Todos exigen que se anule el gasolinazo impuesto por el FMI y el Banco Mundial, y muchos claman por la nacionalización del gas. Arrinconado, el gobierno comienza a ceder y ofrece anular el contrato de la transnacional francesa del agua La Paz, enero 11, 2005.- La intensa y creciente presión que ejercen las organizaciones sociales […]
Todos exigen que se anule el gasolinazo impuesto por el FMI y el Banco Mundial, y muchos claman por la nacionalización del gas. Arrinconado, el gobierno comienza a ceder y ofrece anular el contrato de la transnacional francesa del agua
La Paz, enero 11, 2005.- La intensa y creciente presión que ejercen las organizaciones sociales y populares sobre la endeble administración del neoliberal Carlos Mesa comenzó a dar sus primeros frutos este martes, al hacerse pública la intención gubernamental de anular el contrato de la transnacional francesa que maneja el servicio de agua potable en La Paz y El Alto.
La salida de la compañía «Aguas del Illimani», filial de la francesa Lyonnaise des Eaux , había sido una de las principales exigencias de los vecinos y trabajadores de la ciudad de El Alto, que cumplen desde el lunes una huelga indefinida en demanda, además, de la anulación del decreto que eleva el precio de los carburantes y por la nacionalización del gas y el petróleo.
Según el cálculo del gobierno, la anunciada anulación del contrato de Aguas del Illimani desinflaría las protestas de El Alto, la ciudad más pobre y combativa de Bolivia y que se erige, por ahora, en el bastión de la lucha popular contra las transnacionales y el neoliberalismo.
Con esta medida, el gobierno intenta también reducir la magnitud de las protestas, que este martes se multiplicaron con la paralización total de actividades en la región oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, que lucha por la anulación del aumento de precios del diesel y de la gasolina, dispuesta a fin de año por la administración de Mesa para satisfacer las exigencias de los organismos internacionales y cerrar el déficit fiscal.
Este martes, la huelga era total en Santa Cruz y El Alto, con bloqueos de calles y avenidas y cero actividad en la banca, el transporte y el comercio. La medida de protesta es contundente en estas dos ciudades, que son la segunda y la cuarta en población del país.
En tanto, La Paz, que aún es la más poblada, tenía todos sus accesos terrestres cortados por la protesta de los vecinos de los barrios más pobres, que colindan con el distrito de El Alto.
En el resto de las ciudades del país, la protesta también fue intensa este lunes con masivas manifestaciones de gremiales, obreros, estudiantes, desocupados y vecinos de los barrios más pobres.
Todos protestan, todos exigen que se anule el gasolinazo impuesto por el Fondo Monetario internacional (FMI) y el Banco Mundial, y muchos claman por la nacionalización del gas y el petróleo, que están en manos de las transnacionales como repsol, Petrobras, Total, Exon, Shell, Enron, British Petroleum y otras que hacen millonarios negocios al vender los carburantes a los bolivianos como si éstos fueran importados desde Kuwait o Arabia Saudita.
AGUA POR GAS
La protesta es creciente y amenaza la estabilidad del gobierno de Mesa, que anunció este domingo que renunciaría al cargo si el tenso clima de convulsión social y político derivaba en acciones violentas y si es que no recibía el respaldo inmediato de las clases medias.
En este escenario de marcada debilidad gubernamental, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Jorge Urquidi, a nombre del gobierno, ofreció anular el contrato de Aguas del Illimani para así acabar con la protesta.
En carta fechada este martes y dirigida al presidente de las Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, el ministro Urquidi dice que «el Gobierno boliviano iniciará la terminación del Contrato de Concesión con Aguas del Illimani en forma concertada, por las vías legales que le asistan y que sean consistentes con las legítimas pretensiones y necesidades de servicios básicos de las ciudades de La Paz y El Alto».
«A efecto de evitar acciones que sean utilizadas por Aguas del Illimani como motivo para demandar daños económicos al Estado boliviano, solicitamos a los vecinos de El Alto evitar cualquier acción de hecho contra personeros e instalaciones de dicha empresa», agrega la oferta gubernamental. Días atrás, las autoridades habían asegurado que no estaban dispuestas a terminar el contrato con la francesa Aguas del Illimani, por lo que es clara su intención de sacrificar el tema del agua para que los alteños se olviden del gasolinazo y de la nacionalización del gas.