En estos días el gobierno argentino parece estar más predispuesto a pagar las deudas que el país tiene internacionalmente que a cancelar la «deuda social» que mantiene con las personas pobres e indigentes (20,6% y 5,9% respectivamente según cifras oficiales) que lo habitan ya que, el pasado 2 de septiembre, Cristina Kirchner anunció que con […]
En estos días el gobierno argentino parece estar más predispuesto a pagar las deudas que el país tiene internacionalmente que a cancelar la «deuda social» que mantiene con las personas pobres e indigentes (20,6% y 5,9% respectivamente según cifras oficiales) que lo habitan ya que, el pasado 2 de septiembre, Cristina Kirchner anunció que con las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se abonarían los 6.706 millones de dólares que la Argentina le adeuda al Club de París.
Este acontecimiento suscitó numerosas controversias ya que, por un lado, el anuncio realizado por la presidenta argentina elude -según el abogado Ricardo Moner Sans- «excluyentes facultades que tiene el Congreso de la Nación Argentina para el pago de la deuda contraída con los países que conforman lo que se ha dado en llamar el Club de París» ; y, por otro lado, al expresar su intención de pagarle al Club de París, implicitamente, Cristina Kirchner convalidó una deuda que muchos consideran fraudulenta ya que -en gran parte- fue contraída durante la última dictadura militar.
Por su parte numerosas organizaciones sociales sostienen que sería mas beneficioso utilizar las reservas monetarias argentinas para intentar mejorar la vida de millones de personas que transcurren sus días en situaciones precarias e insalubres ya que, en el mejor de los casos, poseen un escaso acceso a los servicios sanitarios y educativos públicos; una deficitaria recolección de basura; un insuficiente desagote de cámaras, pozos ciegos y cloacas; una inadecuada limpieza de las aguas estancadas en la vía pública; y, en muchas ocasiones, un precario acceso al agua potable.
Así, por ejemplo, muchos creen que sería mas productivo usar los fondos del BCRA para construir un acueducto que le posibilite tener agua potable a la mayoría de la población de la provincia de Chaco que por ser pobre e indigente, y tener sus necesidades básicas insatisfechas, consume agua contaminada -con el consiguiente riesgo de contraer numerosas enfermedades mortales- por no poseer dinero para comprar agua potable.
En el contexto anteriormente mencionado, el pasado 25 de agosto numerosas organizaciones sociales realizaron una manifestación en contra de la visita de Cristina Kirchner al Chaco ya que entienden que, tal como lo afirmó años atrás Emerenciano Sena dirigente del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio-, «No se puede permitir que personajes que dejaron en la miseria a muchas familias argentinas paseen por las calles, como si en este país no hubiese pasado nada… no puede venir el Presidente Kirchner a hablarnos de derechos humanos, cuando en otros puntos del país no se respetan los derechos humanos. Aquí mismo, con el hambre y desnutrición de nuestros hijos, no pueden decirnos que se respetan los derechos humanos».
Por último, y considerando que según estimaciones realizadas por economistas pertenecientes a la Central de Trabajadores Argentinos del total de la población argentina el 32,9% es pobre y el 12,7% es indigente, muchos entienden que Cristina Kirchner lejos esta de implementar una verdadera política que favorezca a los que nada tienen, y de comprender que -tal como lo sostuvo el Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo- «el problema -del pago- de la deuda externa no es sólo, ni principalmente, económico, sino humano, porque lleva a un empobrecimiento cada vez mayor e impide el desarrollo y retarda la promoción de los más pobres. Nos preguntamos por su validez cuando por su pago peligra seriamente la sobrevivencia de los pueblos, cuando la misma población no ha sido consultada antes de contraer la deuda, y cuando ésta ha sido usada para fines no siempre lícitos».