En medio de una disputa global por minerales estratégicos y bajo la mirada atenta de Estados Unidos, el gobierno mexicano comenzó a recuperar y cancelar concesiones mineras. ¿Se trata de un verdadero giro en la política extractiva o de un movimiento estratégico en el tablero geopolítico?
Y es que, durante el último año, el sector minero en México ha mostrado un crecimiento en ingresos y actividad que contrasta con lo sucedido en periodos previos a 2024. Este repunte se puede explicar, en buena medida, por la especulación en torno a metales preciosos y estratégicos en un contexto internacional marcado por incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y disputa por cadenas de suministro. Sin embargo, también es importante mencionar el enfoque del nuevo gobierno, que parece buscar mantener el control formal del régimen de concesiones mineras, al mismo tiempo que sostiene canales de interlocución activa con la industria. Una estrategia de disciplina regulatoria por un lado y apertura al diálogo económico por el otro, una lógica diferente de la propuesta del expresidente Obrador, quien optó por la contención estructural.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se modificará la legislación minera, que no se otorgarán nuevas concesiones y que tampoco se buscará alcanzar acuerdos que rompan con esta lógica. Por su parte el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha encabezado diálogos tanto con actores internacionales como con representantes del sector minero nacional, particularmente en el marco del plan de acción sobre minerales estratégicos con Estados Unidos, así como en conversaciones orientadas a agilizar trámites y fortalecer la posición de México en cadenas de valor consideradas críticas. Lo que sugiere un viraje calculado hacia firmeza regulatoria en el discurso y apertura estratégica en la práctica, con todo lo que esto implica en cuanto a reconfiguración del vínculo Estado-empresa, exposición a presiones geopolíticas y posibles tensiones socioambientales en territorios donde se concentran los proyectos estratégicos. Al parecer no se trata de una política de confrontación con la minería, sino de un intento de “equilibrio” entre soberanía regulatoria y participación en un mercado global cada vez más tensionado por intereses especulativos y políticos.
En este contexto emergen dos hechos que son mucho más importantes de lo que parecen: a) por un lado, la devolución voluntaria de más de 200 concesiones mineras por parte de empresas privadas; b) por otro, la recuperación o cancelación administrativa de más de 1,100 concesiones por incumplimiento de obligaciones legales. Más que el número en sí mismo, lo importante es que estos movimientos revelan la correlación de fuerzas y el margen de maniobra estatal frente a un sector históricamente influyente.
La recuperación y devolución de estas concesiones es relevante, pero conviene analizarlo más a detalle para evitar exagerar su alcance real. Actualmente existen alrededor de 22,000 concesiones mineras vigentes en el país, por lo que las 1,100 recuperadas representan aproximadamente 5% del total, mientras que las 200 devueltas voluntariamente equivalen a poco menos del 1%. En términos estructurales, estamos ante una intervención acotada dentro de un universo concesionado que sigue siendo amplio.
No obstante, el interés del gobierno en este caso podría derivar de otra parte, ya que es probable que se esté intentando mostrar músculo ante el vecino extranjero por el reciente interés mostrado en el plan de minerales estratégicos conjunto. Quizá, lo que se está haciendo, en colaboración con el sector minero nacional, es poner un ejemplo de que el Estado va a actuar y ejercer la ley sobre su territorio sin importar de quién sea el proyecto. Esto mejora la opinión pública, proyecta la imagen de un gobierno que no renuncia al control territorial, pero también muestra un gobierno que aún busca diálogo con la industria.
Sin embargo, aún es necesario esperar para determinar si, como resultado de estas medidas, se establecerá una dinámica que realmente logre que se cumplan las reglas que rigen a este sector, mayor transparencia y exigencia efectiva de cumplimiento, por lo que podríamos estar frente a una etapa de mayor institucionalización del vínculo Estado-empresa. Pero si la devolución y recuperación de concesiones se limita a títulos ociosos o de bajo impacto económico, mientras se consolidan proyectos estratégicos bajo esquemas similares a los del pasado, entonces esto sólo sería para suavizar la respuesta de la opinión pública.
En este sentido la falta de información detallada al respecto es el principal obstáculo para evaluar la profundidad de la situación, pues no se han publicado listados desagregados que permitan conocer la ubicación exacta, el mineral involucrado, la empresa titular o el historial de cumplimiento de cada concesión afectada. Tampoco existe un sistema accesible que permita dar seguimiento continuo a los pagos de derechos, informes técnicos o sanciones.
Lo anterior es muy importante porque la relación entre el Estado y el sector minero no es sólo un asunto económico, sino que se trata de una relación de poder. Involucra acceso a recursos estratégicos, control territorial, inversión extranjera, empleo, litigios potenciales y, en el contexto actual, posicionamiento geopolítico. Ante la pronta revisión del T-MEC y la presión estadounidense para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos, una decisión regulatoria de esta magnitud puede ser vista como una reafirmación de soberanía, pero también como un mensaje de orden y previsibilidad para evitar incertidumbre y asegurar inversión.
Mi lectura es que se está ensayando un equilibrio delicado entre mostrar firmeza regulatoria sin generar ruptura y a la vez mantener el discurso de soberanía sin cerrar la puerta a la integración estratégica en Norteamérica; es decir, ejercer autoridad sin espantar la inversión. Es un juego fino, que si sale bien se puede generar una lluvia de inversión y proyectos, con el consabido riesgo y daño socioambiental.
Pero no hay que perder de vista que lo verdaderamente relevante no está en el número de concesiones devueltas o canceladas, sino en lo que estas decisiones anticipan sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años. Estamos ante una reconfiguración geopolítica mundial profunda, donde los recursos estratégicos definirán nuevas jerarquías económicas y políticas. Si el gobierno no ejerce su autoridad con consistencia y transparencia (no sólo en el discurso, sino en la aplicación efectiva de la ley), estaremos a merced de caprichos de terceros, ya sea de empresas u otros países. El verdadero debate no es cuántas concesiones se cancelan, sino quién decide el destino del territorio, por lo que la pregunta es si esta reorganización fortalecerá la supervisión ambiental y social, o si sólo reordenará el mapa extractivo bajo nuevas coordenadas geopolíticas.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
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