Sobre lo que busco reflexionar a continuación, es 1) acerca de cómo el caso Ayotzinapa y las protestas ligadas al mismo, han obligado al gobierno federal a mostrar (tal vez fingir) interés en la grave situación social del país, pero 2) la hipótesis de este artículo argumenta que con el anuncio del 27 de Nov. […]
Sobre lo que busco reflexionar a continuación, es 1) acerca de cómo el caso Ayotzinapa y las protestas ligadas al mismo, han obligado al gobierno federal a mostrar (tal vez fingir) interés en la grave situación social del país, pero 2) la hipótesis de este artículo argumenta que con el anuncio del 27 de Nov. de políticas económicas y de seguridad, el gobierno federal carece de autocrítica y busca aprovechar la situación para implementar políticas económicas y de seguridad que no salen del camino neoliberal (en su versión mexicana), culpan a las entidades federativas en lo relativo a la seguridad y da mayor poder al ejecutivo federal, es decir, buscan convertir un punto de inflexión en las exigencias de la sociedad, en una oportunidad de establecer políticas económicas neoliberales y de centralismo político, 3) cómo estas importantes políticas (negativas) que busca establecer el gobierno federal podrían pasar sin mucha reflexión y en medio de la confusión, a manera de lo que se llama «doctrina del shock». Analicemos cada una de estas partes…
Opinar respecto a Ayotzinapa, resulta sumamente complicado.
La situación en México que ha llevado a la posibilidad de eventos tan escalofriantes responde a muy diversos factores: Desigualdad social, pobreza, democracia cuestionada, alta concentración de mercados, pérdida de poder adquisitivo, estados-feudos, medios de comunicación tendenciosos, apertura económica a ultranza, corrupción, creciente mercado negro (narcotráfico, pero no sólo eso)… Y mucho más.
Aun así, son encontradas las opiniones respecto a: ¿Por qué Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, después de años en los que el país ha estado dormido ante el embate de los problemas que lo nublan?… (Esto es en términos simplistas, realmente ha habido mucha protesta durante el transcurrir de los años, pero es claro que hoy en día estamos en un punto de inflexión). Parece que esta pregunta rebasa los límites de este artículo de opinión.
Entrando en el análisis propuesto al principio, comenzamos con las medidas económicas. Con las medidas económicas, EPN dice buscar «combatir la pobreza, provocar el desarrollo y dejar atrás el asistencialismo social«. El análisis siguiente busca plantear que las medidas propuestas no resuelven el problema planteado:
1.- La búsqueda de desvincular el salario mínimo de «diversos precios y tarifas de la economía» se queda muy corta, ya que evade el debate que lleva meses respecto al incremento del salario mínimo y no se posiciona dentro del debate, lo cual sería una de las políticas que si podrían beneficiar a los trabajadores en el país.
2.- El siguiente punto es uno de los dos en que quisiera centrarme. Se proponen ZPE o «Zonas económicas especiales» (Corredor Interoceánico, Puerto Chiapas y municipios colindantes a Lázaro Cárdenas), con la idea de atraer inversión privada (extranjera mayormente, aunque parece que también inversión nacional). Este punto es nodal, ya que permite ver cómo, en el fondo, las políticas no cambian, y más políticas neoliberales son la solución a los problemas que (simplifacando) han incrementado por políticas neoliberales desde hace décadas.
Se han hecho muchos análisis (el más accesible y de lo más conocidos puede ser el contenido en «No Logo» de Naomi Klein) respecto al error de pensar que las ZPE llevan desarrollo a los territorios donde se aplican. Algunos problemas que traen las ZPE son mayor desigualdad social, concentración de mercados, explotación laboral, precariedad del trabajo y dependencia del mercado internacional, además de fallar en reforzar el mercado interno e incrementar el bienestar y las condiciones de vida de la población, lo que se supone, busca EPN y el gobierno federal en este momento.
3.- Siguiendo dentro del mismo camino «neoliberal» (insisto, en su versión mexicana), anuncian
- a) apoyar las «empresas agroindustriales» , lo cual no abona al desarrollo, dentro del contexto de alta concentración de mercados y de desigualdad social)
- b) trato fiscal diferenciado a los productores, que tendrá un efecto marginal en un contexto de generalizada desconexión de los pequeño productores al sistema fiscal
- c) 2 mil millones de pesos para créditos a pequeñas y medianas empresas, lo cual, por un lado, no es una cifra importante y por el otro, no funciona ante un mercado interno (local y nacional) deprimido (clásico enfoque en la oferta y no en la demanda de la corriente neoliberal)
- d) Apoyo fiscal a Acapulco, en donde, de cualquier modo, los empresarios ya se habían pronunciado por dejar de pagar impuestos, y que sigue en el mismo contexto del enfoque en la oferta.
4.- Otras medidas difusas y dispersas, como «continuar» con la inversión pública en los estados a través del «Programa Nacional de Infraestructura» (ya anunciada anteriormente, es decir, nada nuevo), incremento en becas y apoyo a Normales (las acciones durante estos dos meses y años anteriores, y la del 26 de Nov. contra estudiantes de la Escuela Normal de Atequiza en Jalisco, hablan en sentido contrario), «plan emergente de empleo temporal» si ningún detalle, apoyo a cafetales, plan de pavimentación (por mínimos 1500 millones), entre otros.
¿Qué deja fuera EPN en sus propuestas económicas? Lo importante. El debate (tal cual) de salarios y poder adquisitivo, la desigualdad económica, la explotación de recursos naturales que sufren estos estados, el problema del desempleo e informalidad, la concentración de mercados, entre muchos otros.
En cuanto a las medidas de seguridad, el análisis será más corto, pero busca resaltar los siguientes puntos:
El gobierno federal carece de autocrítica, no se responsabiliza en nada por el caso Ayotzinapa y la situación del país, y descarga la culpa a los estados y municipios del país. Esto es observable con
- la propuesta de la «Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado» que busca dar el poder al gobierno federal de disolver los ayuntamientos en caso de que la situación lo amerite, lo que da el total control al poder ejecutivo federal, con fuertes tendencias al centralismo (¿alguien se pregunta, desde esta misma perspectiva, respecto a «disolver» el ejecutivo federal en caso de que la situación lo amerite?)
- La fuerza única en los estados, lo cual, por un supuesto del gobierno federal, los convertirá en «más confiables, profesionales y eficaces». Si ya es reconocido el cacicazgo y su similitud con pequeños «feudos» en los que se han convertido los estados del país, darles el poder de la policía y quitárselo a los munícipes, además de ser una medida centralista, puede prestarse a comportamientos altamente malintencionados. En el caso que ha disparado esto, Ayotzinapa, ¿Hubiera sido muy diferente la situación con una fuerza única policial? Se supone que había una fuerte relación entre el ex-gobernador Aguirre y la pareja Abarca…
- Ante la cuestionada legitimidad actual del gobierno federal y los actos represivos contra las manifestaciones y muestras de descontento social, una nueva «Clave Única de Identidad» podría ser evaluada con (razonable y fundamentada) desconfianza.
- El operativo especial en tierra caliente por parte de las fuerzas federales, puede ser cuestionado en sus beneficios. A principios de año, las autodefensas en Michoacán se levantaron en armas dada la omisión de los tres niveles de gobierno de la responsabilidad de brindar seguridad pública a sus habitantes. Después de años de esta situación, y la omisión del gobierno federal, lo que llamó la atención del ejecutivo fue el levantamiento en armas de la población. Algo similar pasa con Guerrero. Las personas se levantan y toman la justicia por sus propias manos, ante la omisión gubernamental. Esta medida puede ser interpretada como una prevención de levantamientos sociales en lugar de una medida que ayude a establecer seguridad y el tan mencionado «estado de derecho» en estos estados.
En resumen, me parece importante expresar mi preocupación ante la situación actual. La coyuntura hoy, es sumamente importante, debe ser analizada con cuidado, pero al mismo tiempo actuar rápido.
Las protestas respecto al caso Ayotzinapa han logrado mucho, entre otros, han logrado que no pase desapercibido el evento, han destruido o cuestionado, la imagen de Peña Nieto a nivel internacional, han encarcelado (o por lo menos eso aparenta) a la pareja Abarca, han destituido a Ángel Aguirre, han cancelado la licitación del tren México-Querétaro, pero sobre todo, han unificado al país y a los ciudadanos en la idea de que algo está mal en el país, y que el gobierno tiene una importante responsabilidad en esto.
Pero por otro lado, el gobierno federal no ha estado a la altura de la situación (nunca lo ha estado en el pasado) y ha respondido titubeante, lento, con mentiras y represión ante el reclamo de «Justicia«. Hoy, en su anuncio de medidas económicas y de seguridad para enfrentar el problema (porque, según EPN, «México debe cambiar» (sic) pero no de gobierno), el ejecutivo federal deja ver que no siente culpa o responsabilidad frente a Ayotzinapa, no es autocrítico, y propone más políticas neoliberales (para una grave situación proveniente de las políticas neoliberales de las últimas décadas) y más poder al gobierno federal (como si este estuviera lejano a la corrupción de la cual acusan a los otros niveles de gobierno). Creen que estas medidas pasaran y se lograran, por el estado en el que se encuentra el país. Quieren aplicar la doctrina del shock, e implantar todas estas medidas de un sólo golpe, sin que los ciudadanos sepan que ha sucedido.
De nosotros depende aceptar o no estas medidas. De nosotros depende creer que políticas más neoliberales y más centralistas, darán justicia a México, y traerán de vuelta a los normalistas 43 desaparecidos. De nosotros depende olvidar o seguir firmes en el reclamo.
Máximo Jaramillo. Estudiante del Doctorado en Ciencia Social en el Colegio de México
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