico y hoy tenga los pibes en la escuela, que solo en CABA significa 1.500.000 de personas en circulación, porque hay que sumar a los alumnos, los padres que los llevan, el personal auxiliar, el de comedor, etc. 

Entonces mañana (14/4) hacemos un paro, lo convocó Ademys pero se sumaron CAMYP y UTE. Es un paro que viene muy fuerte pero no puede ser un paro que no se escuche y no puede estar esperando el gobierno que sigamos con otro paro para dar respuesta. Lo que hoy pasó en la Legislatura fue una vergüenza, que se pretendiera hablar de que el gobierno está preocupado porque los chicos aprueben las materias, mientras se mueren docentes y hay casos de niños internados. Ayer murió un niño de diez años por paro cardíaco, que había tenido Covid hace 15 días y sabemos que están habiendo paros cardíacos posteriores a una supuesta recuperación de Covid. Esta es una enfermedad que no conocemos las secuelas que trae y evidentemente hay que tomar medidas para pasar a la virtualidad. Lamentablemente, como dijo mi compañera Corina de Soldati, los chicos siguen sin computadoras igual que el año pasado. Eso no se va a poder resolver.  

M.H.: Yo creo que también debería ser una actitud de los padres. Yo justamente lo estuve hablando con mi hija en relación al caso de mi nieto.  

L.M.: El gobierno de la Ciudad sacó un decreto en consonancia con un decreto que sacó el gobierno nacional el 12 de abril que para la Ciudad tiene el número 2021 que anula la dispensa para todo el personal de riesgo mayor de 60 años o con alguna enfermedad de riesgo y a las embarazadas si tuvieron una dosis de la vacuna. Esto es aberrante porque sabemos que las vacunas no son totalmente efectivas, que tienen un margen alto de efectividad pero que las personas de riesgo con una sola dosis tienen que seguir siendo cuidadas, es una criminalidad más que se va a pagar con vidas. 

M.H.: A eso me quería referir, ¿cómo es que se desviaron 17.000 vacunas de las 33.000 asignadas a los docentes de CABA? 

L.M.: No conocía este dato, pero es muy bajo la cantidad de docentes vacunados.  

M.H.: Creo que solo aplicaron 1.300. 

L.M.: El problema de la falta de vacunas es también para los auxiliares, los de comedor, los transportistas, es un problema gravísimo que se podría haber solucionado con las medidas que ya hablamos. Mañana en Marcelo T. de Alvear en la sede de la OMS a las 14:00 nos dimos cita todos los integrantes del FIT Unidad y convocamos a todos los que nos acompañan en nuestro reclamo para la liberación de las patentes, para que el Estado fabrique vacunas y se incauten las vacunas de Garín.  

Paritarias 

Con bombos y platillos el sindicato de la alimentación que dirige Rodolfo Daer anunciaba el 13 de abril un 9% de aumento salarial en carácter de reajuste del 2020. Con ese acuerdo los únicos que festejan son los patrones. Para eso veamos en detalle de dónde sale este 41% que ellos dicen haber conseguido frente a la inflación del 36,1% del año pasado. 

Los pequeños porcentajes que nos fueron dando se dieron a partir del mes de agosto (6 % agosto; 5 % en septiembre, 9% en octubre, 7 % en diciembre, 6% en enero y 3,5 % en marzo), no nos podemos olvidar que no hubo ajuste salarial en los meses de mayo, junio y julio solo una suma fija $6000 en carácter de ajuste, es decir, que la mayor parte del 2020 nuestro salario fue igual al del 2019. Sería incorrecto comparar este aumento del 41% que va de agosto del 2020 a junio del 2021 frente a la inflación del 36% del año pasado. 

Sin irnos más lejos en lo que va de este 2021 la inflación en enero fue del 4%, 3,6% en febrero y 4,8 en marzo. Y Si volvemos al 2019 vemos que el aumento anual que recibimos fue del 30% que finalizamos de cobrar recién en abril del 2020 frente a una inflación que cerró en un 53, 8%, o sea, que estos últimos años nuestras paritarias estuvieron por debajo de la inflación en los hechos y en los bolsillos de los trabajadores. 

Es una pérdida silenciosa que se intenta ocultar pero que si hilás fino encontrás la trampa, a eso hay que sumarle que muchos trabajadores con antigüedad y categorías más altas pasamos a formar parte de aquellos que nos descuentan Impuesto a las ganancias porque durante el 2020 no hubo actualización del mínimo no imponible. 

Lo que podemos asegurar en base a los datos es que los trabajadores alimenticios, al igual que la mayoría de los trabajadores del país, disminuyeron significativamente su poder de compra y, por lo tanto, también su nivel de vida. No podemos escapar de la realidad nacional donde el mismo Indec publicó que el 40% de la población se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza y el 10% de este 40% está por debajo de la línea de indigencia. 

Si tomamos como referencia hoy el salario básico de la alimentación (la categoría más baja) que es de $ 53.790 en neto ($ 42.494 en mano) no logra superar lo que el Indec define como línea de pobreza que ronda en unos $50.854. Ni hablar que este salario está muy lejos de la canasta de consumos mínimos (familia de 4 integrantes) que publicó su Junta interna del Indec que está valuada en $88.800. 

El viernes 9 se realizó el primer congreso de delegades de Cicop, gremio que nuclea a las y los profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Más de 120 delegados y delegadas de distintos hospitales y centros de salud manifestaron su descontento con la propuesta paritaria del gobierno. 

La oferta paritaria plantea un 36,3% de aumento, de forma escalonada en tres tramos (marzo, julio y septiembre). Mientras la paritaria debería haber sido en enero, pese a la demora de tres meses, no se plantea retroactivo. Este porcentaje, sólo contenta a la ya utópica estimación del 29% de inflación de Guzmán, cuando en los hechos ya nadie la estima por debajo del 50%. De hecho en los 3 primeros meses del año ya se ha acumulado casi un 12% (11,9) de inflación. 

Al momento de la votación, trasladando los mandatos y consultas en cada seccional, el 74% aceptó en disconformidad la propuesta paritaria. 

Los distintos sindicatos petroleros de todo el país resolvieron ir al paro por 24 horas desde el miércoles 14 a las 20:00 ante la falta de acuerdo en la discusión paritaria con las empresas. En Neuquén el paro se da en el contexto de los cortes de ruta de salud en Vaca Muerta. 

Los sindicatos exigen una recomposición salarial del 30 %, luego de haber visto perder el poder adquisitivo de sus salarios durante la pandemia. 

«Esta es la quinta vez que venimos a una reunión con las empresas y ya nos parece una falta de respeto esta dilación. Es así que en conjunto, todos los sindicatos del país, tanto de base como jerárquicos, hemos decidido iniciar una medida de fuerza a partir de esta noche y por 24 horas», señaló a la radio de Neuquén LU5 el secretario administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. 

Paro docente de 48 horas en universidades nacionales este jueves 15 y viernes 16 de abril en reclamo de una urgente recomposición salarial ante la pérdida acumulada frente a la inflación. La medida, que impulsa Conadu Histórica, consistirá en la suspensión total de actividades docentes, tanto presenciales como virtuales. 

Al igual que con el cese de actividades realizado el 6 y 7 de este mes, la Conadu Histórica reiterará su pedido de una inmediata convocatoria a la Mesa Nacional de Negociación Salarial, sin exclusiones, además de un incremento que compense lo perdido por inflación y supere las proyecciones para el presente período. 

Exigen además que se incorpore una retribución mensual en compensación por los gastos derivados de la virtualidad, que hasta la fecha son costeados por cada docente en casi todas las Universidades desde el inicio de la pandemia. 

A su vez, la Conadu Histórica ratifica su unánime rechazo al ofrecimiento del gobierno nacional, consistente en 8 cuotas extendidas entre abril de 2021 hasta febrero del 2022 (a cobrar en marzo), sin cláusula gatillo, y totalizando un falso 33% a esa fecha; en tanto que la inflación proyectada superará el 48%. Esto significa sumar una nueva pérdida salarial a la existente a la fecha, que supera el 20%. 

Entrevista a Luis Ticornia, Secretario General de Conadu (H) 

La oferta salarial para los docentes universitarios es una burla 

M.H.: Un paro de 48 horas, martes y miércoles, para exigir paritarias y recomposición salarial ¿qué nos podés comentar al respecto? 

L.T.: El motivo de ese paro del 6 y 7 de abril es el muy grave atraso salarial que tenemos la docencia universitaria, somos 150.000 docentes que dependemos del ministerio de Educación de la Nación, de las 57 universidades nacionales, estamos a marzo, con respecto al mismo mes del año pasado, con una pérdida salarial de más del 20%. La paritaria venció en febrero. Hasta ayer (7/4) no había ninguna reunión ni propuesta salarial. Eso motivó el paro. Y fue muy importante, tuvo mucha adhesión porque hay un enojo muy grande, la pérdida de más del 20% es de las más altas de cualquier escala salarial, incluso dentro del Estado, somos los más castigados.  

Denunciamos a su vez ayer una práctica desleal, una maniobra, una grosería de parte del ministerio de Educación de la Nación. El primer día de paro convocan a reunión paritaria, hasta ahí no había ninguna novedad, ese mismo día convocan a reunión para el día siguiente, segundo día del paro nuestro. Y dicen que como nosotros estamos de paro no podemos participar. Eso no se hace.  

M.H.: Esta situación fue denunciada en FM La Boca por Matías Eskenazi que es docente en la Universidad de Quilmes y en la de Concepción del Uruguay, que los habían marginado por el motivo del paro, de la negociación salarial de la paritaria con la gravedad que eso significa como antecedente. 

L.T.: Exactamente. Es ilegal, es violar un derecho constitucional que es el derecho a huelga, es flagrante en el sentido de que toman la decisión de poner la reunión paritaria el mismo día en el que ya estaba establecido el paro. De caso contrario, y en pos de generar un diálogo podría haberse pensado en modificar el paro, aunque es un tema porque todos tenemos derecho a hacer paro cuando queramos. Está claro que lo hicieron ese día para tener la excusa y dejarnos afuera. Es una actitud autoritaria de amedrentamiento, porque desde el punto de vista formal no tiene validez.  

Nosotros el lunes vamos a hacer una presentación en la justicia. No puede ser esto. Es más, en cualquier régimen salarial está la conciliación obligatoria, que incluso en muchos conflictos ni siquiera se acata, pero se puede acatar y el mismo ministerio negociar. Pero no, el propio ministerio pone a propósito la reunión en el día para poner eso de excusa y no convocarnos. Vamos a hacer la presentación, estamos haciendo la denuncia pública, no hay fecha de próxima paritaria. El ministerio hizo una propuesta en esa reunión, lamentablemente los otros gremios se presentaron y se prestaron a esto. La oferta es una burla, estamos con una pérdida del 20% y proponen 8 cuotas de un 5% donde la primera es en abril. Es una vergüenza, para terminar en febrero de 2022. El mismo ministerio de Educación acordó con la Ctera, la UBA y los otros gremios en la llamada Paritaria Nacional Docente del nivel primario y secundario 34,5% en tres cuotas, una en marzo, otra en julio y otra en septiembre con cláusula de revisión en septiembre.  

Uno diría, lógico, las elecciones son en octubre, la inflación no se sabe en qué va a terminar, se acuerda y en septiembre se revisa. Muchos afiliados pensaban que cuando nos llamaran nos iban a ofrecer esto como piso de discusión, porque el año pasado nosotros terminamos peor que los docentes de primario y secundario, tuvimos malas paritarias. Pero no, eso no es así, como primicia le cuento porque hace diez minutos acaba de resolver el plenario nacional de nuestra Federación un nuevo paro para jueves y viernes de la semana que viene, 15 y 16  porque la propuesta es claramente insatisfactoria, en repudio a la exclusión del día de ayer y en reclamo de que se reconstruya la paritaria y se revea la situación. 

M.H.: ¿Cuál es la situación del CBC? 

L.T.: Hay una denuncia que está realizando la AGD que estamos apoyando, hoy hicimos una acción porque se da el despido o no nombramiento de una cátedra de Economía del CBC que en la UBA se la llama por el nombre del profesor, en este caso la Cátedra Marchini donde incluso uno de los docentes es miembro de la Comisión Directiva de AGD. Estamos denunciando eso y reclamando al Rectorado que dicte el nombramiento de todas las cátedras. También hay conflicto en el Nacional Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini. 

M.H.: Te quería preguntar por eso, porque he leído información afirmando que es muy bajo el nivel de acatamiento al paro. 

L.T.: Para saber el nivel de acatamiento tendrían que tener acceso a las pantallas de internet de los docentes, porque las universidades están cerradas. Yo podría decir que vayan y filmen las aulas, que están cerradas. Usted me podría decir que bueno, las clases se dan por internet. Clarín no tiene ningún elemento para decir eso. Nosotros sí tenemos elementos porque las cátedras nos informan, tenemos contacto virtual con cada uno de los afiliados y a su vez, como somos docentes y sí tenemos acceso a las plataformas virtuales, podemos ver cuáles cátedras pusieron un cartel para avisar a los alumnos que no va a haber clases porque se adhieren al paro y ahí decimos con fundamento, que el paro fue importante. Ahora, está claro que en este tema de la virtualidad es más difícil hacer el relevamiento del paro. 

M.H.: ¿Querés agregar algo más? 

L.T.: En el Colegio Nacional Buenos Aires y en el Pellegrini tenemos problemas, son colegios que dependen de la Universidad, los llamados colegios pre universitarios; en Bahía Blanca y Tucumán los docentes están de paro rechazando la presencialidad porque no se han garantizado las mínimas condiciones sanitarias. Además, es muy complicado en algunos casos, por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, porque son edificios muy viejos entonces el problema de la ventilación es muy serio. Y la asociación gremial asociada a la nuestra informa que no están dadas las condiciones, no se puede garantizar la ventilación, ni los turnos. En esa condición de negligencia y dejadez por parte de las autoridades toman la decisión que hasta que no se resuelvan estas cuestiones las clases seguirán siendo virtuales. Eso queremos decirlo desde la Federación, hoy se resolvió en el plenario apoyar los reclamos que se están haciendo en la Universidad de Tucumán, la de Buenos Aires y la de Bahía Blanca. 

Más reclamos sindicales 

La Comisión Interna de Mondelez de la planta de Victoria, en el partido bonaerense de San Fernando, anunció el bloqueo de los portones de la planta ante la reducción de salarios que definió la patronal. «Los trabajadores vienen sufriendo la falta de empatía y hostigamiento desde comienzos de la pandemia: el traslado encubierto a través de suspensiones, techos paritarios, bonos de fin de año y persecución sindical a los delegados. En esta ocasión Mondelez le quitó el 10%, el 30% y hasta el 50% del salario a los trabajadores. Existe una intencionalidad repetida ante la mala liquidación, mostrando su insensibilidad en un contexto del país donde se necesitan restringir las medidas sanitarias debido a la segunda ola del Covid- 19», denuncian los trabajadores en lucha, que llaman a «la solidaridad de las organizaciones sindicales, sociales y de la comunidad para parar las políticas de ajuste del monopolio norteamericano», un gigante alimenticio que en el país produce alimentos muy conocidos como Mantecol, Beldent, Halls, Bazooka, Lenguetazo, Chocolate Milka y Caramelos Media Hora, entre otros. Su dueño, Warren Buffet, es uno de los cinco hombres más ricos del mundo. 

Trabajadores ferroviarios tercerizados denuncian su situación de precarización laboral. Explican que se encuentran encuadrados bajo un convenio ajeno al de la Unión Ferroviaria, percibiendo salarios distintos a los enmarcados en su actividad. 

En diálogo con ANRed, Yamil trabajador ferroviario explicó: «en la asamblea acordamos algunas medidas y ahora estamos proyectando marchar con una columna de trabajadores tercerizados en contra de la precarización laboral para el 17 de abril, estamos acordando cómo organizarla. Mientras tanto, acompañamos a los compañeros que sufrieron descuentos exorbitantes en sus sueldos, descuentos que rondan entre los 6.000 y 3.000 pesos, es decir, descontaron más de lo que vale un día de trabajo, supuestamente por movilizarse 3 horas en el hall, cuando ficharon y se presentaron a sus puestos de trabajo.  Estamos planeando una medida de fuerza, siempre tratando de no perjudicar a los usuarios». 

Y agregó: «no hemos recibido respuestas de la gerencia. Hemos enviado los respectivos comunicados para ver si se abría alguna mesa de negociación, no ha sucedido. Lo que pedimos nosotros es el pase a planta permanente. Los puestos de trabajo ya los estamos ocupando, no es que tiene que abrir puestos nuevos, sino pedimos que los formalicen, que nuestros sueldos vayan directamente a nuestras cajas de ahorro y no a una empresa tercerizada que genera descuentos y nos reduce un 50% de nuestro sueldo. Deberíamos percibir alrededor de 60.000 pesos y recibimos 30.000 o 40.000 pesos, según la cantidad de horas que haga el compañero. Trenes Argentinos, empresa estatal, deposita el sueldo correspondiente por cada uno de nosotros, pero al llegar a MCM Security, ahí comienzan los descuentos y terminamos percibiendo mucho menos que lo que nos depositó la empresa». 

Los trabajadores tercerizados intentarán lograr una Mesa de diálogo con las autoridades competentes para exigir que correspondan a sus reclamos. 

Un centenar y medio de trabajadores participaron de una asamblea nacional convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). Allí decidieron dar comienzo a un plan de lucha que comienza el miércoles 14 con un cese de tareas de dos horas que se sostendrá con asambleas en los medios gráficos, de televisión y radios de todo el país. El motivo principal es el salario.  

Durante 2020 el aumento salarial acumulado en dos negociaciones semestrales llegó a alrededor de un 30% quedando más de seis puntos por detrás de la inflación anual y sumando un 4,5% a la caída del salario real.  

Ante el reclamo de una recomposición hacia atrás y un incremento que garantice superar la inflación pautada para el 2021 la parte empresaria ofreció apenas un 13% para el primer semestre del año paritario que, por el contrario, profundizaría la pérdida del poder adquisitivo incluso si se cumpliera con el dudoso pronóstico del 29% que establece el Presupuesto Nacional. 

El reclamo que los unifica pasa por garantizar un salario por encima de la línea de pobreza hoy fijada en casi $60.000. Se trata de unos $15.000 más de lo que establecen, hoy, los convenios para la categoría testigo de redactor. 

En la asamblea también se pusieron de relieve otros reclamos como el pago del plus por zona desfavorable a trabajadores de la Patagonia norte tal como rige en otras actividades en virtud del costo de vida que existe en esas provincias. También estuvieron presentes los reclamos frente a la pandemia como es el pedido de vacunas, el cumplimiento de los protocolos, el pago del transporte por parte de las patronales, el derecho de los trabajadores a rechazar notas que los expongan al contagio y el cumplimiento de la Ley 27.555 de teletrabajo. 

Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, el SiPreBA, que participará de la medida general, sostiene el reclamo de reconocimiento de su representación y el desconocimiento de lo dispuesto por la última paritaria sectorial firmada por la Utpba que, además de implicar un fuerte retroceso salarial, violentó el período paritario vigente desde 2012 cuando se recuperaron las negociaciones colectivas a partir de la acción de los delegados de base de los medios que resultó en la fundación del propio SiPreBA. 

Se profundiza el conflicto gremial en la Fábrica Militar Río Tercero a partir de la falta de respuestas a las demandas laborales y reclamos de reincorporación de los operarios despedidos durante el macrismo. En ese contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) ha dispuesto Paro y Movilización al Nudo Interfábricas el lunes 12 de abril. La concentración se produjo a las 8:00 en la Portería Nº 2. 

La medida se resolvió en la asamblea llevada a cabo la semana pasada y se fundamenta en el reclamo por la reapertura de la mesa de negociación para el Convenio Colectivo propio, la reincorporación de los despedidos de la Era Macri y resolución de la reapertura de la paritaria porque los salarios quedaron muy por debajo de la inflación. 

También se reclama un plan productivo con inversiones reales, ya que los compañeros y compañeras consideran que los anuncios de los funcionarios no se condicen con la realidad que impera dentro de la fábrica: Las plantas químicas están totalmente paradas al no contar con insumos ni mantenimiento adecuado, por la falta de compañeros y compañeras que fueron despedidos y nunca se reemplazaron. 

La movilización al nudo de fábricas, confluye en la intersección de las tres fábricas: Petroquímica, Atanor y Fábrica Militar.  En declaraciones formuladas a la prensa recientemente, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Río Tercero, Damián Albornoz, señaló que “las jornadas de lucha la planteamos hace mucho tiempo atrás. Nosotros desde que asumieron la gestión las nuevas autoridades de Fabricaciones Militares a cargo de Iván Durigón por marzo de 2020, ya le habíamos acercado una serie de reclamos que pretendíamos empezar a resolver”. 

El dirigente estatal dijo que “lo que buscamos es fundamentalmente profundizar un proceso de reincorporación sistemática de personal para poner en valor los sectores que se encargan de la producción y del área de servicio y mantenimiento, porque el Macrismo no solo nos despedía, también hacía que los sectores que estaban abiertos no podían seguir funcionando”. 

“Hemos perdido en los últimos seis años el 100 % del poder adquisitivo de nuestro salario, porque todas las paritarias de la Administración Pública a nivel nacional se cerraron por debajo de la inflación, por lo cual el impacto que tuvo en nuestro salario es terrible”, redondeó Albornoz. 

Fuentes: Agencia de Noticias CTA Autónoma de Córdoba, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, APU, Clarín, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, radiografica.org.ar, FM La Boca (90.1) 

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