Agroindustriales se apoyan en un proyecto de estatuto autonómico que aún no fue aprobado para desobedecer un decreto gubernamental que les prohíbe exportar aceite
El proyecto del estatuto autonómico de Santa Cruz propuesto por la Prefectura, el Comité Cívico y partidos políticos de derecha aún no ha sido aprobado por el pueblo en un referéndum, pero los agroindustriales, ganaderos y grandes propietarios de tierras ya lo usan en defensa de sus intereses. Anunciaron que no permitirán que el INRA sanee sus haciendas antes de que se apruebe la carta constitucional de su futuro gobierno autónomo en el referéndum del 4 de mayo. Los agroindustriales pidieron al Prefecto Rubén Costas que se apoye en este estatuto, por ahora sin valor legal alguno, para aprobar normas legales que faciliten la exportación de aceite.
Los agroindustriales de Santa Cruz reunidos en congreso ampliado desconocieron un decreto gubernamental que les prohíbe exportar aceite. Acordaron no asistir a ninguna reunión con el gobierno y pidieron al prefecto Costas que tampoco lo haga mientras no se abroguen los decretos 29470 y 29480 y se restituyan a las prefecturas los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.
Los decretos 29470 y 29480 prohíben temporalmente la exportación de aceites refinados y no refinados para asegurar el abastecimiento del producto en el mercado interno y estabilizar el precio del litro de aceite en 8,50 bolivianos. Actualmente, los empresarios venden el litro a 16 o 17 bolivianos.
Según el gobierno, el Decreto 24980 no afecta al sector productivo ni a la industria cruceña, ya que del total del grano que se produce, sólo el 15 por ciento se utiliza en la fabricación de aceite. Los productores pueden seguir exportando harina y torta de soya.
En criterio de los agroindustriales, estas normas políticas «nocivas» ponen en riesgo la seguridad alimentaria construida en décadas de esfuerzo y también 300 mil empleos. Argumentan que la política del gobierno del MAS es destruir el aparato productivo agropecuario.
Los empresarios pidieron al prefecto Rubén Costas que «en el marco de las disposiciones del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, el Concejo Departamental dicte las normas legales necesarias para facilitar el proceso de exportación de todos los productos por el territorio del departamento de Santa Cruz».
La ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario Susana Rivero informó que tres empresas, Alged Daniel Mynard, Industrias de Aceite SA e Industrias Oleaginosas SA, las mayores exportadoras de aceite en Bolivia, se están peleando entre ellas por el grano cultivado por pequeños y medianos productores.
Estas empresas compraron el grano de soya con el que fabrican aceite en las campañas de verano, invierno y verano de 2006 y 2007 a 215 dólares la tonelada, mientras que en Chicago costaba 261. En la campaña de invierno 2007 la tonelada de soya valía 280 dólares en Bolivia, 370 dólares en Rosario y 356 dólares en Chicago. En la última campaña, la tonelada de soya costaba 420 dólares mientras que en Rosario costaba 462 dólares.
A pesar de ello, Alged Daniel Mynard, Industrias de Aceite SA, e Industrias Oleaginosas SA venden aceite a los bolivianos a un precio más alto que en Estados Unidos. «En Chicago, referencia internacional de precios, la tonelada de aceite cuesta 1.295 dólares; en Rosario, Argentina 1.243 dólares y, paradójicamente, en Bolivia la misma tonelada se vende a 1.690 dólares, 30 por ciento más caro que en Chicago y 36 por ciento más que en Rosario».
Según Rivero, nada justifica que el aceite sea tan caro en Bolivia, peor sabiendo que el diesel que utilizan los aceiteros está subvencionado por todos los bolivianos.
Ni siquiera con la autonomía que añoran las elites cruceñas, los empresarios podrían exportar productos sin autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la única instancia autorizada en el país para extender certificados sanitarios y fitosanitarios, recordó Rivero.
El diputado Gustavo Torrico (MAS) comentó que la determinación de los agroindustriales cruceños es otra señal de lo que intentan hacer los patrones con la autonomía: autogobernarse y no obedecer las leyes en función de sus bolsillos.
Dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Confederación de Colonizadores volvieron a pedir al Presidente Evo Morales que nacionalice las empresas productoras de aceite y de alimentos para que los empresarios no sigan chantajeando al pueblo.
Algunos empresarios cruceños comentaron que los precios internacionales de los granos y del aceite se redujeron en las dos últimas semanas en más del 20%, fenómeno que hará bajar el precio del aceite en Bolivia en los próximos días.