Después de que policías federales, estatales y ministeriales, así como guaruras de uno de los jefes policíacos, agredieran en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la lucha de éstos se expresa en una serie de acciones tanto en el […]
Después de que policías federales, estatales y ministeriales, así como guaruras de uno de los jefes policíacos, agredieran en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la lucha de éstos se expresa en una serie de acciones tanto en el estado suriano como en otras partes de la República. Los normalistas han realizado manifestaciones y mítines en Chilpancingo, Acapulco y el Distrito Federal, con la solidaridad activa de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México; la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de Taxco, Guerrero; la Sección 22 (Oaxaca) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones sociales. Maestros, estudiantes y otros núcleos populares han efectuado concentraciones y marchas en Oaxaca, Ciudad Juárez, Morelia y otras ciudades en apoyo a los normalistas del municipio de Tixtla, Guerrero.
La lucha siempre paga. Presionado por el movimiento estudiantil normalista, las Organizaciones No Gubernamentales y la opinión pública democrática nacional e internacional, Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, aceptó las renuncias del procurador de Justicia, Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja; el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, y el director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdés, como consecuencia del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa, por parte de los cuerpos represivos del estado y la Federación. Tales renuncias son positivas y constituyen un paso inicial para el esclarecimiento del atropello antiestudiantil. Asimismo, fueron liberados todos los detenidos, incluido un estudiante acusado, calumniosamente, de ir armado y de disparar con un «cuerno de chivo».
La verdad y los encubrimientos
Contra todas las evidencias, el señor Alberto López Rosas trató de justificar la violenta represión contra los estudiantes de Ayotzinapa, al afirmar que éstos portaban armas y habían disparado sobre los integrantes de la seguridad pública. Tales afirmaciones concitaron un profundo repudio, porque, en abierta contradicción con los hechos, buscaron dar justificación a un asesinato múltiple producto de una política irresponsable y antipopular. Igualmente, el gobierno de Guerrero dio arranque, luego de la sangrienta represión, a una campaña en que intentaba presentar a los normalistas como agresores o iniciadores de un «enfrentamiento», cuando es obvio que se trató de una vulgar agresión de los agentes policíacos sin ninguna justificación.
La reacción de las autoridades «de izquierda» no se diferenció gran cosa con lo ocurrido en 1995 tras la matanza de Aguas Blancas, cuando Rubén Figueroa Alcocer hizo intentos de justificar una emboscada criminal contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mientras se producía una respuesta activa y militante de organizaciones agrarias, sindicales, estudiantiles, políticas y populares en Guerrero, otros estados de la República, América Latina, Europa y otros países y regiones. En efecto, en la actualidad quisieron recurrir a los mismos trucos de propaganda oficial de antes, sin preocuparse del rápido conocimiento de videos y fotografías que muestran en vivo que los estudiantes normalistas fueron golpeados y asesinados sin que se produjera ninguna clase de «enfrentamiento», aunque sí una legítima respuesta a la agresión gubernamental.
Ante las evidencias, aceptación de hechos reales
Ante los videos que circulan por todas partes y las extraordinarias fotografías de periódicos y revistas nacionales y locales, Ángel Heladio Aguirre Rivero tuvo que admitir la intervención de policías ministeriales en la agresión contra los miembros guerrerenses de la FECSM. Este reconocimiento no representa ningún mérito, sino sólo la aceptación de acontecimientos imposibles de negar.
Como queda evidenciado en fotografías y videos, policías ministeriales, estatales y escoltas de un funcionario de seguridad –junto con los policías federales– son los que dispararon contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, abatiendo por la espalda a uno de los muchachos cuando se retiraba del lugar de la agresión, en la Autopista del Sol. Los muertos y heridos fueron sólo estudiantes rurales y un empleado de una gasolinera. Entre los detenidos, aparte de los normalistas, que fueron torturados, estaban incluidos campesinos y pobladores solidarios.
No hay duda en cuanto a que policías federales, ministeriales, estatales y guaruras de un alto jefe policíaco, armados y en forma excesivamente violenta, criminal y desproporcionada, atacaron y ultrajaron a los manifestantes. De cara a esta situación, el gobernador del estado afirmó que jamás ordenó que los policías acudieran armados, y que éstos desobedecieron la disposición de ir sin armas a este tipo de actos de represión política, al cual acudieron en apoyo a la Policía Federal, puesto que la Autopista del Sol depende del gobierno de la Federación. Layo Aguirre se comprometió a sancionar –tras las indagatorias correspondientes– a los culpables.
Redefinir la política educativa y social
La remoción de los altos funcionarios judiciales y policíacos es positiva; sin embargo, no es suficiente. Debe aclararse con toda precisión quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales de la grave represión del Día Guadalupano, los cuales deben ser consignados, juzgados y condenados, y lo que es central: debe reconsiderarse la política en materia de educación, incluida la enseñanza normal y en especial de la histórica Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; mejorar las instalaciones del plantel, la comida y el internado; proporcionar los útiles escolares, los medios audiovisuales y los implementos para las prácticas pedagógicas, así como otorgar las plazas correspondientes a los egresados de esa importante institución, que tanta falta hacen en la patria chica de Ignacio Manuel Altamirano.
Es menester un cambio profundo en la política del gobierno de Guerrero: no resolver problemas económicos y sociales con el uso de la violencia, sino con la negociación y las salidas positivas a las demandas de las masas.
Destituir al secretario General de Gobierno
Por cierto, una destitución necesaria, indispensable y pertinente debe estar en el orden del día: la del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien en lugar de resolver los problemas, los agudiza, y, al mismo tiempo, tiene una especie de delirio persecutorio pues con gran facilidad recurre a la violencia contra los normalistas, maestros, campesinos, indígenas y universitarios en lucha. Para el Sur, tierra del combate central de José María Morelos y Pavón, Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero; lugar de origen del Plan de Ayutla con Juan N. Álvarez y otros héroes de la Reforma, y base fundamental del Plan de Ayala con Jesús H. Salgado y otros combatientes, no merece funcionarios del tipo de Humberto Salgado y sería muy conveniente prescindir de sus servicios. Bien merece unas vacaciones permanentes, que el pueblo guerrerense saludaría con mucho entusiasmo.
Guerrero Seguro y la inseguridad
Como lo muestran videos y fotografías, en el bárbaro desalojo de la Autopista del Sol intervinieron elementos del operativo Guerrero Seguro, que, como se ha señalado por diversos analistas políticos del país, no resuelven los problemas de seguridad, y, por el contrario, los llevan a niveles de deterioro muy graves. Imponen no la seguridad, sino la inseguridad. Los narcotraficantes y miembros del crimen organizado siguen aumentando su control de importantes áreas de la geografía estatal y nacional, la producción de mariguana y amapola sigue creciendo y los embarques a Estados Unidos y otros lugares no disminuyen, con lo cual se cubre la demanda del gigantesco mercado gabacho. Es un mito eso de la guerra contra el narcotráfico, y sólo sirve para matar decenas de miles de mexicanos, desplazar cientos de miles de compatriotas y «desaparecer» a miles de ciudadanos inocentes, impedir las actividades normales y llenar los bolsillos y servir a los intereses de los capitalistas y gobernantes gringos, así como de una minoría insignificante de mexicanos.
Contradicciones entre estado y Federación
No guardaron compostura los distintos niveles de gobierno, ya que el federal y el estatal dieron inicio, luego de la masacre, a una campaña propagandística con sus respectivos videos para «demostrar» que los elementos a su cargo no iban armados y que no dispararon. Naturalmente, esta pugna ayudó a poner las cosas en su lugar pues tanto policías federales como ministeriales, estatales y escoltas de un alto mandamás policíaco portaban armas e hicieron uso de éstas. Por donde se le busque, no es posible desmentir esta verdad.
Objetivo de la derecha: cerrar la Escuela de Ayotzinapa
Con la matanza del Día Guadalupano, la derecha se engalla y busca ajustar cuentas con la prole. Rubén Figueroa Smutny, hijo de Figueroa junior, nieto del Tigre de Huitzuco, ex diputado federal y aspirante a una senaduría por el Partido Revolucionario Institucional, se dio a la tarea, por medio de Facebook, de denostar con dureza y mal gusto al gobernador de Guerrero, con mensajes de una enorme bajeza. Con una alegría insana, manifestó que se sentía feliz por los acontecimientos del 12 de diciembre; a Layo Aguirre Rivero lo rebautizó con el apodo de Aguikiller, construyendo con este apodo versos y consignas típicos de personas enfermas del cerebro. Finalmente, negoció con Aguirre y prometió no seguir con su festejo carnavalesco de una desgraciada tragedia.
Este descendiente de conocidos caciques y criminales políticos, pronosticó un día antes de la matanza: «En Guerrero pronto la realidad va a atropellar a los perdedores y farsantes». Considerando estos hechos, las autoridades deberían investigar a este torvo ex representante «popular» y, si es preciso, sentarlo en el banquillo de los acusados y aplicarle todo el peso de la ley. A estos sujetos hay que tratarlos como presuntos delincuentes.
Con el paso de los días, se van aclarando ciertos aspectos de lo ocurrido en la Autopista del Sol. Por ejemplo, trabajadores de la gasolinera incendiada han señalado que los responsables de esta acción vestían playeras rojas y no provenían de las filas estudiantiles, sino del lado del río Huacapa, por donde huyeron sin que la policía hiciera algo por aprehenderlos.
Normalistas y militantes de Organizaciones No Gubernamentales plantean que el gobierno mexicano, por medio de Guerrero seguro, utilizó a paramilitares en los hechos de sangre comentados. No sólo eso. Para agravar la situación, ya hicieron su aparición sujetos reaccionarios, que encubiertos de cibernautas, llaman a matar normalistas, porque, dicen, el gobierno estatal les da alas. También el Partido Acción Nacional e individuos del Partido de la Revolución Democrática empiezan a hablar de cerrar la Normal del municipio de Tixtla. En ese contexto, durante una procesión oficialista de origen religioso, una hija de una simpatizante de la administración local sostuvo que la Escuela de Ayotzinapa debería ser volada por medio de una bomba y matar a todos sus estudiantes. Así se expresan algunos cavernícolas por los caminos del Sur.
Fijar la responsabilidad de Aguirre
Los normalistas de Ayotzinapa demandan la renuncia y juicio político contra Ángel Heladio Aguirre Rivero, siendo apoyados en esta solicitud por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y otras organizaciones sociales. Salta a la vista que al gobernador hay que investigarlo y que la justicia tome las medidas adecuadas. Todas las líneas necesarias de investigación deben ser abiertas.
La respuesta del gobierno estatal a las demandas de los normalistas no puede esperar indefinidamente. Los culpables de los asesinatos, golpes, ultrajes y torturas contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos tienen que ser detenidos, procesados y sentenciados, de acuerdo con los delitos cometidos. Darle largas al asunto, sólo conviene a los figueroístas, el PAN y otras fuerzas de la derecha sureña.
La experiencia enseña que los grandes movimientos sociales de Guerrero contra Raúl Caballero Aburto y contra Rubén Figueroa Alcocer, comenzaron por contradicciones intergubernamentales y por reivindicaciones sociales importantes, pero elementales, que, al ser enfrentados con la violencia criminal de los gobiernos mencionados, se extendieron a otros grupos sociales y pasaron a plantear objetivos políticos que se sintetizaban en la exigencia de la desaparición de poderes. De la pugna entre un presidente municipal y el gobernador de la entidad y de la lucha social de un sector particular se transitó a verdaderos movimientos populares de masas que, al entrar en acción la represión reaccionaria, el gobierno federal tuvo que imponer la desaparición de poderes u obligar al gobernante impugnado a presentar su renuncia.
¿Sólo los policías locales?
Con notoria parcialidad, la Procuraduría General de la República informó que un juez dictó arraigo a seis policías ministeriales y otros tanto estatales, durante 30 días a partir del día 18 de diciembre. Así, son excluidos los policías federales. La protección de los elementos pertenecientes al operativo Guerrero Seguro queda evidenciada, al mismo tiempo que se procede judicialmente sólo contra elementos locales de los cuerpos de seguridad. Algo completamente irregular.
Como lo han manifestado Alberto López Rosas, los estudiantes agredidos y un testigo presencial protegido de la Procuraduría General de Justicia del estado, miembros de la Policía Federal participaron en los asesinatos y en la golpiza contra los normalistas el 12 de diciembre retropróximo. Los videos y fotografías confirman tal participación, por lo que es un despropósito excluir de las indagatorias y arraigos a semejantes elementos. No es correcto ni válido, tratar de dejar fuera al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal que dirige Genaro García Luna.
Cabe recordar que la Policía Federal ha desempeñado y desempeña un papel muy negativo en la represión de movimientos sociales legítimos y pacíficos, como ocurrió en San Salvador Atenco, Estado de México, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y en la vieja Antequera con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Empero, es imposible refutar con medidas parciales y sesgadas los hechos que registraron diversas personas en videos y fotografías. La intervención represiva y criminal de la PF está documentada en forma gráfica.
Prevalece, pues, el criterio político sobre el jurídico, y la PGR no investiga a los integrantes de la Policía Federal, a quienes trata como pacíficos y correctos ciudadanos enemigos de la violencia y los malos tratos, cuando es un secreto a voces que no sólo golpearon, hirieron y mataron estudiantes, sino que ultrajaron, vejaron y humillaron a los jóvenes normalistas. Se portaron como tropas de ocupación.
El problema del director y el SNTE
Uno de los problemas de Ayotzinapa es el nombramiento del director de la escuela, que afecta intereses directos del charrismo sindical magisterial. Ciertamente, entre las normas usuales está la participación de la Sección 14 del SNTE en la designación de los directores de las normales públicas, y de acuerdo con el parecer del secretario general seccional de este poderoso sindicato, Emiliano Díaz Román, en caso de poner al doctor Pablo Sandoval Cruz, como propuso Ángel Aguirre, sería pasar por encima de las normas establecidas por la Secretaría de Educación Guerrero. Los charros no quieren soltar la presa.
Es conocido por muchas personas informadas que Elba Esther Gordillo Morales, en 2008, 2010 y 2011, llamó a crear escuelas técnicas de turismo y cerrar las escuelas normales, por ser éstas ya no escuelas patito, sino «monstruos», semillero de guerrilleros y producir demasiados maestros para un mercado saturado. Esta señora, aunque parezca mentira, es la presidenta del SNTE, lideresa «sindical» y «trabajadora de la educación», que modestamente tiene una residencia de potentada en San Diego, California, Estados Unidos, y que propone cerrar escuelas que controla y dirige… ¡su sindicato!, situación que explica, en parte, la crisis de la educación normal. Pero es una mujer que no tiene ni idea de la producción de profesores de enseñanza primaria en el país. Habla de oídas y sin ninguna base seria. En resumen, cantinflea.
Por eso, cuando el 15 de diciembre de 2011 el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE publicó un desplegado en la prensa nacional, no cabe sino asombrarse al leer el siguiente párrafo: «Las escuelas normales y sus comunidades educativas representan uno de los más grandes patrimonios con que cuenta el país. Instituciones entrañables del pueblo de México, son un baluarte de la educación pública nacional. Defenderlas, garantizar su carácter público y defender los derechos de sus estudiantes, es una obligación que el SNTE siempre asumirá con determinación y orgullo». Miente la camarilla ultraderechista del sindicato magisterial, ya que no sólo no defiende el normalismo, sino que lo ataca y lucha por su desaparición en unión de Claudio X. González y otros capitanes de la gran burguesía mexicana y el imperialismo.
Mas no es todo. Si la educación normal pública está dirigida por connotados jerarcas sindicales elbistas, parte considerable de la educación normal privada también es controlada por ex líderes y dirigentes actuales de dicho sindicato. En el caso de Ayotzinapa, el SNTE es parte del problema y no constituye ningún punto de apoyo para resolver la situación. Es la camarilla sindical reaccionaria la que ha querido imponer un director que repudian los estudiantes. En virtud de la actitud imposicionista de los charros estalló la crisis, paralelamente al incumplimiento de compromisos y promesas del gobernador del estado de Guerrero. Gobierno y charros produjeron la crisis, no los estudiantes.
Si compareció Aguirre, que comparezca Calderón
Como es del dominio público, Ángel Aguirre Rivero compareció el 26 de diciembre ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los hechos ocurridos en la Autopista del Sol el pasado día de la virgen de Guadalupe.
La Jornada Guerrero, no sin razón señala en su editorial del 27 de diciembre: «Al término del encuentro, tanto la CNDH como el gobierno del estado difundieron comunicados para dar sus respectivas versiones de la comparecencia. El ombusdman, Raúl Plascencia, según su propio texto, informó que se valora la posibilidad de citar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
«Sin embargo en este punto es necesario hacer una reflexión: si ayer compareció el jefe del Ejecutivo guerrerense, y no el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la acción de la CNDH tendría que ser equivalente en el ámbito federal, y citar para ello al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pues de él dependen las fuerzas federales y no (o no sólo) de García Luna.
«Aguirre Rivero se presentó en la CNDH por la presunción de que algunos policías de su gobierno (no bajo su mando directo, sino de la SSPPC y de la PGJE) dispararon y mataron a los normalistas. Pero resulta que hay testimonios muy precisos en el sentido de que también los policías federales dispararon contra los manifestantes, lo que significa que el gobierno federal –no sólo sus policías– puede tener responsabilidad en lo que sucedió. Sin embargo no se está citando al jefe del Ejecutivo federal.
«Además, y esto también hay que precisarlo, los federales que estaban ahí formaban parte del operativo Guerrero Seguro, que ha sido impulsado por el Presidente, y actuaban en esa coordinación con la policía guerrerense».
Es justo el señalamiento de La Jornada Guerrero: Calderón debe comparecer ante la CNDH. De esta manera, la comisión estaría actuando con imparcialidad.
La salida al conflicto está en el esclarecimiento de quién dio las órdenes para agredir a los estudiantes campesinos de Ayotzinapa y quiénes fueron los que utilizaron armas y balas en la Autopista del Sol, con el objeto de aplicarles todo el peso de la ley, sin hacer concesiones a intereses particulares y facciosos de funcionarios y gobiernos del estado y la Federación. Aplicar la ley, pues, sin hacerse bolas. De seguir este camino, la justicia, sin ninguna duda, se impondrá finalmente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.