El 04 de noviembre de 2014 p or unanimidad de la partidocracia, y a mano alzada, el Senado de la República, desechó la solicitud de «desaparición de poderes en el Estado de Guerrero bajo el argumento de que «los poderes Legislativo y Judicial están trabajando» «normalmente»; y añadió, además, que ya se había elegido un […]
El 04 de noviembre de 2014 p or unanimidad de la partidocracia, y a mano alzada, el Senado de la República, desechó la solicitud de «desaparición de poderes en el Estado de Guerrero bajo el argumento de que «los poderes Legislativo y Judicial están trabajando» «normalmente»; y añadió, además, que ya se había elegido un gobernador interino, ocultando que fue impuesto desde arriba por el gobierno federal, el legislativo local y los partidos políticos, en especial, el PRD que es el del «gobernador con licencia».
El argumento del Senado es el siguiente:
«Dado que los hechos sucedidos no constituyen causal determinante, ni son actos de pleno ejercicio por parte de los órganos del Estado, para proceder a la declaración de que han desaparecido los poderes en la entidad, por el contrario la designación de un gobernador interino, son prueba plena de su funcionamiento»
(El economista, 04 de noviembre de 2014, http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/11/04/desaparicion-poderes-guerrero-improcedente-senado ).
Como se puede apreciar, los argumentos del Senado para negar la desaparición de poderes se limitan a: 1) afirmar que el poder legislativo y judicial (altamente corrompidos y probablemente infiltrados por los cárteles del narcotráfico) «trabajan con normalidad» y 2), que ya había sido nombrado un «gobernador interino», esto a pesar de que la población, asolada por los grupos criminales y del narcotráfico -que roban, cobran derecho de piso, matan y asesinan impunemente y sin sufrir castigo alguno en la mejor tradición criminal de los siniestros tontons macoutes de la dictadura militar de Duvalier en Haití- ha denunciado sistemática e insistentemente que no solamente en Iguala y Cocula existen fosas clandestinas repletas de cadáveres, sino en todos los municipios del Estado de Guerrero; sólo algunas de ellas descubiertas a raíz de la masacre y posterior desaparición de 43 estudiantes normalistas que, de no haber ocurrido, nunca hubieran sido denunciadas y encontradas.
¡Hasta qué extremo se tiene que llegar para que haya justicia!, habrá que preguntarles a los señores senadores y a las autoridades gubernamentales para que se dignen tomar cartas en el asunto y asumir sus responsabilidades.
Obviamente que todo este macabro panorama que convierte a México en un enorme camposanto cultivado de fosas con cadáveres víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y de la acción represiva del Estado mexicano, no es suficiente para los señores «senadores» para solventar sus causas y decretar urgente e inmediatamente la desaparición de poderes; dar inicio a las investigaciones y detenciones que limpien de pe a pa al Estado de todos los grupos criminales y de las bandas de la delincuencia organizada del narco compenetradas, hasta ahora, en las estructuras del poder en los diversos niveles e instituciones del gobierno.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente y última reforma publicada en DOF 07-07-2014, en su Artículo 76 estipula que, entre otras, son facultades exclusivas del Senado de la República:
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.
Tanto el gobierno federal, como el Senado de la República y el PRD-PRI-PAN se negaron rotundamente a declarar la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, a pesar de existir causas y evidencias suficientes como la masacre de los normalistas y de otras personas que fueron acribilladas por la policía municipal; el descubrimiento masivo de fosas clandestinas con restos humanos en la circunscripción de Iguala y en otros puntos del Estado de Guerrero, como denuncian numerosos pobladores y testigos en la región.
Procedía -y procede– que se decrete la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero debido también a la existencia de un clima generalizado de ingobernabilidad –Estado fallido?- que amenaza frontalmente a la población por estar sistemáticamente sometida al control y a las amenazas de grupos criminales que impunemente operan en ese territorio y lo controlan tanto económicamente, como socialmente y a través de todo tipo de amenazas y del terror.
Como vemos, el Artículo 76 (fracción V) de la Constitución posibilita la desaparición de poderes y se justifica en la medida en que, por causas de orden social y/o políticas, dejan de existir y, en la práctica, operar, los poderes públicos en un Estado de la República y el gobierno federal debe intervenir su soberanía con el fin de constituir nuevos poderes locales que sustituyan a los desaparecidos y, con ellos, a todos los grupos criminales y autoridades involucradas con ellos.
La desaparición de poderes no se concretó, a pesar de que la población ha denunciado sistemáticamente que siguen operando los grupos criminales y del narcotráfico en todo el territorio del Estado, prácticamente con su poder intacto hasta la fecha. Aún con los más de 10 mil efectivos que entre ejército, corporaciones policiacas y judiciales, tecnologías, perros de rescate y caballería, ha desplegado el gobierno para darse a la búsqueda infructuosa de los desaparecidos.
La desaparición de poderes permitiría limpiar el estado desde la base y reconstruir los poderes en consonancia con los intereses mayoritarios de su población y de su tejido social. Pero es evidente que la acción y la estrategia del gobierno por allí no se encamina: a) más bien, pondera la alianza desde arriba con partidos, grupos criminales, políticos, militares y empresarios que han sido los auténticos beneficiarios del proyecto autoritario-neoliberal vigente en el país para reconstruir el tejido social bajo su hegemonía y, b) ahora que se ha capturado a la narco pareja (ex-alcalde y su esposa) en la ciudad de México, de sobra se pone al descubierto que el gobierno va a intentar por todos los medios posibles a su alcance -recurriendo incluso a la represión- reducir el problema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la existencia de decenas de fosas clandestinas repletas de cadáveres y las mismas condiciones de miseria y narcotráfico existentes en el Estado y en la región (que cubre estados circunvecinos como el de Morelos) a un problema de carácter local que tiene que ser tratado como así: como problema local y de ningún modo social y nacional.
En este contexto, en una reunión celebrada el 02 de noviembre en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional Popular (ANM), constituida por organizaciones sociales y normalistas de todo el país, se acordó exigir al gobierno federal -y se hizo un llamado al pueblo mexicano y a sus organizaciones- para que apoye e impulse las siguientes demandas:
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Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.
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No reconocer al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar solución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de una estrategia gubernamental encaminada a postergar el conflicto y desgastar al movimiento de protesta a la luz de las próximas «elecciones intermedias» del año entrante que se habrán de celebrar en el país, incluyendo el Estado de Guerrero.
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Desaparición de poderes.
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Constitución de Consejos Municipales, verdaderos órganos de poder popular.
El proceso de Ayotzinapa debe ser un parteaguas en la historia mexicana presente y futura que, además de cubrir su objetivo inmediato de encontrar con vida a los 43 normalistas secuestrados-desaparecidos por el Estado mexicano, constituya la base y el punto de arranque de una organización popular desde abajo -sustentada en el mandar obedeciendo– capaz de asumir las grandes tareas y retos para la transformación global de nuestro país.
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