Con la pseudo-renuncia del presidente Carlos Mesa, rechazada por el Congreso Nacional, y la firma, en el mismo Congreso, del pacto de Unidad Nacional, se ha consumado un autogolpe de estado en Bolivia. El presidente y el parlamento han substraído al debate, inclusive institucional, los dos temas clave de la nación boliviana: la aprobación de […]
Con la pseudo-renuncia del presidente Carlos Mesa, rechazada por el Congreso Nacional, y la firma, en el mismo Congreso, del pacto de Unidad Nacional, se ha consumado un autogolpe de estado en Bolivia. El presidente y el parlamento han substraído al debate, inclusive institucional, los dos temas clave de la nación boliviana: la aprobación de la entreguista Ley de Hidrocarburos, «aprobada» en un fraudulento plebiscito en julio pasado, previendo la continuidad de la propiedad y explotación imperialistas del gas y el petróleo, y la aprobación, fuera y antes de la Asamblea Constituyente, de la autonomía de los departamentos de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, en cuyo subsuelo se localizan la mayor parte de las reservas de hidrocarburos.
Detalle fundamental: la renuncia fue rechazada por la totalidad de los congresistas, incluidos los del MIP de Felipe Quispe y del MAS de Evo Morales, que tiene 27 de los 130 diputados y 8 de los 27 senadores (un tercio de la cámara alta. Pero eran justamente las direcciones sindicales y sociales (COB, CSTUCB, juntas vecinales) vinculadas a esos partidos, las que dirigían los bloqueos de caminos y ocupaciones de predios que sacudieron a Bolivia desde final de febrero y primera semana de marzo. Morales -que declaró que Mesa debe gobernar hasta final de mandato (junio de 2007)- tuvo inclusive que frenar a sus congresistas, que querían firmar el Pacto.
La «oposición» impulsaba una ley que previa la retención de 50% de los royalties de las multinacionales (Repsol, Petrobrás, British Gas y Total) contra los 18% (más 32% de impuestos) aprobados en el fraudo-plebiscito de Mesa. Como se ve, sólo una divergencia de porcentajes dentro de una política entreguista. La operación de las multis arroja beneficios declarados (debajo de la realidad) de 1500 millones de dólares.
Con todo el aparato gubernamental, Mesa convocó a una manifestación «popular» de apoyo, de gran eco en la prensa internacional, y que reclamó «mano dura» contra las movilizaciones con…7000 manifestantes (cualquier manifestación popular de masas en la capital reúne de cinco a diez veces esa cifra).
El operativo de salvataje de Mesa, jaqueado por las movilizaciones, estuvo encabezado por el gobierno y la embajada yanquis -que pidieron oficialmente «consenso» (fueron atendidos)-, las FFAA -que amenazaron a las movilizaciones con la represión- y, decisivo, los gobiernos de «izquierda» y «antiimperialistas» de la región, que se pronunciaron «en defensa de las instituciones» (contra el pueblo en lucha), que acababan de ser «puenteadas» por la presidencia y la mayoría parlamentaria derechista. En eso estuvieron Kirchner, Lula (cuya Petrobrás envía diariamente al Brasil 24 millones de m3 de gas, usando casi toda su capacidad instalada) y hasta el venezolano Hugo Chávez, que declaró públicamente apoyo a Mesa.
Pero Lula también presionó a Evo Morales, del MAS, cuyo líder parlamentario declaró que ahora hay que trabajar con la ley de Mesa (al final 18+32=50%, lo que pedía la oposición, en un país donde la evasión fiscal es regla). El Pacto por la Defensa de la Dignidad y la Soberanía Nacional, firmado por MAS, MIP, COB, organizaciones campesinas y «sociales», con un programa muy por debajo del nacionalismo burgués de los años 50, es un aborto, incapaz de impulsar o coordinar cualquier movilización real.
Es preciso superar el programa «opositor», con un programa transitorio que, partiendo de la nacionalización sin pago de las riquezas del subsuelo y de las empresas imperialistas (que se han beneficiado de subsidios monumentales desde la década del 80), y de la defensa de la unidad nacional del país, plantee la lucha por el poder obrero y campesino y la unidad revolucionaria continental. Con esa plataforma, es posible construir una organización revolucionaria en Bolivia.