¿Es posible una legalidad que no este sustentada en la legitimidad? Francesco Zaratti, delegado presidencial para la nueva ley de hidrocarburos, piensa que sí. Lo deducimos de las argumentaciones de su defensa frente a las acusaciones de Juan Carlos Virreira, el ex delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, de haber recibido […]
¿Es posible una legalidad que no este sustentada en la legitimidad?
Francesco Zaratti, delegado presidencial para la nueva ley de hidrocarburos, piensa que sí. Lo deducimos de las argumentaciones de su defensa frente a las acusaciones de Juan Carlos Virreira, el ex delegado presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, de haber recibido pagos de las petroleras, por concepto de viáticos y otros gastos. La frase que resume su defensa es: «Esto es legal aunque sea cuestionado por razones éticas».
El argumento de una legalidad sin ética esta sustentada con desparpajo, al amparo de una «racionalidad del cálculo»(i) , en apariencia desprovista de juicios de valor, que no tiene que ver con objetivos sociales determinados, sin exigencias éticas, políticas, igualitarias, soberanía u otras cualesquiera.
En el informe que prestó ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados reiteró que los pagos, motivo de la denuncia, están contemplados en los «Contratos de riesgo compartido» firmados con las empresas transnacionales, en el ahora famoso anexo-D, donde se establece un «Fondo de Cooperación» que tiene como finalidad pagar a funcionarios tanto del Ministerio de Minas e hidrocarburos yYPFB. Lo que se debe discutir, dijo Zaratti, es si la modalidad establecida, la del «Fondode cooperación», «es estética pero en ningún caso se debe discutir la parte ética».
¿Por qué discutir solo lo estético (entendemos que el sentido que le da Zaratti al término estético, se refiere a la forma de los contratos, sin impugnar sus formas y contenidos) y no así los aspectos éticos del anexo-D?
Porque indagar lo ético llevaría a admitir que un «Contrato», es una relación de poder, no la órbita lunar. Es decir, no es algo natural. Que, detrás de los «Contratos de Riesgo compartido, hay una historia de corrupción, de chantaje y violencia previos. Qué fueron sino: Las «relocalizaciones», los famosos «Pluses» y las violentas represiones en contra de la clase trabajadora en general. Una historia repetida, antes, simultánea y posterior a la capitalización y, luego, la promulgación de la ley 1689.
Se puede establece una analogía entre Juan Lechin Oquendo y Zaratti. El primero, en los años 40 cuando oficiaba de prefecto de Uncia protagoniza un hecho histórico: Intentó poner en la cárcel al gerente de la «Patiño Mines», hecho insólito (lo sería más ahora, tratándose de funcionarios de empresas transnacionales). La razón fue que el gerente se negó a comparecer ante Lechín, para atender un reclamo de los trabajadores. La negativa del gerente se explicaba porque hasta entonces todos los prefectos recibían de la gerencia, de manera discreta, un «pequeño estipendio» (coima). El súper estado minero feudal o la «rosca» como se la conocía popularmente era prácticamente dueña del país y los funcionarios públicos sus meros empleados.
La analogía es: antes del 52 existía un «Súper estado Minero», que en la práctica era dueña del país y que «coimeaba» a los representantes del Estado. Hoy, existe un «Súper estado Petrolero»(ii) que sigue haciendo lo mismo bajo una fachada «legal» que se denomina «Fondo de Cooperación». Lechin tuvo un gesto de dignidad, Zaratti para nada.
Es ante esta forma de asalariamiento vergonzante que la supuesta «racionalidad desprovista de juicios de valor» hace aguas. La razón es que la tecnocracia, funcionarios políticos del gobierno y políticos progubernamentales, conscientemente o no, posibilitan absurdos como el siguiente: Catorce millones de dólares, como vil precio para posibilitar un negocio de mil millones de dólares a favor de la Repsol(iii) .
En efecto, la transnacional Repsol se beneficiará con mil millones de dólares a través de un simple movimiento bursátil por la subida del valor de sus acciones, como consecuencia del referéndum, ya que una vez salvado este escollo, finalmente, podrán vender el gas de los bolivianos en sus condiciones y términos.
¿Qué ganará Bolivia con esta operación? Nada, salvo lo que la burocracia tecnocrática y política del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y YPFB se embolsillaron a lo largo de estos últimos siete años. En total, catorce millones setecientos mil dólares. Dineros sobre los cuales no hay control ni revisión alguna por parte de ningún ente estatal(iv) .
No cabe duda. Esta legalidad sin legitimidad esta condenada a ser incoherente con la realidad y con la moralidad, defendiendo lo que no debe ni puede ser.
¿Necesitaba un argumento más para rechazar el referéndum?
En lo que personalmente me concierne, el señor Zárate, reforzó mi convicción que debo rechazar esta farsa llamada referéndum, por un mínimo de ética, dignidad y sentido común. Lo haré en este rincón de la patria latinoamericana, marchando en protesta con otros compatriotas para rechazar el referéndum, el 14 de Julio.
Notas
i. Max Weber, es el autor del concepto de «racionalidad formal» a la que considera como un problema técnico, siendo la cuestión la efectividad del cálculo y previsiones. Según este autor, el «espíritu del capitalismo» se identifica al esfuerzo por conseguir una ganancia continuamente renovada. La racionalidad del cálculo de orienta a ese fin. Es una lógica desprovista de valores, axiologicamente neutral, de acuerdo a esta visión.
ii. Tome la denominación de «Súper Estado petrolero», del artículo de Ramón Rocha Monroy, titulado precisamente así. En él, Rocha Monroy, hace un entusiasta comparación entre Lechín y Virreyra. Entusiamo que no comparto por varias razones.
iii. Econoticia.com, 1-7-2004, «Repsol ganara mil millones de dolares»
iv. Esta afirmación se respalda con mayor evidencia, cuando el gobierno en su afán de justificar los leóninos contratos y anexos explica que esta forma de asalaramiento proviene ya desde 1972 (la dictadura bazerista). Por supuesto, se ha mantenido hasta ahora, como un secreto de Estado. En Bolprress, 7-7-2004, «La Burocracia boliviana recibía plata de las petroleras».