En un nuevo capítulo de la crónica crisis política de Bolivia, la Cámara de Diputados dio ayer el sí a una nueva versión de la polémica Ley de Hidrocarburos. La propuesta aprobada, que aumenta los impuestos a las petroleras, no es la que impulsaba la oposición, pero se le acerca bastante y dejó al presidente […]
En un nuevo capítulo de la crónica crisis política de Bolivia, la Cámara de Diputados dio ayer el sí a una nueva versión de la polémica Ley de Hidrocarburos. La propuesta aprobada, que aumenta los impuestos a las petroleras, no es la que impulsaba la oposición, pero se le acerca bastante y dejó al presidente Carlos Mesa acorralado: anoche no se descartaba su renuncia.
Fue una jornada muy dura para el mandatario. Su última iniciativa, lanzada sorpresivamente como le es habitual, en un mensaje nocturno televisivo, fue pedir al Congreso adelantar en dos años, para agosto próximo las elecciones. Era un intento para revalidarse y vencer a la oposición que le imponía una ley petrolera que triplica de 200 a 600 millones de dólares, el ingreso estatal por la explotación de los ricos yacimientos de gas del país.
Pero analistas y expertos en jurisprudencia advirtieron que la Constitución nacional no contempla la posibilidad de adelantar los comicios. Por eso, colaboradores del presidente anunciaron que si el pedido es rechazado, el mandatario presentará su dimisión irrevocable.
El ministro de la Presidencia, José Galindo, llevó a la mañana al Congreso el proyecto que propone realizar las elecciones de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y constituyentes el 28 de agosto, y que el traspaso del mando sea un mes después.
La propuesta llegó al Parlamento pocas horas después de que los diputados, en una sesión maratónica, aprobaran a la madrugada por 58 votos contra 47 el proyecto de Ley de Hidrocarburos que mantiene en 18% el monto de las regalías que deben pagar las petroleras, pero crea un nuevo impuesto del 32% a la producción de todas esas empresas, que debe ser aplicado de manera inmediata y no es deducible con el pago de otros tributos como pretendía Mesa lo que aliviaba el peso del gravamen.
La ley, todavía debe ser discutida y aprobada por el Senado, aunque la Cámara alta anticipó su respaldo.
Mesa considera inviable esa norma y propicia en cambio un aumento de los impuestos gradual, discriminando campos grandes de pequeños y con la posibilidad de que sea deducible del impuesto a las utilidades. Ello elevaba de 200 actuales a 300 millones los ingresos fiscales.
Una tercera opción, del Movimiento al Socialismo, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, planteaba subir de 18% a 50% las regalías, que son pagos fijos sobre la producción por explotar recursos naturales. Esto obligaría a las compañías a revisar sus contratos, firmados por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por 40 años.
Mesa asegura que ese proyecto así como el votado en Diputados «es inviable», porque las petroleras podrán iniciar juicios millonarios contra el Estado boliviano y que sus opositores buscan el «suicidio colectivo del país». El presiente adelantó que vetaría la ley pues, dijo, no puede «seguir negociando con un Congreso que se niega a aceptar la mínima racionalidad».
Visiblemente enojado, el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, remarcó que la iniciativa aprobada por Diputados no «puede salir así y se la tiene que corregir». Según el funcionario, «esta ley no dura 15 días y vamos a tener problemas terribles».
Las empresas petroleras todavía no manifestaron oficialmente su posición, pero una fuente de la Cámara de Hidrocarburos señaló a Clarín desde La Paz que la propuesta aprobada es igual a la del MAS. «Es lo mismo con distinto nombre. Las empresas deberán pagar 50% sobre la producción bruta. Es imposible, estaríamos confiscados», se quejó.
Pero la decisión de los diputados fue bien recibida por las organizaciones sociales, lideradas por Morales. El líder del MAS anunció una tregua que permitirá levantar los bloqueos en el país, aunque insistió en su pedido de elevar a 50% la regalías. Y advirtió que si el Senado «modifica esta norma ya aprobada, con seguridad va a haber mayor resistencia de la población».
El MAS sostiene que con la creación del impuesto del 32% el Estado obtendrá entre 600 y 650 millones de dólares anuales de las petroleras, mientras que con el incremento al 50% de las regalías logrará 750 millones de dólares, la mitad de un negocio de casi 1.500 millones.
«Esta estimación es muy posible si la ley se aplica tal como la aprobó Diputados, sin enmiendas que permitan que los impuestos sean deducibles», explicó a Clarín el economista boliviano Carlos Arce, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Y agregó que ahora el Estado recibe «poco más de 200 millones de dólares anuales» de las petroleras.
Mientras, el país está inmerso en la incertidumbre por la eventual renuncia del presidente. La opción se barajaba ayer ante la posibilidad de que el Congreso rechace el proyecto para adelantar los comicios. El senador Filemón Escobar, quien respalda a Mesa, señaló a los medios: «El presidente me dijo: ‘Si rechazan esta convocatoria a las elecciones, yo tengo la obligación de renunciar irrevocablemente'».
El diputado Wilman Cardozo, quien también apoya al gobierno, ratificó esa declaración y anticipó que buscarán un «acuerdo políti co» que permita adelantar los comicios, aunque no esté previsto en la Constitución.
Varios expertos estiman que el pedido no se ajusta a la Carta Magna, pese a que el propio Mesa aclaró que se trata de una «ley interpretativa para lograr una salida constitucional» a la crisis.
Según legisladores y analistas, el mandatario no puede llamar a elecciones y sólo tiene la facultad de renunciar. En ese caso, debería reemplazarlo el titular del Senado.
El diputado Dante Pinto, de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), declaró a la agencia DPA que en caso de que se acepte el proyecto de Mesa «habría que ver quién dirige» las elecciones. «No creo posible que sea el presidente, salvo que haga renuncia expresa a cualquier candidatura futura en estas elecciones», dijo.
Aunque no está claro cómo, el fin de la era de Mesa parece lo único seguro en este escenario.