Bolivia ha recorrido un largo camino histórico para llegar al momento reconstitutivo marcado por la Asamblea Constituyente. Ha sido a diferencia de lo ocurrido en los países vecinos latinoamericanos, un proceso de construcción desde abajo y donde el resultado buscado por los actores sociales no es precisamente la modificación constitucional formal, sino una perspectiva todavía […]
Bolivia ha recorrido un largo camino histórico para llegar al momento reconstitutivo marcado por la Asamblea Constituyente. Ha sido a diferencia de lo ocurrido en los países vecinos latinoamericanos, un proceso de construcción desde abajo y donde el resultado buscado por los actores sociales no es precisamente la modificación constitucional formal, sino una perspectiva todavía más amplia y estructural que tiene que ver con el cambio revolucionario que vive el país.
El dilema en esta perspectiva es que el actual proceso está sustentado en sucesivas victorias democráticas, con pleno respaldo electoral y no en la desarticulación del poder vigente a través de un proceso revolucionario. Tal situación plantea algunas vicisitudes que es necesario tomar en cuenta. En un sentido positivo, tenemos la perspectiva de lograr un cambio real para el país en condiciones democráticas en el respeto pleno a la formalidad de la mayoría absoluta impuesta en las urnas. Además el proceso visto de esta manera implica el tomar en cuenta a las ahora minorías reales en el país, para lograr que participen en una adecuada proporción en las decisiones fundamentales.
En otro sentido, el de las hegemonías en construcción, encontramos que los movimientos sociales han sido capaces de lograr coherencia política en el proceso a través de su articulación en torno al liderazgo nítido de Evo Morales, que más allá de un proyecto político para el país, expresaba una reivindicación ético-política de comportamiento ante el poder junto a la plena reivindicación del derecho de los excluidos a ser parte de la representación de este país.
Esta situación ha sido paradigmática en tanto, la victoria plena en las urnas, se convierte en el gran reto de la gobernabilidad posible. Los siempre excluidos encabezados por un liderazgo y no precisamente por un aparato político que sostiene un proyecto político, son los que asumen el gobierno en medio de un conjunto de expectativas de los nadies, los siempre olvidados y pisoteados por el poder. Sin embargo la parafernalia del poder coloca a los actores sociales ante la disyuntiva crucial de desmontar las estructuras organizativas de una forma de organización del poder que ha sustentado a los sectores dominantes desde la colonia; o bien servirse de las mismas estructuras y de sus operadores y formas de hacer las cosas para «ponerlas al servicio de la causa» en la transformación que vive el país.
Sin duda, en este escenario las decisiones políticas han cargado con cierta ambigüedad el manejo estatal, cuando muchos operadores han entorpecido el proceso de las decisiones políticas desde los propios ministerios, no sólo en relación a militantes que permanecieron de partidos oligárquicos, sino también a la nueva militancia que se arrimó al carro vencedor, arrastrando viejas mañas y taras propias del proceso neoliberal.
En esta perspectiva, la centralización de las decisiones, junto a la cada vez mayor centralidad del liderazgo ejercido desde el palacio de gobierno, se presenta como una decisión cada vez más evidente y justificada como necesaria; a la que además habrá que añadir que en la emergencia del poder y la gobernabilidad, la tarea histórica de crear y sostener cuadros políticos partidarios junto a la promoción de nuevos liderazgos ha quedado relegado a la necesidad de la urgencia de decidir antes que delegar.
El escenario constituyente, construido como carta fundamental de la transformación posible, hereda el contexto al que nos referimos, cuando a la victoria arrasadora en el plano electoral encabezada una vez más por el propio presidente, se presenta la incomprensible situación de que el MAS como cabeza visible de la ola levantada por los movimientos sociales, no genere un debate y construcción de propuestas unificadoras que permitan la aglutinación de un proyecto hegemónico con el que se pueda convencer, sumar a la opinión pública y aún más preparar a los cuadros políticos que serán el sostén del proceso actual y posterior.
Se apuesta, o más bien como parte de la inercia se deja que sean los movimientos sociales los que puedan tomar la iniciativa; que no es malo en tanto son los protagonistas directos y ello se hace evidente en la capacidad de generar propuestas a lo largo del proceso, sin embargo lo que no se hace es precisamente tener una acción política hegemónica por parte del MAS para sumarlos, ponerse a la cabeza y lograr un proyecto convergente que permita lograr no sólo una nueva constitución sino una propuesta política de cambio para el país. Esta es aún una tarea estratégica pendiente.
Dentro las posibles salidas a la emergencia en que vivimos y la sucesión de acontecimientos que apresuran las decisiones políticas, sin embargo, las mismas no pueden ir por el tentador camino de resolver desde la centralidad, la convergencia en un proyecto común plasmado en un borrador de nueva constitución, al margen de la participación de los movimientos sociales. Si nos colocamos en la perspectiva de la construcción de una nueva forma de construcción del poder y de la generación de la hegemonía, esto necesariamente debe tomar en cuenta un proceso de deliberación lo más amplio posible para que el proceso de democracia real y participativa no suene a impostura y consigna sin contenido.
En perspectiva, no es posible suplir las carencias organizativas, centralizando las decisiones todavía más, como históricamente y desde siempre lo han hecho los sectores dominantes de este país. Este es un camino combinado de firme y férrea aplicación del mandato popular en las medidas estatales que nos están recuperando la dignidad como país; junto a la mayor democratización posible en las decisiones sobre el camino que sigue para profundizar la corresponsabilidad social.
La acción y la amenaza de la oposición no puede ser la excusa para evitar la deliberación al interior de los propios aliados del cambio y la transformación. Sólo es posible enfrentar el autoritarismo de la derecha, con mayor democracia; la falta de propuestas con mayor deliberación; la falta de organización con la delegación de responsabilidades y asumiendo la tarea seria de construcción de cuadros; por cuanto la apuesta revolucionaria no se remite tan sólo al sostenimiento de un gobierno sino de un proceso sostenido de transformación revolucionaria.
Qué de la reacción en todo este proceso? Luego de terminar arrinconada, asumió como estrategia el desgaste y el aprovechamiento de los errores, junto a una estructural posición racista de mostrar el posible fracaso de las medidas gubernamentales, no sólo como la falla de un liderazgo sino como la incapacidad de los pueblos originarios representados por el liderazgo de Evo Morales. Los medios de comunicación como punta de ataque, vierten cotidianamente el discurso racista y de arremetida oligárquica, junto a la acción coordinada de la reacción con sus representantes prefecturales y cívicos. Sin embargo, su única estrategia es la oposición y la inercia de un modelo de organización social y económica que no funciona; en definitiva la reacción carece de proyecto propio más allá del mercado que ya probó sus consecuencias a los sectores populares.
Conocemos la imposibilidad de volver atrás a pesar de las nostalgias de la reacción, pero también el aún insuficiente crecimiento político del proyecto alternativo para convencer al conjunto de la población de un camino sin retorno. Ello es posible en parte, por la aplicación consecuente de medidas políticas en marcha que reivindican la dignidad del pueblo boliviano, sin embargo más allá de la propaganda está la necesidad estratégica de generar estructuras políticas intermedias que permitan la construcción de la hegemonía y la consolidación del poder popular.
La garantía del proceso sigue estando en los movimientos sociales, y el apostar a su proceso deliberativo y de propuesta sigue siendo la apuesta revolucionaria de todos, apostar a la capacidad democrática y revolucionaria de construir el nuevo país no es una opción es una obligación revolucionaria que sostenemos los bolivianos.
En definitiva, que el nacimiento escrito de un nuevo acuerdo para la diversidad del país, contenido en una Constitución, no sea un objetivo en sí mismo, como la reacción se planteará peleando por palabras y contenidos técnicos. Que estos sean producto deliberativo de un proceso de construcción democrático y comunitario, nuestro objetivo es la profundización de la revolución; su institucionalidad es un instrumento complementario en el que hay que invertir sólo el esfuerzo necesario (sin descuidarlo, pues es un campo de poder en el que las fuerzas opositoras saben moverse); en cambio el tener una sociedad movilizada, deliberativa, proponente, dispuesta a defender y luchar por lo que considera suyo es un objetivo sostenible de la revolución posible.