Un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Colombia para el entrenamiento antisecuestros introduce aquí la estrategia militar estadounidense para Conflictos de Baja Intensidad. E l Plan de Seguridad anunciado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poderoso de este país, prevé enviar agentes de la […]
Un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Colombia para el entrenamiento antisecuestros introduce aquí la estrategia militar estadounidense para Conflictos de Baja Intensidad.
E l Plan de Seguridad anunciado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poderoso de este país, prevé enviar agentes de la policía bonaerense a Colombia. Es para entrenarlos en la Escuela Antisecuestros que Estados Unidos creó y financia en el marco del Plan Colombia.
El problema de la inseguridad en Argentina tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires. Con la mayor concentración de población del país -14 millones de habitantes-, es el distrito con mas delitos cometidos -más de 24 mil denunciados en lo que va de 2004-, alcanzando gran relevancia en la opinión pública los casos de secuestros extorsivos y «express».
En Colombia, por otro lado, se registra un promedio de 2.500 casos de secuestros por año, cifra que ubica al país latinoamericano como el más afectado en el mundo por esta problemática. Este hecho preocupa a Estados Unidos en tanto afecta sus inversiones en el área, a la vez que sirve como justificativo para su intervención directa en el sistema de seguridad de este Estado.
La Escuela Antisecuestros de Colombia es una iniciativa estadounidense y es la primera en América Latina. Costeada con presupuesto norteamericano de unos 25 millones de dólares, funciona desde agosto del año pasado y está destinada al entrenamiento de las fuerzas de seguridad colombianas.
La Escuela donde ensayarán los agentes bonaerenses es parte del Plan Colombia, que Estados Unidos ha diseñado para el control militar de la región y con el pretexto del control del narcotráfico, que tiene en territorio estadounidense su más pujante mercado.
La ayuda militar de Washington a Colombia es justificada ante la opinión pública norteamericana bajo la estrategia de «guerra contra el terrorismo», señalándose a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como organizaciones narcoterroristas y responsables de más del 50 por ciento de los secuestros extorsivos.
Según ha expresado el Secretario Adjunto de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad de Estados Unidos, Thomas O`Conell, sobre el entrenamiento de las Fuerzas Especiales de su país a los militares colombianos, este «refleja un elemento significativo de la estrategia de nuestra propia nación en la guerra mundial contra el terrorismo: el entrenamiento y equipamiento de fuerzas aliadas para crear la capacidad de establecer soberanía efectiva en su propio territorio».
Fue el diario The Washington Times, el mismo que acaba de reconocer que le mintió a sus lectores en ocasión de justificar la invasión a Iraq ordenada por la administración de George Bush, quien tuvo a su cargo una de las más finas interpretaciones de las palabras de O´Conell. En una columna publicada el pasado 1 de julio, el matutino de la capital norteamericana sostuvo que la «guerra contra el terrorismo», manipulada como una estrategia servirá, a Estados Unidos para la intervención en las fuerzas de seguridad de distintos países sin hacerles sentir que se socava su soberanía nacional.
Por su parte, la estrategia del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires busca enfrentar el problema del delito creando además unidades especiales como un banco de registros criminales (CAICO) y una brigada especial dedicada a investigar y prevenir secuestros (UICO). También prevé a la formación de un cordón policial en torno a los tres cinturones urbanos de la provincia que rodean a la Capital Federal, con la ayuda de Gendarmería y Prefectura (policías de fronteras y puertos respectivamente), la incorporación de unos 16 mil nuevos efectivos y la confección de un Mapa del Delito, para evaluar la acción de las comisarías y clasificar las zonas urbanas según su riego.
Esta serie de medidas son la respuesta a una mayor «sensación de inseguridad» dentro de la ciudadanía, que no es equivalente al índice de delitos cometidos, entre otras causas por la cobertura mediática y sensacionalista del problema. En este sentido se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, al presentar el «mapa del delito», dando cuenta además de que en junio último se denunciaron casi 3 mil hechos criminales menos que en el mismo mes del año anterior.
Sin embargo, la baja en los índices de inseguridad no implica que la ya iniciada reestructuración policial -1.500 policías están en disponibilidad por irregularidades cometidas y unos 800 fueron echados de la fuerza-, como el rediseño del sistema de seguridad provincial -creación de nuevas agencias- puedan contribuir con claridad a un mejor desempeño del Estado.
En el 2002, en el marco de la resonancia que comenzaban a tener los secuestros en el entorno de personalidades famosas, el entonces presidente Eduardo Duhalde presentó un plan para la creación de un organismo de inteligencia dedicado a investigar y prevenir los secuestros extorsivos. En esa ocasión el mandatario se refirió a la cobertura periodística que tienen estos delitos y señaló que «hay un desborde en los medios de comunicación» y que «tenemos que ir hacia un código de ética».
En el mismo sentido que Duhalde, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian coincidieron, al momento del reciente acuerdo de intercambio y cooperación, en que las coberturas periodísticas provocan dificultades en la resolución policial de los casos de secuestros.
Encolumnados detrás de las empresas que buscan mayores ventas y «ratings» explotando el tema de la inseguridad, las principales cadenas de televisión privada desataron una ola de sensacionalismo amarillo a la vez que un discurso de derecha contra todo principio de derechos humanos, que tiene como principal objetivo darle cierta presencia a las fuerzas políticas conservadoras, nostálgicas de la pasada dictadura militar y de su consecuencia estratégica, el fundamentalismo neoliberal de la década del ´90.
Vale como ejemplo el de la televisora Canal 9, dirigida por elementos empresariales vinculados al régimen sangriento de Jorge Rafael Videla y a las mafias del narcotráfico de Miami, relacionados a su vez con lo más agresivo del partido Republicano de Estados Unidos.
Allí se Susana Garnil – madre de Nicolás, un joven liberado el pasado domingo por sus captores tras tres semanas de secuestro -, quien llamó a reprimir la inseguridad sin reparar tanto en las causas sociales del delito, como la pobreza y la marginación. También apoyó las movilizaciones convocadas por Carlos Blumberg, el padre del joven Axel, asesinado en marzo pasado por sus secuestradores.
Ingeniero y empresario, luego de la muerte de su hijo Blumberg creó la fundación «Axel por la vida», y encabezó multitudinarias marchas ante el Congreso y frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, reclamando por penas más duras y por una ley que baje la edad de imputabilidad de los menores.
La cruzada de Blumberg encontró espacio en la mayoría de los grandes medios de comunicación de Argentina e incluso él mismo ha sido bien recibido en una gira por Europa que incluyó un encuentro con el Papa Juan Pablo II. Su base de sustentación social se ubica entre los sectores mas acomodados de las clases medias y altas, habitantes de barrios privados y en residencias de lujo.
Convertido a la tarea de hacer política de derecha y decididamente contrario a los criterios defensores de los derechos humanos, Blumblerg predica la «mano dura» y se ha puesto en contacto con expertos en seguridad de Estados Unidos. Incluso ha propuesto «llevar a los jefes de policías de cada una de las provincias argentinas para darles instrucción en Miami».
Aunque el se proclama «apolítico», sus definiciones ideológicas en torno al derecho penal, sus frecuentes visitas a Estados Unidos, donde es recibido por encumbrados banqueros y empresarios y hasta por cuadros directivos de los servicios de inteligencia, ponen al desnudo su intencionalidad política y la de sus mentores mediáticos.
Lo que Blumberg, sus sostenedores y sus nuevos adeptos, como Susana Garnil, no pueden ocultar -pese a sus esfuerzos en ese sentido- es el siguiente dato: la inmensa mayoría de los secuestros extorsivos y de los delitos de crimen organizado que se registran en Argentina están vinculados al accionar mafioso de bandas alojadas en el seno de las fuerzas de seguridad, una impronta desarrollada durante los años de la dictadura, bajo el paraguas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y mantenida durante las dos últimas décadas por las organizaciones políticas que vienen ejerciendo el poder en el país, también apoyadas por Estados Unidos, pero ahora con el soporte teórico del Conflicto de Baja Intensidad.