La Cámara de diputados aprobó el miércoles un proyecto que faculta al gobierno de Kirchner a incorporar en las facturas de gas y electricidad un importe adicional para pagar obras de infraestructura de estos sectores. Este nuevo cargo, que además tributará IVA, será destinado expandir el sistema de generación, transporte y distribución de los servicios […]
La Cámara de diputados aprobó el miércoles un proyecto que faculta al gobierno de Kirchner a incorporar en las facturas de gas y electricidad un importe adicional para pagar obras de infraestructura de estos sectores.
Este nuevo cargo, que además tributará IVA, será destinado expandir el sistema de generación, transporte y distribución de los servicios de gas natural, gas licuado y electricidad.
De esta forma todos estaremos pagando las inversiones de las que no se han hecho cargo las empresas privatizadas del sector.
Bajo el eufemismo de «sistema de cargos específicos» la norma significa lisa y llanamente el aumento de los servicios y una nueva transferencia de recursos de los bolsillos del pueblo para seguir subsidiando a las empresas privatizadas.
El texto precisa que el Poder Ejecutivo fijará «el valor de los cargos específicos» y podrá además ajustarlos «en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de las obras».
El texto presentado no aceptó ninguna modificación por parte de los diputados kirchnenristas. La aprobación fue por 138 votos a favor por parte del kircherismo con el apoyo del bloque Peronista Federal (a los que aportaron ex duhaldista y menemistas) y 75 que rechazaron la iniciativa del radicalismo, aristas, socialistas, macristas y peronistas puntanos. Los diputados que votaron en contra criticaron al proyecto por ser muy amplio y falto de detalles.
Por su parte el diputado radical Luis Giubergia advirtió: «estas obras no van a ser llevadas adelante a través de licitaciones públicas»
Quien dijo, quien dijo…
Hoy el gobierno pone en práctica los consejos que en setiembre del año pasado dio Marianne Fay. El economista jefe del Banco Mundial había dicho que el aumento de tarifas de los servicios públicos «es parte de la solución» para que Argentina avance en obras de infraestructura.
Argentina «debe gastar más en infraestructura para competir, reducir la pobreza y mejorar el nivel de equidad» (…) «hay que combinar el rol del Estado en la conducción de la infraestructura, con un importante aporte del sector privado», agregó.
Un mes después, el Gobierno nacional aseguró que no iba a haber aumento de tarifas de servicios públicos luego de las elecciones legislativas del 23 de octubre de ese año. Y apenas terminados los comicios el jefe de Gabinete Alberto Fernández, aseguró que no había que esperar tarifazos.
Lo concreto es que el proyecto fue aprobado «en general» y paso ahora al Senado.
En la sesión del miércoles el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, salió al cruce de los duros cuestionamientos y destacó que la recaudación de fondos parte de «un mecanismo de base solidaria y significa que puede cobrar cargos en zonas donde no se hagan las obras principales pero permita un desarrollo armónico de las obras en todo el país».
La pregunta es por qué habría que ser solidarios con empresas que se han enriquecido a costa de nuestros bolsillos y con la connivencia de contratos firmados por dirigentes del mismo partido que hoy vuelven a beneficiarlas con este proyecto.