El linchamiento del alcalde de un pequeño pueblo aymara del altiplano boliviano ha tenido como inesperada consecuencia la constitución de un gobierno local con un sistema judicial y una policía independientes del Estado y confrontados a éste. Los aymaras nombraron a su gobernador y su propia policía. Los indígenas que habitan el poblado de Ayo […]
El linchamiento del alcalde de un pequeño pueblo aymara del altiplano boliviano ha tenido como inesperada consecuencia la constitución de un gobierno local con un sistema judicial y una policía independientes del Estado y confrontados a éste.
Los aymaras nombraron a su gobernador y su propia policía. Los indígenas que habitan el poblado de Ayo Ayo protagonizan esta rebelión porque se oponen a que las autoridades investiguen el linchamiento de su alcalde.
Según los habitantes de Ayo Ayo, el linchamiento fue la aplicación de la «justicia comunitaria» y no corresponde la intervención de la fiscalía ni de la policía para encontrar a los responsables.
Los casi 3.000 habitantes de Ayo Ayo amenazan con cortar la carretera que pasa por el pueblo y con destruir un gasoducto cercano y torres eléctricas de alta tensión si el gobierno insiste en investigar el linchamiento, ocurrido el pasado 15 de junio.
El gobierno presidido por Carlos Mesa ha dejado claro que no negociará este caso, que se considera un crimen común que debe ser tratado en los estrados judiciales.
Pero en Ayo Ayo, situado a 80 kilómetros al sur de La Paz, el pasado lunes, el indígena Cecilio Huanca fue posesionado como gobernador y 25 campesinos como miembros de su propia policía y de un organismo de inteligencia sindical.
«Por la memoria de Tupac Katari y Bartolina Sisa quedan posesionados como inteligencia sindical», dijo Ramón Copa, uno de los dirigentes campesinos del altiplano, al tomar juramento a las «autoridades de un nuevo Estado histórico».
Tupac Katari y Bartolina Sisa fueron líderes de rebeliones indígenas contra los españoles en el siglo XVIII.
El enfrentamiento de Ayo Ayo contra los poderes del Estado parece reforzar las intenciones que desde hace algunos años han manifestado algunos dirigentes campesinos aymaras en sentido de crear una «república del Kollasuyo».
Mientras tanto, la inteligencia sindical recibió el encargo de investigar el linchamiento del alcalde Benjamín Altamirano, cuyo cadáver quemado fue encontrado en la plaza del pueblo el pasado 15 de junio.
Los campesinos organizados en este gobierno propio han exigido que sean liberadas cuatro personas acusadas del crimen y que sean quemados los expedientes del caso.
En cambio, el nuevo gobierno de Ayo Ayo anunció que su policía sindical se trasladará a La Paz a investigar a la familia del alcalde asesinado, quien estaba acusado de malversar fondos públicos.
El gobernador indígena Cecilio Huanca incluso anunció su intención de autorizar que la policía sindical allane las casas de los parientes del alcalde en La Paz. Según Huanca, la familia del alcalde acusó sin razón a los habitantes de Ayo Ayo de ser responsables del linchamiento.
El nivel de organización de los indígenas queda en evidencia si se considera que el alcalde Altamirano fue secuestrado a plena luz del día en una calle del centro de La Paz por un grupo de campesinos el lunes 14 de junio. La madrugada del día siguiente, el cadáver quemado del alcalde apareció en la plaza principal de Ayo Ayo, con carteles que lo acusaban de corrupción.
Cuando los policías y fiscales hacían el levantamiento legal del cadáver, los campesinos los agredieron y los hicieron huir del pueblo. Desde entonces, en Ayo Ayo no hay ninguna autoridad que represente al gobierno, cuya sede está situada en La Paz, a sólo 80 kilómetros de distancia.
Luis Crespo