Ayotzinapa y el bloque de poder burgués

Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos»

Durante el 104 aniversario de la Revolución Mexicana el gobierno Federal y el perredista de la Ciudad de México, reprimieron y desalojaron brutalmente la multitudinaria manifestación de apoyo a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre del presente en Iguala, Guerrero, sin que hasta la fecha se haya esclarecido de manera jurídica, humana, política, fehaciente y contundente las causas de ese crimen de lesa humanidad perpetrado por policías municipales y grupos de narcotraficantes y, quizás, paramilitares.

Ese 20 de noviembre de 2014 (#20NovMx) -que orilló al Presidente de la República a «celebrar» el ritual oficial de la fecha conmemorativa en un campo militar de la Ciudad de México, debido a que la Plaza de la Constitución fue ocupada pacífica y legitimamente por el pueblo mexicano en apoyo a Ayotzinapa- pasará a la historia como el día infame en que la represión contra el pueblo mexicano se hizo presente en contraste con aquella gesta histórica ocurrida 104 años atrás cuando daba inicio la revolución mexicana (1910-1917) encabezada por los patriotas Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata que acabaron con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien gobernó el país durante 35 años y culminó en 1917 con la expedición de la Constitución Política promulgada ese mismo año.

Preocupa que, conforme se incrementa y extiende el apoyo social y popular a lo largo y ancho del país a través de manifestaciones, manifiestos, mítines, tomas de alcaldías, de carreteras, de paros solidarios en las universidades públicas y privadas, entre otras acciones relevantes incluyendo las protestas internacionales en apoyo a Ayotzinapa, en esa misma proporción aumenta la sordera del régimen y la represión, cuyo objetivo es, indudablemente, sofocar dichas manifestaciones, desgastar el movimiento y a los padres de familia, tanto a los de los estudiantes desaparecidos como a los familiares de los asesinados ese día y de otras víctimas que han ido apareciendo en fosas clandestinas y en asesinatos sumarios, incluso en otros estados de la República en la medida en que se busca a los normalistas desaparecidos.

La actitud gubernamental de cerrazón ante los graves conflictos sociales y criminales que ocurren de manera cotidiana corresponde a una costumbre muy arraigada en México -hasta el hartazgo cultivada por los medios corporativos de comunicación privados y oficiales- consistente en hacer caso omiso de las múltiples y frecuentes masacres y represiones gubernamentales perpetradas por grupos irregulares y por fuerzas federales, que han ocurrido en distintos momentos contra los luchadores sociales y la población en general sin que haya castigo a los culpables, ni levantamientos significativos y permanentes de protesta frente a estas actitudes autoritarias de los representantes del régimen político del Estado. Por el contrario, más bien ha ocurrido que los movimientos opositores se van desgastando ante la cerrazón y represión gubernamental al grado de que se diluyen en el olvido y, aunque se dé seguimiento, terminan en algún archivo muerto del gobierno sin repercusiones judiciales y penales.

En el contexto de un sistema presidencialista autoritario como el mexicano -que reedita la mejor tradición represiva (y el lenguaje) del diazordacismo del 68- y de ninguna manera democrático como por ahí se predica, esto se ha convertido en costumbre arraigada a tal grado que ha llegado hasta a los propios sectores proletarios y populares que advierten, si bien con rabia e impotencia, cómo sus esfuerzos de justicia y esclarecimiento de la verdad son infructuosos ante un sistema de poder representado por un séquito de burócratas, abogados, policías y jueces que generalmente están en contubernio para cerrar el paso a la impartición de justicia. Es el caso, por ejemplo, de que hasta la fecha el edil municipal del municipio de Iguala del Estado de Guerrero, presunto responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y su esposa, aún no estén procesados por la justicia, mientras que ese #20NovMx gente inocente, la mayoría estudiantes universitarios, que acudió a la manifestación en apoyo a Ayotzinapa fue detenida arbitrariamente e, inmediatamente, sometida a procesos penales federales acusada de crímenes que no alcanzan fianzas supuestamente por ser de alta penalidad. Ésta es la naturaleza de la «justicia» que prevalece en México y que ni partidos, ni diputados y senadores cuestionan, ni mucho menos denuncian, para superar estas injusticias que sí lesionan al pueblo y a muchísimos ciudadanos inocentes, cuyo único delito es manifestarse y protestar ante las infinitas injusticias y tropelías que día a día cometen los personeros del régimen autoritario mexicano.

Dado el carácter compacto y homogéneo del bloque burgués de poder en cuya cúspide aparece justamente el Presidente de la República, no se observa que, ante la gravedad de los acontecimientos expuestos por Ayotzinapa, fracciones de la burguesía, de las jerarquías eclesiásticas, de las cúpulas empresariales y militares y, aún, de los partidos políticos hayan entrado en contradicción, ni en general ante la extendida y grave corrupción e impunidad que permea todos los confines de nuestro país. Por el contrario, se observa una alta convergencia entre estas clases y fracciones de clase respecto a una estrategia de golpeteo y desgaste del movimiento popular que ha despertado frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano, sin que hasta la fecha existen culpables intelectuales y materiales fehacientemente procesados, así como el esclarecimiento de las causas que condujeron a esta barbarie criminal.

En experiencias, como la chilena, por ejemplo, podemos recordar que una de las causas, entre tantas otras, que condujeron al triunfo del candidato de la Unidad Popular (UP) fue justamente el hecho de que la burguesía se presentó dividida a la elección electoral, lo que coadyuvó al triunfo de Salvador Allende, si bien esa división era expresión de las fuertes contradicciones estructurales en el seno mismo de la acumulación del capital.

En general, podemos apuntar que el proceso de democratización formal experimentado por América latina a partir de mediados de la década de los ochenta del siglo pasado en países como los del Cono Sur (Brasil, Argentina), además de la crisis estructural del capitalismo dependiente durante ese periodo y el arribo del neoliberalismo, ocurrió justamente dadas las profundas contradicciones entre las fracciones burguesas de esos países y la casta militar. Pero, en México, desde el intento de golpe de Estado de Victoriano Huerta en lo que se conoció como la Decena Trágica (9-18 de febrero de 1913) con el asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez , prácticamente no ha habido una contradicción fundamental, esencial, dentro del bloque burgués de poder que conduzca a la apertura de una crisis del sistema de dominación sustentado en el presidencialismo autoritario. De aquí la «excepcionalidad mexicana» que posibilitó la manutención de gobiernos civiles durante el ciclo latinoamericano de las dictaduras militares vigente durante el periodo que va de mediados de la década de los sesenta hasta mediados de la de los ochenta del siglo pasado, con la sola excepción de Chile que extendió su régimen militar hasta principios de la década de los noventa (11 de marzo de 1990).

Esta cerrazón estratégica, reforzada por la condición estructural del patrón de reproducción capitalista dependiente vigente en México, es palpable como la luz del día en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa donde prácticamente el conjunto de las fuerzas políticas y de las fracciones burguesas han actuado como un solo hombre para intentar sofocar el movimiento por la aparición de los 43 normalistas y la impartición de justicia, y reducirlo a un simple «conflicto» local circunscrito al lugar donde tuvieron verificativo los hechos en el municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero.

De este modo, el organismo cúpula de la burguesía mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) constantemente hace llamados al gobierno para que éste intervenga y «aplique el Estado de derecho» contra la «violencia» ejercida por presuntos grupos radicales, lo que en lenguaje mexicano, significa aplicar la represión, hecho consumado el #20NovMx en el día de la conmemoración del 104 aniversario de la revolución mexicana cuando, como dijimos, conjuntamente el gobierno de la Ciudad de México de extracción perredista y el federal reprimieron brutalmente y desalojaron la manifestación pacífica que se realizaba en apoyo a la aparición con vida de los 43 normalistas estudiantes secuestrados-desaparecidos el 26 de septiembre. Lo que a la burguesía dependiente le interesa no es tanto la justicia y el esclarecimiento de los hechos, sino el buen desempeño de sus negocios empresariales, la manutención del régimen de superexplotación del trabajo y la obtención de cuantiosas ganancias de sus inversiones que son fehacientemente garantizada por el gobierno. En otras palabras: aprovechar las oportunidades que el capitalismo del desastre, como lo caracteriza Naomi Klein, le abre al capital -como, por ejemplo, el ataque y la invasión a Irak por las tropas de Estados Unidos (1990); el ataque a las Torres Gemelas (2001) o los efectos destructores del Huracán Katrina en la ciudad y población de Nueva Orleans (2005)-, para engrandecer sus negocios y expandir las oportunidades de los mercados corporativos.

Esta cuestión del blindaje del bloque burgués de poder es el que posibilita la manutención del Presidente de la República sin que haya visos, siquiera, de que este pueda ser procesado como responsable, directo o indirecto, en su función de representante del ejecutivo, ni mucho menos -como ingenuamente plantean algunos sectores de la llamada «izquierda» electoral- su renuncia como «fórmula de solución». Ésta, en sí misma, no solucionaría nada, si no va precedida y antecedida de un fuerte movimiento social y popular capaz de esclarecer los hechos y castigar hasta las últimas consecuencias a los culpables de este genocidio.

Debido a todo lo anterior pensamos que independientemente de la búsqueda de los normalistas desaparecidos hasta la fecha, es preciso profundizar la organización que ha emanado de esta coyuntura capaz de articular al conjunto de agrupaciones, grupos e individuos en un objetivo y estrategia común de lucha que discuta, por vez primera en la historia moderna de México, las alternativas al capitalismo dependiente y depredador vigente, e impulse la discusión masiva a nivel local, nacional y estatal de las modalidades y caminos que habrá que recorrer para construir una nueva formación social mexicana justa, humana, de igualdad social, cooperativa, no violenta y con seguridad que preserven los valores y principios de libertad ancestrales del pueblo mexicano y sus raíces originarias.

Mientras tanto se deberían impulsar las propuestas de la Asamblea Nacional Popular (ANM), constituida por organizaciones sociales y normalistas de todo el país, que acordó exigir al gobierno federal e hizo un llamado al pueblo mexicano para que apoye las siguientes demandas:

• Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.

• No reconocer al gobernador interino impuesto, Rogelio Ortega Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar solución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de la estrategia oficial encaminada a postergarlo y desgastar al movimiento de protesta a la vista de las próximas elecciones del año entrante que se habrán de celebrar en el país, incluyendo al Estado de Guerrero.

• Desaparición de poderes en el Estado.

• Constitución de Consejos Municipales, verdaderos órganos de poder popular.

Estas demandas permiten mantener el reclamo y las movilizaciones, mientras el gobierno Federal no rinda un informe público de las causas, situación y presentación de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes y desapariciones forzadas.

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