Ayotzinapa siempre fue un Crimen de Estado, se supo desde las primeras noticias, algo que apenas hace unas semanas fue reconocido por organismos actuales del poder político federal mexicano, un avance, sí, ya que tras la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, poco antes de cumplirse ocho años de este acto de lesa humanidad pudo quedar asentado para la historia que no hay ninguna duda y no habrá ya forma de ocultar esa lamentable verdad.
Ahora, justo antes de cumplirse ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, una nueva serie de informaciones enturbian el contexto y abren el camino para más disputas políticas que únicamente terminan distrayendo la atención sobre la urgencia de justicia que reclaman los familiares y miles de personas que se mantienen reclamando la verdad. Encinas ha salido a denunciar la filtración de información sumamente delicada y dada a conocer por Peniley Ramírez en su columna “Ayotzinapa el encubrimiento”, publicada en algunos medios, en ella se afirma que: “Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
Lo anterior, con base en las capturas de pantalla que forman parte del Informe, lo que representa no sólo una grave filtración de ser verídica la información, sino una falta de ética por asegurar cuestiones no comprobadas sin importar el sentir de los familiares, esta nueva situación vuelve como ya hemos dicho incansablemente a revelar la compleja complicidad entre autoridades, gobernantes, criminales y medios de comunicación, que actuando según sus intereses, encubriéndose y pervirtiendo los procesos de investigación, usan esta información para enturbiar los avances –pocos y lentos- que se han alcanzado, por esto el caso Ayotzinapa ha sido desde siempre un Crimen de Estado.
A lo anterior hay que sumarle la inconformidad que ha surgido al interior de algunos grupos castrenses luego de las órdenes de aprehensión sobre militares de diversos grados presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa, lo que genera una serie de conjeturas que abrirían camino a esas formas ya conocidas de la corrupción mexicana en la que a través del juego de intereses quienes se ven involucrados en delitos logran evadirlos, ya varios acusados por la desaparición de los 43 normalistas han pasado supuestamente “frente a la justicia” sin un solo rasguño, todo esto, ha incrementado la rabia contra las fuerzas militares involucradas, como se observó en estos días con los enfrentamientos suscitados en el Campo Militar 1, el Ejército está en el ojo del huracán en un contexto donde se acusa al Gobierno Federal de militarizar al país.
Lo cierto, es que ya son ocho años, sí, ocho, y la justicia pareciera afrontar un tira y afloja entre intereses políticos y económicos, quedando pendiente a pesar de las evidencias ya reveladas la citación al ex presidente Enrique Peña Nieto y demás altos mando del poder de entonces. Mientras tanto las jornadas de resistencia y exigencia por justicia y verdad continúan con los padres de familia que incansablemente siguen y siguen por sus hijos señalando que: “no somos todos, nos faltan más 43”.
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