Constituye un hecho singular y comprobado que la enorme dinámica y velocidad de los acontecimientos sociales y políticos de Bolivia, impiden detenerse en un análisis y comprensión más profunda de lo que ellos significan para los asuntos de fondo que tienen que ver con el destino de la nación o, sencillamente, pasan desapercibidos al ser […]
Constituye un hecho singular y comprobado que la enorme dinámica y velocidad de los acontecimientos sociales y políticos de Bolivia, impiden detenerse en un análisis y comprensión más profunda de lo que ellos significan para los asuntos de fondo que tienen que ver con el destino de la nación o, sencillamente, pasan desapercibidos al ser sustituidos por nuevos y diferentes acontecimientos que acaparan la atención ciudadana.
En los últimos meses, se han producido hechos de gran significación, pero que por ejemplo, hoy por hoy, han quedado relegados por temas como la profusa sucesión de interpelaciones recíprocas entre los gobiernos de Bolivia y Chile, originadas en nuestro derecho a la reivindicación marítima, o los reiterados y cruentos asesinatos y violencia contra mujeres, adolescentes y niños que, sin desmerecer en absoluto su importancia, han contribuido a relegar y secundarizar otros que deberían ser entendidos como estratégicos, respecto del cumplimiento del ideario y los postulados del proceso de cambio y transformación, así como de la contribución a una nueva forma de hacer política.
En esa perspectiva, el presente artículo abordará algunos de los temas que deberían merecer mayor atención pública, así como una intervención más decidida y comprometida del gobierno.
En vista de que la idea no consiste en hacer un listado e identificar problemas, sino aportar a que el proceso no abandone el curso y los objetivos de la transformación y cambio que el pueblo ha decidido emprender y llevar adelante como resultado de sus luchas; se incluirán sugerencias de acción para que puedan ser tomadas en cuenta (a pesar de la eventual ingenuidad que ello represente frente al modo de gestión que parece imponerse).
Agenda Patriótica para el 2025. En ocasión de un nuevo aniversario de la gestión gubernamental, el Presidente Evo Morales hizo conocer una Agenda Patriótica hasta el año 2025 cuando se cumplirá el segundo centenario de independencia, en el que se plantean 13 puntos que deberán orientar el proceso de desarrollo nacional.
Paralelamente, como resultado de la gestión gubernamental y la orientación predominante que se ha dado a las obras, las inversiones y los diversos emprendimientos económicos, productivos y financieros; se ha hecho cada vez más evidente un sesgo desarrollista, productor y abastecedor de materias primas y extractivista de los recursos naturales, cuyo muy entusiasta impulso se encuentra en plena armonía con los intereses transnacionales y el capitalismo neoliberal predominante. Es decir, existe una fuerte interpelación y cuestionamiento respecto del modelo económico y el tipo de desarrollo que se ejecuta en el país, cuyo perfil no corresponde al socialismo comunitario para Vivir Bien que se ha diseñado como horizonte en la Constitución Política del Estado.
Adicionalmente, los 13 puntos de la Agenda Patriótica perfilada por el presidente Evo Morales, están en consonancia con dicha orientación, y se ha echado de menos la inclusión de aquellos asuntos fundamentales que hacen a la esencia del proceso de transformación y cambio. Esta constatación permite plantear la necesidad de que dicha Agenda Patriótica incorpore expresamente acciones y objetivos claros, orientados a construir y efectivizar: el socialismo comunitario para Vivir Bien; la descolonización interna y externa; la despatriarcalización del Estado y la sociedad; la construcción de indicadores para Vivir Bien y en armonía con la naturaleza; las tareas de liberación nacional y la lucha contra el imperialismo y, asimismo, la construcción de la interculturalidad y el respeto a la diversidad y diferencia que permitirán afirmar la condición plurinacional de nuestro país.
No está por demás señalar que, al incluir en dicha Agenda acciones y objetivos claros a cumplir hasta el 2025, no solo contaremos con un Programa Político claro para el país, sino que también se reafirmará la condición transformadora y de cambio del proceso democrático cultural que, de esa forma, establecerá su diferenciación con los riesgos y tentaciones desarrollistas, neoliberales, extractivistas y procapitalistas que aún se advierten en algunas corrientes gubernamentales.
Inversión pública y construcción de obras. Hay que congratularse de que las condiciones económicas del país y la actual disponibilidad de recursos económicos permiten impulsar y desarrollar múltiples obras que el presidente Morales inaugura y entrega cotidianamente a lo largo y lo ancho de todo el país; sin embargo, en consonancia al contenido de la Agenda Patriótica anteriormente sugerida y en sintonía y acompañamiento a los objetivos del proceso y no a los intereses desarrollistas y el enfoque urbano occidental que claramente está privilegiando lo que puede denominarse como la «siembra del cemento y el síndrome de las mega obras» (y cuanto más monumentales y elefanteásicas mejor), se pueda dar lugar a un tipo de planificación estratégica y el cambio en la orientación de las obras, para diseñar y realizar emprendimientos que permitan: desarrollar e impulsar tecnología propia, transformar e industrializar los recursos naturales explotados en una lógica de armonía con la naturaleza y respecto a los derechos de los pueblos indígenas; efectuar inversiones en áreas y sectores de elevada demanda de mano de obra (como por ejemplo la agricultura campesina); transformar y diversificar la producción para generar empleo directo, permanente y digno; promover prácticas ecológicas en armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias de producción, el empleo y la distribución de ingresos y recursos; priorizar las iniciativas productivas de diverso tipo, orientadas a lograr la soberanía y seguridad alimentarias, la producción colectiva y comunitaria, y la sustitución de la competencia, el consumismo y el individualismo capitalista, por la solidaridad, el intercambio y la complementariedad.
El solo fortalecimiento y desarrollo de la economía y la producción nacional no es suficiente, e inclusive puede ser contraproducente (para consolidarse como pro-capitalista y explotador de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo), sino parte desde su inicio impulsando y construyendo iniciativas armónicas con la naturaleza y relaciones sociales comunitarias para Vivir Bien.
Plan estratégico de desarrollo para el TIPNIS. Como resultado de la intención y mandato presidencial para erradicar la pobreza en el TIPNIS, se ha divulgado el compromiso del Ministerio de la Presidencia que ha anunciado la elaboración y presentación en las próximas 2 o 3 semanas, de una estrategia de desarrollo para esa región.
Tomando en cuenta los antecedentes y profundas implicaciones que ha conllevado el conflicto del TIPNIS en lo que corresponde al cumplimiento y aplicación de los derechos de consulta y participación, que han derivado en una fuerte interpelación nacional e internacional sobre el accionar gubernamental e, inclusive, sobre su abierta contradicción respecto de los postulados para construir un paradigma alternativo al desarrollismo extractivista del capitalismo salvaje y que ha tenido como colofón la violenta represión sufrida por los pueblos indígenas que efectuaban la VIII Marcha en defensa de dicho territorio indígena y Parque Nacional; resulta ciertamente sustancial y estratégico precisar la verdadera y última intencionalidad que se encuentra detrás de la Estrategia de desarrollo mencionada.
Salvo que se arriesgue un grave nuevo atropello y se esté dispuesto a asumir las consecuencias de una previsible reacción social de proporciones en contra de esta iniciativa, sería conveniente que la estrategia de desarrollo sea elaborada y consensuada con las propias organizaciones indígenas de dicho territorio indígena y parque nacional, para dar cumplimiento y aplicación plena a su derecho a decidir y participar en cualquier tipo de iniciativa, proyecto o actividad que pueda afectarles, según se reconoce constitucionalmente y en otras normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Debe tomarse en cuenta que diseñar propuestas que no respondan al interés indígena, pero sobre todo anulen la posibilidad de generar iniciativas que afecten su modo de vida y terminen asimilándolos a una lógica contracultural e identitaria, que vayan en contra de su derecho a la autodeterminación y que no tome en cuenta su derecho a decidir sobre el tipo de desarrollo acorde a su cultura e identidad, podría implicar una intencionalidad para asimilarlos a un tipo de sociedad y un tipo de desarrollo ajeno que implique su desaparición como pueblos. Aunado a ello, se encuentra el deber y la obligación constitucional del gobierno, de efectuar acciones conducentes a construir la interculturalidad, el respeto a la diversidad y diferencia y la consolidación del Estado Plurinacional.
Adicionalmente, un proceso consensuado, de buena fe y que obtenga el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del TIPNIS, puede redundar en el restablecimiento de aquellas buenas, transparentes y constructivas relaciones, que pueden contribuir a recuperar uno de los aliados estratégicos del bloque social del proceso de cambio.
Recomposición del Pacto de Unidad y el bloque social hegemónico. Una de las debilidades y deficiencias más notables del proceso de transformación en curso, es la ruptura del Pacto de Unidad y el alejamiento de dos sectores sociales estratégicos, que constituyen el proletariado y los obreros representados en la COB y la FSTMB, así como los pueblos indígenas agrupados en CONAMAQ y la CIDOB.
Aunado a ello, no puede dejar de mencionarse la penosa y sistemática desideologización de los sectores, movimientos y organizaciones sociales (principalmente llamados a constituirse en vanguardia), que han optado por privilegiar las demandas inmediatistas, las movilizaciones coyunturales y reivindicacionistas de fuerte contenido corporativista y la elevada agresividad y violencia ejercida en sus movilizaciones. También resalta la ausencia de una visión nacional, de una dirección política que oriente el proceso que, a su turno, tampoco ha sido ejercida (o cubierta) por el MAS, que se supone constituye el instrumento político de los movimientos y sectores sociales del país.
En razón de ello y con el objeto de revertir esta perniciosa y contraproducente situación que afecta, debilita y otorga una cualidad conservadora y hasta reaccionaria a la composición y orientación del bloque social hegemónico (y por tanto a las perspectivas del proceso de cambio), el gobierno debería efectuar todos los esfuerzos necesarios, sin desmayar, para convocar, reunirse y restablecer la relación rota y distante que actualmente existe con las principales organizaciones matrices de los pueblos indígenas (CONAMAQ y CIDOB), así como del proletariado y los obreros (COB y FSTMB), en la perspectiva de rearticular el Pacto de Unidad y otorgar el lugar protagónico que les corresponde en este proceso de cambio y transformación, y que debe constituir el referente social y político del mismo.
Una dirección política no acorde el proceso de transformación y cambio demandada por los sectores populares, no es revolucionaria y mucho menos contribuirá a la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza.
Lucha contra la impunidad. El avance y facilitación de las investigaciones judiciales para esclarecer e identificar a los culpables de la represión y brutal agresión contra los pueblos indígenas del TIPNIS que defendían sus derechos constitucionalmente reconocidos; constituye un asunto de fundamental gravitación, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad y la obligación gubernamental de evidenciar una forma transparente y ética de ejercer funciones y hacer política, como por la imperiosa necesidad de coadyuvar a una administración de justicia ágil y oportuna.
A partir de los violentos hechos sufridos por los marchistas de la VIII Marcha Nacional de los pueblos indígenas, y posteriormente con la incomprensible y lamentable declaración vicepresidencial de que las autoridades de gobierno conocían a los culpables pero negándose a denunciarlos como es su obligación; se ha provocado una sensación pública que percibe que el gobierno no es transparente, oculta información y no cumple con su responsabilidad para ayudar a esclarecer los hechos. Adicionalmente, también se ha tomado la determinación de nombrar embajador ante la ONU, al exministro de Gobierno; con lo cual se ha alimentado el criterio que aunado a lo anterior, muestra a un gobierno que premia y eventualmente protege a una autoridad sobre la que pesan sospechas sobre su responsabilidad en tan graves hechos de Chaparina.
Esta situación permite afirmar que no es posible hablar de lucha por la transparencia y contra la corrupción (en este caso ética y política, puesto que la corrupción no es exclusivamente económica), que no implique la lucha contra la impunidad. Por esta razón, en correlación y consecuencia a la lucha contra la corrupción y por la transparencia que ha emprendido el gobierno del Estado Plurinacional, es imperioso que ésta se haga extensiva a la lucha contra la impunidad, retirando de sus funciones al Embajador ante las Naciones Unidas, Sr. Sacha Llorenti, de modo que pueda otorgarse y favorecer las condiciones más deseables para una administración de justicia que esté libre de toda duda o sospecha de influencia, lo que permitirá desvirtuar aquella percepción ciudadana sobre el supuesto premio y/o protección que el Gobierno ejercería en favor de ese ciudadano.
Alternabilidad en cargos electivos. El cumplimiento de la mitad del periodo de ejercicio gubernamental ha evidenciado «compromisos políticos» al interior del partido oficialista, que han constituido la base para que candidatos suplentes demanden un supuesto derecho de alternabilidad en la ocupación de los cargos electivos.
En vista de la insistencia y riesgo de generalización que actualmente se está produciendo en algunas alcaldías y otros organismos electivos de autoridades, en lo que representa una flagrante maniobra y una alevosa distorsión de aquel sano principio democrático que ha caracterizado a nuestras organizaciones originarias y comunitarias, donde acostumbra a una rotación y paulatino ascenso de cargos para el SERVICIO NO REMUNERADO a la comunidad, pero que en este caso expresa una descarada y subalterna intención de beneficiarse personalmente de una especie de «pasanaku», que además tendrá previsiblemente el efecto de retrasar, perjudicar y, eventualmente, malutilizar los cargos de autoridad en beneficio de particulares; se hace indispensable instruir la prohibición expresa para la realización de este tipo de «compromisos políticos», para reafirmar en cambio el derecho popular y democrático de revocatoria que sí efectivamente puede ser una herramienta para alejar de sus cargos a aquellas autoridades que no cumplan, sean corruptos o hagan mal uso de su condición de servidores públicos.
El pueblo elige autoridades para que cumplan un servicio público y no para que utilicen los cargos en un pasanaku en su beneficio. Por lo demás, dar curso y ser permisibles con esta pretensión perniciosa, solo se habrá contribuido a establecer un funesto precedente a las prácticas democráticas más elementales, a la propia institucionalidad y el concepto de servicio público y a la efectividad en la gestión pública, que quedará embargada y distorsionada por claros intereses subalternos.
Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo boliviano. Cochabamba.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.