El día de ayer se cumplieron hoy se cumplieron diez meses de la detención arbitraria de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez, tiempo en el que el gobierno chiapaneco ha intentado doblegar su voluntad de lucha y utilizarlo como moneda de cambio para que desistamos de la organización independiente y de la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por mejores condiciones de vida.
Su detención forma parte de la ofensiva del gobierno morenista de Chiapas contra las organizaciones populares e independientes, el objetivo de esta administración es detener todo brote de protesta e imponer la voluntad oligarca.
¿Quién es Armando Hernández Sánchez? Armando es habitante del ejido Nueva Altamira en el municipio de Acala, Chiapas, tiene 35 años de edad, funge actualmente como Comisariado Ejidal, en su comunidad participa e impulsa las actividades políticas de difusión y protesta en las jornadas de lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, por la defensa del derecho a la tierra y por la libertad de los presos políticos.
Es padre de cuatro niñas, trabaja en el campo y también como obrero de la construcción para sostener económicamente a su familia, es un hombre que le gusta el deporte, principalmente el basquetbol y futbol, impulsa los trabajos colectivos en la comunidad, es un hombre entregado a la organización.
El día 28 de septiembre del año pasado fue detenido arbitrariamente en el municipio de Chiapa de Corzo después de salir de su trabajo en una obra de construcción, fue trasladado a un cuarto donde le infligieron tratos crueles e inhumanos, lo amenazaron de muerte, le exigían a que diera información acerca de la organización.
Posteriormente fue encarcelado en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERRSS) 14 en el municipio de Cinatalapa, la Fiscalía General del Estado (FGE) para justificar esta clara violación a los derechos humanos creó una carpeta de investigación a modo con delitos prefabricados cuyo fin es mantener recluido injustamente a nuestro compañero.
Es inocultable el papel del FGE en estos momentos como responsable de cometer violaciones a los derechos humanos, injusticias y crímenes de lesa humanidad como lo es la tortura, diversos casos documentados expresan lo dicho, el caso más reciente de una injusticia es la detención del Doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca.
En estos diez meses la FGE lo único que ha hecho en el caso de Armando es utilizar el recurso de “prorrogas” en la investigación complementaria, es la única forma de mantenerlo encarcelado porque en realidad no existen elementos jurídicos para que siga detenido, no hay delito alguno, la reclusión de Armando es la acción represiva del gobierno chiapaneco.
La FGE con Jorge Luis Llaven Abarca como titular ha dejado una estela de injusticias e impunidad en el estado, por supuesto que su actuar esta en concordancia con la política represiva de la actual administración.
¿Cuántos presos políticos hay en la entidad? Desenas, de igual manera hay activistas, defensores del medio ambiente asesinados, torturados y detenidos desaparecidos, hay miles de familias desplazadas de sus comunidades y hogares, hay grupos paramilitares que actúan bajo el amparo del Estado como es el caso del grupo paramilitar “los petules” en la región de Ocosingo. Una realidad que es innegable y que como organización vivimos en carne propia.
Armando es uno de cuatro integrantes del FNLS presos políticos que el gobierno chiapaneco mantiene encarcelados de manera injusta, acto con el que pretende que abandonemos la lucha por justicia y renunciemos a la organización, así lo han expresado funcionarios públicos quienes dicen que Armando puede quedar en libertad si su comunidad firma el compromiso de abandonar la organización.
Esto lo convierte en un rehén político, detenido sin cometer delito alguno, es una víctima de la violencia de Estado. Esta injusticia expresa el verdadero papel de la llamada cuarta transformación en Chiapas, es la muestra de la forma de gobernar del MORENA en la entidad y es la muestra de la demagogia gubernamental característico de administraciones antipopulares.
A nivel federal y estatal el discurso oficial versa siempre en lo mismo “respetar los derechos humanos” “no reprimir” pero en los hechos es la cárcel, la tortura, el paramilitarismo y las balas asesinas del Estado que azotan la humanidad del pueblo organizado y no organizado.
¿Qué hacer ante un gobierno de esta naturaleza? Mantener las banderas de la lucha independiente, impulsar la coordinación entre las víctimas y entre organizaciones populares para crear un referente que visualice el carácter represivo de esta administración e impulsar las acciones políticas de masas para que el gobierno federal atienda nuestras demandas y obligue al gobierno chiapaneco a responder por sus crímenes.
Está en manos del gobierno federal detener la represión en la entidad, de no escuchar las demandas de las organizaciones populares se convierte en cómplice de la violencia gubernamental en la entidad y se expone ante el pueblo como un gobierno de oídos sordos e intolerante a la crítica política.
Mientras los presos políticos permanezcan en las cárceles de manera injusta, seguiremos impulsando la lucha por su libertad, Armando no es un delincuente, es un campesino, obrero, luchador social víctima de la represión, salir a las calles a exigir justicia y mejores condiciones de vida no es un crimen, es un derecho y lo defenderemos.
En este contexto exigimos la apertura de una mesa de diálogo con la secretaría de gobernación la Lic. Olga Sánchez Cordero para que atienda las demandas de libertad a los presos políticos, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el alto a la represión en Chiapas.
¡Libertad inmediata e incondicional a Javier Gonzales Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza, Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!