El prefecto Rubén Costas, dirigentes cívicos y empresariales, alcaldes y terratenientes de Santa Cruz iniciaron el miércoles un nuevo ciclo de movilizaciones para evitar la reversión de 10 haciendas (36.425 hectáreas) en la provincia Cordillera que no cumplen una Función Económica Social (FES) y que aprovechan mano de obra servidumbral de más de 50 familias […]
El prefecto Rubén Costas, dirigentes cívicos y empresariales, alcaldes y terratenientes de Santa Cruz iniciaron el miércoles un nuevo ciclo de movilizaciones para evitar la reversión de 10 haciendas (36.425 hectáreas) en la provincia Cordillera que no cumplen una Función Económica Social (FES) y que aprovechan mano de obra servidumbral de más de 50 familias guaraníes.
Los cívicos y empresarios dieron por iniciada una campaña de «desobediencia civil» contra la política de tierras «confiscatoria» del gobierno, en un acto celebrado en el pozo gasífero Incahuasi I, a pocos kilómetros de la hacienda Caraparicito, uno de los 10 predios revertidos.
Defenderemos el territorio de la provincia Cordillera, y no vamos a permitir atropellos ni la reversión de tierras en Alto Parapetí, «porque este pueblo nunca fue dominado ni vencido», dijo el prefecto Costas en el «acto de desagravio».
Participaron en el acto patronal los presidentes de Confeagro Cristhian Sattori y de la CAO Mauricio Roca; el presidente de Congabol y vicepresidente electo del Comité Cívico Guido Náyar; la presidenta del Comité Cívico Femenino Julia Gutiérrez; el presidente del Comité Cívico de Cordillera Franz Michel, y la subprefecta de la provincia Luis Calvo de Chuquisaca Yaneht Salazar, entre otros. Faltaron varios alcaldes que habían comprometido su presencia.
«Aquí comienza la desobediencia civil, que no es más que un movimiento democrático pacífico de desobedecer las normas políticas y reglamentos que van en contra de la propia sociedad», argumentó el gerente de Fegasacruz Raúl Añez. «Es una protesta no violenta para cambiar una política» que despoja propiedades productivas, explicó Nayar. «Este no es un movimiento armado ni busca una confrontación bélica; reclamamos respeto a nuestros derechos frente a la normativa abusiva y arbitraria del gobierno», aseguró Sattori.
Según Sattori, la reversión de tierras en Cordillera no es algo aislado, sino el inicio del avasallamiento de toda la tierra cruceña. El presidente electo del Comité Cívico Luis Núñez sospecha que el gobierno pretende conformar tierras comunitarias indígenas y campesinas autónomas como «enclaves» en diferentes partes del país para cercenar la actual división política y restar poder a la prefectura del departamento.
El poder político y patronal cruceño teme que la TCO de Alto Parapetí se declare territorio indígena autónomo, y que la Prefectura deje de recibir las regalías de la zona que concentra el 80% de las reservas hidrocarburíferas. «El gobierno quiere beneficiarse con los 5.000 millones de dólares que generará el pozo Incahuasi», alertó el ganadero Náyar.
El subprefecto Marcelino Apurani ofreció su vida para defender «nuestra madre tierra», es decir las haciendas «El Recreo» (1.935 hectáreas) de propiedad de Aniceto Corcuy; «San Isidro» (3.790 has) de Babil Chávez; «Huaraca» e «Itacay» (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega; «Buena Vista» e «Isiporenda» (4.477 hectáreas) de Julia Aguilera de Chávez; y «Caraparicito I», «Caraparicito II», «Reserva Privada del Patrimonio Natural» y «Yaguapoa» (15.262 has) pertenecientes a la familia del terrateniente norteamericano Ronald Larsen.
¿Confiscación o devolución de territorios indígenas?
El gobierno de Evo Morales ejecuta transformaciones políticas, jurídicas e institucionales que reivindican la identidad cultural y social de los pueblos indígenas, negada y reprimida durante siglos. El objetivo es revertir la situación de exclusión y marginalización de la población indígena mayoritaria, describe el ex relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen.
La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en el referéndum del 25 de enero reconoce los derechos de pueblos indígenas, tomando en cuenta ampliamente las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones y de otras normas internacionales en la materia.
A pesar de los avances, Stavenhagen enfatiza que para alcanzar el goce de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia es fundamental que el Estado les garantice acceso a la tierra y reconozca sus territorios tradicionales.
La condición de servidumbre en la que viven todavía algunas comunidades guaraníes es resultado del despojo histórico de sus territorios, y la falta de acceso a la tierra y al territorio perpetúa sus bajos niveles de desarrollo humano y su exclusión social. Por eso el Relator Especial recomendó al gobierno dar prioridad al proceso de saneamiento de TCO indígenas en el marco de la Ley de Reconducción Agraria N 3545.
Especialistas de Naciones Unidas, de la OEA y decenas de instituciones que defienden los derechos humanos en todo el mundo coinciden en que la manera más efectiva de restituir el territorio histórico de indígenas despojados y semi esclavizados es redistribuir la tierra expropiada a latifundistas que no cumplen la FES.
No están de acuerdo con esta política agraria algunos sectores políticos y poderosos intereses de la industria agroganadera y forestal, sobre todo en los departamentos orientales. La confrontación entre estos sectores y el gobierno central ha generado un muy preocupante rebrote del racismo, incluyendo ataques físicos y verbales contra dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, observa el relator Stavenhagen.
Entre febrero y abril de 2008, los patrones de la provincia Cordillera atacaron con armas de fuego al Viceministro Alejandro Almaraz y al director del INRA Juan Carlos Rojas, y sabotearon con violencia el saneamiento de tierras en la región. En una oportunidad, Larsen amenazó con matar a quien intente quitarle sus tierras.
El gobierno reanudó el saneamiento en Alto Parapetí en noviembre del año pasado y advirtió que usará la fuerza legal y constitucional para reducir a los comités de defensa patronales. Sin embargo, los terratenientes derrotados volvieron a las trincheras en febrero de 2009.
El prefecto Costas y sus pares Sabina Cuellar de Chuquisaca, Ernesto Suárez de Beni y Mario Cossío de Tarija rechazaron varias invitaciones del gobierno para comenzar a debatir la implementación de las autonomías departamentales, y otra vez articularon comités de defensa de las haciendas improductivas.
«Lo que está cada vez más claro es que hay terratenientes que hablan a nombre de la región y utilizan los mecanismos corporativos de poder en Santa Cruz para defender sus negocios mal habidos, en vez de trascender sus intereses mezquinos y ver la perspectiva histórica del país en su conjunto», criticó el ministro de Autonomías Carlos Romero.
Según la autoridad, si los patrones amenazan con la desobediencia civil para defender la tierra, «tal vez sería importante que hablen de frente al país y no busquen pretextos».
El rasgo común de la elite político empresarial de Santa Cruz, vanguardia del movimiento autonomista opositor, es la posesión de enormes predios agrarios. El INRA estima que en este departamento, el más extenso del país, 24 empresarios tienen haciendas de más de 20 mil hectáreas.
Una investigación de la Fundación Tierra concluye que 40 familias centralizan el poder económico y social en la región. Cumplen un papel esencial el ganadero y dueño de la cadena de televisión Unitel Osvaldo Monasterios, ex legislador del MNR; y el empresario y dueño de la red Uno Ivo Kuljis, ex UCS.
Se conoce que esta rosca controla el poder político y económico de Santa Cruz a través de dos logias ultra regionalistas, «Toborochi» y «Caballeros del Oriente», las cuales han copado todas las instituciones públicas, cooperativas de servicios públicos y colegios profesionales.
Prominentes líderes autonomistas han sido o son miembros de ambas logias. Por ejemplo, Zvonko Matkovic, Jorge Landivar Roca, Carlos Dabdoud Arríen y Guido Náyar figuraban en la lista de los «Caballeros del Oriente».
Náyar fue ministro de Gobierno y hombre de confianza del ex dictador Hugo Banzer y en la gestión de Jaime Paz Zamora dirigió la cartera de agricultura y ganadería. Participó en la privatización de empresas que dependían de Cordecruz como ex director de la Unidad de Empresa de la Prefectura de Santa Cruz.
Renunció al Ministerio de Gobierno el 18 de junio de 1999, acusado por violar sistemáticamente los derechos humanos en Chapare en sus 22 meses de gestión. Lo vincularon con la muerte del ciudadano peruano Freddy Cano Lopez, torturado y quemado vivo en las celdas de Interpol en La Paz. La Defensoría del Pueblo involucró a Náyar en el intento de incautación de un número de la revista R que informaba detalles sobre el Plan Cóndor.
Durante la revuelta terrateniente del año pasado, Náyar dijo que «la lucha de los departamentos autónomos ya no es por IDH, sino por la libertad» y llamó a defender con las armas y entregar la vida por las tierras cruceñas.
Maneja el mismo discurso Luis Núñez, nuevo líder cívico, ex presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y ex primer vicepresidente del Comité en la gestión de Branko Marinkovic.
En el fondo, este pequeño grupo empresarial está defendiendo su lucrativo negocio agroexportador, en alianza con multinacionales proveedoras de semillas, fertilizantes y herbicidas como Monsanto, Bunge, Dreyfus o ADM, y acopiadoras de granos como Cargill.