El decimoprimer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa está cada vez más cerca, y la justicia aún no alcanza a llegar. Pareciera que el manto de impunidad con que el reclamo social ha sido ocultado durante décadas en México otra vez hará de la suya y quedará, año con año, más engrosado en una montaña de casos todavía sin resolver y una más de crímenes jamás resueltos. Sin duda, un sentimiento de desánimo avanza y se expresa en las madres y padres de familia de los 43 que sin descanso han alzado la voz por ya más de una década, sin que su voz haga el eco deseado en muchas estructuras gubernamentales recubiertas por la indiferencia y la corrupción, semejante al moho que entre paredes encuentra su lugar.
La última reunión de las madres y padres de Ayotzinapa con el Gobierno Federal, celebrada la semana pasada, dejó un sentimiento de desaire que va siendo recurrente, si bien es relevante que hasta la fecha la presidenta se reúna con ellos y dialogue de frente, algo jamás pensado con el prianismo aún galopante, tan bien es verdad que se necesita más que la buena voluntad. Ya desde el sexenio pasado, cuando Andrés Manuel recibía a las madres y padres, y sobre todo casi al final de su gobierno, un aura de desilusión referente al esfuerzo gubernamental pareciera haberse impregnado como un referente inamovible, y es que siempre se ha sabido que el crimen contra los 43 es un crimen de Estado, reconocido así por el propio gobierno anterior, pero justamente es en las estructuras del Estado donde subyace el gran dolor, pues hasta la fecha la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) no han posibilitado la consulta de al menos 800 folios que contienen documentación señalada como de primera importancia por el equipo de investigadores que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que llevó a la fractura en la confianza que se alcanzó en algún momento. Además, de las instancias de impartición de justicia que mostraron lacerantes actitudes de indiferencias y corrupción, con jueces, policías, ministros y demás funcionarios que claramente forman parte del problema y no de la solución.
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa han solicitado la intervención de un grupo de investigadores independientes, ya que los obstáculos que encontró el GIEI fueron justamente en las esferas del poder, pero también los avances que se obtuvieron llegaron a dar esperanza de que la verdad no estaría tan lejos, por su carácter independiente del Estado. Pero esa ilusión va cayendo poco a poco, y ahora, más allá de que el Gobierno Federal en la reunión mencionada diera a conocer que trabaja con tecnología avanzada en nuevas líneas de investigación, los familiares de los 43 consideran que ese giro en las indagaciones se aleja de los avances anteriores logrados por el GIEI, y distrae la atención del hecho citado; más de 800 folios en poder del Ejército y la Marina no abiertos a consulta y una cerrazón ya conocida décadas atrás, cuando en México la guerra sucia era parte del orden del día. Un pacto que pesa demasiado en la historia mexicana y que es necesario terminar de romper.
La justicia sigue postergada, como lo está para tantos otros crímenes de Estado, violaciones a los derechos humanos y muchas más injurias clavadas en la memoria y el presente. Ayotzinapa merece respuestas claras y verdades verdaderas, no constructos discursivos que nos alejen de la justicia. El camino aún es largo, pero será caminado, sin duda, hasta que, como dijera Rosario Castellanos, “la justicia se siente entre nosotros”.
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