Una inusitada e incomprensible agresividad descalificadora ha caracterizado la reacción del gobierno contra la Central Obrera Boliviana (COB), cuando esta última tomó la decisión de respaldar la movilización y las demandas de los obreros despedidos por el cierre de la fábrica ENATEX, que el gobierno ordenó por medio del decreto 2765. Desde acusar y denunciar […]
Una inusitada e incomprensible agresividad descalificadora ha caracterizado la reacción del gobierno contra la Central Obrera Boliviana (COB), cuando esta última tomó la decisión de respaldar la movilización y las demandas de los obreros despedidos por el cierre de la fábrica ENATEX, que el gobierno ordenó por medio del decreto 2765.
Desde acusar y denunciar que la COB está conducida y manipulada nada menos que por el empresario derechista Samuel Doria Medina, que lanzó el propio Presidente Evo Morales y que (al no contar con ningún tipo de pruebas y sostenerse en meras especulaciones), constituye una muy grave ofensa y agresión a la trayectoria de lucha y el histórico rol de la COB en favor del país y los sectores populares; hasta sostener que existe aventurerismo político en la dirigencia obrera, cuyas medidas descabelladas conducirían al fracaso y el descalabro de las movilizaciones y protestas que ha decidido emprender, se puede advertir una férrea y terca decisión de mantener un decreto totalmente impopular.
Sin embargo, las implicaciones de semejante reacción agresiva en contra de la principal organización de los trabajadores del país, que ha sido seguida por operativos violentos de represión en las principales capitales, no es lo más grave y preocupante de esta nueva coyuntura en la que otra vez más se hace patente el malestar y la disconformidad del pueblo con el gobierno. Hay que recordar que el antecedente inmediato es la larga movilización y protesta de discapacitados a nivel nacional, que también es desatendida y violentamente reprimida, sin ninguna contemplación ni sensibilidad a la situación tan grave por la que atraviesa esta población.
En realidad, en el plano económico y social, el conflicto por ENATEX, implica adoptar una medida típicamente antiobrera de cierre y despido de trabajadores, anulando fuentes laborales y sosteniendo un criterio netamente empresarial y procapitalista donde prima la necesidad de garantizar únicamente ganancias y excedentes, con el agravante de que fue una decisión totalmente vertical, inconsulta y que no agotó los esfuerzos para proyectar y cumplir los propósitos productivos y económicos que se habían planteado en su inicio. Además, refleja una clara renuncia a impulsar y fortalecer la industria nacional, el proceso de industrialización y la diversificación productiva, para que ya no responda a intereses empresariales o corporativos transnacionales, sino que se efectúe bajo la iniciativa del Estado y el emprendimiento obrero nacional. Es decir, la decisión antiobrera y antipopular del gobierno de sostener y defender el despido de trabajadores y el cierre de la fábrica ENATEX que el propio Estado se había hecho cargo, significa una clara capitulación y respaldo, frente a los intereses, la invasión y el creciente copamiento del mercado por la ropa usada y desechada de otros países, así como de aquella otra producción que proviene de China. Ello termina ahogando y exterminando toda posibilidad de establecer y desarrollar industria textil en el país. En tal razón, es también un abandono a la tarea de diversificación productiva, la construcción de un proceso de industrialización nacional y la liberación de la dependencia de productos e intereses corporativos y transnacionales, que por la vía del mercado estrangulan la producción nacional.
En el plano político el escenario no es menos negativo. A la seguidilla de acusaciones francamente agresivas y descalificadoras del gobierno en contra de la COB, ha seguido una actitud confrontacional y rupturista que se ha manifestado a través del ministro de economía, quien buscando desencadenar (de la manera más infame) el repudio y rechazo ciudadano en contra de la COB, la ha culpado de que su paro y movilizaciones serían la causa para anular el pago del segundo aguinaldo en la presente gestión. También y desde las altas esferas de gobierno, se ha lanzado el criterio de que la COB estaría respondiendo y siendo manejada por los intereses derechistas y opositores, al mencionar la disposición que había manifestado un dirigente gremial (que tradicionalmente ha sido conocido por apoyar políticos y gobiernos conservadores), para respaldar las movilizaciones y el paro nacional de 72 horas que había decretado la COB.
Al margen de la incomprensible furia de un gobierno que se reclama de izquierda y revolucionario, pero que no tiene ningún reparo en descalificar, enfrentarse y rechazar a la principal organización clasista y popular de Bolivia; lo que se puede advertir es la cristalización de una coyuntura de quiebre y ruptura, originada en la caprichosa y terca decisión de sostener y ratificar una medida a todas luces antiobrera y antipopular. Las consecuencias de semejante medida que busca imponer el principio de autoridad, pero a costa de perder el principal aliado orgánico del proletariado y las clases trabajadoras del país, no solo implica romper el Pacto de Unidad que había constituido la base y sustento social de la legitimidad gubernamental, sino perder por propia iniciativa y decisión política, uno de los principales referentes que otorgaba contenido social y popular al régimen. Es decir, implica perder y deshacerse de un aliado fundamental que le otorgaba identidad y legitimidad social a un gobierno que se reclamaba popular y de izquierda.
Si de aventurerismo político se trata, el gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan, deberán saber que no solo se trata de la pérdida de un aliado fundamental que es alejado por su propio rechazo y repudio, sino de la adopción de una nueva identidad, una nueva composición social fracturada e incompleta y una nueva conciencia política, en la que prevalecen sectores no precisamente revolucionarios y progresistas que siempre estuvieron integrados y representados en la COB.
Salvo la perversa opción de pretender fracturar y dividir a la COB, no existe ninguna posibilidad para intentar estructurar un nuevo paralelismo organizativo como ya lo ha hecho con las confederaciones indígenas de la CIDOB y CONAMAQ, puesto que la COB no es una organización que represente y aglutine a un solo sector social, sino a varios y distintos. Por eso, será posible que el gobierno pretenda continuar reclamándose como popular y de izquierda o, aún más, que el pueblo pueda esperar medidas de transformación y cambio?
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.
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