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Ayotzinapa: justicia, emergencias y transformación social

Fuentes: Rebelión

La indignación por el crimen de Estado cometido en Iguala contra 46 y más estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han impulsado un nuevo ciclo de lucha que como pocos ha llenados las calles, generado diversos y creativos tipos de expresión popular y desencadenado múltiples formas de organización sectorial y territorial que buscan no […]


La indignación por el crimen de Estado cometido en Iguala contra 46 y más estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han impulsado un nuevo ciclo de lucha que como pocos ha llenados las calles, generado diversos y creativos tipos de expresión popular y desencadenado múltiples formas de organización sectorial y territorial que buscan no solo justicia en el crimen contra los normalistas si no construir otra etapa en la vida del país.

La expresión popular ha dado la disputa narrativa al Estado y sus cómplices en los medios de comunicación, ha señalado culpabilidades – individuales, institucionales y estructurales – ha denunciado la emergencia nacional y ha puesto sobre la mesa la necesidad de pensar en cambios estructurales que modifiquen el modelo de nación, su pacto social y la posibilidad de una nueva constitucionalidad.

El salto de lo especifico, -expresado en las exigencias de justicia para Ayotzinapa-, a una lucha por el cambio de régimen, -que evolucionó de «Fue el Estado» a «Fuera Peña» y «que se vayan todos»-, refleja la necesidad de que las etapas venideras de movilización social conjuguen las miradas de corto con las de largo plazo. Se requiere proponernos todos continuar la lucha por resolver el caso Iguala, al tiempo que no se deje de mirar la agenda de emergencia del país y se fortalecen las plataformas de lucha estructural y transformación social que avanzan por diversos llamados a construir nuevos espacios para ese fin.

Ninguna propuesta de cambio estructural, por solida que sea, amerita el debilitamiento de la lucha por la justicia para los normalistas, sus familias y la sociedad entera. Por el contrario, las demandas de aparición por vida y contra la impunidad corresponden a toda la sociedad que ha mostrado, hasta ahora, gran capa de articulación en la acción.

Tras la gran farsa que significa la «verdad histórica» dada a conocer por el Gobierno Federal los principales retos de la lucha son 1) profundizar dicha disputa por la interpretación de los hechos, 2) encontrar las maneras de continuar la movilización y organización social y 3) intensificar la denuncia internacional.

Una manera de continuar con la lucha por justicia para Ayotzinapa sería identificando cuales son los ejes programáticos directamente asociados al caso y que pueden dar cabida y claridad a la movilización de los amplios sectores de la sociedad conmovidos e indignados. Entre las condiciones que debieran cumplir dichos ejes programáticos están la de ser aceptados por los padres de familia y la de ser susceptibles de reivindicarse mediante muy diversas formas de lucha y en el marco de las distintas perspectivas de transformación estructural.

Entre los ejes que pudieran significar dicha renovación programática directamente asociada al caso de Iguala están:

1) La aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos

2) El establecimiento de una comisión de la verdad

3) Alto a la guerra y modificación de la estrategia de seguridad

4) Investigación de los vínculos financieros del crimen organizado con los funcionarios y actores políticos de todos los niveles

5) Saneamiento y rediseño integral del sistema de justicia

6) Rescate y fortalecimiento del sistema de educación normal de todo el país

Asumir estos u otros ejes de lucha, que pudieran conformar un pliego petitorio, no implica dejar de dar la lucha por cambios estructurales, sin embargo, por ahora está claro que estas perspectivas avanzan por diversos canales y con distintos actores en su reivindicación. Si bien es cierto que hay que insistir en la construcción de procesos de articulación en torno a una propuesta de cambio radical, también lo es que la solución del caso Iguala no puede quedar pendiente en función de dichos procesos.

Luego. El nivel de agresión del Estado hacia los sectores populares, hace que multipliquen los frente, las luchas y las perspectivas de transformación. Entre los temas que conforman la emergencia se encuentran: 1) La libertad de los presos políticos de la tribu Yaqui, Fernando Jiménez y Mario Luna, así como detener de manera inmediata y definitiva la construcción y operación del Acueducto Independencia que los despoja del agua que les corresponde. 2) La reversión de la reforma energética necesaria, ahora también, por el contexto internacional de caída de los precios y baja de la producción. 3) La lucha lo mejor coordinada posible, contra los proyectos de saqueo y despojo ambiental. 4)La liberación de todos los presos políticos del país entre los que se encuentras Nestora Salgado, Hipolito Mora, José Manuel Mireles, y muchos otros, resaltando los 46 casos del estado de Puebla. 5) Combatir la configuración de marcos legales que faciliten la represión y criminalicen la protesta social como de manera alarmante ha sucedido en el Distrito Federal. Entre otros temas.

En otra perspectiva, más allá de la electoral, y además de las que en los hechos construyen las propuestas autonómicas fundamentalmente de los pueblos indios, se configuran plataformas que reconocen a situación del país, no cambiará de fondo hasta que nos e modifiquen sus estructuras políticas y administrativas. Entre ellas se encuentran los acuerdos hacia la transformación social generados en la Convención Nacional Popular, la propuestas de constituyente ciudadana planteada por el Obispo Raúl Vera -que tiene como proceso previo la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y como esencia o el proceso de construcción de un nuevo proyecto de nación impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas, basado en los múltiples esfuerzos de elaboración programática (Un México para todos), y en la pregunta urgente de ¿Hacia donde se quiere reconstruir el país?.

Para enfrentar la siguiente etapa de movilización y organización con base en estas u otras agendas y/o plataformas, habría que considerar que las diversas estrategias de lucha no son mutuamente excluyentes y que lo urgente es avanzar por todos aquellos resquicios, aún abiertos, para contener y revertir el avance de las derechas. Se trata, en todo caso, de hacerlo con ética implacable y con la tarea de construir consensos y procesos sociales amplios. Ninguna reconstrucción de la izquierda avanzará si no se logran colocar en el escenario los debates y las disputas necesarias sobre la cultura política y sobre los códigos de relacionamiento que lo haga posible.

Si algo ha descalificado el neoliberalismo es las diversas nociones de «lo publico». A nombre de dicha descalificación no solo se han entregado las diversas áreas de desarrollo nacional a los actores del mercado si no que se ha estigmatizado a los grupos sociales que lo representan, como lo son los maestros, los normalistas, los indígenas, principalmente. Disputar la cultura política, entonces, puede pasar por reubicar dicha noción en las diversas dimensiones de la vida: la social, la comunitaria, y la institucional. Su transversalidad, más que hacer excluyente las formas de lucha, las puede hacer converger con base en la democracia, la solidaridad y el anti – autoritarismo.

En fin. La manera como las autoridades han pretendido cerrar el caso Iguala tiene un tufo a misterio y thriller que parecieran querer sembrar el miedo e inmovilidad entre la población. Ni se puede ceder ante ese miedo ni se puede asumir que el destino manifiesto de nuestro país está ligado a la corrupción y degradación endémica arraigada en la mayoría de sectas que acaparan los cargos políticos. Por el contrario, hay que insistir en que la potencia popular, expresada en múltiples organizaciones comunitarias que defienden su hábitat, sus derechos y sus identidades, la riqueza de bienes naturales, la sabiduría ancestral de los pueblos indios y las múltiples historias de luchas populares, brinda todos los elementos para pensar en una sociedad armónica e igualitaria.

Dicha certeza tiene que promoverse incorporando a los más en las luchas por la justicia y en las discusiones de proyecto de país, desencadenando múltiples espacios de dialogo donde se abra el debate político y se generalice la convicción no solo de la necesidad de cambios radicales si no de su viabilidad. El reto es ser estratégicos como para utilizar todas las formas de lucha – éticas y antiautoritarias- que puedan cerrar el paso a las derechas, potenciar las viabilidades y mantener los principios de realidad, al mismo tiempo que arriesgados para construir un nuevo proyecto societal basado en la libertad, la democracia y la solidaridad.

Por lo pronto: ¡Vivos los queremos!

Víctor García Zapata. Miembro de la Fundación para la Democracia. / [email protected]

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.