La Paz, junio 16, 2004.- Campesinos y comunarios aymaras de Ayo Ayo, en el altiplano boliviano, justificaron el linchamiento de su alcalde, al que prendieron fuego y asesinaron por supuestos actos de corrupción y robo de los escasos recursos de esa población, una de las más pobres de la región. Según los pobladores de Ayo […]
La Paz, junio 16, 2004.- Campesinos y comunarios aymaras de Ayo Ayo, en el altiplano boliviano, justificaron el linchamiento de su alcalde, al que prendieron fuego y asesinaron por supuestos actos de corrupción y robo de los escasos recursos de esa población, una de las más pobres de la región.
Según los pobladores de Ayo Ayo, el linchado, Benjamín Altamirano, habría infringido la ley moral de los indígenas aymaras y quechuas que ordena «no robar», «no mentir» y «no ser holgazán» (ama sua, ama llulla, ama kella).
«El alcalde Benjamín Altamirano cometió actos de corrupción con los fondos de la Participación Popular». Don Nicasio, comunario del lugar dijo que Altamirano fue una autoridad corrupta que nunca hizo nada por la región que necesitaba obras, razón por la que le aplicaron la justicia comunitaria.
«Las autoridades de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo no escucharon las decisiones de los pobladores», se quejó a la red radial Erbol, don Nicasio, quien explicó que la justicia comunitaria se aplica ante la persistente injusticia de la justicia burguesa, de la justicia oficial, una de las más corruptas e ineficientes de Sudamérica, que deja impunes a quienes roban y asaltan los recursos y dineros de los más pobres.
«Para los pobres no hay justicia, para los pobres no hay perdón», dicen los pobladores de Ayo Ayo, concentrados en la plaza principal, tras los sangrientos sucesos que conmocionaron al país.
La acción de los comunarios recibió el respaldo del «Mallku» Felipe Quispe, el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). «Yo creo que si es una acción comunaria, la CSUTCB va a defender a los comunarios, porque los comunarios no son los culpables (del linchamiento) . Los culpables son los que manejan las leyes, los que administran las leyes, aquellos doctores que se corrompen hasta los tuétanos y que dejan en la impunidad y sin castigo a los que le roban al pueblo, dijo el «Mallku», un ex guerrillero indigenista que hace dos semanas renunció a su diputación para «estar en la lucha al lado de su pueblo y no corromperse con el parlamentarismo».
Según los comunarios de Ayo Ayo, el ex alcalde Altamirano habría, por el contrario, utilizado los resortes de la justicia oficial para perseguir a sus opositores y a quienes cuestionaban su gestión. Varios de los comunarios habían sido acusados de robo en la Fiscalía en la ciudad de El Alto y La Paz, donde residía el linchado y desde donde dirigía el municipio altiplánico.
El secretario Ejecutivo del Sindicato de Campesinos de la provincia Aroma, Ramón Copa, recordó que cuando Altamirano se constituía en esa población era para iniciar procesos judiciales contra los miembros del Comité de Vigilancia y dirigentes sindicales de Ayo Ayo, buscando dividir a los comunarios.
Cecilio Huanca, representante de la Central Agraria de Ayo Ayo, dijo que la ex autoridad vivía en La Paz y que nunca se constituyó en el lugar para elaborar el plan operativo de acción ni entregó obras en favor de los campesinos de la tercera sección.
Una mujer anciana del lugar le dijo a la red Erbol: «Esa persona era corrupta porque no se han visto obras en la región».
Pero la acción de los comunarios y campesinos ha sido cuestionada y criticada por la Iglesia Católica, por el gobierno, los partidos políticos, los grandes medios de comunicación y muchos otros. Las autoridades aseguraron que se buscarán y castigarán a los culpables, a pesar que la Policía no tiene entrada a los pueblos del Altiplano. Desde Sucre, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no se debía tomar como excusa la justicia comunitaria para quitar la vida de una persona.
En La Paz, donde se velan los restos de Altamirano, también eran intensas las acusaciones contra los comunarios y la Policía. Sin embargo, el Comandante Nacional de la Policía, Jairo Sanabria, rechazó las acusaciones de que su institución no habría atendido a tiempo la denuncia del secuestro del difunto.
«Cuando se abrió la denuncia la Policía actuó inmediatamente haciendo patrullajes. Se actuó con la Policía Caminera para hacer la revisión de los vehículos que salían de La Paz», dijo. Sin embargo, una de las hijas de Altamirano dijo que la Policía llegó ocho horas después del linchamiento y no pudo quedarse en Ayo Ayo porque el pueblo los echó a pedradas y apenas se pudo recoger el cadáver de su padre.
El informe del Fiscal William Alave establece que «Altamirano fue secuestrado por un grupo de personas el lunes en la ciudad de La Paz y que luego fue llevado a Ayo Ayo, donde lo torturaron primero y lo quemaron después». El Fiscal presume que un golpe de pala en la cabeza habría matado a Altamirano, al promediar la una de la mañana del martes, para ser quemado después cuando ya estaba muerto. «Los dos policías que trabajan en la población de Ayo Ayo vieron que los campesinos encendieron una fogata el lunes en la noche, pero no se imaginaron que allí se quemaba el cuerpo del alcalde», relató el Fiscal
En las ciudades se alzaron muchas voces de condena contra los campesinos de Ayo Ayo, aunque la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados advirtió que lo sucedido este martes no era un hecho aislado y que habían más de dos decenas de casos muy similares, en los que la población tomaba justicia por propia mano.
En los barrios marginales de las ciudades, donde convive la extrema pobreza y la total desatención gubernamental, cada mes hay por lo menos un caso en el que los vecinos flagelan, queman, cuelgan y asesinan a los ladrones o a quienes son acusados de delitos como la violación o el hurto. Una costumbre ancestral de los pueblos que soportan la histórica injusticia de los poderes públicos y que sólo encuentran justicia cuando la ejecutan con sus propias manos. Esto al menos es lo que dijeron los comunarios de Achocalla, otro pueblo en las afueras de la ciudad de La Paz, que amenazaron esta mañana a su alcalde Gastón Cárdenas con aplicarle la justicia de Ayo Ayo si no renunciaba al cargo.
«Va a haber casos similares a Ayo Ayo en todos los lugares, las habas van a cocer en todas partes», sentenció el «Mallku» Quispe.