M.H.: Hay algunas novedades en el ámbito de la Salud Mental, una es el alerta que hacen familiares y usuarios acerca de las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de modificar la Ley nacional de Salud Mental para trasladar el órgano de revisión de la Ley del Ministerio público de la Defensa al Ministerio de […]
M.H.: Hay algunas novedades en el ámbito de la Salud Mental, una es el alerta que hacen familiares y usuarios acerca de las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de modificar la Ley nacional de Salud Mental para trasladar el órgano de revisión de la Ley del Ministerio público de la Defensa al Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de la misma. ¿Cuáles son los motivos que aduce el gobierno nacional para tomar esta decisión que pondría el control en quien debería ser controlado?
A.B.: A partir de la sanción de la Ley de Salud Mental en el 2010 uno de los grandes aciertos, a mi criterio, fue delinear la creación de un órgano de revisión. Es un organismo independiente que realiza todo un trabajo de seguimiento, relevamiento y fiscalización de lo que es el talón de Aquiles de la Salud mental, que son las internaciones. La Ley persigue un proceso de desmanicomialización en tanto y en cuanto siguen existiendo instituciones, los llamados neuropsiquiátricos donde, aludiendo al Dr. Allen Frances, Argentina es el único país que sigue teniendo este tipo de instituciones.
M.H.: Además, un informe sostiene que el 90% de las internaciones son involuntarias. Algo que va en contra de cualquier proceso de desmanicomialización.
A.B.: Involuntarias y no controladas. Muchas pasan a ser judicializadas con lo que la cuestión se agrava mucho más. Entonces, este órgano de regulación fue creado para que controle tanto en el ámbito público como privado y ahí está la clave.
El órgano de revisión desde su creación hace 3 años ha desarrollado una activa tarea e intervino en varios hospitales neuropsiquiátricos, entre ellos el Borda, que generó que el gobierno de la Ciudad fuese a la justicia para tratar de limitar la capacidad de intervención del organismo. También intervino en clínicas privadas, algunas muy renombradas, donde se detectó justamente lo que la Ley apunta que es terminar con las trasgresiones en el término de las internaciones y todo lo que esto genera en detrimento de las personas internadas.
Este órgano está integrado por una Directora que es una ex Jueza de Familia de Mar del Plata, que tiene una sensibilidad poco reconocida en el mundo jurídico, para tratar con temas como éste, la Dra. María Graciela Iglesias. Dejó su ciudad y su puesto como jueza para venir a dirigir este organismo. Venía apoyando de manera muy alabada el mecanismo de control del sistema de internaciones. Al que le molestó desde un principio sobre este órgano de revisión, no fue ni al gobierno macrista ni al anterior, en realidad fue a la corporación médica. Los que están atacando la Ley mediante el intento de modificar la reglamentación, porque como no les da la capacidad política de tumbar la Ley o modificarla, van a lo más directo que es la reglamentación que sí es una actividad propia del Ejecutivo.
La corporación médico psiquiatra presentó hace dos meses ante el Ministro de Salud, un documento de trabajo que apunta a modificar la reglamentación en cuanto a dos cuestiones principales, una es la cuestión de la interdisciplina, lo que le molesta al poder psiquiátrico es haber perdido la hegemonía porque en un equipo interdisciplinario se requieren múltiples saberes. La problemática del padecimiento mental no es solo un problema psiquiátrico y psicológico, sino que está atravesado por todas las cuestiones sociales, culturales y económicas. Desde esta perspectiva la corporación intenta sacar al órgano de revisión de la Defensoría pública de Nación, que es un mecanismo dentro del ámbito de lo jurídico que le permite tener autonomía ante cualquier presión del poder político y corporativo que está desarrollando el gobierno en el área de Salud y Salud mental.
Este es uno de los ataques, y significaría pegar en la línea de flotación si logran su cometido porque indudablemente lo que pretenden es que no se controle lo que pasa dentro de un manicomio público, como el Borda, el Moyano, el Tobar García. La Dra. Graciela Iglesias está muy preocupada por lo que ocurre dentro del Tobar García y la internación de los chicos. Sabemos de la vulnerabilidad de los adultos en el Borda y el Moyano, mucho más grave es en los chicos.
M.H.: El 22% de las internaciones están relacionadas con menores de edad.
A.B.: Sí. Y es donde hay menos dispositivos, es una de las grandes falencias el tema de la atención de los chicos y adolescentes. Los que presionaron en realidad, más allá del poder médico que actúa en los hospitales públicos, es el de las clínicas privadas. Por eso la presentación que hicieron al Ministro Lemus fue hecha por la Asociación de Médicos Municipales, acompañados por FEMECA, APSA, la AAP, COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina; todo el aparato que por supuesto no incluye a todos los médicos ni a todos los psiquiatras.
Esta es una actitud corporativa que defiende intereses que están totalmente asimilados y subordinados a la industria farmacéutica y al negocio de la internación porque se paga mucho. Las clínicas privadas tienen 2, 3, 4 o 5 estrellas de acuerdo a la hotelería, evidentemente implica una inversión no solo para el Estado sino para cualquier familia que necesitara una atención en estas instituciones. Es muy oneroso.
Como se dio este control, se dio de baja en primer lugar la resolución 1484 que establecía los estándares para la habilitación de las instituciones de Salud mental. La dieron de baja porque ahí se solicitaba que en 160 días las instituciones públicas y privadas debían adecuar sus instalaciones y su funcionamiento en base a lo que establece la Ley. Como vencía el plazo lograron dar de baja la resolución. Ahora van por el órgano de revisión, como también han desmantelado el Consejo Consultivo Honorario, del que formo parte.
Ayer tuvimos una reunión autoconvocada porque la autoridad no nos convoca. Es un espacio de consulta y discusión de las políticas públicas de Salud mental. O sea que en realidad se está dando todo un ataque a la Ley de Salud Mental, sin tocar la Ley.
M.H.: El lunes 5 de diciembre estuve en la ciudad de Paraná haciendo trámites personales. Compré El Diario y en la página 5 me encuentro con una nota titulada «La locura sin manicomios es posible». Federico Lyardet, un médico, y Luciano Bártoli, psicólogo, fueron a Trieste (Italia) y volvieron impactados. La nota hace mención a Franco Basaglia, el impulsor de la Ley 1180, según la cual nadie puede ser internado contra su voluntad y con la que los manicomios de Italia fueron condenados a desaparecer y, sobre todo, sorprendidos por la modalidad de trabajo. A medida que iban cerrando el hospital monovalente iban abriendo centros de salud. Al tiempo que cuenta con un hospital general, un sector de guardia psiquiátrica, etc. Dice la nota: «entre las ventajas del modelo, destacaron también que las personas tienen garantizado el acceso al trabajo, a la vivienda y trabajan de manera interconectada con todo el sistema de salud que está volcado al territorio, lo que significa que se hacen visitas familiares, existen estructuras, habitaciones donde trabajan operadores de salud mental para acompañar la vida de las personas que necesitan mayor asistencia. Asimismo, tienen actividades culturales, de vacaciones, de encuentro que se realizan a través de la organización de la sociedad civil que son acompañados por el sistema público de salud con recursos económicos y humanos».
A.B.: Es absolutamente cierto. Hace poco viajó un contingente a Canadá. Lo extraordinario es que el centro de Salud mental no tiene una concepción asistencialista. Da la casualidad que hace 15 días ATE organizó una jornada para las enfermeras y trajo a 3 de Trieste. Estuvieron tres días y el día final fuimos a La Plata. Lo extraordinario de los centros de Salud Mental es que, por ejemplo, un hombre que tiene una situación conflictiva con la mujer, va al centro de salud mental y se puede quedar ahí. O sea, los dispositivos están a disposición de los ciudadanos, independientemente de la gravedad del padecimiento. En lo que respecta al trabajo, desarrollaron emprendimientos sociales. Hay una película italiana que se llama «Sí, se puede», que da a conocer cómo funciona y cómo fueron creados estos emprendimientos sociales donde los pacientes desarrollan trabajo, ganan su dinero y pueden pagar sus viviendas y sus gastos. Lo más interesante es que sale mucho menos dinero del que estamos gastando con los manicomios. Es mucho más humanitario y más económico. Yo siempre dejé de lado la cuestión economicista porque siempre juega en contra, pero acá juega a favor. En la Ciudad de Buenos Aires, para el presupuesto que se acaba de votar para 2017 los 4 hospitales monovalentes se llevan cerca de 2.000 millones de pesos más otros 250 millones para tratar de enmascararlos de polos de neurociencia.
La Asociación de Psiquiatras Argentinos sobrevive por el aporte de los laboratorios
M.H.: ¿Y la venta de psicofármacos? 96 millones de dosis por año en Argentina.
A.B.: Son cifras fabulosas y que van en aumento.
M.H.: En la nota que se hace sobre el Dr. Allen Frances en Clarín, al costado hay otra que dice: «Este año se recetarán 96 millones de dosis». Y a eso se suma otro 20% que se computa fuera del sistema legal, por internet o venta callejera, dijo Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
A.B.: El proyecto que se votó recientemente de Graciela Ocaña es vergonzoso. Mañana voy a ir a la Comisión de Salud porque no pasó por allí. Blanquea todo el siniestro y lubricado mecanismo de prebendas y regalos que se hace a los médicos.
M.H.: Yo no podía creer que Graciela Ocaña, otra de nuestras vestales parlamentarias, promoviera un proyecto de ese tipo, pero recuerdo cuando sacó una nota en Topía el hijo de «Tato» Pavlovsky denunciando esto se armó un revuelo tremendo. Fue hace 6 años atrás más o menos.
A.B.: Porque como lo llaman los norteamericanos el «big pharma» es lo que está detrás de todo esto. Acá la particularidad es que el negocio no es solo el de los laboratorios sino que también está el de las internaciones. Para continuar con las internaciones prolongadas dieron de baja esa resolución de habilitación y sacaron una nueva donde se sigue reconociendo las internaciones para el corto, mediano y largo plazo. Y reconoce también para los pacientes cronificados la necesidad de las colonias psiquiátricas. Es totalmente vergonzoso lo que se está haciendo.
M.H.: ¿Eso está incluido en el proyecto de Ocaña?
A.B.: No. Eso en el orden nacional. Lo de Ocaña es una perlita dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde se da el mayor mecanismo de venta y distribución. Trataron de blanquear estos «regalitos» porque la mayoría de los profesionales están en la Ciudad de Buenos Aires.
M.H.: Escuché algunos argumentos vergonzosos, donde decían que los médicos para capacitarse necesitan financiación para ir a congresos internacionales.
A.B.: Eso es una cosa. Pero, por ejemplo, una vez fui a un Congreso que hizo APSA que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la más poderosa, en el Sheraton de Mar del Plata. Apenas entré, junto a un doctor que colaboró con la Ley, el Dr. Juan Carlos Ferrari, se nos vinieron encima. Lo primero que le dije fue que me parecía obsceno, y me dijo que era la palabra correcta. Te ofrecían para ir a jugar al tenis, a comer, para el próximo congreso en México, suites en hoteles para hospedarte. El tema que los laboratorios es el gran financista. Muchos no saben que APSA no sobrevive por la cuota societaria sino por el aporte de los laboratorios.
M.H.: También hay una connivencia de las farmacias.
A.B.: Lo que pasa es que estamos ante la emergencia del capitalismo en su máxima expresión. Las farmacias ya no son farmacias. Lograron cerrar el círculo. Ellos fabrican los medicamentos, los distribuyen, porque son los dueños de las principales droguerías, que son las que distribuyen a las farmacias, como Farmacity y todas las demás cadenas que han tirado por la borda al farmacéutico del barrio, ése en quién confiábamos. Ese negocio tiende a desaparecer. Y de ahí el control de las recetas, porque hoy sería muy fácil con todo el avance de los programas de computación poder controlar que la receta del anti psicótico o el anti depresivo quede registrada con el nombre del médico, lo que pasa es que lo tienen para poder disponer de esos datos para beneficios propios no para controlar que más del 50% de los psicofármacos se venden sin receta.
M.H.: Estaba leyendo el libro de Allen Francés «¿Somos todos enfermos mentales?», que recomiendo porque es muy instructivo de lo que estamos hablando. Mi señora me comentó que cuando viajamos a Colombia, hacía mucho que no viajaba en avión durante muchas horas y tenía miedo, entonces una amiga médica le recetó una pastilla, y le dijo que solamente la use si la necesitaba en el vuelo. Fue a una farmacia para hacer el preparado y después le empezó a llegar al email publicidad de los laboratorios.
A.B.: Ahí te das cuenta de cómo funciona esto. Me llamó la atención una frase que Allen Frances expresó: «La batalla contra las grandes farmacéuticas es un David sin financiación vs una multimillonaria Goliat que soporta uno de los esfuerzos de cabildeo más fuertes de Washington. Es vergonzoso, pero la única esperanza son los medios de comunicación y las redes sociales. Esto funcionó hace años atrás con las grandes compañías tabacaleras y por lo que hay algo de esperanza en que esto pueda funcionar de nuevo».
M.H.: Es muy interesante lo de Allen Frances porque es alguien que habla desde adentro.
A.B.: Es un converso, que da gusto que esté de nuestro lado. Me expresó eso cuando me entrevisté con él, su humildad y a pesar de la distancia y el idioma, me impactó su sinceridad por eso creo es su palabra y en su trabajo.
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