La región de Santa Cruz -bastión de la oposición al presidente Evo Morales- dio ayer un nuevo paso en la puesta en marcha de un gobierno autónomo. Desafiando al Estado central, el consejo departamental, hasta ahora con funciones de fiscalización, se constituyó en asamblea legislativa provisional, y en 90 días se consolidará con la elección […]
La región de Santa Cruz -bastión de la oposición al presidente Evo Morales- dio ayer un nuevo paso en la puesta en marcha de un gobierno autónomo. Desafiando al Estado central, el consejo departamental, hasta ahora con funciones de fiscalización, se constituyó en asamblea legislativa provisional, y en 90 días se consolidará con la elección democrática de sus 28 miembros. El actual prefecto, Rubén Costas, pasó a llamarse gobernador y el cartel de «prefectura departamental» fue reemplazado por el de «gobierno autónomo de Santa Cruz». Un representante de cada uno de los cinco pueblos indígenas orientales -chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y mojeño- formará parte del nuevo parlamento local.
«Este acto constituye una contundente derrota del centralismo», afirmó Juan Carlos Parada, presidente de la flamante asamblea, luego de entonar el himno cruceño que habla de la «España grandiosa». Desde La Paz se calificó de inmediato la decisión como ilegal. «Pueden llamarse como quieran, eso es simbólico. Para nosotros lo que vale es la Constitución», declaró el vicepresidente Álvaro García Linera. En tanto que el senador oficialista Antonio Peredo pidió un juicio por sedición contra los líderes cruceños.
El 4 de mayo pasado, el Sí a los estatutos autonómicos obtuvo el 85% de los votos, lo que fue considerado un éxito por la dirigencia local y un fracaso rotundo por Evo Morales, que sumó abstención, votos por el No, blancos y nulos para concluir que «la mitad de los cruceños rechaza una autonomía para pocos». El 1ø de junio se llevarán a cabo consultas similares en Pando y Beni, y el 22 de junio en Tarija, que alguna vez -antes de ser una potencia gasífera- fue disputada con Argentina. El secretario general de la prefectura de ese departamento sureño, Mauricio de la Plaza, discrepó con la radicalidad de Santa Cruz y anunció que «Tarija avanzará a paso muy firme pero no de facto», conciliando la autonomía con un marco constitucional.
«Después del terremoto político causado por la aprobación del referéndum revocatorio de presidente y prefectos, previsto para el 10 de agosto, Santa Cruz tenía que reponer en la agenda el tema de la autonomía y para eso necesitaba una escenificación radical», dijo a Clarín un conocido periodista cruceño.
Los prefectos (autoridades provinciales) eran nombrados por el presidente hasta 2005, cuando bajo la administración de Carlos Mesa se forzó la actual Constitución para introducir su elección por voto popular. Y la pelea autonomista marcó la gestión de Evo Morales.
El estatuto autonómico de Santa Cruz incluye 43 competencias locales exclusivas. Entre las más conflictivas está el manejo de la tierra de esta rica región agroindustrial sin injerencia del Estado central, lo que es denunciado por el gobierno como un intento de frenar la reforma agraria en marcha. Los cruceños también quieren cobrar los impuestos a las petroleras. Si bien la mayor parte de las reservas de gas están en Tarija, las empresas residen en Santa Cruz, con más servicios y conexiones al exterior. El miércoles, el prefecto/gobernador Costas creó el Consejo Departamental de Comercio Exterior y Exportaciones, que busca revertir las restricciones gubernamentales a la exportación de aceite. Pero estas son peleas por venir. Por ahora las medidas en agenda son «sociales»: un salario mínimo de mil bolivianos (136 dólares), casi el doble del nacional, y un seguro médico universal.
Para el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, Santa Cruz pretende establecer un federalismo que romperá la unidad del país. Con todo, el prefecto/gobernador, aclaró ayer que la aplicación plena de los estatutos autonómicos se hará «con responsabilidad y serenidad» y se requerirá un período de transición. Más aún, el presidente del Senado y empresario cruceño Oscar Ortiz sostuvo: «Bolivia necesita un pacto. El gobierno debe reconocer el voto popular (en los referendos autonomistas) y propiciar un acuerdo nacional que se refleje en una nueva Constitución». Ortiz reconoció que sin ello los estatutos autonómicos son inaplicables.
Los empresarios privados -cansados de tanto alboroto- rechazaron el referéndum revocatorio y los pedidos de elecciones anticipadas. Reclamaron que el presidente Evo Morales concluya su mandato y dejar de hacerle el juego a los políticos.
Una comparación con Cataluña
Si hay un lugar del mundo donde la autonomía de Santa Cruz se mira es España. Y, además de similitudes en los contenidos con estatutos como el catalán o el vasco, existen ciertas coincidencias históricas: en la España posfranquista como en Bolivia, históricamente obsesionada por la división del país, el término federal está automáticamente excluido del léxico político. Por eso, el mayor insulto paceño contra los autonomistas es «separatistas» o «federales».
En segundo lugar, el uso del término «régimen autonómico» permite un federalismo a geometría variable, donde unas regiones pueden ser más autónomas que otras. Uno de los temas más sensibles es el régimen impositivo. Como el tradicional «cupo vasco», Santa Cruz quiere cobrar impuestos -mediante una agencia provincial- y luego transferirlos al Estado central. En ese sentido es más radical que el estatuto catalán, que no posee autonomía fiscal. Esto, obviamente, le daría un fuerte poder a la región, considerando además que ahí reside la mayoría de los grandes contribuyentes del país.
Otra cuestión clave es la tierra, pero lo que en Bolivia se llama saneamiento -verificación de títulos- se resolvió en España en el siglo XIX. En este tema, el estatuto de Santa Cruz, que busca manejar la política de tierras sin injerencia nacional, es más radical que los de Tarija o Pando, donde es una competencia compartida con el gobierno central.
Errores
Parece advertirse en Bolivia una sucesión de malos pasos en materia de decisiones políticas. Se lo ha visto en el caso del gobierno de Morales pero notablemente mucho más en la oposición, un abanico diverso, errático y básicamente unido en la obsesión por bajar al presidente del poder. Santa Cruz dice haber dado ayer un paso más en su autonomía, pero en rigor sigue siendo una ambición local, pese a la votación del 4 de mayo y al discurso enfático de los dirigentes. Ocurre que declararse autónomo sin reconocimiento del gobierno central se asemeja a declararse soltero sin que el otro haya consentido el divorcio. Es decir, que más allá de la voluntad autonómica, y aunque resulten admisibles los reclamos por el anclado centralismo, para los cruceños seguirá habiendo trabas formales y económicas para concretar la autonomía, en tanto ésta no se inscriba en la Constitución, único espejo de legalidad. Hablábamos de los errores y uno, grave, es el referéndum revocatorio aprobado para hacer trastabillar a Evo Morales. La medida creó incertidumbre entre los prefectos que deben poner a consideración sus cargos y perplejidad porque nadie parece haber advertido que Evo es el mejor posicionado para ganarlo y seguir en el poder. Lo de ayer sólo contribuye a fisurar a la oposición y a dejar a Santa Cruz más aislado que autónomo.
Pablo Stefanoni es corresponsal en LaPaz de diario argentino Clarín y del cotidiano italiano Il Manifesto.