El 8 de febrero del año 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nacional 436/1984. El mismo ratificaba la decisión política de subordinar, desde una herramienta legal y constitucional, el rol de las fuerzas armadas al poder civil elegido democráticamente por el pueblo. Recordemos que la […]
El 8 de febrero del año 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nacional 436/1984. El mismo ratificaba la decisión política de subordinar, desde una herramienta legal y constitucional, el rol de las fuerzas armadas al poder civil elegido democráticamente por el pueblo. Recordemos que la Argentina estuvo subsumida bajo una dictadura militar feroz que se caracterizó por niveles altos de violencia política, con un saldo de 30.000 personas detenidas – desaparecidas. En un escenario político complejo de construcción democrática, el gobierno del presidente Alfonsín, tuvo que reconfigurar la estructura militar.
En aquel decreto -que sobrevivió a los más de 30 años de democracia ininterrumpida- se estableció las facultades que se delegan en el Ministerio de Defensa y en los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Específicamente se le delegó al Ministro de Defensa lo concerniente a: disponer de los nombramientos y cambios de destino del personal superior del grado de Coronel o equivalentes; de los retiros y bajas obligatorios de los Oficiales Superiores; ejercitar facultades disciplinarias, entre otras funciones. Disponer los retiros y bajas obligatorios de los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas; del Personal Superior de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina; disponer también las altas y ceses del personal de Oficiales Superiores que preste servicios en situación de retiro, según el artículo 62 de la Ley para el Personal Militar Nro. 19.101; ejercer, en materia de la jurisdicción del honor, las facultades que el Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas (Decreto Nro. 1180/83) concedía a los entonces Comandantes en Jefe reunidos en forma conjunta [1].
Hasta el miércoles este decreto estuvo vigente y rigió la vida militar en los diferentes gobiernos democráticos los cuales dejaron en manos del Ministerio de Defensa, es decir, en el ámbito de la conducción civil, facultades de importancia como el nombramiento de los cargos superiores de las Fuerzas Armadas, que fueron expresión y acompañaron a los diferentes tipos de política en el área de defensa y seguridad según los proyectos políticos de cada gobierno.
Con el decreto 721/2016 promulgado por el presidente Mauricio Macri – que veta el anterior promulgado por Alfonsín – las consecuencias (no deseadas) del «cambio» llegaron también a la estructura militar. De esta manera hasta hace pocos días, prevaleció el principio democrático por sobre los intereses de las Fuerzas Armadas y no al revés, en palabras del ex Ministro de Defensa Agustín Rossi: «En términos políticos durante todos estos años la democracia fue generando la conducción civil de la Defensa, quitándoles márgenes de autonomía a las Fuerzas Armadas, con este decreto se vuelve a empoderar a los jefes de las fuerzas» [2].
En el considerando del decreto promulgado por Mauricio Macri, se destaca y se justifica la necesidad de «establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas, en el marco de la conducción civil de la Defensa Nacional» [3]. Poniendo especial énfasis en «simplificar los circuitos administrativos, para dar respuesta a las necesidades del servicio de las Fuerzas Armadas» [4].
Lo que establece este decreto es que las atribuciones del Jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas son la designación de los oficiales y suboficiales del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, con excepción de aquellos cargos que constituyan la conducción superior. Como así también, se delegan en ellos las siguientes facultades, respecto de sus respectivas Fuerzas: la disposición de los cambios de destino de los oficiales y suboficiales; la aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos de reclutamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas; disposición de las bajas y los retiros obligatorios de los oficiales jefes y oficiales subalternos, entre otras atribuciones como lo relativo a ascensos y premios [5].
Mientras que el Ministerio de Defensa informará, solamente, la designación o retiros de los cargos relativos a la «Conducción Superior» al Estado Mayor Conjunto y a los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Como también, sobre los auditores para cada arma [6].
Esta decisión del Ejecutivo implica dotar de mayor autonomía a las Fuerzas Armadas propiciando los mecanismos para que el sector militar concentre poder y, por ende, pueda encontrar protagonismo y una mayor injerencia sobre la política en términos de defensa y seguridad nacional. Pero también, evidencia las intenciones y voluntad política que tiene este gobierno de representar acabadamente los intereses de los sectores que durante la última década estuvieron en disputa y en tensión con el proyecto de país anterior. Considerando solo una dimensión de esta definición: la política de avanzada que tuvo el gobierno kirchnerista en relación a los derechos humanos y los juicios por lesa humanidad y genocidio encuentran su contracara en la visita de Mauricio Macri en un acto por el día del Ejército, el último 29 de mayo, donde apela una vez más a una variable constituyente del discurso de esta gestión: «dejar de lado enfrentamientos y divisiones » [7]. Pero fue un poco más en su diagnóstico agregando que el campo de las fuerzas armadas: «vienen de años en los cuales el Estado las ignoró y las abandonó, y eso trajo problemas de presupuesto, problemas de equipamiento, de infraestructura» [8]. Se podría deducir que este gesto discursivo devela el horizonte en la construcción de aliados políticos de esta gestión que encuentra su correlación en el decreto 721/2016 último.
El «cambio» llegó, y con él, se comienzan a implementar los mecanismos para la efectiva redistribución de cuotas de poder de sectores que ansían recuperar los años perdidos en complicidad con un gobierno que tiene el objetivo claro, la desarticulación de las funciones del Estado. Por lo pronto, se inaugura la época de amistades peligrosas.
Notas:
[1] Decreto completo disponible en: http://www.saij.gob.ar/legislacion/decreto-nacional-436-1984-delegacion_facultades_en_ministro.htm
[2] http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-300847-2016-06-02.html
[3] Decreto completo disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261952/norma.htm
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] http://www.clarin.com/politica/Gesto-Macri-FFAA-abandono_0_1586241561.html
[8] Ibid.
Fuente: http://www.celag.org/argentina-en-tiempos-de-macri-amistades-peligrosas-por-mariela-pinza/