Según el último informe elaborado por la consultora Ecolatina: «La contracción de 2,7% en nuestro PBI per cápita nos posiciona en el séptimo país con peor performance económica en el mundo de acuerdo a las proyecciones del FMI solo superados por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía». «El dato de marzo sorprendió negativamente al […]
Según el último informe elaborado por la consultora Ecolatina: «La contracción de 2,7% en nuestro PBI per cápita nos posiciona en el séptimo país con peor performance económica en el mundo de acuerdo a las proyecciones del FMI solo superados por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía».
«El dato de marzo sorprendió negativamente al punto tal de obligarnos a ajustar nuestra proyección de crecimiento para el año. El ajuste de 0,3 puntos porcentuales implicó pasar de una contracción de 1,4% en el promedio del año a una de 1,7%. El dato es aún más desalentador si se calcula en términos per cápita, en este caso la caída sería de 2,7%, dejándonos prácticamente en el mismo nivel de vida que el de una década atrás», advirtió.
En tanto, para los próximos años y de cara al próximo ciclo presidencial, proyectó que la performance económica dependerá «de la capacidad del gobierno electo de disipar las dudas respecto al repago de la deuda pública». En esa línea, indicó que el actual esquema de pagos con el FMI establece que Argentina debería pagar U$S 52.000 millones entre 2021 y 2023 y se descuenta que el país no podrá recurrir al mercado para tomar deuda en esa magnitud.
Paralelamente, el Banco Central (BCRA) publicó este martes su informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del mes de junio. Allí se consigna que, a pesar de una relativa calma cambiaria, la fuga de capitales se mantuvo en niveles muy preocupantes.
Durante el mes, la salida neta de divisas fue de U$S 1.349 millones y acumula U$S 10.881 millones en el primer semestre de 2019. De esta forma, superó en apenas un semestre la marca alcanzada a lo largo de todo el año pasado.
Desde la llegada de Mauricio Macri en 2015, ya se fugaron del sistema financiero local U$S 72.234 millones . Esto representa el equivalente al 60% de la deuda emitida por Cambiemos. En 2016 se fugaron U$S 27.000 millones, mientras que al año siguiente la fuga llegó a los U$S 22.000 millones. En 2018, se fugaron del sistema U$S 9.900 millones de dólares y este año, la cifra parece conducir a una salida récord.
Un informe del Ministerio de Producción y Trabajo proyecta que «en el segundo trimestre la economía volvería a crecer después de cinco períodos de bajas entre trimestres». Partiendo de abril del año pasado, arroja 15 meses consecutivos con la economía en caída libre.
La caída promedio del consumo masivo fue del 8% durante el primer semestre del año. De enero a junio las ventas se replegaron un 30% en el llamado comercio de cercanía, 10% en híper y supermercados y el 7% en autoservicios.
A nivel productos, sobresalen el 13% en congelados, 12% en lácteos y 11% en bebidas. Cuidado del hogar 9% y cuidado personal 4%, siempre con signo negativo.
Entre las capas sociales, a la clase baja inferior le toca un 12% menos; el 7% a la baja superior (entre ambas representan el 50% de la población), otro 7% a las media alta y alta y un 9% a la media típica.
Casi 20 puntos porcentuales es la ventaja que la inflación le sacó al salario promedio en los últimos doce meses. El poder de compra de las familias marca una caída del 11% durante el primer semestre.
Visto el cuadro, se comprende por qué el Gobierno volvió a ampliar la cantidad de bienes incluida en el plan Ahora 12. En apenas 10 días (entre el 26/6 y el 5/7), volcó $ 30.000 millones para la compra en cuotas a tasas subsidiadas de electrodomésticos, indumentaria, calzado, turismo y motos, entre otros bienes. Amplió plazos de 3 a 18 cuotas y recortó las tasas del 45% al 20% anual. Lo mismo vale para la prórroga a agosto, quizás hasta septiembre, del programa de subsidios para la compra de autos 0km. Julio contra junio los patentamientos crecieron 38,6%, aunque si la medida es julio 2018 caen 26,4%.
Junto a los créditos para jubilados bancarios por la ANSeS (se otorgaron más de 2,5 millones), el relanzamiento del Procrear y el programa Precios Esenciales, que contempla 64 productos básicos a precios congelados, el paquete busca levantar la demanda, beneficiando a sectores de menores ingresos en una movida con aroma electoral.
Al respecto, la verdadera clave anida en el Conurbano, en particular en los 8,9 millones de electores concentrados en la tercera sección electoral (La Matanza, Alte. Brown, Esteban Echeverría, Lanús y Quilmes). Y la primera (Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, San Fernando y Vte. López). Casi un voto de cada tres está allí, donde cae la pesada crisis económica.
Según el INDEC:
+ La pobreza anotó un 35,9% durante el segundo semestre del año pasado, casi cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional, lo cual significa 4,4 millones de pobres, el 49% de todo el país.
+ De los 1.338.000 desocupados que hay en Argentina, el 53% vive en el Conurbano. Si se agregan los subocupados, ya estamos hablando de cerca de un millón y medio de habitantes con problemas laborales serios.
+ Entre abril de 2018 y abril de 2019, las ventas en supermercados crecieron allí 42,6% en valores corrientes, trece puntos porcentuales menos que la inflación del mismo período. El promedio nacional registró un 45,6%.
+ Entre los mismos meses las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar bajaron un 12%, más que duplicando la caída del 5% que anotó el promedio general.
Recordaron la masacre de Moreno
A las 8:06, frente a la Escuela Nº49 retumba una sirena. A esa hora, pero un año atrás, las consecuencias de la desidia estatal se evidenciaban fatalmente: la escuela explotó cobrándose la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, quienes preparaban el desayuno para sus pibes y pibas. La explosión fue provocada por un escape de gas que había sido denunciado ante el Consejo Escolar del distrito en reiteradas oportunidades sin que se obtuviera respuesta.
El viernes, al cumplirse un año de la explosión, una marcha de miles de personas recorrió las calles de Moreno. La movilización comenzó temprano en la escuela de Sandra y Rubén para finalizar por la tarde con un festival frente al Consejo Escolar del que participaron varios artistas. Allí se leyó un documento acordado por la comunidad educativa en el que se señaló que las personas responsables del crimen siguen aún impunes: «Moreno ya no tolera la indiferencia, queremos que se haga justicia. La fiscal Gabriela Urrutia sólo ha imputado al gasista, al ex interventor Sebastián Nasif, al secretario técnico del Consejo y algunos consejeros escolares; pero todos acá sabemos que los responsables políticos de estas muertes, los que decidieron la intervención de Nasif, los que deben hacerse cargo del estado de indignidad en que estaban nuestras escuelas, son la Gobernadora Vidal, el Director de Escuelas, Sánchez Zinny y el Director de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario. Por eso, seguiremos denunciándolos hasta encontrar justicia».
El pedido de justicia por Sandra y Rubén es también el reclamo por condiciones dignas y de seguridad en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país. En 2018, tras realizar un relevamiento, el sindicato docente SUTEBA afirmó que cerca de 800 escuelas tuvieron que suspender sus clases por falta de suministro de gas e instalaciones eléctricas deficientes.
Posteriormente, relevó un informe en mayo sobre la infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Según estos datos:
-Las instalaciones eléctricas no soportan la demanda de los artefactos para calefaccionar en casi la mitad de las escuelas. En un 58,82% de las instituciones, la estructura eléctrica es inadecuada.
-Más de la cuarta parte de las escuelas no cuenta con provisión constante de agua potable, condición fundamental para la vida y la salud.
-En tres de cada cuatro escuelas la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires, no realiza el mantenimiento edilicio necesario. Esto abarca las instalaciones eléctrica y de gas, la red cloacal, el análisis del agua, limpieza de tanques, los techos y estructura edilicia.
-Un 51,20% de las escuelas (más de la mitad), no tienen todos sus baños en buen funcionamiento. Esto abarca cantidad y capacidad.
-El 44% de las escuelas no cuentan con equipamiento tecnológico para el aprendizaje del alumnado lo cual afecta la equidad en el acceso al conocimiento.
-El 55,8% de las y los docentes considera que el estado edilicio de las escuelas en las que trabajan representa un problema cotidiano.
Silvia Almazán, secretaria general adjunta del SUTEBA, aseveró que en este invierno se corroboró que en 20 distritos bonaerenses había 417 escuelas afectadas por problemas con el gas y, en consecuencia, más de 200.000 alumnas y alumnos perjudicados.
Al atardecer en la zona del Congreso Nacional se realizó una masiva Marcha de Antorchas del gremio de docentes, junto a estudiantes, organizaciones sociales y políticas para luego marchar hasta la Casa de la Provincia frente a un numeroso cordón policial con su equipo «antidisturbios» en un despliegue amenazante.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), había programado para el jueves 1º de agosto el estreno del documental «Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno» en el cine Gaumont, pero a tres días de la proyección le comunicó a los realizadores que el film se bajaba de la programación. El argumento para no proyectar la película que hace eje en la explosión de la escuela 49 de Moreno, que le costó la vida a dos trabajadores hace casi un año, fue que la obra no había sido realizada con financiación oficial. La decisión fue repudiada por documentalistas, familiares de las víctimas y por diversos gremios docentes.
Tanto los realizadores de la película como Documentalistas Argentinos (DOCA) decidieron mantener el compromiso de estreno tal como estaba previsto, convocando al público a concurrir a una proyección pública y gratuita en la vereda del cine el jueves a las 20:00.
Apps: fuera de la ley nada
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo de Andrés Gallardo, ordenó suspender la actividad de las empresas de deliverys Rappi, Glovo y PedidosYA que funcionan mediante apps. A partir del viernes no podrán realizar envíos en la Ciudad de Buenos Aires y habrá sanciones desde 10.000 pesos y decomiso de mercadería a cargo de Bromatología por cada infracción que se detecte.
Las empresas vienen siendo denunciadas por la precariedad y el no reconocimiento como trabajadores a su personal. Los y las jóvenes que trasladan y entregan los pedidos lo hacen en bicicletas y motocicletas, a veces sin los mínimos requerimientos de seguridad. Un repartidor de 63 años fue arrollado por un vehículo.
Ante el incumplimiento empresarial desde hace más de siete meses para regularizar al personal, el magistrado ordenó parar toda actividad y estableció dos días de plazo para que se haga la entrega de un listado de todo el plantel laboral, así como una constancia de haber entregado a la totalidad del personal los implementos de seguridad vial exigidos por ley (casco, indumentaria para visualización nocturna, fijación de caja en rodado) y que los costos no sean cobrados a los trabajadores bajo ningún concepto. También se exige la acreditación de la Libreta sanitaria vigente, junto con constancias de regularidad laboral y cobertura de seguros y ART.
La solicitud de la resolución cautelar estuvo a cargo de la Asociación de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) y tiene por objetivo que las empresas regularicen las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente. Los objetivos: impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores; prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos y prevenir y evitar la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos.
En mayo la AFIP notificó a Uber que adeudaba $ 359 millones por impuestos y cargas sociales impagas.
Uber es el símbolo de una generación de empresas tecnológicas que se califican como «intermediarias» entre los que ofrecen y contratan servicios en rubros como hotelería, transporte y delivery, entre otros. Como en otras partes del mundo, su irrupción en Argentina generó controversias sobre aspectos normativos, impositivos y laborales.
La AFIP elabora una norma específica para cobrarle impuestos y cargas sociales por los monotributistas que hoy operan en empresas como Uber, Rappi, PedidosYa y Glovo, entre otras. El objetivo es modernizar el marco regulatorio y tributario para esas tecnológicas, tal como aconteció con las de «servicios digitales», tipo Netflix y Spotify.
El ente reclama a Uber $ 147,4 millones en concepto de Ganancias y $ 211,3 millones por impuestos a la seguridad social por los choferes, a los que considera empleados en relación de dependencia de la firma. Según la AFIP, la deuda corresponde a los períodos 2016 y 2017, es decir, el primer año de Uber en el país. El Gobierno hizo público el reclamo a través del Boletín Oficial.
El cálculo de los impuestos impagos surge de las comisiones que les cobra Uber a sus conductores (25%) y las cargas sociales correspondientes. AFIP sostiene que son 16.000, dato corroborado por la Anses a través de las declaraciones del monotributo. Esa es una de las exigencias que pone Uber para habilitar a un chofer. «Un monotributista puede ser un empleado con relación de dependencia encubierta, eso se puede comprobar con las facturas que emiten los choferes», dicen en la AFIP.
Hoy la plataforma tiene 55.000 conductores activos, es decir, que realizaron al menos un viaje en los últimos tres meses. Del total, el 40% lo tiene como su única fuente de ingresos. La compañía dice que todos son trabajadores independientes, simples usuarios de la plataforma. Los considera «socios conductores». Pero la AFIP piensa distinto. En el ente recaudador sostienen que muchos de esos monotributistas son empleados encubiertos. «El pago de monotributo no elimina necesariamente la relación de dependencia ni exime a la empresa de hacer los aportes correspondientes», explica un experto en temas tributarios de la AFIP.
Sobre el pago de Ganancias, Uber aduce que se efectúa en Holanda, donde está su domicilio comercial, y que hacerlo en el país «es doble tributación».
En Argentina pagan las cargas sociales de los 85 empleados de su oficina y el IVA, subraya Felipe Fernández Aramburu, el gerente de desarrollos de negocios de Uber en el país. La AFIP rechaza esos argumentos y exige que Uber tribute como cualquier empresa de transporte. «Entre un auto de Uber y un taxi no hay diferencias. Incluso los viajes hasta 100 kilómetros no pagan IVA», explicó un funcionario del ente recaudador. Al mismo tiempo, aclaró que Cabify (la mayor rival de Uber) está en regla ya que esta compañía se dio el alta como una empresa de transporte.
Glovo, Rappi y PedidosYa trabajan con un ejército de ciclistas y motoqueros monotributistas que cobran por viaje realizado y deben pagar por todo el equipamiento: mochila y cargador para el celular ($ 800) y el casco, en forma opcional. Además deben contar con una bicicleta o moto. Todas las empresas del sector también están en la mira dela AFIP.
Glovo explicó que en su primer año en la Argentina procesó 2 millones de pedidos, tiene 2.500 comercios adheridos y 6.000 glovers activos diariamente. Rappi nació en 2015 y opera en las mismas condiciones.
Creada en 2009, PedidosYa, en sus inicios empleaba a sus repartidores, se hacía cargo de las cargas sociales y demás beneficios (aguinaldo, vacaciones y obra social). En febrero de este año despidió a 401 empleados (112 trabajadores y 289 cadetes), para aplicar las condiciones laborales precarizadas de sus colegas.
El último relevamiento del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) refleja parcialmente el ascenso de la «uberización». Catalogados como «subempleos inestables» (changas o trabajos temporarios), en la actualidad representan el 18,6% de la población económicamente activa. «En esta categorización hay varias dimensiones: si participan del sistema de seguridad social, si hacen los aportes y si tienen un trabajo continuo», comenta Eduardo Donza, investigador de la UCA y autor del informe. Sin embargo, el experto remarca que hay rasgos indisimulables: «Son empleos intermitentes, de extensión corta y de baja retribución».
La diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, presentó un Proyecto para proteger a las y los trabajadores «de uno de los rubros laborales más degradados».
El Proyecto establece una serie de medidas como prohibir que las empresas publiciten un servicio veloz de entrega a costa de poner en riesgo la vida de los trabajadores; las suspensiones y castigos por incumplir estándares que ponen en riesgo su vida o salud; y la carga de un peso excesivo sobre sus espaldas. También obliga a las empresas a reconocer plenamente la relación de dependencia (golpeando el generalizado régimen monotributista en el rubro); establece un régimen de licencias y condiciones de infraestructura para cubrir necesidades básicas durante la jornada laboral; dispone el incremento del cobro por entrega y un sueldo básico independiente del mismo y, entre otras medidas, sanciones para las empresas. Se crea asimismo una Comisión de Control y Seguimiento de la Ley, integrada en un 70% por representantes electos de los trabajadores de reparto y en un 30% por funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación.
7 de Agosto Marcha de San Cayetano a Congreso
* Prórroga por 4 años de la Emergencia Social
* Emergencia Alimentaria *Infraestructura Social *Agricultura Familiar *Emergencia en Adicciones
* Emergencia en Violencia de Género
* Presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares
* Inclusión al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
Bajo el lema «Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: la pobreza no puede esperar», organizaciones sociales volvieron a manifestarse el jueves pasado con una olla popular en el Obelisco para exigir al Gobierno por medidas para combatir al hambre en Argentina. «Mostramos nuestras ollas y platos vacíos, mostramos una realidad que crece día a día, y que a las organizaciones nos desborda», sostiene un comunicado de la organización Barrios de Pie.
El miércoles, el centro porteño también fue el escenario de un «polentazo» organizado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán.
Despidos, suspensiones y cierres
Las alimenticias Knorr y Hellman´s, de Unilever, les comunicaron a los trabajadores que planean ofrecer «a los empleados de bajo rendimiento» un plan de retiros voluntarios. La noticia cayó por sorpresa en los trabajadores y desde el Sindicato de la Alimentación alertaron por la posibilidad de despidos.
A pocas semanas del cierre de la planta que tenía emplazada en Mar del Plata, Zanella confirmó también el cese de la actividad de la que funcionaba en Cruz del Eje, Córdoba. Por la determinación empresarial son 40 familias las que se quedaron sin trabajo.
La demanda de motos venía muy golpeada y no se recuperan. El Gobierno anunció un plan para la compra de motos 0 km de «producción nacional» de hasta $ 120.000 con Ahora12 y hasta en 18 cuotas sin interés.
Lino Stefanuto, titular de la Cámara que ensamblan en el país (CAFAM), dijo que desde el relanzamiento del programa «hubo mucha gente preguntando pero pocas operaciones». Los patentamientos en mayo cayeron 54% interanual y en junio, más del 20%.
Ante una deuda millonaria de casi U$S 1.000 millones, Arcor refinancia vencimientos y genera incertidumbre en los trabajadores . De hecho, el gremio ya está en estado de alerta por la posibilidad de despidos.
Desde inicios de julio los trabajadores de la fábrica de Mielcitas y los gráficos de la fábrica de tintas Belcar están ocupando las plantas en reclamo de salarios adeudados y en defensa de los puestos de trabajo.
En ambos casos los trabajadores desmienten a las patronales, ya que los pedidos de clientes no cesaron nunca hasta que los empleadores se fueron negando sistemáticamente a recibirlos. «Fue algo planificado, preparado», sentencia un trabajador.
El miércoles pasado los ceramistas neuquinos junto a organizaciones sociales protagonizaron una jornada de lucha con tres marchas en simultáneo que confluyeron en Casa de Gobierno en reclamo por trabajo genuino, obras públicas y viviendas.
Desde el Sindicato Ceramista, Andrés Blanco destacó la importancia de la jornada de lucha protagonizada en común con organizaciones sociales porque es parte de «retomar esa tradición de unidad entre ocupados y desocupados» en un contexto donde se han perdido fuentes de trabajo con una «política económica que cada vez golpea más duramente al bolsillo del pueblo trabajador».
En la movilización las tres fábricas ceramistas confluyeron con las organizaciones sociales en el reclamo de «reactivación de la obra pública, que la mano de obra surja de las organizaciones que están exigiendo trabajo genuino y de esta manera dar impulso al desarrollo de la industria ceramista bajo gestión obrera». Junto con esto exigieron la finalización del trámite expropiatorio de la Cerámica Stefani de Cutral Có y no al remate de la Cerámica Neuquén.
Desde la Cerámica Neuquén a través de un comunicado denunciaron que el Gobierno dice que viene colaborando pero que no han hecho nada respecto de la amenaza de remate y el corte de gas. «La patronal en su momento tenía créditos millonarios para producir o subsidios en la electricidad y el gas, beneficios que nosotros no tenemos, por eso creemos que tienen que actuar para que no caigan más puestos de trabajo en la provincia de Vaca Muerta donde las multinacionales petroleras son subsidiadas llevándose ganancias extraordinarias. Queremos igualdad de condiciones».
Por la caída de la demanda, Cerámica Santiago despidió una docena de trabajadores. La firma recortó la producción los fines de semana y los feriados.
Los directivos de la fábrica Dino Mattioli, radicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza, dedicada a la producción de autopartes, anunciaron el cierre de la firma. Tras la decisión, 40 operarios metalúrgicos quedarán en la calle.
«Nos dijeron que no iba a haber más trabajo y que hagamos lo que queramos con la empresa. Subastar las máquinas o formar una cooperativa». Además, les adeudan 3 quincenas de sueldo.
Consultado Hugo Melo, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la Matanza, expresó: «hay muchas firmas complicadas, como la autopartista Sabo de Lomas del Mirador, donde los trabajadores señalan que la producción se redujo en un 70%».
El cierre de Dino Mattioli se suma a la crisis que atraviesan otras empresas del sector, cómo Clapp en Brandsen o Montich en Córdoba. De acuerdo a los datos aportados por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), solo en el primer semestre de 2019, las ventas en dólares cayeron un 21,1 %.
La autopartista Clapp, ex PSA Peugeot, en el pueblo de Jeppener, en el partido bonaerense de Brandsen, no abrió las puertas para el ingreso de sus 40 operarios y luego de algunas horas de espera les acercó un ofrecimiento de pago de indemnizaciones para encarar el cierre. En el sobre cerrado que les entregaron a los constaba la propuesta del pago del 50% de indemnización al contado y el resto en 18 cuotas.
La firma Toyota paralizó su planta de Zárate hasta el lunes 5 de agosto, suspendió a sus más de 5.000 empleados y creará un banco de horas para que las recuperen los sábados cuando crezca la demanda. Además ralentizará la producción.
La medida de la firma japonesa tendrá su correlato en el inicio de la reforma laboral de hecho ya que los operarios cobrarán su salario sin rebaja mientras estén suspendidos y como contrapartida la gerencia creará el tan discutido banco de horas, por medio del cual recuperarán esas horas no trabajadas los días sábados una vez que se reactive el consumo.
El banco de horas es una de las iniciativas más resistidas de todas las propuestas en el borrador de reforma laboral que el Gobierno Nacional hizo llegar al Senado en 2017. Ahora, de hecho, vuelve a instalarse como una realidad en el mercado de trabajo.
La totalidad de los trabajadores que fueron despedidos el 16 de mayo llevan más de 40 días de acampe fuera de la planta Bio Ramallo, ubicada en el Parque Industrial Comirsa del partido de Ramallo. La empresa no respetó la conciliación obligatoria y no dejó ingresar a los empleados que con la presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, a través del subcomisario Cristian Ponce -oficiando de portero- notificó la imposibilidad de acceso el 13 de junio a los trabajadores enrolados en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR). El jueves existió una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Nación. Ante la inacción y violación por parte de la empresa de los pasados veinte días de Conciliación Obligatoria, se resolvió extender el plazo una semana más. La Secretaría pretende sentarse con el dueño de la empresa, que ha estado ausente en las audiencias. Los trabajadores seguirán resistiendo y SOER no descarta medidas de fuerza regional y nacional en caso de no arribar a una solución que en principio es tener a los 28 trabajadores dentro de la planta.
Por primera vez en la historia reciente y con reminiscencias a los oscuros tiempos de la última dictadura cívico-militar , el Concejo Deliberante de Ramallo, acompañado por la Casa de la Memoria de esa localidad, presentaron un Hábeas Corpus para resguardar la vida de trabajadores.
Según relataron, los empleados que sostienen un acampe desde hace días en el que transcurrieron «sucesivos operativos represivos que se han dado inclusive en horas nocturnas, en coincidencia con apagones selectivos en la zona y la presencia de cientos de efectivos».
Quien da las órdenes, el fiscal de San Nicolás, Julio Tanús, no brinda las garantías suficientes y por ello se vieron en la necesidad de presentar el Hábeas Corpus.
La fábrica de aceites Legitimo confirmó el cierre de su planta de Valentín Alsina, partido de Lanús, lo que implica el fin de 195 puestos de trabajo. La decisión se comunicó el martes pasado a través de un posteo en la página web de la empresa, justificándola por la «crisis del sector».
Continúa el conflicto por el despido de doce trabajadores en Tecnomyl, motivo por el cual se realizó una marcha de los trabajadores del Sindicato de Químicos y Petroquímicos que partió desde la Plaza de Las Américas hasta el Ministerio de Trabajo de la Provincia en busca de respuestas.
La empresa propuso días atrás revisar junto a supervisores y representantes sindicales, los legajos de los despedidos para rever la situación y reincorporarlos, sin embargo no se presentó a la reunión pactada para el miércoles 31 de julio en el Ministerio de Trabajo.
En los últimos 4 años cerraron 33.000 kioscos en todo el país, según informó la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. De los 120.000 kioscos que había en 2015, hoy quedan 87.000, lo que significa una caída del 28 %. Estiman que se perdieron al menos 33.000 puestos de trabajo, si se tiene en cuenta que en cada kiosco trabaja al menos una persona.
A principios de este año Coca Cola fue noticia cuando presentó un escandaloso Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para justificar despidos en su planta de Pompeya.
Este PPC fue rechazado por el gobierno, ya que fue imposible justificar que la empresa multinacional tenga crisis. Pero el plan de ajuste continuó, la Secretaría de Trabajo y la empresa, con el aval del sindicato, hicieron un acuerdo para despedir 32 trabajadores. Estos nuevos despidos se dieron en el marco de que los trabajadores ya venían organizándose junto a la Comisión de Mujeres, enfrentando los despidos producidos en 2018. Ahora los trabajadores conquistaron 6 reincorporaciones.
Este importante avance en la lucha de los trabajadores despedidos se trata todavía de un triunfo parcial. Los compañeros plantean que la lucha continúa por la reinstalación efectiva de Cristian Durán, que ya cuenta con fallo a favor, y de los compañeros de las plantas Alcorta y Parral que continúan luchando por su reincorporación.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC-CTA-A), logró la reincorporación de los trabajadores despedidos por la empresa constructora Vezzato, luego que los mismos intentaran llevar adelante la representación de los derechos de los trabajadores del sector.
En el marco de un conflicto de cuatro meses por 47 despidos, el Laboratorio Craveri acató un fallo judicial que ordenó que los delegados retornen a sus puestos de trabajo.
Con este paso adelante se abre una nueva etapa en la lucha por la reincorporación de la totalidad de los despedidos, que han sostenido durante cuatro meses el acampe en la calle, día y noche, bajo el frío y la lluvia.
Por su parte, desde ATSA Buenos Aires se celebró la decisión judicial mediante un comunicado en el que afirmó que «a pesar de los intentos de Juan Craveri por prohibir el trabajo sindical dentro de su empresa, hemos logrado mantener firme nuestra organización para continuar defendiendo los derechos de nuestros compañeros/as».
Luego de 8 meses de lucha, y de dos sentencias judiciales en su favor, fue reincorporada a sus tareas la delegada de Siam, Alejandra Vercellino. Es candidata a intendenta de Lanús por el Frente de Izquierda-Unidad.
Salarios y Empleo
Los trabajadores de la cadena de supermercados Emilio Luque comenzaron desde el 29 de julio un paro total y por tiempo indeterminado, ante la falta de acuerdo con los directivos de la firma para garantizar el cobro de los salarios atrasados de junio.
Los empleados reclaman, además, el pago de los aportes sociales y laborales que no les depositaron. «Además, no tenemos garantías de la continuidad laboral», dijo Miguel Zelaya, delegado y vocero de los trabajadores. La cadena cuenta con 1.200 trabajadores que se desempeñan en los locales de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Ante la falta de aumento salarial y las pésimas condiciones de trabajo dispuestas por el Directorio, las trabajadoras y los trabajadores de Télam resolvieron por unanimidad y en asamblea realizar un estricto «trabajo a reglamento» desde la hora 0:00 del lunes 5 de agosto y hasta las 24:00 del domingo 11, como forma de protesta frente al gobierno.
En un comunicado de prensa, la CGI señala que: «Las descalificaciones de las autoridades de la agencia pública no son casuales, son un intento desesperado de esconder sus incapacidades de gestión bajo la falda del Gobierno nacional que hoy agita campañas de difamación contra las organizaciones sindicales.
Sus comunicados nos señalan como «una patota que pretende apropiarse de la agencia de todos los argentinos». Claro que defendemos la agencia pública con vehemencia, no hay duda, tanta que lo hacemos a pesar de los siderales descuentos salariales que ilegalmente nos aplican cuando ejercemos la huelga, a pesar de la persecución penal que promueve el gobierno contra lxs trabajadorxs por hacer asambleas, a pesar de sufrir paritarias cero mientras existe una inflación galopante. Mientras tanto, ustedes cobran salarios de seis cifras, reciben suplementos dinerarios por trabajos que no realizan y pretenden utilizar la agencia como un centro de campaña. Esa es la patota de la censura y los privilegios personales. No existe otra».
Agustín Lecchi, delegado del Sindicato de prensa (SiPreBA) en la TV Pública, contestó la carta que intelectuales y artistas firmaron en favor de Juntos por el Cambio donde ponían a los medios públicos como ejemplo de pluralidad: «Lo que en la carta afirman sobre los medios públicos es absolutamente falso», afirmó.
Los Docentes Autoconvocados de Salta, que están de paro desde el 15 de julio por cuestiones salariales y laborales, decidieron continuar con la medida de fuerza.
En una extensa asamblea, que debatió durante casi seis horas en el centro vecinal del Barrio 20 de Febrero de la capital salteña, donde se reunieron cerca de 2.000 docentes, la mayoría votó por la continuidad del paro.
Esta asamblea fue convocada luego de un encuentro informativo que mantuvieron los delegados de los Docentes Autoconvocados con la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo.
Allí, la ministra les informó que el gobierno provincial dio por cerrada la negociación salarial, tras la publicación del decreto 1046, que contiene la propuesta salarial gubernamental.
La funcionaria les adelantó que el diálogo seguirá abierto para tratar las demandas laborales planteadas por el sector, pero les informó que a partir del jueves iban a correr los descuentos por los días no trabajados.
El decreto 1046 establece para los haberes de julio de 2019 -que comenzó a abonarse el jueves- un incremento salarial del 7,5%, y para los meses subsiguientes un aumento equivalente al porcentaje de inflación que informe el Indec, al tiempo que garantiza un piso del 38 % de incremento.
El decreto también dispone que, con vigencia al 1º de marzo de 2019, se abone con recursos provinciales una compensación equivalente a la reducción en el presente año de los aportes nacionales destinados al Fondo de Compensación Salarial Docente, y establece a partir de julio un incremento del 75% en el concepto de Gastos de Movilidad.
El último informe del Indec muestra que los salarios siguieron perdiendo respecto a la evolución de los precios. En mayo, el índice de salarios total subió nominalmente 2,8 %, mientras que la tasa de inflación fue de 3,1%. En doce meses, el alza nominal de los salarios de trabajadores formales e informales, de los sectores privado y público, fue de 38,4%, mientras que la inflación lo hizo en 57,3%. Una diferencia de 18,9 puntos porcentuales, lo que significa una caída en términos reales de 12%.
El gobierno cumple así una de las pocas cosas que había postulado desde el inicio de la gestión. En las primeras semanas, el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, había planteado el dilema perverso que el trabajador iba a tener que elegir entre mantener el empleo o mejorar el salario. La caída del poder adquisitivo y el aumento de la precariedad laboral (más desocupados, más subempleados y más empleo informal) no sólo afectan la calidad de vida de las familias de trabajadores, sino que también genera un fuerte descenso de la actividad de empresas que dependen de la evolución del consumo interno. Esas firmas están padeciendo además el crujir de la cadena de pagos, la suba de costos fijos por los sucesivos aumentos de las tarifas (luz, gas y agua) y del combustible, y la imposibilidad de financiar el capital de trabajo con tasas de interés elevadísimas.
Un grupo amplio de especialistas en temas laborales, convocados por la Fundación Friedrich Ebert-Stiftung, elaboraron una exhaustivo diagnóstico cuyo resultado fue el documento «Agenda urgente para una sociedad de trabajo». Indican que a fines de 2015 comenzó un proceso de fragmentación del mercado de trabajo y debilitamiento del tejido social; incluso en 2017, cuando la economía se expandió, los empleos creados fueron, en su amplia mayoría, precarios o inestables: dos de cada tres puestos de trabajo generados durante ese año fueron asalariados no registrados o cuentapropistas. Señalan que cuando el crecimiento se agotó y la economía entró en recesión, la desocupación creció de forma acelerada : entre los últimos trimestres de 2017 y 2018, la tasa de desempleo pasó del 7,2 al 9,1 %; y ya en el primer trimestre de 2019 alcanzó los dos dígitos (10,1 %).
Hacen un detallado inventario de la herencia en materia laboral que dejará el gobierno de Cambiemos, que consistirá en:
* Una estructura ocupacional precarizada, con incremento en la brecha de género y en la precariedad del empleo juvenil.
* La desocupación consolidándose nuevamente en torno a los dos dígitos, impulsada por permanentes ciclos de despidos colectivos tanto en el sector público como en el privado.
* El empleo no registrado otra vez en crecimiento.
* Los salarios reales por debajo de los niveles de 2015 y mayor desigualdad en los ingresos de las y los trabajadores.
* Un avanzado proceso de flexibilización laboral de hecho.
* Los fondos de la seguridad social y de las obras sociales afectados.
* Las pequeñas y medianas empresas fuertemente debilitadas.
* Las instituciones laborales desactivadas (como el Consejo del Salario Mínimo y la Paritaria Nacional Docente) y desjerarquizadas (como el ex Ministerio de Trabajo, entre otras).
* Las políticas activas de empleo desfinanciadas (formación profesional, inserción laboral y Repro, entre otras).
* En conjunto, 9 millones de trabajadoras y trabajadores atraviesan severos problemas de empleo (entre desempleo e informalidad) y perciben ingresos significativamente inferiores al promedio. Este grupo representa al 46 % de la población económicamente activa.
Un informe elaborado por el Ministerio de Industria y Trabajo y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata niegan las palabras que dijo el presidente Mauricio Macri el sábado pasado durante la ceremonia de inauguración oficial de la 133° Exposición Rural, cuando dijo que el campo «genera trabajo de calidad en cada rincón del país».
Según el estudio, el trabajo informal en el sector aumentó al 44 % en promedio entre 2016 y 2018, es decir, más de 26.800 trabajadores y trabajadoras fueron encontrados en condiciones de informalidad, con picos de 85 % en algunas provincias.
Mientras tanto, las denuncias por trabajo infantil hechas por el gobierno incluyeron apenas a 22 menores, a pesar que la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017 del Indec contó 72.808 casos de niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de labor en el ámbito rural «en condiciones de mercado».
Por otro lado, entre 2016 y 2018, la actual secretaría de Trabajo hizo 7.068 inspecciones en el país, de las cuales el 58 % arrojó algún grado de irregularidad. Del total de trabajadores relevados en este período (61.057), la informalidad laboral detectada fue la siguiente: un 43 % en 2016, 46 % en 2017 y un 43 % en 2018.
Criminalización de la protesta social
Manifestantes protestaron en rechazo a la presencia de Mauricio Macri en Purmamarca, Jujuy, donde un impresionante operativo que militarizó la zona, les impidió presentar sus proclamas en defensa de la tierra y en contra de la contaminación minera.
El mandatario no dialogó con referentes de las comunidades originarias y campesinos, quienes se acercaron a las proximidades de la zona donde se realizaron las celebraciones de la Pachamama.
Un grueso dispositivo de la Infantería impidió a los manifestantes acercarse, mientras Macri -en su discurso- se dirigió a la Madre Tierra y brindó una suerte de agradecimiento «por cuidarnos y acompañarnos a los argentinos».
Antes, en el aeropuerto, donde hizo campaña electoral a pesar de la veda, pequeños productores de la zona de Finca El Pongo se manifestaron para expresar su rechazo al cultivo de cannabis previsto en esa zona, que modificará y perjudicará la tradicional actividad agrícola que llevan adelante desde hace décadas.
Patricia Bullrich, a través de la Policía Federal, ofrece un millón de pesos de recompensa (el doble o más que incluso muchos genocidas de la última dictadura que se encuentran prófugos) para encontrar a Sebastián Romero, un luchador que se movilizó junto a miles de personas en defensa de los jubilados el pasado 18 de diciembre de 2017. Ese día se trataba en el Parlamento la contrarreforma previsional.
Ese 18 de diciembre las fuerzas represivas dispararon balas de gomas a la cara de los manifestantes, que provocó que al menos cuatro de ellos perdieran la vista de un ojo, mientras que alrededor de 160 trabajadores fueron hospitalizadas, entre ellos reporteros gráficos.
Para encubrir este accionar criminal que ordenó el Gobierno nacional y de la Ciudad, y desprestigiar la amplia movilización solidaria con los jubilados, el macrismo impulsó una «caza de brujas» contra los manifestantes.
Utilizaron imágenes televisadas, previa edición, para incriminar a manifestantes que dispararon, como en toda movilización, fuegos de artificios que son de venta libre. Sebastián Romero y Daniel Ruiz, entre otros, fueron señalados como «facinerosos». Ruiz está detenido hace un año, ilegalmente, en el penal de Marcos Paz, y desde esta semana el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, a través de la Policía Federal, ofrece una recompensa millonaria para «quienes aporten datos que ayuden a encontrar» a Sebastián Romero.
El militante, y ex precandidato a diputado nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, que podría tener una pena de hasta 15 años de prisión.
El PSTU, junto a los partidos que integran el FIT-Unidad y organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro, Memoria y Justicia, entre otros, impulsan una amplia campaña denunciando la arbitraria detención de Daniel Ruiz, exigiendo su libertad, y por el cese de persecución a Sebastián Romero.
Ruiz es hoy candidato a diputado nacional por Chubut por el Frente de Izquierda -Unidad.
Sebastián Mac Dougall, ex chofer de la línea Este de colectivos de la ciudad de La Plata, es un preso político de este Gobierno, quien lo persiguió y criminalizó por haberse puesto, junto a otros compañeros, al frente de la lucha por condiciones dignas de trabajo y por querer elegir delegados que los representen.
Después de hacer cortes de calle y marchas poniendo en discusión el sistema de transporte público de conjunto, sufrieron una brutal represión ordenada por la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Julio Garro. El empresario Corbelli y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) también se unieron para atacarlos.
Dos años después la fiscal Virginia Bravo, les abrió una causa a cuatro choferes a quienes acusa por «coacción agravada», que tiene una pena de entre 5 y 14 años.
El 3 de abril de este año, mucho tiempo después del conflicto, un operativo de la Policía Bonaerense los fue a buscar a sus casas y los llevaron engañados a la DDI, donde finalmente terminaron detenidos. Pasaron 29 días «paseando» entre comisarías, cárceles y alcaidías. Gracias a la movilización popular les dieron el arresto domiciliario.
Sebastián Mac Dougall será candidato de FIT Unidad para ser la voz de los que callan por el amedrentamiento de la patronal, la burocracia y el gobierno.
El próximo martes 6, a cinco días de las PASO, Cambiemos reabrirá la Cámara de Diputados para tratar una norma que proscribe candidatos con condenas judiciales pendientes, también conocida como «Ley de Ficha Limpia».
Al respecto, basta mirar lo que ocurrió en Brasil, donde un comando conjunto de jueces y fiscales se sirvió de pruebas amañadas y una ley de «ficha limpia» para proscribir a Lula Da Silva.
Las revelaciones del periodista inglés Glenn Greenwald, expuso más de mil comunicaciones que detallan cómo se manipuló la prisión de Lula para excluirlo de la carrera electoral.
El viernes al mediodía hubo una concentración en calles 7 y 50 de La Plata, y luego una conferencia de prensa para exigir «basta de represión a manterxs, vendedorxs ambulantes y artesanxs, basta de ajuste, hambre y desocupación, NO al FMI, basta de xenofobia», para gritar que «migrar no es delito».
Fuentes: RedacciónEDA, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Diario Popular, Página12, marcha.org.ar, argentina. indymedia, APU, Prensa Obrera, InfoGremiales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.