En el año 2010, cuando aún permanecían en el penal de máxima seguridad del Altiplano Felipe Álvarez e Ignacio Del Valle, dos de los integrantes más representativos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se concretó el despojo de tierras en la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac; esos terrenos, como los de […]
En el año 2010, cuando aún permanecían en el penal de máxima seguridad del Altiplano Felipe Álvarez e Ignacio Del Valle, dos de los integrantes más representativos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se concretó el despojo de tierras en la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac; esos terrenos, como los de Santa Isabel Ixtapa y otros pueblos, forman parte del municipio de Atenco. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) empleó mecanismos similares a los que hoy pretenden aplicarse en San Salvador Atenco, cabecera del municipio, para que «legalmente» las tierras comunales cambien de uso y puedan ser vendidas con la finalidad de dar paso al proyecto aeroportuario derrotado ya en una ocasión hace poco más de diez años. En Nexquipayac, lo mismo que hoy en San Salvador Atenco, la convocatoria a la Asamblea ejidal se realizó en condiciones más que irregulares. Violando tradiciones y leyes agrarias, la sede fue afín a los priistas, se ofrecieron miles de pesos a los ejidatarios que lograran convencer a otros para votar por el cambio de uso de suelo; se maiceó -porfirianamente hablando-, a quienes, en teoría, como representantes populares deben defender los ejidos; se llevó a cabo una sola Asamblea de modo fast track, sin importar que un tema como la venta de la tierra requiere una profusa discusión entre los directamente afectados; finalmente, la presencia de los funcionarios de CONAGUA sirvió como acicate para concretar el trato. Vale decir, además, que al terminar la Asamblea, de manera inmediata, se firmó el convenio con la CONAGUA. Algunos ejidatarios, encantados con la oferta, recibieron hasta un millón quinientos mil pesos, pero a cuatro años de distancia el dinero se ha esfumado. Ahora se encuentran a la deriva: sin dinero y sin tierra.
El FPDT ha insistido, no sin razón, en que las condiciones actuales para la resistencia no son las mismas que en el año 2001. Sin embargo, existe una sola que desde el decreto emitido por Vicente Fox no ha variado: las tierras de San Salvador Atenco son indispensables para concretar el proyecto de aeropuerto. Por más que, con la venta de tierras en otros poblados, exista un cerco hacia San Salvador Atenco encabezado por la CONAGUA, es necesario el arrebato de los ejidos en esa comunidad que, con los años, se convirtió en el centro de la lucha campesina atenquense. Mientras en las tierras comunales de ese pueblo no exista un cambio en el uso de suelo, mientras continúe la resistencia pertinaz del FPDT, y la porfía de los campesinos y ejidatarios que le dan vida, la amenaza de despojo no cesará.
El pasado 18 de mayo, el priismo de viejo cuño pretendió llevar a cabo una Asamblea cuyo objetivo principal era votar el cambio de uso de suelo y el dominio pleno de las tierras ejidales. Las irregularidades, como ocurrió en Nexquipayac, fueron el caballo de batalla para quienes buscan la entrega de los terrenos. La Asamblea fue convocada en un espacio vinculado, por cierto, a priistas del pueblo. La sesión intentó llevarse a puerta cerrada, sin posibilidad siquiera de que los pobladores pudieran escuchar las discusiones como tradicionalmente ocurre. Quienes pretenden legalizar la venta de la tierra no son sino los mismos que desde el 2001 creyeron en las bondades del aeropuerto; son los mismos que en 2006 sirvieron de quinta columna para señalar las casas que fueron allanadas en el brutal operativo del mayo rojo; son los mismos que, una y otra vez, apostaron por el dinero y las migajas del poder antes que por la historia y el amor a su pueblo.
Finalmente, la Asamblea no tuvo el quórum necesario para llevarse a cabo. Erróneamente, algunos medios como La Jornada reseñaron que el Cordón de Paz, convocado por el FPDT para ese día ante el riesgo latente de violencia, fue el que impidió su realización. La versión, además de confusa e ingenua, cuando no mal intencionada, está muy alejada de lo sucedido. Vale la pena señalar, por un lado, que era necesario -incluso con todas las irregularidades ya sabidas-, reunir a más de 500 ejidatarios para una decisión de tal envergadura. De esa cantidad, poco más de 300 debían votar por el cambio de uso de suelo y dominio pleno de la tierra. Los priistas, luego de toda su maquinaria empleada, congregaron a menos 200 personas. Quienes, siendo o no del FPDT, asistieron a la Asamblea pero sin firmar lista de asistencia y, por tanto, sin reconocerla también fueron alrededor de 200. Los números, en uno y otro caso, llaman la atención. Hay, sin duda, y por el momento, una especie de empate.
Los participantes en el Cordón de Paz y Dignidad no impidieron la realización de la Asamblea pero fueron, en cambio, testigos del operativo montado por el PRI en la intentona de avalar el despojo. Los medios de comunicación alternativos jugaron, sin duda, un papel trascendente al dar a conocer qué ocurría en la comunidad atenquense. Si, por el momento, los priistas fracasaron en su cometido, incluso a pesar de sus consabidos deseos y esfuerzos, nada señala que desistirán en éste, bien a mediato o a largo plazo. El PRI que desgobierna nuestro país ha impuesto, se reconozca o no, un cerco mediático hacia la incansable lucha del FPDT. Ha cumplido, al pie de la letra, la agenda de los magnates empresariales que, con Peña Nieto y detrás de él, hunden a México en el más bochornoso de sus presentes.
Atenco es un dique a derribar. Pero el FPDT y la solidaridad más genuina que lo identifica, bien sabe de la dignidad de «asumir al enemigo». Por lo pronto, esta organización tan hija de Zapata, convoca a que quienes con ellos caminan participen, este 1 de junio, en el segundo Cordón de Paz y Dignidad. Asumamos, como el FPDT lo mandate, dignamente al enemigo.
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