El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios. Junto al aumento […]
El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.
Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.
Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.
No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.
Menor consumo y mayor inflación
La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.
Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.
Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.
Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.
Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.
El programa del poder
Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.
Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.
Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.
Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.
La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.
En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o «fondos buitres» para negociar «en serio» el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.
Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.
El ajuste en acción
Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.
No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.
Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.
Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.
En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.
Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?
La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que «para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40».
Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.
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