Estados Unidos, Canadá, Europa y China planean inversiones mineras en los próximos cinco años por 5 mil millones de dólares en el cordón cordillerano argentino. La oposición de los habitantes y de organizaciones ambientalistas se centra en el deterioro ecológico y la venta de tierras a manos extranjeras. El gobierno guarda silencio. Inversiones millonarias […]
Estados Unidos, Canadá, Europa y China planean inversiones mineras en los próximos cinco años por 5 mil millones de dólares en el cordón cordillerano argentino. La oposición de los habitantes y de organizaciones ambientalistas se centra en el deterioro ecológico y la venta de tierras a manos extranjeras. El gobierno guarda silencio.
Inversiones millonarias y leyes laxas es la fórmula usada por una treintena de empresas mineras extranjeras para instalarse a lo largo de todo el cordón cordillerano en tierras de diez provincias argentinas. Sin embargo la reacción social ante la posibilidad de sufrir las consecuencias contaminantes y de alteración del ambiente que traería aparejada esa actividad, empieza a poner en entredicho a funcionarios nacionales, provinciales y municipales y hasta enfrentarlos con verdaderas puebladas.
En Argentina existen 49 proyectos de explotación minera distribuidos a lo largo de todo el país -especialmente en la región de la cordillera de los Andes- y repartidos entre 39 empresas, de las cuales 35 son extranjeras. Las principales provincias afectadas son Chubut, San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Salta, La Rioja, Jujuy, Mendoza y Catamarca. Todas esas empresas vienen desembarcando en el país desde 1970, con un pico máximo conocido en los años noventa cuando el menemismo desreguló la economía y reclamó inversiones extranjeras.
Números jugosos
El potencial minero del país es apetecible y aún poco explotado. El 70 por ciento de la producción minera anual se exporta y, según estudios de bancos privados, solamente el 15 por ciento de las reservas minerales han sido explotadas. No en vano tras el default de 2002 y la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de revisar las privatizaciones de los servicios públicos, el propio Banco Mundial y las principales consultoras económicas con casas matrices en Washington recomendaron invertir en minería. «Las oportunidades de inversiones están mayoritariamente en las actividades extractivas no petroleras, donde el gobierno se entromete menos con sus controles y acuerdos de precios», señaló el analista Fernando Sedano de la firma Manufacturers Alliance, una de las preferidas por las mineras extranjeras que se instalaron en Argentina.
La actividad minera del país se rige por el Código de Minería Nacional redactado y aprobado en 1887 con el objeto de encuadrar la actividad del sector. El código admite la sanción de leyes que reglamenten las explotaciones a través del tiempo y establece que las riquezas del suelo y subsuelo son propiedad de los estados provinciales, con lo cual habilitó a cada provincia a establecer las formas legales para explotar este recurso. «Eso explica por qué las protestas de la última década se dirigen especialmente a gobernadores, legisladores provinciales e intendentes municipales. Son estos funcionarios los que deciden las concesiones a las empresas mineras», explica Javier Rodríguez Pardo, militante ambientalista de La Rioja, una de las provincias donde la explotación minera genera controversias. De hecho se presentan diferencias entre el Código nacional y las leyes provinciales, al punto que algunos conflictos entre empresas instaladas en Argentina se resuelven en foros judiciales canadienses.
Actualmente las empresas ima Exploration y Minera Aquiline se disputan en Chubut la propiedad de explotación del yacimiento Navidad, ubicado en la localidad de Gastre, que ostenta el jugoso título de ser el segundo filón de plata más grande del mundo con 308 millones de onzas de plata y 2.900 millones de libras de plomo. La decisión está en poder de la justicia de Vancouver, Canadá, si bien el gobierno chubutense ya suspendió la explotación minera por tres años en la zona cordillerana.
Protestas vecinales
Hace diez años que los vecinos de Esquel, en la patagónica provincia de Chubut, iniciaron las protestas contra la instalación de la minera estadounidense Meridian Gold, especialista en la extracción de oro practicando la explotación a cielo abierto, una de las formas más contaminantes pues no sólo utiliza sustancias como el cianuro sino que el lavado de esos productos se hace en cursos de agua abiertos y públicos, es decir, los ríos que surcan la cordillera de los Andes. En general los reclamos son contra la contaminación del agua de la zona donde se instalan las compañías, la destrucción indiscriminada de montañas y cerros mediante explosiones que alteran el equilibrio ecológico y por el pase a manos privadas de vastas zonas aledañas a los emprendimientos.
En San Juan se encuentra la mayor concentración de explotaciones mineras, a cargo de la Barrick Gold Limitada, la ima Exploration y la Tenke Mining. Los habitantes de los pueblos cercanos a los yacimientos reclaman por el corte de rutas nacionales y provinciales que en tramos de más de treinta quilómetros fueron privatizadas de hecho por las compañías mineras, y la imposibilidad de usar el agua de ríos y arroyos para el riego y consumo doméstico.
A fines de junio pasado los vecinos de Chilecito, en La Rioja, empezaron a ser tomados en cuenta por la prensa nacional. Se trata de una población de 50 mil habitantes y, como en Esquel, reclaman desde hace un año que no se instale la Barrick Gold para explotar el oro, la plata, el molibdeno y el cobre que encierran las profundidades del cerro Famatina. También allí el método es la mina a cielo abierto, y el agua es un bien preciado en la provincia, por su escasez. «No tenemos agua para regar los cultivos y dar de beber a los animales, menos la vamos a entregar para la minería», asegura el intendente de Chilecito, Fernando Rejal. En la provincia los conflictos están a la orden del día. El vicegobernador, Luis Beder Herrera, está en desacuerdo con la instalación de la mina: «Van a contaminar, se llevarán las riquezas y nos van a dejar migajas», asegura. Pero el gobernador Ángel Maza es kirchnerista y ferviente defensor de la actividad minera. Fue secretario del área durante cuatro años (1993 y 1997), cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía y Carlos Menem el presidente, y sus lazos con el sector empresarial son inmejorables.
Llegan los chinos
La canadiense Barrick Gold invirtió 540 millones de dólares en la mina de Veladero, en San Juan, y hace seis meses empezó a producir los lingotes de oro. La minera Río Tinto desarrollará a su vez el proyecto de Potasio Río Colorado, en el sur de la provincia de Mendoza y norte de Neuquén con una inversión de 500 millones de dólares, y espera entrar en producción en 2009, según directivos de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). Esas cifras indican el promedio de inversiones que implica la instalación de una planta minera. Sin embargo las expectativas mayores están puestas en el interés de China por las inversiones en suelo argentino. Según fuentes provinciales y de la Secretaría de Minería de la nación las cifras rondan los 5 mil millones de dólares, invertidos en yacimientos de oro, plata y cobre, entre otros minerales. Desde el gobierno nacional guardan silencio y prefieren remitir los reclamos por los conflictos a las provincias. Pero se trata de un tema que tarde o temprano golpeará a las puertas de la Casa Rosada. nJuicio a tres directivos.
Tres altos directivos de la minera canadiense Meridian Gold enfrentarán un juicio oral en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, por desobedecer el amparo ambiental que paralizó en 2003 el fallido proyecto minero. El 12 de agosto pasado la Cámara de Apelaciones de Esquel rechazó lo resuelto por el juez de garantías, Jorge Criado, quien había dictado un sobreseimiento. La resolución de la Cámara deniega el pedido de sobreseimiento para Mónica Mariaca Pando, una de las directivas, y rechaza el beneficio denominado probation -suspensión del juicio a prueba- para Darcy Edward Marud y Gonzalo Tufino, también directivos de la empresa minera, quienes se encuentran imputados del delito de «desobediencia», según lo estipulado por el Código Penal, y que irán a juicio oral.
Luego de esta resolución de la Cámara de Apelaciones los imputados podrán ser llamados a prestar declaración indagatoria en los próximos meses, para lo cual deberían viajar desde Estados Unidos, donde residen actualmente al menos dos de ellos, y posteriormente se determinará la fecha del juicio oral y público.
Las medidas judiciales tienen su origen en la demanda de amparo ambiental presentada por una vecina de Esquel, por la cual en febrero de 2003 un juez civil, comercial y laboral dispuso la paralización del proyecto minero llamado Cordón Esquel, medida no acatada por los directivos de Meridian Gold. Tras una investigación, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral del caso pero los abogados defensores ofrecieron pagar 25 mil pesos destinados a una escuela de la zona y el juez aceptó. La apelación rechazó la medida y llevó la cuestión a juicio.