El Comité ad hoc conformado a partir de la iniciativa del Gobierno argentino aprobó el documento sobre los Procesos de Reestructuración de Deuda. En septiembre se debatiría en la Asamblea General. El capital financiero imperialista no está en cuestión.
El Comité ad hoc conformado en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por iniciativa del Gobierno argentino aprobó en el pasado 28 de julio el documento que contiene principios que buscan limitar el accionar futuro de los fondos buitre.
Luego de seis meses de trabajo el Comité elaboró un documento sobre Procesos de Reestructuración de Deuda que propone una serie de criterios para la creación de un sistema legal internacional.
El documento, que sería sometido a la discusión en la próxima Asamblea General de septiembre, contiene principios como el derecho soberano que tienen los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana, el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración, el tratamiento equitativo, así como la buena fe, transparencia, imparcialidad, legitimidad y sustentabilidad.
La crisis de deuda que enfrenta el país debido al fallo del juez Thomas Griesa que favorece a los fondos buitre llevó a que el año pasado el gobierno tomara esta iniciativa, la cual cobró impulso a partir de la presentación a través del G77+ China. De este modo, se realizó el debate en la ONU entre los 195 países que conforman el organismo. Hubo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Japón y Estados Unidos estuvieron entre los que votaron por la negativa.
Los países que votaron en contra el año pasado son los que cuentan con las principales plazas financieras del mundo. Plantean que el ámbito para procesar las reestructuraciones es el Fondo Monetario Internacional (FMI). La aprobación definitiva en la ONU de los Procesos de Reestructuración de Deuda deberá saltear ese rechazo de las principales potencias.
«Los 11 que votaron en contra de la resolución, tienen aproximadamente el 7% de votos en la Asamblea General pero esos mismos que ponían como argumento que el escenario (de análisis del marco legal) es el FMI, tienen casi el 40% de las decisiones» en ese organismo, afirmó ayer el presidente del Comité, el embajador de Bolivia ante ONU, Sacha Llorente.
No obstante, la iniciativa avanza sobre un campo fértil porque la crisis mundial en curso tiene como uno de los problemas centrales el alto nivel de endeudamiento de los Estados. En la actualidad, hasta el FMI reconoce la necesidad de una reestructuración de la deuda pública de Grecia.
En la situación actual donde no rige ningún mecanismo reconocido mundialmente, las futuras reestructuraciones de deuda corren el riesgo de verse afectadas por fallos como el del juez neoyorquino que intima al Gobierno argentino a pagar a los fondos buitre la totalidad del valor nominal de unos bonos que compraron por monedas. Buscando garantizar el pago a los buitres, el juez Griesa impidió que Argentina haga efectivos los pagos de la deuda reestructurada en los canjes de 2005 y 2010 que tienen como sede de cancelación a Nueva York.
Aunque nuevas resoluciones de Griesa fueron reconociendo a mas «holdouts» (los denominados «me too»), los fondos que iniciaron el litigio contra Argentina representan el 1% de los bonistas afectados por el default de 2001 mientras el 93% de los tenedores de bonos aceptó los canjes.
La mayoría de los especuladores que aceptaron entrar ganaron un 300%, como reconoció la presidenta de la Nación. Es que al igual que los buitres que no ingresaron, los bonistas que sí lo hicieron habían comprado los títulos devaluados: al 5% o 10% del valor nominal, por lo cual a pesar de la quita que se les aplicó terminaron sacando un gran rédito. A eso se sumaron otros beneficios como el denominado cupón PBI que aplicaba pagos adicionales en función del crecimiento de la economía.
Esto deja en evidencia que el gobierno mientras supuestamente se planta contra los buitres malos, le paga puntualmente a los buitres buenos. Entre los que se benefician con la deuda argentina en situación regular está el magnate húngaro George Soros (Cristina Fernández se reunión con él en una gira en la que visitó al Papa el año pasado), que, recordemos, hizo una ganancia de 1000 millones de dólares especulando contra la libra esterlina produciendo la quiebra del Banco de Inglaterra. Soros, junto al multimillonario mexicano David Martínez Guzmán (socio de Clarín en Cablevisión) y a Kyle Bass, que ganó millones especulando con hipotecas en EEUU, son los que tiene bonos argentinos en situación regular. Otros importantes tenedores de bonos en situación regular son los banqueros locales. Recordemos que enviados de Jorge Brito del Banco Macro intentaron en representación de la banca que actúa localmente destrabar el litigio con los buitres en una misión que viajó a Nueva York mientras Axel Kicillof negociaba con el mediador Daniel Pollack. Luego la «gloriosa» J.P. Morgan intentó lo mismo. Todos ellos son los buitres buenos que aceptan las reestructuraciones en los términos que plantean los mecanismos que propone el Gobierno argentino extender a todo el mundo.
La nueva regulación que avanza en la ONU buscará que para las reestructuraciones se aplique un mecanismo de mayorías que limite las posibilidades que un grupo minúsculo de bonistas pueda poner en jaque una reestructuración de deuda aceptada por una mayoría, como ocurre hoy con Argentina.
Economistas «prestigiosos», diarios financieros del mundo y el hasta el FMI, aun despotricando varios de ellos contra el «populismo» kirchnerista y no aceptando lo que se propone en la ONU, se pronunciaron a favor de Argentina denigrando el fallo de Griesa. La crisis de la deuda despierta solidaridad de los ciertos «amigos imperialistas». Es que el juez favoreció a los «halcones» del capital financiero, los buitres que juegan más al extremo. Y hasta puso en cuestión a Nueva York como lugar de pago de la timba mundial. En ese contexto de puja entre sectores de las finanzas y plazas financieras que compiten entre sí, el gobierno de Cristina Kirchner busca avanzar con su «relato».
Lo que rechaza un sector de las finanzas es que una minoría pueda jaquear a una mayoría que acepta renegociar cuando hay default, cuya posibilidad está incluida en los enormes intereses que cobran los especuladores cuando prestan a países en crisis.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que fue invitado como orador a la sesión del Comité de la ONU, señaló que eran «excelentes» los principios establecidos y coincidió en que la organización multilateral «es el lugar correcto» para que la comunidad internacional lleve adelante este debate, «y no el Fondo Monetario Internacional que es una institución de acreedores». Aunque el premio Nobel se pinte de progresista no puede borrar su pasado como consejero de Bill Clinton y funcionario del Banco Mundial.
El gobierno utiliza esos apoyos para obtener una resolución favorable en la ONU, lo cual no necesariamente conducirá a una votación positiva en septiembre. Como ya se mencionó, EEUU y Japón se oponen ¿Cómo podrán hacerse efectivos nuevos mecanismos de reestructuración si las principales plazas financieras lo rechazan?
Si bien el oficialismo obtiene un triunfo diplomático que le puede otorgar algo de aire en medio de la crisis de deuda y con la economía en recesión, y, por qué no, aprovechar en la campaña electoral, los nuevos mecanismos para reestructuración de deuda no se orientan a un repudio de la ilegitima deuda externa ni a un enfrentamiento con el capital financiero internacional, sino a que puedan hacer negocios millonarios, pero, eso sí, con reglas claras.
Cada reestructuración, aun cuando quede limitado el accionar de los fondos buitres, es un gran negocio. Además que significa generosas comisiones que se embolsan los bancos. El megacanje, el blindaje y los canjes de 2005 y 2010 son un testimonio de ello.
Como vemos hoy en Grecia, la deuda, con o sin mecanismos de reestructuración reconocidos internacionalmente, es un instrumento de dominación y extorsión del capital financiero imperialista. Un vehículo para impulsar la agenda del capital imperialista: privatizaciones, ajuste fiscal, apertura económica, liberalización financiera, etc. Además significa un flujo de riqueza que circula hacia las grandes plazas financieras de Nueva York, Londres, Frankfurt o Tokio, entre otras. Eso no está en cuestión en la ONU. El rechazo del pago de la deuda con la movilización en las calles es el único mecanismo que puede favorecer a las mayorías trabajadoras.
Pablo Anino es economista y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=21213