Al mismo tiempo que la oligarquía de la más grande ciudad de Bolivia, Santa Cruz, promueve un paro regional indefinido contra el gobierno de Luis Arce, con el pretexto de exigir una pronta realización del Censo Nacional de Población, este lunes 24 de octubre las denominadas “cooperativas mineras auríferas” –que buena parte de ellas son en realidad empresas capitalistas- han movilizado a miles de sus afiliados hacia la ciudad de La Paz para conseguir el cumplimiento de su pliego petitorio. Ese pliego contempla al menos tres puntos sensibles: que el Gobierno promulgue la ley de creación de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol); la readecuación de contratos en áreas protegidas (parques nacionales), y el pago único del tributo (impuesto) de 3,5% sobre el valor exportado del oro.
Respecto del primer punto, la intención del reconocimiento de una Federación paralela a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) es inviable, dado que la vigente Ley General de Cooperativas y su Decreto Reglamentario, reconocen como único ente matriz a Fencomin, por lo que la petición de reconocimiento de personería jurídica para otra federación nacional va contra la norma. Por otro lado, la creación de una federación paralela significa dividir al sector de las cooperativas más rentables, las que pagan menos impuestos en relación a su enorme flujo económico, las que cometen más abusos patronales contra los trabajadores, las que buscan intereses propios de un sector privilegiado aurífero en desmedro del conjunto del cooperativismo minero del sector tradicional (productor de estaño, wólfram. zinc, etc).
El segundo punto, sobre la demanda de adecuación de contratos en reservas naturales en favor de las cooperativas auríferas, busca ampliar nueva áreas de explotación sin tomar en cuenta las leyes medioambientales y de protección a la Madre Tierra. Recordemos el conflicto de hace unos meses, cuando los auríferos incursionaron en el Parque Nacional Madidi (ubicado al norte de La Paz) causando daños irreparables al medio ambiente, poniendo como pretexto que “dan trabajo”. Esta actitud depredadora ha sido duramente rechazada por el pueblo boliviano; sin embargo, todas las denuncias presentadas ante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Administradora de Bosques y Tierras (ABT), no prosperan por el tráfico de influencias de los auríferos sobre estas dos instituciones que no hacen casi nada para que las cooperativas auríferas respeten las leyes que protegen la biodiversidad y el medio ambiente. Es decir, nuevamente los intereses de estos empresarios del oro que en muchos casos utilizan el marbete de “cooperativas” sólo para evadir impuestos y cargas sociales, se ponen por encima de la preservación de áreas naturales con gran biodiversidad.
El tercer punto tiene que ver con la exigencia de las auríferas de pagar un monto máximo de impuestos del 2,5% por el valor exportado de oro, que es muy inferior al planteado por el gobierno de 6% y el que fija la misma ley minera. Esta exigencia es otra muestra de avaricia y mezquindad de los empresarios del oro, que en el mes de agosto de 2021 anunciaron que un impuesto como el que se les quiere cobrar atentaba contra la economía del sector; pero se debe recordar que los precios internacionales del oro están siempre altos y, por consiguiente, también los márgenes de ganancia de los auríferos son altos por lo que es correcto que contribuyan más al Estado, para que estos recursos sean redistribuidos en proyectos sociales de educación, salud y vertebración caminera, entre otros.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2021 la producción de oro en Bolivia fue de 23 toneladas, de ese total el 70% corresponde a la producción de cooperativas auríferas del departamento de La Paz (aproximadamente 22 toneladas). Ahora bien, el valor de esos veintidós mil kilos producidos es de aproximadamente 1.263 millones de dólares estadounidenses a precios promedio de Sus.1600 la onza troy (OT); increíblemente durante ese año los auríferos pagaron regalías por solo 34 millones de $us. Se debe tomar en cuenta que la Ley 1777 (Código de Minería) establece un tributo de 7% cuando el precio del oro fuera superior a Sus. 700 la OT, lo que quiere decir que el 2,5% de tributación propuesta por las cooperativas auríferas hasta 2021 ni siquiera cumple con la norma.
Exigir que se congele por debajo de lo establecido o se reduzca la alícuota de tributación, equivale a no contribuir con el desarrollo del país y con el crecimiento de las reservas internacionales de oro. Hay que recordar también que, según la Constitución Política de Estado, todos los recursos naturales de suelo y subsuelo son de propiedad de todas y todos los bolivianos y el oro, además de ser un metal precioso, es un recurso no renovable; por consiguiente, es justo y legítimo que el Estado preserve los intereses del pueblo regulando la explotación y comercialización del oro.
Las demandas de los auríferos son injustificadas, primero porque la explotación del oro es altamente rentable, lo que origina el interés depredador de este sector. En segundo lugar, son extremadamente altas las ganancias para los socios (verdaderos empresarios no formales) que explotan a las y los trabajadores (proletariado informal); en consecuencia, es justa una tributación que aporte más al país. En tercer lugar, la demanda de una federación paralela responde a una lógica corporativa de tipo empresarial más que cooperativo.
Bajo estos criterios, la movilización de las cooperativas auríferas que está colapsando las calles de La Paz (sede de gobierno) no tiene argumentos válidos, constituye un verdadero chantaje al presidente Luis Arce pues coincide en el tiempo con el paro regional con intenciones desestabilizadoras que ha decretado la oligarquía de Santa Cruz (al oriente del país), a la que conviene expandir la violencia hacia el occidente del país, abriendo focos de conflictividad que amplíen el frente de oposición y boicot a la gestión del actual gobierno.
Debemos recordar que este sector aurífero siempre estuvo con la derecha; en 2019 fueron aliados del dirigente fascista Luis Fernando Camacho (actual gobernador de Santa Cruz). Los empresarios del respaldaron el régimen de Jeanine Añez, por ello son cómplices de las masacres y del desfalco del Estado cometidos por ese gobierno de facto. No es casual que ahora, sin argumento alguno, hagan coro con el paro regional indefinido de Santa Cruz, para generar un nuevo escenario de convulsión política en Bolivia. Ayer, de manera pública en un canal de televisión, un representante de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Juan Carlos Rodríguez, se atrevió a afirmar: “si Camacho dice ‘necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí’ entonces coordinaremos las medidas contra el actual gobierno”.
Ante este panorama es importante que las y los trabajadores estemos atentos a un nuevo plan golpista en marcha, las logias cruceñas nuevamente intentan imponer sus intereses por encima de la democracia y la dignidad del pueblo trabajador y estos sectores empresariales auríferos (que aparentan ser cooperativas) son los perfectos socios para concretar sus planes. Las organizaciones populares deben organizar movilizaciones en la propia Santa Cruz, para demostrar que las logias oligárquicas no son las dueñas de ese departamento, como también en los otros 8 departamentos del país, para evitar que extiendan hacia otros lugares su paro. Hay que derrotar esta arremetida antipopular.
Agustín Tarifa Camacho es sociólogo, vive en La Paz
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