La firma de nuevos contratos con petroleras extranjeras y la presentación de una política minera, ratificaron en la semana que concluye hoy la voluntad del gobierno boliviano de avanzar en la nacionalización de sus recursos naturales. Según el ministro de hidrocarburos, Carlos Villegas, los nuevos contratos convierten a Bolivia en una potencia energética de la […]
Según el ministro de hidrocarburos, Carlos Villegas, los nuevos contratos convierten a Bolivia en una potencia energética de la región sudamericana.
Villegas apuntó que ahora el reto de los bolivianos es aprovechar de manera óptima los recursos naturales en beneficio del gobierno central, de los nueve departamentos, los municipios y de todos los bolivianos.
Juan Carlos Ortiz, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) estimó de su parte que a partir de ahora la renta petrolera del país permitirá financiar varios proyectos sociales y económicos.
Según informes de la cartera de hidrocarburos, esos contratos permitirán ingresos por cuatro mil millones de dólares en cuatro años.
A juicio del joven ejecutivo petrolero en ese camino es vital la industrialización de los hidrocarburos,.
Con ese propósito, adelantó la inversión de 800 millones de dólares para la instalación de dos plantas separadoras de líquidos en el sureño departamento de Tarija y también en Santa Cruz, en el oriente del país.
Precisó que esos documentos serán enviados la próxima semana al Congreso para su aprobación definitiva, algo inédito en la historia de Bolivia.
Tras la firma de nuevos contratos, el ministro de hidrocarburos, Carlos Villegas, informó que el gobierno diseña una política energética que ofrezca perspectivas y horizontes al país y a América Latina.
Villegas reconoció que se trata de colocar a Bolivia en un lugar estratégico en Sudamérica y particularmente en el Cono Sur, agregó.
A menos de 72 horas de completar la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado boliviano anunció una nueva política en el sector minero.
De acuerdo con fuentes del ministerio de minería, la estrategia ha sido postergada para 2007, pero ahora se avanza en el desarrollo de la sureña zona de Huanuni, escenario de un reciente choque armado con saldo de 16 muertos y decenas de heridos.
El titular del ramo, Guillermo Dalence, señaló a Prensa Latina que entre las primeras medidas sobresale la incorporación de más cuatro mil cooperativistas la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El plan incluye además la participación del Estado en toda la cadena productiva: exploración, explotación, tratamiento de concentrados, fundición y comercialización de los minerales.
El eje de la nueva política, agregó, es también la realización de auditorías a los actuales contratos en el sector y la firma de nuevos convenios, lo cual permitiría elevar los beneficios al país.
Dalence precisó que para implementar esas transformaciones deberá aprobarse un Código Minero, que establezca una nueva forma de regular y legislar la actividad en esa rama.
Asimismo, precisó que toda transformación será transparente y respetará la legislación vigente, incluida la aprobación en el Congreso de las nuevas medidas.
La existencia de estaño en el cerro de Posokoni, centro del conflicto, dijo, y el incremento de la capacidad de tratamiento de una planta de minerales harán posible la incorporación de los cooperativistas a Comibol.
Según la propuesta, esos trabajadores mantendrán sus actuales áreas de trabajo en el mayor yacimiento de estaño de Bolivia, cuyas reservas están evaluadas en 586 millones de dólares, y podrán trasladarse hacia otras cercanas.
El acuerdo aseguró igualmente la atención a los familiares de las víctimas fatales y de los heridos, así como la reconstrucción de decenas de viviendas destruídas con explosivos en la refriega.
También creó condiciones para un diálogo sobre la explotación compartida de la veta en disputa.