Desde hace un mes y tres días, un grupo de ex autoridades del gobierno del presidente Evo Morales, derrocado mediante un «golpe de Estado» el 10 de noviembre, se encuentran asilados en la embajada de México a la espera de que el régimen de facto de Jeaninne Añez les otorgue el salvoconducto para trasladarse hacia […]
Desde hace un mes y tres días, un grupo de ex autoridades del gobierno del presidente Evo Morales, derrocado mediante un «golpe de Estado» el 10 de noviembre, se encuentran asilados en la embajada de México a la espera de que el régimen de facto de Jeaninne Añez les otorgue el salvoconducto para trasladarse hacia el país norteamericano.
El grupo de personas en la legación diplomática mexicana -ocho hombres y una mujer- se encuentran en la lista de perseguidos políticos que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no se inmutó de anunciar, sobre todo cuando dijo que se iba a «cazar» a los ex ministros de Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Alvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el «gobierno de transición».
Las ex autoridades -seis ex ministros, un ex gobernador, un ex viceministro y un ex director de una entidad desconcentrada- ingresaron a la embajada de México entre el 10 y 11 de noviembre y obtuvieron su calidad de asilados el 15 de ese mismo mes, tras la aceptación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien previamente ya había otorgado la misma condición a Evo Morales.
Sin embargo, a pesar del estatus reconocido a las ex autoridades, la Canciller Karen Longaric no termina de emitir los salvoconductos, con el argumento de que contra varios de ellos hay mandamientos de aprehensión por la comisión de delitos vinculados al denominado «fraude electoral» y «terrorismo y financiamiento al terrorismo», extremos que no han sido probados.
La negativa del gobierno de facto de entregar salvoconductos a los nueve asilados es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra que sostiene que la apertura de una causa judicial posterior al día en que se concedió calidad de asilado a una persona no causa efecto y no debería impedir que se le dé salvoconducto.
En la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, se encuentran los ex ministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el ex gobernador de Oruro, Victor Hugo Vásquez, y el ex director de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna.
De las personas que encontraban en la embajada de México, solo tres – un ex ministro de Economía que debe someterse a un control médico delicado y una activista en derechos humanos y su hija menor-, obtuvieron el salvoconducto la semana pasada.
El gobierno de facto de Añez en menos de una semana ha dejado un saldo de más de treinta muertos y decenas de heridos, según ha reconocido incluso un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tras su visita a Bolivia en la primera quincena de noviembre.
Tanto la Cidh como la Unión Europea han expresado que el «gobierno de transición» debería otorgar salvoconductos a los asilados y liberar a los presos políticos que están en las cárceles.
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