Emilio Luque es un empresario de la provincia de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además, tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos.
Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses durante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.
Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016 por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia. Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares
Y cómo compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri, 17.802.944 dólares -informa en la nota “Ahora las personas” de Horacio Verbitsky, publicada en “El Cohete a la Luna” del 31 de mayo de 2020-, cuando no paga impuestos por esa suma y, tiene deudas con la AFIP y, se infiere que también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia.
Contamos esta historia porque amparándose en los artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, el Banco Central de la República Argentina, que armó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde afirma que casi siete millones de personas físicas y jurídicas compraron en esos años de la gestión de “Cambiemos” la suma de 86.200 millones de dólares, pero los 100 mayores compradores adquirieron 24.679 millones de dólares en ese lapso.
Sin embargo no dice quiénes eran esas personas y empresas en una interpretación muy particular del secreto bancario. Tan particular que es un secreto para que no sepa la población quienes fueron los beneficiados por la política macrista y, sin embargo, cuando hay que pagar esa deuda, que lo haga el pueblo argentino.
Es más, el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, en una reunión organizada por el mismo BCRA en noviembre 2021 y, sabiendo fehacientemente quienes fueron los grandes compradores de dólares de ese período, afirmó que para poder pagar hay que solicitarle al FMI 15 (quince) años de plazo y no los 10 (diez) años que implica la injerencia del FMI en nuestras cuentas y en nuestra soberanía fiscal, monetaria y comercial.
Y solicita ese plazo porque no pagan la deuda los que compraron los dólares y los fugaron, la pagan los asalariados, los jubilados y pensionados, los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo, etc. percibiendo menores ingresos.
La ley 21.526 de la dictadura rige porque la Corte en época del gopbnierno de Raúl Alfonsín (1983) sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaban supeditada tan sólo al reconocimiento explícito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera.
En tanto, la Corte durante la pfesidenia de Carlos Menem fue un paso más allá y alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica (Dictamen del Rodolfo Barra). Seguridad jurídica basada en legislación de una dictadura asesina y cobarde, cuando en ese mismo artículo 39 de la ley 21.526 afirma que exceptúan de tal deber (guardad secreto) los informes que requieran:
a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;
c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales.
Posteriormente, la ley 27.275 del año 2016 -de “Derecho de Acceso a la Información Pública”- en su artíulo 1dice: “… garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Con la excepción dispuesta en su artículo 8º Inciso “b”: Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
¿Cuál es la interpretación que hace el BCRA, la AFIP y la Justicia de las leyes que se debe guardar en secreto de donde extrajo los fondos Emilio Luque, que no trepida en dejar 1.200 trabajadores sin sus puestos? Un empresario que no paga los aportes y los impuestos a la AFIP y a la Dirección General de Rentas y que, seguramente, percibe créditos de bancos oficiales.
No hay secretos ni para los jueces, ni para el BCRA, ni para la AFIP, por ende cada una de esas instituciones en forma separada y conjunta deberían llamarlo a Emilio Luque y exigirle que transparente sus cuentas y que pague al erario público las contribuciones que le corresponde.
Un secreto que el mismo gobierno levanta cuando se le va a suministrar a la Secretaria de Energía los datos de ingresos y egresos de la AFIP, hoy blindados por la ley de protección de datos, mediante un decreto presidencial que habilite vulnerar la protección de los datos de ingresos y gastos que tiene la AFIP sobre los usuarios del área metropolitana, para poder aplicar una segmentación que tenga alguna correspondencia con la realidad y permita una construcción real de las bases de datos de las empresas.
Y se va a hacer porque es un pedido del FMI para limitar dicho subsidio y, para investigar el destino del crédito del mismo organismo no se hace.
De igual manera se debería proceder con Marcelo Midlin y preguntarle cómo hizo su grupo económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares entre los años 2016 a 2019, si no declaró ni pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto.
Y así, empezar con las primeras cien empresas –de las que informará Verbitsky en “El Cohete a la Luna” el 24 de mayo de 2020- lista que nunca fue desmentida ni por el BCRA ni por esas mismas empresas, quienes compraron los 24.679 millones de dólares en la gestión de la coalición neoliberal Cambiemos.
Se debe llamar a los titulares de esas cien firmas, que no declararon y menos que menos pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron y preguntarles de dónde extrajeron esa suma, con lo cual se lograría hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
En la nota “Los 100 de Macri”, Verbitsky afirma que entre esos grandes fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino).
Además del Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe.
Y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2]; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Argentina no tiene un problema de restricción externa clásico. No es que necesite que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, en lo que va de este siglo, hasta octubre 2021, el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) fue de 200.192 millones de dólares, una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández con el pretexto de impulsar las ventas al exterior para conseguir lo dólares suficientes para pagar la deuda y sus intereses, propicia dos leyes claves:
Una denominada “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que “consensuó” con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y contiene un conjunto de beneficios para un sector que básicamente no los necesita.
Sus principales cámaras que son CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales), que declaran haber ingresado en los primeros 11 meses del año 2021, 30 mil 129 millones de dólares por la venta de 95 millones de toneladas de granos y derivados.
Además, al sector agroindustrial en su conjunto representa el 17 por ciento del PBI en todo el país y el 65 por ciento de las exportaciones nacionales le confiere diversas ventajas tributarias, como la de amortizar contablemente en menor plazo la compra de equipos e inmuebles.
Pero, sobre todo, le da estabilidad fiscal hasta el año 2025, por lo que no se le puede subir los derechos de exportación (retenciones) que son muy bajos y que es el mejor mecanismo de desdoblar los precios internos con los externos (además de aumentar la recaudación para el Estado).
Y el otro proyecto es peor, le confiere a las empresas hidrocarburíferas una vigencia por 20 (veinte) años de estabilidad tributaria e incentivos y tratamientos diferenciales en lo tributario, arancelario y cambiario, cuando el complejo petrolero, las compañías YPF S.A.; Pan American Energy S.L (Bulgheroni y la británica “British Petroleum”[3]).
Asimismo, Vista Oil & Gas Argentina (operador independiente en la ventana de shale oil de la formación Vaca Muerta. La empresa es liderada por el ingeniero Miguel Galuccio, ex CEO de YPF) Tecpetrol S.A. (Techint); Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.; Capex S.A.; Compañía General de Combustibles S.A.; y Pampa Energía
En extracción (producción) de gas las empresas que participan son YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol (de Techint), Apache y Chevron. El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía, que conectan las cinco cuencas que existen en el país. Todas las empresas que se apropian de la renta de nuestro subsuelo.
La verdad
El problema real es que la suma obtenida por un brutal ajuste externo en base a maximizar las exportaciones y a reducir el consumo de alimentos y energía, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país.
Pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante, recuperar los puertos y el Río Paraná, o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.
No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda.
Por eso, en vez de aceptar calladamente la presión del FMI y de los que fugaron capitales para que se acuerde con dicho organismo internacional, primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente cómo hicieron los Luque y los Midlin y al menos los primeros 200 compradores de dólares en la gestión de Macri, para adquirir los millones de dólares que compraron.
Es más, de ese modo, se debe recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.
Notas
[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.
[2] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.
[3] Que detrae petróleo del mar argentino frente a nuestras Islas Malvinas
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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